Maria O´Donnell

Sobre el autor

Maria O'Donnell. Periodista, licenciada en Ciencia Política, trabajó en dos diarios a lo largo de 15 años, fue corresponsal en Washington, y publicó dos libros políticos de actualidad (El Aparato y Propaganda K) Conduce La Vuelta por las tardes en Radio Continental.

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Cinismo puro

Por: | 08 de julio de 2013

 Cfk

Toda vez que Cristina Fernández de Kirchner se ha referido a su obligación, extensiva a todos los funcionarios que integran el Poder Ejecutivo Nacional, de presentar una detallada declaración jurada de bienes cada año, lo ha hecho con fastidio. 

Sus quejas en público han sido recurrentes: que los gobernadores de provincia no tienen la misma obligación, que los jueces tampoco, que los periodistas fotografían sus casas en El Calafate, pero que jamás hurgan en Miami o en Punta del Este, que su patrimonio ha sido revisado una y otra vez y que nada raro han encontrado como para avanzar en una investigación judicial… En fin, sus argumentos están desarrollados en plenitud en la carta que le escribió a Ricardo Darín cuando el actor tuvo la osadía de sugerir que el incremento patrimonial de los Kirchner resulta para algunos inexplicable. 

Pues bien, ya todo forma parte del pasado. Un disgusto menos para la presidenta.

Ni Cristina Kirchner ni sus funcionarios tienen más la obligación de difundir en detalle sus movimientos patrimoniales, gracias a una ley que ella misma diseñó y reglamentó en el día de la fecha.

Los ciudadanos no sabrán más si compró o vendió tal propiedad, si construyó en tal lugar, si tomó un crédito con tal banco, si invirtió en bonos, si ahorra en pesos, si vendió sus dólares, si constituyó una sociedad para dedicarse a determinado negocio, si cuenta con socios comerciales...

Con esos datos, que pasarán a ser reservados, se supo en el pasado que el intendente de El Calafate había repartido tierras fiscales al matrimonio Kirchner y a sus allegados a valores fiscales irrosorios (de hecho, Néstor Kirchner logró una diferencia de dos millones de dólares al vender un lote; en otro construyó la mansión familiar). Que Lázaro Baez construyó sobre un terreno de los Kirchner departamentos que luego salieron a la venta como negocio para la familia. Que Amado Boudou tiene un socio, su amigo de la infancia, que a su vez hizo negocios con el "inversor" que estuvo a punto de quedarse con la ex Ciccone Calcográfica, que imprime billetes de moneda nacional. Que Nilda Garré continuó cobrando dinero del registro de la propiedad automotor pese a que tenía un salario como ministra…

Inútil continuar con esta enumeración.

Gracias a una ley que Cristina Kirchner coló en el paquete de leyes de la reforma judicial, la Oficina Anticorrupción, creada para hacer cumplir la ley de Etica Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo hace dos décadas, perderá la razón de su existencia. La nueva ley se sancionó invocando la necesidad de extender la transparencia a otros poderes: para forzar a jueces y legisladores nacionales a cumplir con la obligación legal de hacer públicos sus patrimonios (exigencia que surgía de la ley de Etica Pública, y que ignoraron).

Detalle: ahora están todos obligados, pero a muy poca cosa. 

La reglamentación de la ley, publicada hoy en el Boletín Oficial, exige a los integrantes de los tres poderes difundir parte de su presentación anual ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). No especifica si se trata de la declaración de ganancias o la de bienes personales, pero ninguna de las dos aporta demasiado en su carátula principal: nada más que números globales basados en estimaciones fiscales.

Los datos más sensibles van a parar a un anexo reservado, que (como su nombre lo indica) no se hará público: un formulario que ha sido rediseñado de manera tal que contiene muchos menos datos que el anterior (que sí era público en su totalidad). No pregunta por el origen de los ingresos percibidos, tampoco le interesa saber si quien lo completa tiene deudas o créditos, mucho menos si participa de alguna sociedad. Para qué.

La autoridad de aplicación de la normativa pasa a ser el Ministerio de Justicia (en apariencia para todos los poderes, aunque sería de dudosa constitucionalidad), en lugar de la Oficina Anticorrupción. Todo el trámite para cumplir con la obligación de la difusión se hará a través de la AFIP, que ya cuenta con la información sobre el patrimonio de los integrantes de los tres poderes, pero ahora además intervendrá de manera decisiva en la publicidad de las declaraciones juradas.

La Oficina Anticorrupción quedará relegada a la irrelevancia total. En la nueva normativa, su única obligación consiste en informar a la AFIP quiénes son los sujetos obligados (ahora lo son también los candidatos en elecciones) y en verificar que suban a la web las declaraciones juradas, inocuas (como ya se dijo, sólo traen números gruesos sobre el patrimonio, sin ningún tipo de explicación). Ni la OA contará con datos que le permitan investigar, por ejemplo, casos de negocios incompatibles con la función pública o conflictos potenciales de interés.

Conclusión: la única política consistente en materia de lucha contra la corrupción que alumbró en estos años de la democracia acaba de ser sepultada por la presidenta. En una maniobra muy kirchnerista, el discurso transcurre en el mundo del revés: ahora todo será más transparente, porque antes sólo estaba obligado el Poder Ejecutivo, y ahora lo estarán también el Poder Judicial y el Legislativo. El argumento no resiste el menor análisis. Cinismo puro. La realidad es que en la Casa Rosada acaban de sacarse de encima la molesta obligación de cada año dar a conocer en detalle la evolución de sus respectivos patrimonios.

El País

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