Mayorías

 

Agotados, pero eufóricos, los diputados kirchernistas celebraron haber alcanzado la mayoría especial que exigía la reforma del Consejo de la Magistratura. Necesitaban sumar la mitad más uno del total de los miembros de la Cámara Baja, 129 votos como mínimo, para cambiar las reglas de juego de la designación y remoción de jueces. Con el nuevo sistema, si las elecciones acompañan, la Casa Rosada podrá manejar el Consejo de la Magistratura en pocos meses y sin tanto esfuerzo.

La oposición sostiene que la reforma viola la Constitución de 1994. Raúl Alfonsín abrió la puerta para la reelección de Carlos Menem, y a cambio le exigió que limpiara un poco la Corte Suprema de Justicia y que sacara el proceso de selección de jueces de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para llevarlo a un ámbito con menor influencia del Poder Ejecutivo. Así nació el Consejo de la Magistratura, y la idea de que se integrara también con representantes de abogados, magistrados y académicos. Pero éstos ya no serán designados por sus pares, sino que irán a parar a las boletas de los partidos políticos, con un procedimiento único en el mundo.

Si no fuera por el artículo 114 de la Constitución, habría sido más sencillo volver al viejo sistema y terminar de una buena vez con el Consejo de la Magistratura. En defensa de los cambios dijeron que le devolvían el poder de decisión "a la gente" para eliminar el poder oculto de la "corporación judicial". Si los planteos de inconstitucionalidad no prosperan, el procedimiento que pondrá en marcha la presidenta Cristina Fernández de Kirchner será bastante excéntrico para el derecho comparado en su manera de integrar el Consejo de la Magistratura, pero el riesgo mayor está en el tipo de mayorías que alienta. 

En su composición actual suma 13 integrantes: 

- 6 representantes del Congreso (tres senadores, tres diputados)

- 1 representante del Poder Ejecutivo

- 2 abogados elegidos por sus pares

- 3 representantes de magistrados

- 1 académico

Con la nueva ley, serán 19 en total. Suma un abogado y cinco científicos o académicos que ya no necesitarán ser abogados (antes corrían para ser miembro del consejo los mismos requisitos que para que integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación) De este modo, científicos y académicos de cualquier ámbito igualarán en número a los legisladores nacionales.

Ahora veamos cómo se reparten entre mayorías y las minorías:

- 2 senadores por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 diputados por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 abogados por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 2 jueces por la mayoría, 1 por la primera minoría.

- 4 académicos por la mayoría, 2 por la minoría.

Como las elecciones a consejeros van a coincidir con las presidenciales (este año será la excepción: en un sistema de transición se van a elegir en las primarias previas a las legislativas), el oficialismo de turno (en el escenario más probable) contará con la fidelidad de 13 de los 19 integrantes del Consejo de la Magistratura (sumo en esta cuenta al representante del propio Poder Ejecutivo). Número más que suficiente para manejar sin sobresaltos la conformación de las ternas y la remoción de los  jueces.

El viejo consejo exigía una mayoría de dos tercios para las decisiones importantes, pero merced a los cambios que aprobó esta semana la Cámara de Diputados -ahora tiene que volver al Senado, donde saldrá como un tubo- diez votos serán suficientes para cualquier decisión. Porque para cualquier votación bastará con la mitad más uno del total de los miembros.

Salvo que no tenga mayoría en alguna o en ninguna de las cámaras del Congreso, el oficialismo de turno contará con 13 votos, y le alcanzará con apenas 10 para elegir y remover jueces.

La transparencia es puro cuento

 

 

 

 

 

 

 

Con la bandera de la transparencia, Cristina Fernández de Kirchner está a punto de enterrar una de las pocas herramientas disponibles en Argentina para  luchar contra la corrupción de manera eficaz.

Me refiero a la obligación para el presidente, ministros, secretarios y otros integrantes del Poder Ejecutivo de presentar, una vez al año, una declaración jurada de bienes, los propios y de los cónyuges.

De aquí en más, gracias a la Ley de Carácter Público de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los Funcionarios Públicos, que el Congreso se apresta a sancionar, muchos menos datos serán públicos.

Bastará que la Presidenta y sus colaboradores difundan por Internet formularios idénticos a los que cada año presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -pero- "con excepción del anexo reservado que contendrá la totalidad de los datos personales y patrimoniales exentos de publicidad correspondientes a cada una de las personas obligadas en la presentación".

El cambio significa un retroceso drástico.

Los formularios que desde el año 2000 atesora la Oficina Anticorrupción -accesibles para cualquier ciudadano mediante un trámite sencillo- ofrecen muchos datos.

