Carmencita

 

Hace algunos meses, Carmen Argibay habló durante más de dos horas sobre el machismo imperante en el Poder Judicial, un tema de vital interés para ella, pero no tanto para su audiencia: altos ejecutivos, abogados de estudios importantes y exitosos empresarios, hombres en su mayoría.

La primera jueza mujer designada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe haber intuido que su público tenía otra expectativa, pero la demagogia le era ajena. Había aceptado participar del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) en Mar del Plata porque otra mujer, que participó de la organización, supo que sólo tenía chances de sentarla si le proponía que disertara bajo una premisa del estilo “el Poder Judicial con perspectiva de género”.

Algunos empresarios que participaron del almuerzo, que me tocó moderar, asistieron empujados por la curiosidad, y con la esperanza de poder colar alguna pregunta referida a los asuntos álgidos que se dirimían en la Corte en octubre del año pasado. No la conocían lo suficiente.

Argibay jamás aceptó debatir con amigos, conocidos o periodistas, tampoco con funcionarios, empezando por la Presidenta de la Nación, asuntos vinculados a sus fallos. En Mar del Plata, cuando escuchó una pregunta referida a la constitucionalidad de la Ley de Medios, se desentendió con una mueca.

Contó en detalle las batallas que debió librar contra el machismo para llegar hasta la Corte, habló de la Asociación de Mujeres Juezas que fundó, y dijo que el proceso de confirmación que atravesó con su pliego para ingresar en la Corte había sido mucho más severo que cualquier otro (de sus predecesores hombres). 

Enumeró algunas políticas que desarrolló desde la Corte junto con su colega Elena Highton de Nolasco para revertir la cultura machista del Poder Judicial: la oficina de atención a las víctimas de violencia de género que funciona todo el año y la inauguración de un lactario para que las mujeres puedan amamantar en el palacio de los Tribunales, entre otras. Dijo que aún falta mucho camino por recorrer y mencionó el fuero federal, dominado por hombres, como un territorio a conquistar.

Después de escucharla, entendí que Argibay perseguía muchas causas, pero en el fondo siempre la misma: la igualdad ante la ley. Defendía el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo, a interrumpir un embarazo aunque no hubiese sido violada, le parecía indigno que los detenidos sin condena tuviesen que pasear esposados delante de peatones que caminan alrededor de los tribunales y quería erradicar los crucifijos de los despachos de los jueces, pero no porque ella fuese una atea militante, sino porque creía que quien imparte justicia en un Estado laico no puede exhibir su religión.

Cuando terminó de hablar en Mar del Plata, un reconocido abogado de grandes empresas, católico muy creyente, se acercó a pedirle disculpas. Le dijo que él había estado entre quienes objetaron su pliego cuando Néstor Kirchner la propuso para integrar la Corte Suprema, y que ahora se arrepentía. Si bien disentía con ella sobre el aborto, y sobre tantos otros temas, entendía que Argibay se había revelado, ante todo, como una jueza independiente y honorable.

Carmencita, como le decían sus familiares y allegados, agradeció el gesto con una sonrisa, pero sin detenerse demasiado en el asunto. Vestía siempre de manera sencilla, el pelo con las canas a la vista, no tenía pretensiones de ninguna especie y sólo se dejaba acompañar por alguno de sus adorados sobrinos. Sus veleidades se jugaban en otro terreno.

Otros miembros de la Corte Suprema, que la apreciaban, solían quejarse de que Argibay demoraba algunos fallos porque, aunque estuviera de acuerdo con la mayoría, prefería fundamentar por separado, por alguna disidencia menor.  

Carmen Argibay falleció el sábado, tenía 74 años y la salud deteriorada por su adicción al tabaco, pero mantuvo intacto, hasta el final, el espíritu rebelde con el que abrió el camino para muchas mujeres en el Poder Judicial. 

Una periodista... que no voy a nombrar

Mi teléfono celular empezó a vibrar cuando Cristina Kirchner aún hablaba por cadena nacional:

- ¿Puede ser que se haya referido a vos?- me preguntaban colegas y amigos.

Confieso que, segundos antes, yo había me preguntado lo mismo.

La presidente habló de una periodista de un diario argentino que, poco antes de dar a luz, había terminado su etapa de corresponsal en los Estados Unidos. Contó que había regresado porque no pudo afrontar los costos de contratar allá una niñera.

Cristina Kirchner lo comentó para destacar los avances que se han dado en Argentina a partir de una ley -que su Gobierno impulsó- para que las empleadas en casas de familia tengan derechos y una remuneración equiparables a los de cualquier otro trabajador. Habían transcurrido 51 minutos de la cadena cuando llegó la referencia que captó mi atención: 

 

 

 

“Realmente debemos sentirnos orgullosos como argentinos. Quiero contarles algo: en los países desarrollados, los trabajadores de las casas particulares son de los mejores pagos. Conozco una periodista muy conocida, que no es simpatizante nuestra, no la voy a nombrar, pero… que era corresponsal de un diario, que tampoco nos quiere mucho, en Washington y me contó que cuando tuvo… hace muchos años, cuando hablaba de manera un poquito más amigable conmigo, me contó que se tuvo que mudar a la UArgentina porque cuando tuvo un bebe no podía vivir en Estado Unidos porque si tenía que contratar una niñera no le alcanzaba el sueldo. Una de dos: o era muy cara la niñera o el diario en le pagaban poco. Puede ser una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que sólo gente de muchísimo dinero puede acceder a tener personal que la ayuda en el hogar en los países desarrollados…” 

¿Por qué me sentí aludida?

