La rebaja de sueldos de los empleados públicos para 2013 que la Xunta de Galicia ha anunciado hace unos días da que pensar.
En primer lugar, genera un grave problema reputacional a la Xunta, por dos motivos. Hasta hace unas semanas defendía que no se podían pedir sacrificios adicionales a sus empleados, que la pérdida de la paga extra era una pérdida puntual y que hacia el futuro solo cabía una recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2009, no lejos del 25% en algunos casos. Incumplimiento grave de un compromiso que contribuye a la incertidumbre y el desánimo, el retraimiento del consumo y el agravamiento de la crisis. La Xunta contribuye a deteriorar las expectativas del consumidor. Pero, además, provoca desconfianza en los ciudadanos que han escuchado una y otra vez en campaña que Galicia es la Comunidad Autónoma con las finanzas en mejor estado, con menos necesidad de ajustes adicionales. Es lógico que muchos se pregunten si esto es verdad o no, si el informe del Consello de Contas filtrado en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas refleja mejor que las cifras oficiales de déficit la realidad.
En segundo lugar, mucho me temo que la medida anunciada en Galicia tendrá en breve un correlato en Madrid. El Ministro de Hacienda va a intentar aplicar una medida similar para el conjunto de España. El hecho de que los prropios Presupuestos de la Xunta para 2013 vayan a incorporar una cláusula que contempla esta posibilidad es un buen indicio. La eliminación de la paga extra no será algo transitorio y recuperable como se dijo hace unos meses. Puede ser más imaginativa o en fascículos (la Xunta decide recortar alrededor del 40% las dos pagas extra de 2013), pero seguirá la estrategia fiscal sadomasoquista a la que nos empujan desde Europa. Afortunadamente hay noticias (como ésta que firma Claudi Pérez) que apuntan a que se está recuperando la cordura en Bruselas. Ojalá se concreten pronto.