Al consultarlos se pude saber si los inmuebles declarados son terrenos, departamentos o casas; la fecha de la compra; si fueron adquiridos con ahorros, créditos o por herencia; la ubicación de los mismos, los metros cuadrados y la valuación fiscal. También consignan la participación en sociedades, la actividad que desarrolla y el porcentaje de acciones que ostenta, además de ingresos anuales y antecedentes laborales. El rubro de las cuentas bancarias discrimina depósitos a plazo fijo, moneda de origen, deudas, títulos y una serie de asuntos que ofrecen un panorama detallado de la situación patrimonial de los funcionarios obligados.

El proyecto de ley que Fernández de Kirchner envió al Congreso no precisa cuál formulario de la AFIP va a sustituir al de la Oficina Anticorrupción. Podría ser el 711, de impuestos a las ganancias, o el 762, de bienes personales, o ambos. En cualquier caso, sólo ofrecen cifras sin ningún tipo de explicación adicional.

En un lugar del listado completo de propiedades que la Presidenta estaba obligada a entregar (ver por ejemplo su declaración del 2011, en un trabajo de investigación del diario La Nación) obtendremos el valor fiscal total de todos ellos juntos, o el patrimonio neto total calculado para una fecha determinada.

Es decir, presentará un número global en lugar del listado con 12 departamentos, 6 casas, 6 terrenos, 4 locales y las sociedades que controlan hoteles de lujo en El Calafate, un conjunto de activos de la familia presidencial valuados en el 2012 en 89 millones 300 mil pesos. 

Con suerte, si la reglamentación se inclinara por exigir la difusión del formulario 711, sabremos cuánto pagan de impuestos los funcionarios. De sus parejas ya nada sabremos, con lo cual tampoco serán públicos los bienes de la sociedad conyugal, sino tan sólo la parte que le corresponde a quien ejerce la función pública.

La transparencia de ciertos datos resulta más imprescindible en Argentina que en otros países con mejores prácticas éticas, porque ninguna norma prohibe aquí la actividad comercial en simultáneo con desempeño de un cargo en el Estado. En otros países, los presidentes deben depositar el manejo de sus finanzas privadas en un tercero mediante la figura del fideicomiso ciego, que les impide saber en qué están invertidos sus ahorros.

De esa manera, prevenien el uso de información privilegiada en beneficio propio (como por ejemplo comprar dólares antes de una devaluación) o los conflictos de interés (por acaso pavimentar una calle, mejorar un aeropuerto o realizar cualquier otra obra que aumente la cotización de un bien propio).

Desde que Néstor Kirchner asumió el poder en el año 2003, el matrimonio incrementó su patrimonio declarado ante la Oficina Anticorrupción de 7 millones a 82 millones de pesos. Un incremento notable para cualquiera, pero mucho más para una pareja dedicada a la función más demandante de tiempo que pueda ofrecer la política.

Gracias a la información disponible, los periodistas que tuvieron la voluntad de indagar un poco más descubrieron que una parte importante de los ingresos de la pareja provenían del alquiler de uno de sus hoteles, Los Sauces, a un precio muy conveniente, al empresario Juan Carlos Relats. Además de alquilar el hotel del matrimonio Krichner, Relats explota concesiones del Estado. De un lado paga, del otro cobra.

Otro ejemplo: en los formularios de la OA, el vicepresidente Amado Boudou debió informar sobre las sociedades comerciales que comparte con José Núñez Carmona, su amigo de la infancia y nexo con Alejandro Vanderbroele, la cara más visible de un grupo que gracias a las facilidades que le otorgaron la AFIP y el ministerio de Economía casi se queda con la imprenta de billetes ex Ciccone.

De aquí en más, ninguno de estos datos serán de acceso público, y lo más cínico del caso es que desde el Gobierno y en el kirchnerismo todo, el retroceso se plantea ante la opinión pública como un supuesto avance en materia de transparencia. 

¿Qué pasó? Una ley, la 25.188, cumplió con una exigencia de la Constitución del año 1994 al sancionar un régimen de ética pública, que sin embargo nunca se instrumentó de manera cabal en los tres poderes del Estado. Ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial pusieron en marcha los organismos de control y publicidad de las declaraciones juradas, como sí hizo el Poder Ejecutivo al crear en el año 2000 la Oficina Anticorrupción. 

Tanto los jueces como los legisladores, salvo contadas excepciones, impidieron a lo largo de todos estos años y con trabas burocráticas la publicidad de sus declaraciones de bienes, mientas que a los formularios de los integrantes del Poder Ejecutivo se accede hace más de una década sin dificultad, después de llenar una solicitud online y al cabo de 72 horas se retiran las copias en la sede de la Oficina Anticorrupción.

Ahora, en el paquete de leyes de la así llamada democratización de la justicia, Fernández de Kirchner coló un proyecto que obliga a los tres poderes de la misma manera, bajo un mismo régimen, a publicitar en Internet sus declaraciones juradas. Pequeño detalle: los formularios ya no serán los de antes. Si pretendía de verdad promover la transparencia, era cuestión de hacer cumplir la ley 25.188 de manera cabal. 