A fines del año 2001, regresé de Washington con mi marido, mi perro y una panza de ocho meses, embarazada de mi primera hija. Había pasado tres años como corresponsal del diario La Nación en los Estados Unidos; me había tocado un período muy intenso de trabajo: desde el final del juicio político a Bill Clinton, la elección disputada entre George Bush hijo y Al Gore, el atentado a las torres gemelas, el salvataje que pidió Fernando De la Rúa y el final drástico de la convertibilidad, todo con epicentro en Washington.

En aquellos tiempos tenía trato más o menos frecuente con la senadora Cristina Kirchner. La había conocido en mi anterior trabajo, como redactora del diario Página 12, que se convirtió sobre el final de la presidencia de Carlos Menem en el preferido de los Kirchner. Página 12 era el diario más crítico de Menem, y la senadora era de las voces disidentes más interesantes que se escuchaban en el peronismo.

Tal vez por una cuestión de género, el diálogo entre nosotras fluía más que el mío con el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, y cada tanto se colaban en la conversación temas personales. Supongo ahora –porque no lo recuerdo- que cuando regresé de Washington – si Cristina Kirchner a mi se refería- que alguna vez hablé con la senadora de las razones que me impulsaron a volver a la Argentina.

Me pude haber quedado en Washington un tiempo más, pero en familia elegimos regresar por más de un motivo. No resulta inverosímil aquello que la presidenta relata: si a mi se refería, pude haberle contado que la niñera es un lujo reservado para pocos en Estados Unidos, aunque concluir que por esa razón regresé equivaldría a practicar un recorte antojadizo, que por su formulación viene acompañado de una carga que se podría prestar a interpretaciones maliciosas. 

Después del parto, me reintegré a la redacción de La Nación en Buenos Aires. La senadora Cristina Kirchner se había guardado de los medios para dejar lugar a Néstor Kirchner, que era menos conocido a nivel nacional. Me concedió la única nota que daría en la campaña del 2003. Confesó que ella también tenía aspiraciones presidenciales, algo que generó un pequeño escándalo en su entorno, porque era inoportuno el momento. Nunca más me concedió entrevistas, aunque seguí intentando.

Podría especular el por qué. Pero sería darme una importancia que los periodistas no tenemos. Cristina Kirchner, aún sin dar nombres, expuso en cadena nacional la intimidad de otra persona, tamizada según su propio recuerdo y por el paso del tiempo (mi hija mayor ya cumplió 12 años).

Su relato tiene puntos de contacto con mi historia, pero no es mi historia.

La dignidad y la transparencia

Con un fallo que merece la pena leer, la Corte Suprema de Justicia saldó hace poco días una discusión entre la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y una Organización No Gubernamental (ONG) que le había pedido que hiciera público el listado de los titulares de los distintos planes y ayudas sociales que administra.

La ministra alegaba que, aunque exista un decreto - firmado por su hermano el ex presidente Néstor Kirchner- que regula el derecho de los ciudadanos a acceder a la información del Estado –derecho por otra parte consagrado en los tratados internacionales- el caso de los beneficiarios de programas sociales debe quedar exceptuado del principio de publicidad de los actos de Gobierno.

¿Por qué razón? Porque –según los escritos presentados por abogados de la ministra de Desarrollo Social en tribunales- se trata de datos sensibles de personas vulnerables que, al quedar expuestas como receptoras de ayuda social, podrían ser estigmatizadas o víctimas de la discriminación.

Con esa lógica, la ministra Kirchner se negó a entregar los datos de los titulares de planes de Seguridad Alimentaria, Plan Familias y Plan de Desarrollo Local y Economía Social, entre otros, que le había solicitado el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC resolvió dar la pelea en los tribunales, y seis años más tarde, logró que la Corte Suprema le ordenara al ministerio de Desarrollo Social difundir los datos requeridos.

Ocurrieron en este proceso dos cosas importantes. Una, que los responsables de CIPPEC tuvieron el empuje y los recursos humanos suficientes como para no darse por vencidos (yo misma he desistido a lo largo de estos años de ir la Justicia para exigir que respondan los pedidos de acceso a la información pública que presenté para conocer los contratos de Fútbol Para Todos, pedidos que nadie se dignó a responder, aunque la obligación surge del decreto 1172/2003 de Kirchner).

Luego, ocurrió que la Corte Suprema abordó el tema no sólo desde el punto de vista de las leyes y obligaciones vigentes para los funcionarios públicos, sino que además estableció principios que cuestionan de manera profunda el paternalismo implícito en el planteo de Alicia Kirchner y las demás agencias del Gobierno que ocultaron los datos solicitados por CIPPEC.

Aunque la decisión responde a un pedido puntual, referido a los años 2006 y 2007, la Corte Suprema fijó criterios que debieran llevar a la publicidad de todos los titulares de planes de aquí en más, así como a la sanción de una ley en el Congreso que no haga tan engorroso el trámite de obtener información toda vez que el Poder Ejecutivo se niega a entregarla con excusas.

Los antecedentes muestran la resistencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a avanzar en cualquier dirección que signifique una mayor transparencia: además de haber ocultado algunas estadísticas y manipulado otras, no es infrecuente escuchar a un kirchnerista decir que gracias a la propaganda que emiten bajo la forma de publicidad oficial cumplen con la obligación de la publicidad de los actos de Gobierno. 

En el caso puntual del amparo que presentó CIPPEC, los jueces de la Corte Suprema, todos menos Raúl Zaffaroni (que no se pronunció en ningún sentido), indicaron que:

 “No es necesario el consentimiento del beneficiario cuando la información se refiera a listados cuyo contenido se limite a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio” pues los únicos datos sensibles “son aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual".

  “La información pertenece a las personas, la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos”.

“Los motivos expuestos por el Estado Nacional para desestimar la solicitud que se le formulara no encuentran sustento normativo alguno sino que aparecen como meras excusas para obstruir el acceso a la información”. 

