A favor de los taxis y los taxistas

Lo escribía ya hace unas semanas en Faro de Vigo, pero veo que la situación es la misma. Ayer hubo huelga de taxistas en Barcelona. Y con toda la razón. Porque no entiendo dónde pueden estar las dudas sobre la convivencia de los taxis con otras opciones de movilidad canalizadas a través de aplicaciones informáticas. El criterio parece sencillo: la existencia o no de ánimo de lucro; que es lo que determina la existencia o no de una actividad económica, con todo lo que ello conlleva.

Dos personas pueden compartir coche habitualmente para ir a trabajar: conduciendo una semana cada uno o sufragando a medias la gasolina y los peajes. Un amigo puede ir a recogerte al aeropuerto o llevarte a un partido de fútbol. Cuatro desconocidos pueden ponerse de acuerdo para ir de Vigo a Valladolid en el coche de uno de ellos, compartiendo los gastos del trayecto. Todo lo anterior solo exige tener carnet y confianza en la pericia del conductor de turno y en el mantenimiento del vehículo. Las aplicaciones de internet solo te permiten extender tu red de conocidos y contactos. Poco que objetar.

La cosa cambia radicalmente cuando la gente conduce con ánimo de lucro. Cuando se busca ganar dinero. Cuando se hace de taxista en negro. Ahí hay que ser inflexibles. Las reglas son las reglas. Tendrás que darte de alta en el registro de actividades económicas, pagar los impuestos que tocan, contar con las licencias y los permisos que legalmente se exige a un conductor profesional… permitir otra cosa es abrir la puerta a pautas y costumbres de países en desarrollo, de precariedad laboral y de otro tipo. La crisis no lo justifica todo.

A partir de lo anterior, es verdad que podemos y debemos avanzar en la profesionalidad y calidad de los servicios de taxi. Hoy existe demasiada heterogeneidad en los vehículos, en su estado de limpieza, en el comportamiento de los conductores. Lo único homogéneo es la tarifa. Municipios y colectivos de taxistas deberían ser más exigentes en el control de la calidad del servicio. 

El PIB: un arma cargada de futuro

La revisión metodológica a la que va a verse sometido el PIB no es un asunto menor, por su sentido y sus implicaciones. A ambas me refería en una columna publicada esta misma semana.

Pensar que los números de tu país o tu Comunidad Autónoma van a ser significativamente mejores (entre 1,5% y 3% según las estimaciones provisionales) porque a partir de 2014 van a sumar cosas que no parecen muy positivas es difícil de comprender para los ciudadanos. ¿Pero acaso el PIB no era una medida de bienestar? ¿No es mejor cuanto mayor sea tu PIB per cápita? La respuesta a ambas pregunta es un sí con importantes matices. Tan importantes que una buena parte de la profesión económica, de hecho desde hace décadas, aboga por hablar de otros indicadores más amplios y sofisticados cuando queremos comparar niveles de bienestar en el tiempo o entre países y regiones. Un trabajo elaborado por los profesores de la Universidad de Vigo Albino Prada y Patricio Sánchez, de próxima publicación en Revista de Economía Mundial, demuestra la existencia de este desacople entre PIB per cápita y bienestar, y la necesidad de repensar cómo evaluamos estadísticamente el bienestar económico de un país.

En todo caso, con cambios como éste se introducen efectos perversos en la gestión pública y se ponen en cuestión algunos índices muy relevantes. Sobre lo primero, puede llegar a resultar que sea lo mismo a efectos de promoción del PIB hacer la vista gorda con el narcotráfico en las costas gallegas que esforzarse por captar inversiones foráneas. Sobre lo segundo, los objetivos de déficit y deuda pública en términos de PIB solo tienen sentido si ese PIB sintetiza la capacidad de un país para soportar desequilibrios presupuestarios. El PIB que no tributa no contribuye a ello.

¿Podemos permitirnos la renta básica que propone Podemos?

Hace ya unos años escribí un breve trabajo sobre la posibilidad de aplicar una renta básica (RB) en España, como la que ahora recupera PODEMOS. El artículo completo puede descargarse aquí. Sigo pensando lo mismo.

