Dos mujeres de vidas muy diferentes se ubicaron en los últimos días en el banquillo de los acusados.
Una en el sur del país, la otra bien al norte.
Una de ellas, Susana Freydóz, una mujer de la alta sociedad, asesinó a su marido, Carlos Soria, entonces gobernador de Río Negro, en una finca familiar dedicada a la producción de frutas.
La otra, María Ovando, una mujer indigente y analfabeta, residente en un paraje de la provincia de Misiones, madre de una docena de hijos, se encuentra acusada por la muerte de Carolina, su nena de tres años.
El juicio de Freydóz ya culminó. La condenaron a 18 años de prisión, culpable de "homicidio calificado por el vínculo y agravado por el uso de arma", pero no le dieron a pena máxima que había solicitado la fiscal de la causa. El tribunal entendió que el crimen había ocurrido en "circunstancias extraordinarias" que funcionaban como atenuantes.
A lo largo de juicio quedó demostrado que el matrimonio de Soria y de Freydóz, una pareja con cuatro hijos, se había transformado en un infierno de agresiones mutuas. Ella lo perseguía, le desconfiaba, lo destrataba en público, lo celaba de manera enfermiza y vivía como anestesiada de alcohol y pastillas; él la trataba de loca, no la deseaba, la ignoraba, y la alentaba a matarse cuando ella amenazaba con quitarse la vida. La única vez que Freydóz buscó ayuda de un psiquiatra, Soria le advirtió que no hablara demasiado, porque podía perjudicar su carrera política.
La noche del Año Nuevo, cuando corrían ya las primeras horas del 2012, discutieron delante de sus hijos, como siempre, y ella lo siguió hasta la habitación. Tomó el revólver que él tenía en su mesa de luz -y aunque a lo largo de juicio la defensa de Freydóz habló de forcejeos y de un disparo accidental- la evidencia demostró que ella fue la única que tuvo el arma en sus manos. Lo mató de un tiro en el rostro.
Freydóz nunca estuvo presa. Ni un día. Esperó el juicio internada en el pabellón de psiquiatría de un hospital público: el tribunal entendió que no había riesgo de fuga. Allí mismo se encuentra desde que se conoció la sentencia, que deja para otra instancia la determinación del lugar donde deberá cumplir la pena.
El juicio oral contra Ovando comenzó la semana pasada, pero ella lleva ya más de un año y medio detenida en la cárcel de Villa Lanús, en la ciudad de Posadas, Misiones.
Con los testimonios que escuchó hasta ahora, el fiscal de la causa, Federico Rodríguez, consideró que ya "no hay ninguna duda": cometió abandono de persona y podría ser condenada en los próximos días a la pena máxima de 20 años de prisión.
Ovando, de 37 años, ha sido víctima de abusos y violencia de género desde que a los 13 años la obligaron a contraer matrimonio con un hombre que la duplicaba en edad. Con sus doce hijos, más los hijos de una de sus hijas, casi todos indocumentados, vivía en una casita con una única habitación, sin luz ni agua potable. Percibía una ayuda mínima del Estado, que alguna vez le alcanzó colchones, materiales para su vivienda y algún vale de comida; percibía un ingreso miserable por picar piedra en una cantera y convivía con Demetrio Ayala, que tenía como taferero un trabajo esporádico en la cosecha del tabaco.
Carolina, de 3 años, desapareció el 8 de marzo del 2011. La nena, desnutrida, como sus hermanos, tosía y gemía del dolor cuando Ovando, por sugerencia de su madre, partió con la beba en brazos con rumbo al hospital de Puerto Esperanza. Ovando regresó sola a su casa. Le preguntaron por la beba, y mintió.
Dijo que la había llevado al Paraguay a vivir con la familia parterna. A los 17 días, la policía encontró el cuerpito de Carolina semi enterrado a las orillas de un arroyo, en medio de un pajonal. Ovando amamantaba a su bebé de tres meses cuando la fueron a buscar por orden de un juez que decidió de librar de toda culpa y cargo al padrastro, y desde entonces Ayala desapareció de los lugares que solía frecuentar. Una versión indica que fueron los vecinos quienes denunciaron a Ovando, otra que fue su concubino.
En el juicio oral testificaron en contra de Ovando quienes debieron haberla asistido: el intendente de Colonia Delicia, Evert Vera y las trabajadoras sociales. Su madre y los vecinos también la culparon. Una vecina, María Epifanía Pereira, que vive en las mismas condiciones sociales de Ovando, dijo que la vio pasar con la beba en brazos; pero además quiso agregar que ella, madre de quince hijos, nunca dejó a los suyos sin asistencia médica y que todos crecieron sanitos.
El psiquiatra Oscar Krimer, el único que la defendió hasta ahora, habló de una vida de padecimientos y afirmó que Ovando padeció un shock tras la muerte de su hija que explica su comportamiento. Krimer destacó como ironía cruel que la partida de defunción haya sido el único documento que tuvo en su vida Carolina. El Estado llegó cuando ya estaba muerta y ahora tira todo el peso de la culpa sobre Ovando.
Actualización del 29 de noviembre: al final, Ovando fue absuelta. Cuando le llegó la absolución, había pasado ya 20 meses en la cárcel, sin contacto alguno con sus hijos. Con la ayuda de un grupo de mujeres que tomó su caso como un símbolo de la criminalización de la pobreza, Ovando se propone ahora recuperar a su familia. Un juzgado de menores le había entregado la custodia de los chicos a diferentes parientes de Ovando, y ella teme que no se los quieran devolver porque, con la publicidad del juicio, ahora sí cobran planes sociales.