“Resulta claro que (…) el acceso a estos datos posee un claro interés público en la medida en que (…) para realizar un exhaustivo control social sobre el modo en que los funcionarios competentes han asignado estos subsidios resulta necesario acceder al listado de los distintos beneficiarios y receptores de los planes sociales”.

 “No resulta nada obvio que el brindar esta información vaya en desmedro de las personas en situación de vulnerabilidad social o económica que reciben estos subsidios. Tal perspectiva, incurriendo en una suerte de paternalismo, soslaya de manera injustificada que, precisamente, garantizando el control del accionar público en esta materia es que se podrán constatar los criterios empleados para la asignación de los subsidios”.

Carmen Argibay y Enrique Petracchi presentaron sus propios argumentos, y creo que entre ellos, el más poderoso de todos los que encierra la sentencia:

 "La transparencia -no la opacidad- beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino de la sociedad toda".

Derechos humanos, pasado y presente

En los actos por el aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 se disputan las banderas de la defensa y lucha por los derechos humanos. A lo largo de los últimos años, las agrupaciones kirchneristas, con la compañía de las Abuelas de Plaza de Mayo de Estela de Carlotto y las Madres de Hebe de Bonafini, fueron protagonistas excluyentes de los actos; las demás formas de recordar -de resignificar- la lucha contra la dictadura habían quedado relegadas a un segundo plano. 

Algo cambió este año.

La designación primero, y la confirmación después, de César Milani al frente del Ejército, marcó el punto de inflexión. Por primera vez, ya no son temas del presente los que dividen el debate entre y sobre derechos humanos, sino una causa en la que nunca habían tenido discusión. Ante una sospecha, fundada, de que algún militar había participado de la represión, jamás habían pedido otra cosa que su pase a retiro.

 

 

 

 

Cristina Kirchner se empecinó en nombrar al frente del Ejército a un militar con causas abiertas por apremios ilegales y por la desaparición de un conscripto, Alberto Ledo. Estela de Carlotto consideró que la presidenta era merecedora de su confianza, valoró que Milani "tuvo un discurso de mucho alineamiento con este Gobierno que nosotras reivindicamos y que hizo muchísimo por la verdad y la justicia" y concluyó que en todo caso habrá que esperar que la Justicia se pronuncie.

Expresó la lógica del Gobierno: al haber impulsado la eliminación de las leyes que impedían juzgar a los responsables de la represión y por otras políticas que terminaron con la impunidad de los años de la dictadura, sienten que tienen crédito para ubicar en la conducción del Ejército a alguien sospechado de esos mismos crímenes sin que eso manche su reputación en materia de derechos humanos.

Sin rodeos ni contradicciones, Bonafini convirtió a Milani en un héroe: lo entrevistó y lo consagró como un hombre comprometido con “el proyecto” y clausuró el debate.

En cambio, para Nora Cortiñas, de Línea Fundadora, el ascenso de Milani, un hombre de inteligencia, significó un retroceso para la democracia y una falta de respeto a los organismos de derechos humanos. Línea Fundadora apoyó las políticas de Néstor y Cristina Kirchner que terminaron con la impunidad, pero Nora nunca confundió su causa con la del Gobierno, ni acotó su rol al reclamo de verdad y justicia del pasado: ella abrazó cada reclamo actual en el que sintió que había un derecho vulnerado.

La potencia simbólica del caso Milani en la lucha por las banderas de los derechos humanos abrió una puerta a nuevos actores en los actos del 24 de marzo, que se suman a las organizaciones de izquierda, que jamás dejaron de marchar en esta fecha, a costa de una convivencia a veces tensa con las fuerzas kirchneristas en la plaza. Este año, los jóvenes radicales, que cargaban con el peso de las leyes del perdón que sancionó Raúl Alfonsín, tomaron nuevo impulso.

No sólo salieron a reivindicar las bases que sentó Alfonsín con el juicio a los comandantes poco después de recuperar la democracia. Convocaron a marchar el 24 de marzo con una serie de afiches que le reprochan a la presidenta la designación de Milani y un video que abraza causas como los 51 muertos de la tragedia de Once y el reclamo ignorado de los Qom de Formosa.

  

 

Máximo

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Kirchner contó en un reportaje reciente que ella sólo confía en sus hijos, en nadie más. Florencia está en otra cosa, entre el cine y la moda, pero a Máximo, el primogénito, la política y el poder le apasionan. No quiere cargos ni exposición pública, y elige vivir en el sur, cerca de las propiedades que conforman la fortuna familiar. Así y todo, a la distancia, tras la muerte de su padre, en octubre del 2010, Máximo se transformó en la figura más influyente del Gobierno. 

Máximo proyectó su poder en lugares estratégicos del administración pública a través de los puestos que ocupan sus amigos y protegidos, jóvenes integrantes La Cámpora, la agrupación que él apadrina sin necesidad de figurar en ningún puesto de conducción formal. Como eligió moverse en las sombras, e hizo del silencio público un culto, la gran novedad por estas horas es la publicación de un libro en el que por primera vez se escucha su voz.

Sandra Russo –periodista, panelista del programa 6,7,8, nave insignia de la propaganda oficial en la televisión “pública”- escribió “Fuerza Propia. La Cámpora por dentro”, un libro impulsado desde el Gobierno con un objetivo estratégico: hablar del futuro, de herederos posibles, cuando se acerca el final de un ciclo de doce años, el mandato de Néstor y los dos de Cristina Kirchner. 

Página 12 publica hoy, a modo de anticipo, las reflexiones de Máximo Kirchner (y digo reflexiones porque no se presenta como un diálogo, no intervienen preguntas, sino textos que sólo buscan hilvanar el razonamiento). El diario anuncia: “Las definiciones políticas de Máximo Kirchner como organizador y dirigente de la agrupación La Cámpora” y ya estamos ante una definición: nunca nadie antes desde el kirchnerismo lo había ubicado en ese lugar de conducción.