Con la nueva normativa, los funcionarios del Poder Ejecutivo podrán esconder un montón de datos que hoy en día sí están obligados a revelar y la información que aporten los demás poderes también van a resultar insuficiente para detectar casos de corrupción.

Sin recurrir a la manipulación burda no hay manera de presentar el cambio que se viene como un progreso.

 

 

La captura de una mentira en la red

El martes por la tarde cayó sobre La Plata un diluvio de tal intensidad que en pocas horas convirtió a la ciudad, capital de la provincia de Buenos Aires, en un río correntoso que se llevó 51 vidas. El intendente Pablo Bruera se encontraba en Brasil y no regresó hasta el día siguiente, pero mediante un mensaje que circuló en Twitter y en Facebook fingió que había recorrido centros de evacuados la misma noche de la lluvia.

Junto a un texto que decía "Desde ayer a la noche recorriendo los centros de evacuados" se acompañaba una foto del intendente en acción de socorrista: Bruera en una escuela, con un bidón de agua mineral en la mano, una imagen con luz natural. Luz de día. ¿No era de noche?

El periodista Ramón Indart pescó la inconsistencia y publicó un artículo en la edición online del diario Perfil. El intendente o alguien de su equipo, da lo mismo, creyó conveniente borrar la prueba: eliminó el tuit de la cuenta @PabloBruera y en la página de Facebook dejó la foto, pero sacó el texto que lo acompañaba.

Diez minutos más tarde, a las 18.40 del día miércoles, Santiago Martorelli, jefe de gabinete de Bruera, agrandaba la mentira (recomiendo un vídeo que se encuentra en Youtube con una cronología minuto a minuto de este caso). El conductor Horacio Cabak le preguntó por radio dónde se encontraba Bruera el martes por la noche. El funcionario respondió de manera tan exagerada que le atribuyó al intendente algo imposible: el haber estado al frente del operativo de rescate "desde antes" del inicio de la tormenta.

- Perfil dice que el intendente volvió hoy por la mañana de Brasil, ¿el intendente estaba en La Plata desde ayer o volvió hoy de Brasil?, preguntó Cabak. 

- El intendente, desde antes que se inicie la tormenta, estuvo al frente de todos los operativos. El comité de crisis que se constituyó anoche tuvo como objetivo central salir a responder en la calle lo que estaba sucediendo. Eso implicó la toma de un muchísimas decisiones que, el intendente, al frente de esta mesa del comité, lo hizo...

- Más allá de que estaba al frente del operativo, ¿regresó hoy a la mañana?, insistió.

- No, no, no, ya desde ayer estaba aquí en la ciudad. 

A las nueve de la noche, viendo que circulaban por las redes muchos mensajes de usuarios que a través de distintos motores de búsqueda habían capturado el tuit borrado, Bruera finalmente admitió que había regresado al país el mismo miércoles al mediodía, y atribuyó el malentendido a "un error del equipo de comunicación".

La aclaración le demandó cuatro mensajes: 

Debido a un error de mi equipo de comunicación en uno de mis tuits, debo aclarar que llegue hoy a media mañana (cont)

 Fue en ese momento que me puse a recorrer las zonas afectadas (cont)

Quienes desde el primer momento estuvieron abocados a asistir a los vecinos afectados fue el gabinete municipal (cont)

Por supuesto que tomaré las medidas necesarias para que se respete la veracidad de la información y el espíritu colaborativo de las redes.

Si fue un error y no una mentira, ¿por qué mintió su jefe de gabinete cuando dijo que Bruera había estado en La Plata la noche del diluvio? Si fue un error y no una mentira ¿por qué borraron los mensajes?

También a Mauricio Macri la tormenta, que en la ciudad de Buenos Aires dejó seis muertos, lo encontró de vacaciones en Brasil. Al jefe de gobierno de la ciudad le había ocurrido lo mismo el año pasado, para la misma época, cuando una fuerte lluvia que causó destrozos lo sorprendió en San Martín de los Andes. Dijo Macri que los funcionarios públicos merecen su descanso también, pero de tanto hablar del equipo tal vez haya entendido que el jefe de un equipo no puede estar ausente cuando se juega el partido más relevante, y esta vez regresó con mayor celeridad. 

Si la palabra, la verdad y la honestidad tienen algún valor público, un político no puede pretender que estuvo donde no estuvo, justo cuando más lo necesitaban, en la peor tragedia de la historia de una ciudad. 

Bruera ha dicho que no siente que tenga ningún motivo para renunciar. Con 51 muertos, puede parecer una nimiedad discutir sobre un mensaje en Twitter o en Facebook. Pero no lo es. 

Porque el mensaje y todo su derrotero evidencian el montaje inicial, la mentira posterior y el intento por borrar los rastros con total impunidad, aún cuando la tecnología actual ya no permite cierto tipo de manipulación. 

Cuando la ciudad se hunde, lo menos que pueden pedir sus habitantes es que les digan la verdad.