En síntesis, en el trabajo se plantean tres ideas fundamentales:

1. La aplicación de un programa de RB de importe no trivial implica la movilización de un volumen de recursos financieros muy importante. Recursos que, sólo muy parcialmente, van a poder ser desviados de otros programas de gasto público. Consecuentemente, se debería producir un incremento sustancial de la presión fiscal y una reconfiguración del sistema tributario que trate de minimizar los costes de la mayor imposición en el terreno de la eficiencia económica.

2. Observando las estadísticas internacionales y dado el relativamente bajo nivel de España en impuestos y gasto público, lo anterior parece técnicamente factible. Si otros países pueden tener presiones fiscales y niveles de gasto público 10 o 15 puntos superiores a los de España, no deberían existir dificultades técnicas insalvables para imitarlos.

3. Sin embargo, que la imitación sea posible exige dos condiciones, una procedimental y otra sustantiva. La procedimental es el gradualismo en la aplicación de la RB que evite un shock macroeconómico. La sustantiva es un cambio en las preferencias sociales que soporte el incremento de la presión fiscal y dé prioridad a la RB frente a otros programas de gasto social deficitarios y que son hoy muy relevantes para los ciudadanos, como la sanidad, la educación o las pensiones. Desafortunadamente, ambas condiciones pueden entrar en conflicto, en tanto que la lentitud en la aplicación de la RB haría más difícil el apoyo social al programa.

Economía y política de las balanzas fiscales en España

Ramón Barberán, una de las personas que más sabe sobre balanzas fiscales en España, acaba de publicar un libro en el que disecciona un instrumento analítico que se sitúa hoy en el centro del debate sobre la arquitectura territorial española. Una obra de lectura obligada no solo para especialistas, sino para quienes quieran entender más y mejor el debate.

En todo caso, vaya por delante que el rigor del libro no conlleva una perspectiva aséptica. Al contrario, Ramón Barberán entra en los debates y se posiciona de forma clara, sin trampas. La última frase del libro lo atestigua: "Un mundo en el que las relaciones fiscales entre regiones o países se rigiesen, de algún modo, por los saldos de las balanzas fiscales resultaría claramente undeseable en términos de su equidad y eficiencia, contrariamente a los que se sostiene en ocasiones con la finalidad de conseguir o de defender privilegios"

Elecciones europeas: Lo que la UE no es

En un reciente trabajo junto a Albino Prada y Alberto Vaquero cuantificamos el esfuerzo fiscal de las regiones europeas a partir de los datos que proporciona Eurostat. En el trabajo nos limitamos a los flujos fiscales que recogen las estadísticas: los que tiene que ver con la seguridad social, con los impuestos directos a las familias y las prestaciones sociales (pensiones, seguro por desempleo, etcétera). En el gráfico adjunto se sintetizan los resultados. En horizontal aparece la renta primaria per cápita que genera cada región expresado respecto a la media de la UE. Y el eje vertical se representa un indicador que mide la cantidad de renta relativa que se transfiere al resto de las regiones del país. Cuanto más abajo, mayor es la transferencia de recursos a las regiones menos desarrolladas.

La pendiente negativa muestra que, en general, aportan más los más ricos. Pero existen desviaciones significativas respecto a la línea, por encima y por debajo, que reflejan lo que la Unión Europea no es: una unión fiscal. Solo desde esta perspectiva es comprensible que una región pobre a escala europea como la de Bucarest aporte proporcionalmente más que Hamburgo, siete veces más rica. O que Cataluña aporte mucho más en términos relativos que Chemnitz, teniendo niveles de riqueza per cápita similares.

Los ciudadanos de las regiones ricas en los territorios menos desarrollados pueden sentirse víctimas de un agravio comparativo, que se puede resolver por dos vías opuestas. La primera es la secesión: aplicar fronteras fiscales para que cada uno se quede con lo suyo. En el gráfico eso se traduciría en puntos que convergen hacia una línea que se aplana: deja de existir redistribución interregional. Que cada palo aguante su vela. La segunda es el avance en la unión fiscal (los Estados Unidos de Europa) para que los flujos fiscales que cruzan las fronteras nacionales sean de intensidad muy superior al actual. Los puntos se aproximarían a la recta, que seguiría teniendo pendiente negativa.

Obviamente las implicaciones políticas y sociales de una u otra solución son muy diferentes. Se comprende la racionalidad de la posición independentista catalana en términos generales, pero choca que sea abrazada por sindicatos y partidos comprometidos genéticamente con la equidad. Por eso, no deberían fomentar y apoyar la ruptura de los espacios de fraternidad que ya funcionan, sino reclamar la consolidación de nuevos y más amplios espacios a escala europea.