Sobre el futuro dice Máximo:

No sabemos qué expresión electoral tendremos, pero estará bien lo que resulte. Nuestro trabajo es a largo plazo. Nosotros abrimos. Hoy parece que el peronismo es lo que abarca todo, pero hay que ver qué piensan los pibes, si se sienten tan representados de esa manera como para decir que son peronistas y ya está. Lo que se escucha es Cristina. Los veo muy de ir con lo propio. Están muy decididos. 

A quienes critican a los dirigentes de La Cámpora por sus modos altaneros, les contesta:

Ven a los pibes y se enervan. Nos dicen soberbios. ¿Por qué soberbios? ¿Uno defiende su posición y es un soberbio, y se tiene que bancar que vengan y te insulten y te digan que todo anda para la mierda y, de esa manera, callado, uno estaría demostrando que es democrático? ¿Y qué sería lo democrático? ¿Que el que sacó el 16 por ciento le diga lo que tiene que hacer al que sacó el 54? Que digan lo que quieran, nosotros seguimos (...) Los pibes ya se despertaron. Esa porción de la Argentina, después de 2015, va a seguir exigiendo.

La definición de democracia de manera acotada - con la descripción de un único rasgo imprescindible, pero no excluyente, que desmerece el papel de las minorías y el control republicano- es una idea muy presente en los discursos de la presidenta. En la misma línea, Máximo sostiene que, como las corporaciones económicas tienen intereses y representantes duraderos, habría que modificar la Constitución para terminar con los límites que fija a la reelección, porque de otro modo la lucha con el poder político es desigual: uno pasa y el otro queda.

La reforma constitucional es una discusión pendiente que habrá que dar, no ahora, porque van a decir que es oportunista. Pero eso no quiere decir que en algún momento no haya que darla. El tema de la posibilidad de la reelección no pasa por una cuestión constitucional, sino por lo que la gente quiera. Si te vota o no te vota. ¿Qué era lo que decía Clarín en su momento? Pasan los gobiernos y Clarín queda. Claro. El sistema está organizado para que esos poderes, sea Clarín o cualquier otra corporación –porque a esta altura Clarín es un símbolo que lo excede–, puedan desarrollar sus intereses sabiendo que a lo sumo tienen que resistir uno o dos mandatos. Ellos quedan. 

La visión sobre la democracia, las corporaciones y las reelecciones ¿indefinidas?, se completa con la idea del líder imprescindible:

Cristina es el último dique de contención que hay hoy en la política argentina contra los intereses que hicieron de la Argentina un país invivible y que tuvo su corolario final en 2001. Creo que hoy no hay ningún otro dirigente político que exprese esa contención, porque para ganar espacio han transado con esos intereses. (…) Nosotros creemos que si perdemos porque aparece algo que nos supera y nos mejora en términos de un proyecto que incluya y que beneficie a la enorme mayoría de los argentinos, bancamos, está bien. Pero no es eso lo que pasa. 

En el libro Máximo asume que su construcción, La Cámpora, es la heredera más pura del legado político de sus padres, pero no queda claro qué lugar, si es que alguno, se tiene reservado para él.

Peronistas

Cuando pegó su último salto, esta vez hacia el Frente Renovador de Sergio Massa, Raúl Othacehé definió como nadie la lógica de los barones del conurbano, el núcleo duro de intendentes peronistas que gobiernan hace décadas los territorios más poblados del país (y por lo tanto, los más preciados en cualquier armado electoral).

Ante la pregunta de si lo suyo era traición a la causa justicialista, porque también supo ser un hombre cercano a Néstor y Cristina Kirchner, como lo había sido antes de Carlos Menem y de Eduardo Duhalde, el intendente de Merlo respondió sin inmutarse: “Nosotros somos el peronismo, somos preexistentes”.

Mario Ishii, ahora senador provincial y antes intendente de José C. Paz, uno de los municipios más castigados del conurbano, vecino de la zona, le había arrojado el mote de traidor. Othacehé respondió que Ishii haría bien en cuidarse de las causas judiciales que tiene pendientes y mencionó, como al pasar, una filmación.

No dijo nada más, pero supongo que habrá sido suficiente para que Ishii comprendiera el mensaje. En el oeste muchos opositores al intendente han padecido la difusión de asuntos privados, no siempre veraces, como métodos de intimidación. El obispo anterior de Merlo, Fernando María Bargalló, debió renunciar después de que se publicaran fotos y detalles muy precisos de un viaje a México que delataba una relación amorosa con una amiga suya de la infancia.

Releí para escribir este texto el capítulo dedicado a Othacehé de “El Aparato”, un libro sobre intendentes del conurbano que publiqué en el 2005. Recopilé muchos casos que demuestran cómo Othacehé, intendente desde 1991, ha perseguido de manera sistemática a todo opositor que logró llegar a ocupar una banca en el Concejo Deliberante. Muchos terminaron siendo destituidos en proceso de dudosa legalidad.

La intimidación a través de rumores que propagan desde el municipio, volantes de difamación y pintadas anónimas en lugares estratégicos son ya parte del estilo de gobierno de “El Vasco” Othacehé. Los paredones suelen tildar de “drogadicto” al adversario de turno. Ahora le llegó al turno a la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, que salió a criticar al intendente por televisión.

“La Donda es una enferma, o es drogadicta. Me cansé: le voy a hacer juicio”, anunció el intendente con la paciencia colmada. El juicio es otro de sus recursos: todo periodista que habla o escribe de manera crítica sobre Othacehé debe saber que está expuesto a que el intendente le inicie un juicio para ver si lo calla de una buena vez.

