Francisco Sánchez y Rosana Hernández Nieto
Han pasado 18 años desde que la primera Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (UE-ALC) de Jefes de Estado y de Gobierno estableciera en la Declaración de Río de Janeiro su intención de fortalecer la cooperación para crear un espacio birregional de educación, ciencia y tecnología. Sin embargo, los avances son poco significativos a pesar de los esfuerzos realizados por los actores implicados. Además de las dificultades que conllevan las diferencias entre las estructuras legales e institucionales de los países de ALC y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), hay dos problemas subyacentes: la falta de confianza y la falta de intercambio de información, identificadas ya como razones por las que el Convenio Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación en América Latina y el Caribe de 1974 nunca entró en funcionamiento.
Las universidades públicas y privadas son actores fundamentales en la puesta en marcha del espacio birregional común, entre otras cosas, porque tienen un importante margen de actuación en un buen número de países. Sin embargo, existen dos realidades que no pueden ser abordadas sin voluntad política. La primera, en el caso de ALC, es la falta de suficientes instrumentos legales o institucionales de carácter regional con los que sí contaban los países europeos cuando decidieron poner en marcha el EEES. Organizaciones internacionales como la Fundación EU-LAC, UNESCO, CELAC, OEI o SEGIB, entre otras, pueden constituir puntos iniciales de encuentro entre los diferentes actores institucionales.
La segunda realidad es que un espacio requerirá cambios legislativos y regulatorios. El gran reto de este proyecto birregional es político y es esencial una mayor implicación de los gobiernos porque, sin modificaciones legislativas de gran calado, no será posible el ejercicio profesional en sectores como las profesiones sanitarias u otras ocupaciones regladas. Uno de los fallos de algunos foros surgidos a propósito de este futuro espacio ha sido mirar a la universidad desde el ideal romántico de «cuna del saber», sin tomar en cuenta que también es la institución a la que muchas personas acuden para adquirir conocimientos y capacidades que les permitan acceder al mercado laboral.
Identificadas las dificultades, por otra parte, evidentes, el reto está en emprender procesos políticos que generen las estructuras e instrumentos para reducir las barreras a la movilidad estudiantil, docente e investigadora y fomentar la creación de redes institucionales y de investigación. Contar con un mapa de las estructuras de los sistemas de educación superior, ciencia y tecnología de los países implicados y conocerlos en profundidad son dos pasos hacia la construcción del espacio birregional, sobre todo en el aspecto de la información. El análisis de los programas de becas y movilidad en ALC, a menudo iniciativas particulares con escasos ejemplos de alcance generalizado, también pone de manifiesto la necesidad de intercambiar y sistematizar las experiencias e identificar posibles modelos de cara a un futuro proyecto regional o birregional. Lo mismo sucede con las redes de universidades o los centros de investigación existentes.
Pero el gran reto siguen siendo los mecanismos de confianza. Una unidad común de medida del trabajo académico (sistemas de créditos/horas); los reconocimientos, convalidaciones y homologaciones; y la existencia de agencias de evaluación y acreditación de la calidad que cuenten con el beneplácito de los países implicados son herramientas destinadas a que estudiantes, profesores, investigadores, universidades y estados puedan confiar en que su trabajo y sus títulos serán reconocidos en otros países. Éste no es un proceso fácil: el propio EEES sigue teniendo problemas de confianza e intercambio de información según algunas evaluaciones. Por ejemplo, continúan existiendo importantes dificultades para el reconocimiento de titulaciones a pesar de la abundante normativa europea destinada a garantizar la libre circulación de los trabajadores. Pese a esto, el EEES constituye una experiencia que debe ser considerada y analizada en detalle, no para ser replicada, sino como un proceso que ya se ha enfrentado a obstáculos similares.
Para terminar, esas actuaciones deberían considerar dos elementos cruciales. El primero es la necesidad de actuar sobre los docentes, el actor olvidado en la mayoría de los sistemas educativos de ALC. El segundo tiene que ver con la financiación de las becas y de las movilidades y el diseño de programas que impidan que, como ya se observa en ocasiones en la actualidad, los recursos acaben en instituciones, estudiantes y docentes que pueden asumir los gastos.
Francisco Sánchez es subdirector del Instituto de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca; y Rosana Hernández Nieto es en la actualidad becaria de la Fundación Rafael del Pino en el Observatorio del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Ambos son los autores del informe 'Bases institucionales y normativas para la construcción del Espacio Europeo, Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación' presentando en Casa de América el pasado 13 de septiembre.