 

 

El principal agravio comparativo

Como explicaba en una columna hace unas semanas en el diario Faro de Vigo, el principal agravio comparativo que se produce en la financiación autonómica es el de los regímenes forales vasco y navarro respecto a los demás. El respeto escrupuloso a los derechos forales reconocidos constitucionalmente debería ser perfectamente compatible con importes sustancialmente superiores a los actuales del cupo vasco y la aportación navarra. En la actualidad, con niveles de presión fiscal ligeramente por debajo de la media del territorio común y competencias de gasto similares, disfrutan de recursos per cápita muy superiores al resto. Con datos del ejercicio 2011, las comunidades autónomas de régimen común cuentan para la prestación de sus servicios con 2.400 euros por habitante al año. La Comunidad Foral del País Vasco dispone de 4.900 euros y la de Navarra de poco más de 4.000. Aunque se pueden discutir algunas cifras (por la gestión de más competencias por las comunidades forales o por un sistema de gestión de tributos más eficaz), la diferencia es tan amplia (entre un 70 y un 105% de financiación adicional por habitante en los territorios forales) que la negación del agravio es imposible. Representamos esta situación en el gráfico adjunto, estimado en el curso de un trabajo conjunto con Xoaquín Fernández Leiceaga.

Es perentorio revisar los procedimientos de cálculo y que las Comunidades forales aporten a la nivelación horizontal de forma similar a los territorios que disfrutan de una capacidad fiscal equivalente. Me temo que al lado de esta distorsión, las que se producen entre las Comunidades de régimen común son un asunto menor.

           

Financiación por habitante en el año 2011. Comunidades de régimen común y comunidades forales. Cifras en euros por habitante.

La reforma tributaria y las corporaciones locales

 

 

 

 

Hoy FUNCAS ha presentado un número de la revista Papeles de Economía Española sobre reforma fiscal. En él escribo un artículo un artículo conjuntamente con Jorge Martínez-Vázquez sobre reforma tributaria local. Esta entrada sintetiza su contenido. 

El mundo local español se caracteriza por un anquilosamiento institucional que complica sobremanera su adaptación a las nuevas realidades y su capacidad de respuesta  a los problemas y retos que surgen. Sin duda, falta pulsión reformista en el nivel local. Las referencias legislativas actuales siguen siendo las normas dictadas en los años ochenta del siglo pasado. Normas que han sido sometidas a revisiones mínimas e insuficientes. El marco institucional no se ha adaptado a la fuerte descentralización que se ha producido en el nuevo escalón regional de gobierno, ni a los cambios sustanciales en las demandas de bienes y servicios públicos, ni a las nuevas tecnologías y pautas de movilidad y desarrollo urbano de las últimas décadas.

 Las consecuencias de ese anquilosamiento institucional son múltiples y todas ellas negativas. Sin ánimo de exhaustividad, destacan las siguientes. Primero, la superposición competencial en las comunidades pluriprovinciales, por la convivencia de gobiernos autonómicos con unas diputaciones provinciales que, además, no rinden cuentas directamente a los ciudadanos. Segundo, la petrificación de una estructura municipal pensada para unas pautas de movilidad y una distribución de la población del siglo XIX. Tercero, los problemas de desbordamiento y desencaje entre las demarcaciones municipales y las demandas de servicios en muchos espacios urbanos, para los que las rígidas soluciones contempladas en la legislación española sobre áreas metropolitanas no están funcionando. Cuarto, el intrusismo de los denominados “gastos impropios”, consecuencia directa de una delimitación competencial imprecisa, desfasada respecto a la demanda, e incongruente en perspectiva vertical con los principios de subsidiariedad y de la asignación de competencias de gasto. Finalmente, hay que mentar la actual insuficiencia de recursos financieros, fruto de la combinación de tres factores: las carencias estructurales del sistema de financiación local; la laxitud a la hora de atender demandas de gasto de todo tipo en la década pasada, que una vez concedidas ha sido costoso desmantelar; y la volatilidad del enorme flujo de recursos extraordinarios vinculados a la burbuja inmobiliaria y que permitieron financiar esa expansión de la cartera de servicios.