Dijo también por estas horas que le molesta que le digan barón, porque remite a los señores feudales, cuando lo suyo es ganar elecciones democráticas (lleva seis reelecciones consecutivas de mandatos de cuatro años). Tanto tiempo lleva en el poder que el municipio se ha vuelto un asunto familiar. En momentos diversos ha colocado en puestos estratégicos del Concejo Deliberante, el Consejo Escolar, la Legislatura provincial o el municipio a su hijo, a su esposa, a su nuera, a su cuñada y a su hermana Zulema (después de una pelea, Zulema denunció que había sido secuestrada por muchachos a sueldo del municipio, pero luego de una reconciliación ya nunca más lo repitió).

La unión de Massa con Othacehé es resultado del pragmatismo de ambos. El intendente era cortejado por allegados a Daniel Scioli, que iban a jugar al golf a Merlo y en lugar de caddies paseaban de hoyo en hoyo custodiados por hombres de seguridad armados con ametralladora. Pero el trabajo territorial no es el fuerte del gobernador de la provincia de Buenos Aires y el intendente de Merlo sintió que ya no le daban la importancia necesaria. Sufrió además el descuido de la Casa Rosada, como le ocurre a muchos intendentes tras la muerte de Néstor Kirchner: los muchachos de La Cámpora los destratan y, aunque no tienen votos propios, creen que pueden prescindir de los barones.

Supongo que Massa calculó que se exponía a ciertas críticas, pero evaluó que todo quedaría en un círculo reducido que no impacta sobre la imagen que pretende proyectar de joven intendente con ánimo renovador de cara a las elecciones del 2015, para las que todavía falta mucho.

Al final, pasó rápido. Los kirchneristas no dijeron casi nada, pues lo habían tenido en sus filas; y fueron muy pocos los periodistas que pusieron el foco sobre el abrazo de Massa con Othacehé. A cambio, el diputado con ambición de presidente envió mensaje potente de hospitalidad y sin beneficio de inventario al peronismo de la provincia de Buenos Aires.

Cuando le pregunté al ex intendente de Tigre por su más reciente incorporación, Massa me respondió: “En el Frente Renovador hacemos de la pluralidad un valor. Si discutimos todo el tiempo la historia, nunca vamos a poder mirar para adelante”. Insistí, porque una cosa es la diversidad y otra, avalar prácticas violentas, pero Massa me devolvió la misma retórica. Othacehé lo explicó con menos vueltas desde el peronismo.

La avaricia según Capitanich

No hace tanto, las principales figuras del Gobierno decían comprender a los argentinos que, curados de espanto con nuestra historia económica, desconfían del peso nacional y prefieren ahorrar en dólares y por fuera del sistema financiero, antes en el colchón que en el banco.

En aquellos tiempos, desde la Casa Rosada tiraban, incluso, un manto de piedad sobre quienes habían ocultado sus dólares al fisco. Corría el mes de mayo del año pasado y en la desesperación por captar dólares, Cristina Fernández de Kirchner había lanzado un “blanqueo”, un perdón fiscal a quienes utilizaran s us dólares para comprar propiedades a cambio de un papel llamado Certificados de Depósitos de Inversión (Cedin) o los destinaran a comprar bonos para financiar a la petrolera YPF.

El 12 de mayo de 2013, siendo todavía secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, abandonó por un rato su estilo rústico para ensayar, a su modo, un estilo seductor. En 6,7,8, el programa de propaganda que emite la televisión estatal, Moreno pasó por alto al panel y se dirigió al televidente sin intermediarios:

  “Tantos años de desaguisado económico que le hicieron a usted ahorrar en dólares no significa que usted sea un delincuente. No es la plata del choreo como dijo un periodista (…) ¡No es cierto! Porque sino estaríamos diciendo que los argentinos que hoy tienen 40 mil millones de dólares dentro del país en efectivo son todos chorros. ¡No es cierto! Se han generado las condiciones macroeconómicas desde los años 60 para acá para que el pueblo, tanto los calificados como los no calificados, empezaran a pensar en pesos en corto (plazo), y de mediano a largo, a pensar en dólares (…) Le estamos diciendo que la plata que obtuvo de alguna manera en una actividad lícita, pero que de alguna manera no la exteriorizó: ‘exteriorícela’ (…) A su vez le decimos: ‘a usted que tiene que comprarle la casa a su hija, y usted tiene unos dólares, nosotros no queremos que sigan circulando esos dólares, porque hay una decisión estratégica de fortalecer el peso, ponga esos dólares en el banco, agarra el certificado y compra la casa, con todo lo que eso significa, porque la alegría es contagiosa.”

Pese a los esfuerzos de Moreno, el último blanqueo le permitió al Gobierno captar apenas unos 600 millones de dólares, una cifra muy por debajo de la expectativa oficial, que rondaba en 4000 mil millones de dólares.  Regía entonces la prohibición total para comprar dólares con fines de ahorro, que tras la devaluación de enero pasado se levantaría, pero de manera parcial.

En un contexto más urgido todavía de divisas, con las reservas del Banco Central en caída y con la necesidad de mantener el dólar a ocho pesos para frenar el impacto sobre precios, el jefe de gabinete Jorge Capitanich ha trocado el estilo disuasivo que había intentado Moreno por agresión. Según Capitanich, quien ahorra en dólares y no los vuelca en bonos, títulos ni inversiones, es una persona avara.

“El ahorro promueve la avaricia y es poco solidario con el conjunto de los argentinos, retrasa la expansión y el crecimiento económico”, decretó Capitanich en un país en el que el crédito hipotecario es casi inexistente y el ahorro en dólares resulta la única vía para procurar el acceso a la vivienda, porque el mercado inmobiliario que no acepta otra moneda, como ya quedó demostrado.

 

Tan molesto estaba el jefe de gabinete con quienes se hacen de dólares y los guardan en el colchón o los depositan el banco –aún cuando las tasas en moneda extranjera son exiguas- que en su última aparición en 6,7,8 sugirió poner en marcha una suerte de castigo a los avaros.

“Estaba leyendo en las redes sociales”, tiró como al pasar “y yo también pensé que es una pregunta que hay que responder: ¿por qué quienes compraron dólares tienen que recibir subsidios a los servicios públicos”.

Por cierto, el esquema de subsidios que implantó Néstor Kirchner para congelar el precio de los servicios públicos en el área metropolitana representa hace rato una carga injustificada para las cuentas del Estado y un sistema injusto para los habitantes del resto del país. Pero, como ocurrió con el dólar cuando quedó relegado respecto de la inflación, el Gobierno demoró tanto en tomar una decisión que sólo le quedan malas opciones: una actualización de tarifas que aliviane los subsidios metería más presión sobre la inflación y son demasiados años de atraso como para en un sólo ajuste el tiempo perdido.

Ahora Capitanich sugiere erradicar los subsidios a quienes compran dólares, con ese único criterio: porque compran dólares. Podemos compartir que quienes ganan por lo menos dos salarios mínimos (el mínimo exigido para poder comprar dólares) no deberían estar entre los sectores subsidiados por el Estado, pero eso no tiene nada que ver con la manera en que el contribuyente elige ahorrar, aunque el jefe de gabinete pretenda aleccionarnos sobre el rol de la solidaridad en la economía familiar.

“El ahorro es virtuoso en toda sociedad en tanto y en cuanto esté volcado al circuito productivo, en acciones que sirven para financiar a una empresa, si uno adquiere un título público puede financiar una obra pública, si lo vuelca al sistema financiero, como es mi caso personal, es virtuoso….”, insistió esta mañana Capitanich. Aludía a los plazos fijos por un monto de casi dos millones de pesos que forman parte de su patrimonio.

Según consta la declaración jurada de bienes que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el jefe de gabinete es propietario, además, de cuatro inmuebles, tres de los cuales adquirió como “inversión” ¿productiva?.

Kicillof y los peces gordos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas horas agitadas, el ministro de Economía, Axel Kicillof, ha decidido que no tiene por qué comunicar medidas en los medios que integran lo que él llama “el aparato desinformativo que busca desestabilizar al Gobierno”.

El anuncio del viernes pasado – que a partir de mañana se levanta la prohibición para comprar dólares con fines de ahorro, aunque la AFIP deberá autorizar cada venta del Banco Central- fue muy escueto y corrió por cuenta del jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Kicillof apenas asomó, cuando ya se iba de la sala de prensa, para decir, con fastidio, que aquellos que afirman que el dólar oficial terminará cerca de los 13 pesos son los mismos que avalaron la convertibilidad que llevó a la Argentina a su fundición.

Luego, un comunicado de la Casa Rosada incorporó otra novedad. Dado que el dólar oficial ha trepado tanto en los últimos días, el recargo del 35 por ciento para las compras con tarjeta en moneda extranjera, volvería a ser del 20 por ciento, como lo fue en alguna etapa de este período que ya lleva dos años de restricciones para acceder a la compra de dólares y en dólares. El comunicado tuvo dos versiones, y en la última, el párrafo sobre las tarjetas había desaparecido (lo siento, pero la interpretación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el uso perverso del término desaparecer me excede). Luego, Kicillof, en un reportaje con Víctor Hugo Morales en Radio Continental reafirmó que sí, que el recargo bajaba al 20 por ciento. Pero él mismo informó de un nuevo cambio en un reportaje que publica hoy Página 12.

“El paso del 35 al 20 por ciento no será implementado este lunes (por mañana). El turismo interno este año mejoró mucho y la gente que quiso viajar la exterior viajó. Es la gente de alto poder adquisitivo, que pudo gastar sin límites en el exterior a través de su tarjeta de crédito”, afirmó Kicillof. Gastos “sin límites”, dijo, como quien dice que con eso ya es suficiente ventaja.

Los entrevistadores de Página 12 no preguntaron si, con el dólar bastante más caro, tiene sentido mantener la última restricción que habían impuesto para las compras por Internet en el exterior: un máximo de dos por año, con una franquicia de 25 dólares por persona, y un impuesto del 50 por ciento del valor de la compra, todo contralado por la AFIP, que le exige al correo la presentación de un formulario  para liberar el paquete. Salvo libros, obras de arte y medicamentos con receta, que no tienen límites en cuanto a cantidad de órdenes, para todo lo demás, quien quiera recibir más de dos envíos debe registrarse como importador.

El otro tope que los empleados de la Aduana en el aeropuerto de Ezeiza aplican de manera aleatoria establece un máximo de 300 dólares libre de impuestos de en compras el extranjero, por mes. La cifra fue establecida hace ya décadas; en usos y costumbres, sólo regía para la compra de aparatos electrónicos o algún otro objeto de valor. Hasta donde pude averiguar, existe una resolución que exceptúa de la cuenta a las compras “para uso personal”, como podría ser alguna prenda, un libro o algún recuerdo de viaje. Pero en los últimos tiempos, de control sobre las compras en dólares, la inspección queda librada a la discrecionalidad de quien se encuentre de turno y puede ocurrir que consideren que toda la valija está sometida al tope de 300 dólares.