El sistema local de gobierno del país está en crisis. De hecho, con la excepción de los años de bonanza asociados con la burbuja inmobiliaria, el sistema ha vivido en crisis permanente durante más de tres decenios. Sin duda, no haber reaccionado a tiempo ante todos estos problemas que atenazan al municipalismo español dificulta hoy encontrar y aplicar una solución integral. El contenido y la polémica suscitada por el anteproyecto de ley de reforma local, en tramitación parlamentaria en el momento de escribir estas líneas, refleja con nitidez esta dificultad.

En este contexto, la tributación local es solo una parte del problema; no ya del sistema de financiación, sino del propio modelo descentralizado de gobierno. El sistema fiscal local español requiere cambios profundos y en dos niveles. En un nivel primario, es preciso reforzar sustancialmente la capacidad recaudatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en línea con el modelo anglosajón de tributación local. Es perentorio repensar los mecanismos de cómputo de la base imponible, lo que conlleva revisión profunda de la forma en la que se gestiona el catastro. En segundo lugar, consideramos oportuno introducir la posibilidad de recargos en el IRPF, como se hace en los países nórdicos, por ejemplo. Tercero, nos parece conveniente contar con un IAE reformado y reforzado o, de forma alternativa, con un nuevo impuesto local sobre los negocios que gravite sobre el valor añadido, en línea con lo que se hace en Francia o Italia. Finalmente, es preciso extender en lo posible el recurso a tasas y precios públicos, porque son un instrumento especialmente apropiado en el ámbito local. En este caso, de nuevo, hay que buscar soluciones a los problemas de gestión, en particular las carencias que caracterizan las memorias económicas de costes de los servicios. Estas son las cuatro patas principales sobre las que deben sostenerse unas finanzas municipales suficientes, sostenibles, transparentes y autónomas.

En un segundo nivel toca revisar a fondo el resto de los impuestos locales para corregir sus actuales distorsiones y problemas. Pero sin perder de vista que son y serán instrumentos complementarios desde el punto de vista de la suficiencia recaudatoria. El avance en los gravámenes sobre residuos es un vector particularmente interesante. La tributación del automóvil tiene que simplificarse en una sola figura y habrá que decidir si acaba en manos de municipios o autonomías, en función de lo que se haga con el resto del sistema de tributación a escala regional y central. 

Reforma fiscal: no es cosa de hooligans

Las reacciones ante la presentación del informe de los expertos sobre la reforma fiscal ponen en evidencia, una vez más, que en este país preferimos la tertulia al debate; que todo lo vivimos con la pasión con la que abordamos el fútbol, y desde la horizontalidad y el infinito saber que da la barra del bar.

Los expertos y el informe merecen un respeto. Saben de lo que hablan y tratan una enorme cantidad de asuntos. Como no podía ser de otro modo, hay luces y sombras. En el lado positivo del balance aparecen, a mi juicio, esa globalidad en el enfoque. Se aborda el conjunto del sistema tributario, si bien es cierto que se orilla una parte de los tributos locales, que también requiere de revisión, o la tributación de la SiCAV´s. Las propuestas suponen un avance muy sustancial en el frente de la hoy obsoleta y caótica tributación sobre la energía y el medioambiente. Se incide en la lacra del fraude fiscal y la falta de equidad que genera. Se explicitan una miríada de deducciones y ventajas fiscales que podrían y deberían ser revisadas para, a cambio, rebajar unos tipos impositivos hoy excesivos. En muchas de estas cosas, se siguen las tendencias internacionales y las sugerencias de organismos internacionales. La tributación autonómica, apartado en el que se citan algunos trabajos en los que he participado, merece atención específica en otra entrada de este blog.

Por supuesto, podemos descender al detalle. Estoy muy de acuerdo en la defensa del impuesto sobre sucesiones, que pasa por establecer mínimos a escala estatal. Pero no con la eliminación con efectos retroactivos de la deducción por adquisición de vivienda: dejando al margen el encaje global de la retroactividad, la realidad es que las personas que compraron vivienda cuando estaba vigente pagaron precios inflados e impuestos más elevados que los que les hubiese tocado pagar sin deducción. Concuerdo en que la tributación sobre los inmuebles es muy baja en España. Pero antes de revisarla al alza deberíamos consensuar y aplicar valoraciones razonables y homogéneas, no usar directamente las deficientes valoraciones catastrales. El voto particular de uno de los miembros de la comisión va en esta dirección. Sin duda, las recomendaciones que atañen a la tributación de las indemnizaciones por despido y a las cotizaciones a la seguridad social dan para el debate. 