Por lo que declaró Kicillof en Página 12, levantar los recargos sobre las compras y los viajes al exterior no está sus planes, porque se trata de contribuyentes de buen poder adquisitivo, y anticipó también que la adquisición de dólares será autorizada a partir de mañana por la AFIP con el criterio de “beneficiar a los de abajo”. Había dicho Capitanich que sólo venderían dólares a quien declare ingresos y pague impuestos consistentes con sus requerimientos.  El ministro de Economía incorporó otra novedad: la de un sesgo del sistema de autorización, cuya fórmula no conocemos por ahora, hacia el pequeño ahorrista. De todos modos, Kicillof aclaró que será un proceso paulatino, como para bajar expectativas.

En cuanto a las empresas, el ministro admitió que dos años de cepo cambiario no impidieron (más bien lo contrario, alentaron) un mecanismo para compra de dólares conocido en la jerga como “contado con liqui":

• - A través de operaciones financieras sofisticadas con títulos públicos, el sector financiero, junto con sectores económicos más concentrados, consiguió sacar y entrar dólares en Argentina por un total de 30 mil millones de dólares desde que se implementaron las medidas hasta ahora. Los peces gordos que eludieron las restricciones hicieron sus negocios a través del contado con liquidación, una maniobra legal.

Así, Kicillof admite que las restricciones de estos años drenaron las reservas del Banco Central con un mecanismo perfectamente legal, mientras el Gobierno impedía el acceso al dólar al pequeño ahorrista. El drenaje empujó en los últimos días una devaluación del peso abrupta, que Cristina Fernández de Kirchner había dicho que jamás permitiría, en un contexto de inflación que presiona sobre precios.

Es curioso, porque, así y todo, Kicillof dice que la imposición del cepo (aunque él lo llame de otra manera: sólo refiere a “las medidas”), que ahora ha levantado sólo en forma parcial, resultó una decisión acertada. 

Actualización del lunes 27 de enero: sin la presencia de Kicillof, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció que los contribuyentes podrán destinar hasta un 20 por ciento de sus ingresos declarados a la compra de dólares, y el Banco Central venderá un tope de 2000 dólares por mes por persona. Sólo podrán adquirir dólares quienes perciban como mínimo un ingreso de 7200 pesos (según la cotización actual, más el 20 por ciento de pago a cuenta de ganancias que encarece la compra de divisas, alguien con ese ingreso podría comprar unos 140 dólares por mes como mucho). El sesgo hacia los sectores de menores ingresos que había prometido Kicillof tampoco aparece en esta fórmula...

En manos de un recién llegado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cara al 2014, encuentro a Cristina Kirchner cambiada.

Hablo de algo más profundo que el cambio del color de su vestimenta, distinto a las prendas blancas que ahora alterna con el negro riguroso que había adoptado tras la muerte de su compañero, el ex presidente Néstor Kirchner.

Pero la novedad de la que hablo y la de su vestuario coinciden en el tiempo.

El 18 de noviembre, la Presidenta completó un reposo de 40 días sin actividad, indicado después de la operación de un hematoma en el cerebro (secuela de una caída misteriosa: nunca nadie informó cómo se había producido el golpe). Reapareció con una camisa blanca y con una nueva rutina de trabajo, en apariencia, mucho más relajada.

Por razones desconocidas -podría ser una indicación médica, aunque no surge de ningún parte difundido hasta la fecha- la Presidenta delegó la gestión cotidiana de los asuntos de Gobierno en el jefe de gabinete. Hace semanas que no participa de las reuniones con sindicalistas, empresarios o gobernadores convocados a la Casa Rosada. Tampoco atiende llamados como antes.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, contó que, desde que la Presidenta pasó por última vez por el quirófano, él ya no llama para conversar con ella; prefiere hablar con intermediarios para no importunarla con asuntos que pueden ser menores, como la pelea interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

De recorridas por el conurbano o el interior del país ni hablar. Cristina Kirchner no ha viajado más que al sur para recluirse en su mansión a descansar por un tiempo prolongado. Partió antes de la Navidad y su regreso está previsto para el 10 de enero próximo (la fecha, como tantas otras cosas alrededor de la Presidenta, no es más que un trascendido sin confirmación oficial).

Desde que regresó de su licencia médica participó de cinco actos en total y ninguno fue trasmitido en cadena oficial (otra novedad).  Una rareza adicional: en alguna ocasión presidió actos sin pronunciar palabra delante del micrófono. Ocurrió, por ejemplo, durante la ceremonia de ascenso a teniente general del jefe del Ejército, César Milani, sospechado de casos de desaparición forzada de personas durante la última dictadura e investigado por enriquecimiento ilícito en una de las pocas causas con impulso de la Oficina Anticorrupción.

Las escasas apariciones públicas de Cristina Kirchner no encuentran compensación en las redes sociales como Twitter o Facebook, que en otros tiempos fueron espacios para la catarsis presidencial. Sólo se molestó en aclarar que no será candidata a nada el 2015, para contradecir al diputado Carlos Kunkel, uno de esos fieles hasta el final, que había hablado de una Cristina Kirchner como protagonista de las próximas elecciones. La desmentida de la Presidenta llegó a través de un cable de Télam, la agencia estatal que funciona al servicio de las necesidades políticas del Poder Ejecutivo.

Otra noticia logró provocar alguna reacción de la Presidenta en las últimas semanas (y no es el caso de los cortes de luz que padecen miles y miles de usuarios en el área metropolitana, en medio de una ola de calor sin precedente, que no mereció opinión de parte de la Presidenta). Me refiero a la investigación de alto impacto que publicó en el diario La Nación el periodista Hugo Alconada Mon.

Con los libros contables de las empresas de Lázaro Baéz en la mano, Alconada demostró que gran parte del crecimiento patrimonial declarado de los Kirchner se debe a pagos millonarios que han percibido de Báez y de sus empresas.