Mi sensación al leer por primera vez el informe ha sido la de estar no delante de un texto de reforma en sentido estricto, o de definición de un sistema fiscal realmente novedoso. Seguramente, la Comisión debería haber comenzado mucho antes y contar con el doble de tiempo, al menos. Por eso se trata, más bien, de un inventario de disfuncionalidades y propuestas que, en general, merece la pena considerar. Una radiografía en la que la mayor incoherencia es la constatación de que la recaudación fiscal en España es muy baja y la autolimitación de la Comisión por mantenerse en un marco de neutralidad recaudatoria, siguiendo los dictados del Ministerio. Precisamente aquí radica su debilidad. Un informe de expertos independientes no tiene por qué endogeneizar restricciones políticas claramente ideológicas. Porque si la reforma fiscal debe perseguir la neutralidad recaudatoria, implícitamente se está aceptando que hay que seguir bajando el gasto público, las rentas y los recursos para los servicios. Y eso es ideología.

En definitiva, un informe que no es suficiente para definir una reforma integral del sistema fiscal español, pero sí útil y necesario para hacerlo.

La economía socialdemócrata. Crisis y globalización

Con este título, Francisco Blanco acaba de publicar un sugerente libro en la editorial Tecnos. Sugerente por lo mucho que muestra y por lo que deja entrever. Muestra la superioridad manifiesta de la tradición socialdemócrata como fórmula para organizarnos socialmente garantizando de forma simultánea dosis razonablemente elevadas de eficiencia, equidad y libertad. Cualquier otra posibilidad ensayada en el tiempo y el espacio supone renuncias insoportables en alguno de los tres frentes.

Precisamente el problema de fondo hoy es buscar nuevos equilibrios entre los tres vectores; reequilibrar las ventajas económicas de la globalización de las mercancias, con la extensión de los derechos sociales y las libertades individuales. Para ello, no existe una alternativa mejor a esa tradición socialdemocrata. De lo que se trata es de concretar cómo se hace. Y aquí aparece la puerta entreabierta. 

 

Ajustes autonómicos

      Es verdad que la crisis ha sido (está siendo) muy dura para las finanzas autonómicas. pero no en todas partes las condiciones ni las decisiones están siendo las mismas. En el gráfico adjunto se representa la evolución de gastos e ingresos autonómicos desde el último año del boom económico español (2007) hasta 2012, último ejercicio del que tenemos datos liquidados. Para un análisis en mayor profundidad, remito al lector interesado al número 138 de la revista Papeles de Economía Española, presentado hace unos días y en el que escribo un artículo a medias con Xoaquín Fernández Leiceaga, del que se extrae el gráfico. Para facilitar las comparaciones, se iguala a 100 el valor de gastos e ingresos en cada Comunidad en el año inicial y se descuenta el efecto de la inflación.

      Lo primero a destacar es la caída generalizada de ingresos. La crisis nos ha afectado a todos. Pero es verdad que de forma muy diferente. Basta comparar el País Vasco con Navarra o Andalucía. Pero la divergencia es significativamente superior al hablar del gasto. Es cierto que en algunos casos no cae más por culpa de los intereses de la deuda, que aumentan como una bola de nieve rodando por una ladera. Es la situación de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Cataluña. Pero también que la intensidad en los ajustes del gasto ha sido muy dispar. En estas asimetrías, sin duda el calendario electoral ha influido. La política de recortes suavizada en el tiempo de Galicia desde 2009 o la puesta en orden de Castilla-La Mancha en 2011 tiene mucho que ver el cambio de gobierno, que al principio de su primer mandato se sienten legitimados y con fuerza para asumir los costes políticos de los recortes.  

      Sin duda, en la financiación autonómica hay cosas sorprendentes y difíciles de justificar, como los agravios comparativos que han sufrido durante muccho tiempo la Comunidad valenciana, Baleares o Murcia. Pero es obvio que la autonomía se ha utilizado de distinta manera en uno u otro sitio. Y que la responsabilidad fiscal de los gobernantes no ha sido igual en todas partes.