En teoría, los pagos responden a contratos de alquiler de propiedades y habitaciones en los hoteles que forman parte del patrimonio de la presidenta y de su familia. Durante la década kirchnerista, Báez, el inquilino, pasó de ser un empleado bancario al principal contratista de obra pública nacional en la provincia de Santa Cruz. Debemos pensar que es, como mínimo, un hombre agradecido.

A las revelaciones de Alconada, la Presidenta respondió con un comunicado del secretario general, Oscar Parrilli, quien refirió a todo tipo de conspiraciones en contra del Gobierno y alcanzó a decir que se trata de contratos “entre privados”.

Para este nuevo modelo de gestión, tercerizado, Cristina Kirchner debió desplazar a Juan Manuel Abal Medina, un funcionario obsecuente sin ningún tipo de poder propio ni delegado, y traer del Chaco a un gobernador con algo más de autoridad sobre sus pares y ministros del gabinete. Las razones por las cuales pasó por alto Sergio Urribarri, el gobernador de Entre Ríos, mucho más afín a la hinchada kirchnerista, es otro misterio para cual no tienen explicación ni los medios oficialistas.

Capitanich introdujo cambios en la comunicación del Gobierno. El jefe de gabinete responde preguntas casi todos los días en la Casa Rosada, mientras que Abal Medina sólo visitaba 6.7.8 y atendía de vez en cuando algún medio amigo. Con la Presidenta bastante recluida, lo más novedoso en la materia ha sido el abandono de 6.7.8, la trinchera mediática por excelencia de estos años. Abal Medina funcionaba como una suerte de productor a cargo de los invitados, que rotaban entre ministros y amigos según creían conveniente en la Casa Rosada.

El “vacío” de un espacio de propaganda es síntoma de algo más profundo: el desconcierto de los propios frente a una Presidenta, por momentos ausente, que delega la gestión en un jefe de gabinete que no conoce el libreto de un mundo -el kirchnerista- que lo observa a él como a un recién llegado.

 

Predicar con el ejemplo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota posterior a la redacción del post original: el lunes 9 de diciembre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó -en una sesión marcada por la sintonía fina entre el PRO de Mauricio Macri y el Frente para la Victoria de Cristina Fernández de Kirchner- el pliego de Martín Ocampo como fiscal general y designó a Yael Bendel Asesora Tutelar del Ministerio Público.)

Mauricio Macri se vistió de republicano cuando Cristina Fernández de Kirchner pretendió avanzar con reformas que afectaban la independencia del Poder Judicial y llamó a tomar las cacerolas en repudio con un discurso bien institucionalista: “Cuando se pone en juego la Justicia, muchas cosas entran en crisis. Los que somos dirigentes políticos tenemos que alzar nuestra voz”. 

Ahora pretende ocupar la fiscalía general de la ciudad de Buenos Aires con Martín Ocampo, un abogado de confianza del presidente Boca, Daniel Angelici, que termina su mandato como legislador del PRO, el partido de Macri, en la Legislatura. Como jefe de los fiscales, Ocampo tendría directa injerencia sobre temas tan sensibles para su padrino político como el control del los eventos deportivos y del juego. 

Angelici administra bingos en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, presidió la cámara de empresarios de rubro, crió caballos de carrera y todavía disfruta de algún gran premio en el Hipódromo. De extracción radical, mantiene con Macri trato cotidiano y tiene a su cargo -según cuentan en sintonía dirigentes propios y ajenos- gestiones de asuntos sensibles para el jefe de gobierno de la ciudad que se dirimen en el Poder Judicial (rol en las sombras que en la jerga describen como operador judicial). De ahí que a ningún conocedor de la política porteña se sorprendiera cuando Ocampo, abogado de Angelici, aterrizó en las boletas del PRO.

Si actúa con independencia, el fiscal general puede chocar con los intereses del Poder Ejecutivo de la ciudad, ya que debe velar por el interés general y tiene entre sus atribuciones llevar adelante acusaciones penales contra funcionarios públicos. Un conjunto de organizaciones no gubernamentales suscribió hace pocos días un documento conjunto para advertir que un dirigente político que viene de ocupar una banca en el bloque oficialista no ofrece ninguna garantía de independencia, y objetó los antecedentes de Ocampo en materia judicial, insuficientes a su criterio para cumplir con el requisito de idoneidad.

Las organizaciones que se pronunciaron -Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y Poder Ciudadano entre otras- son las mismas que llevaron adelante una campaña contra la reforma judicial del Cristina Fernández de Kirchner. Tanto entonces como ahora plantearon un reclamo republicano en defensa de la división de poderes. 

El bloque del Frente para la Victoria se debate en la Legislatura de la ciudad entre aquellos que están embarcados en una intensa negociación con el PRO de cargos y proyectos varios, y que por lo tanto subordinan su posición a un paquete mayor, y quienes se resisten a votar por Ocampo. 

Con el mismo criterio de privilegiar la subordinación política por encima de los antecedentes -y con la complicidad de los legisladores que están consumidos por el menudeo de cargos que deben ser cubiertos en esta época del año, cuando muchos de ellos están por terminar sus mandatos y son candidatos alguna de esas vacantes- Macri propuso como próxima Asesora Tutelar del Ministerio Público a Yael Bendel, cobijada por la vicejefa María Eugenia Vidal, y actual directora del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

El Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntaron que la asesoría tutelar ha sido –hasta ahora- muy activa a la hora de denunciar políticas del gobierno de Macri que afectan los derechos de los chicos por los cuales debe velar.

En pocas horas más la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires debe considerar a los candidatos elegidos por Macri para ocupar la fiscalía general y la asesoría tutelar. Lo que ocurre en la ciudad muestra la diferencia entre una crítica oportunista y una postura de principios, entre un planteo hipócrita cuando se trata de opinar sobre un tercero y la necesidad de predicar con el ejemplo propio.