Se avecinan nuevos recortes a los empleados públicos

    La rebaja de sueldos de los empleados públicos para 2013 que la Xunta de Galicia ha anunciado hace unos días da que pensar.

    En primer lugar, genera un grave problema reputacional a la Xunta, por dos motivos. Hasta hace unas semanas defendía que no se podían pedir sacrificios adicionales a sus empleados, que la pérdida de la paga extra era una pérdida puntual y que hacia el futuro solo cabía una recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2009, no lejos del 25% en algunos casos. Incumplimiento grave de un compromiso que contribuye a la incertidumbre y el desánimo, el retraimiento del consumo y el agravamiento de la crisis. La Xunta contribuye a deteriorar las expectativas del consumidor. Pero, además, provoca desconfianza en los ciudadanos que han escuchado una y otra vez en campaña que Galicia es la Comunidad Autónoma con las finanzas en mejor estado, con menos necesidad de ajustes adicionales. Es lógico que muchos se pregunten si esto es verdad o no, si el informe del Consello de Contas filtrado en la precampaña de las elecciones autonómicas gallegas refleja mejor que las cifras oficiales de déficit la realidad.

    En segundo lugar, mucho me temo que la medida anunciada en Galicia tendrá en breve un correlato en Madrid. El Ministro de Hacienda va a intentar aplicar una medida similar para el conjunto de España. El hecho de que los prropios Presupuestos de la Xunta para 2013 vayan a incorporar una cláusula que contempla esta posibilidad es un buen indicio. La eliminación de la paga extra no será algo transitorio y recuperable como se dijo hace unos meses. Puede ser más imaginativa o en fascículos (la Xunta decide recortar alrededor del 40% las dos pagas extra de 2013), pero seguirá la estrategia fiscal sadomasoquista a la que nos empujan desde Europa. Afortunadamente hay noticias (como ésta que firma Claudi Pérez) que apuntan a que se está recuperando la cordura en Bruselas. Ojalá se concreten pronto.

Empeñados en una estrategia fiscal estúpida

La gran mayoría de las investigaciones que se están haciendo sobre las estrategias de consolidación fiscal de los últimos años acaban concluyendo en la misma dirección. Los europeos nos estamos equivocando.

Para muestra, este reciente documento del Fondo Monetario Internacional, organismo poco sospechoso de radicalismo de izquierdas. Tras un repaso de la literatura y un detallado trabajo econométrico, los autores concluyen que los procesos de consolidación fiscal en coyunturas económicas adversas como la actual, generan efectos depresivos para la actividad económica (el PIB) sustanciales; sobre todo cuando los ajustes se hacen rápido y priorizan el recorte del gasto corriente y la inversión. Las subidas de impuestos son menos negativas desde esta perspectiva. Además, es fundamental mantener una política monetaria muy expansiva para mitigar esos costes. En conjunto, nada que no hubiese dicho Keynes si lo hubiésemos enviado setenta años hacia adelante en una máquina del tiempo, a pesar de que sus herramientas analíticas eran mucho menos sofisticadas que las hoy disponibles.

La realidad es que en España y en la Europa Comunitaria estamos haciendo justo lo contrario. La razón que se esgrime es que esos costes en términos de renta y desempleo son inevitables y pasajeros, y que son el peaje a pagar para recuperar la confianza de los mercados. El problema es que existen mejores formas de ganarse esa confianza.

Desde un punto de vista interno es fundamental recuperar la credibilidad que perdimos en 2011. En noviembre el gobierno declaraba que tenía el déficit “bajo control” y encaminado hacia el 6%, a pesar de las advertencias de Ángel Laborda en las páginas de este diario desde meses antes. Hoy sabemos que el déficit real superó holgadamente el 9%. En este sentido, me parece una buena idea del gobierno la creación de una oficina independiente para apoyar en la tarea de presupuestación, seguimiento y control. Y me atrevo a proponer que el Banco de España se encargue de nuclear ese trabajo. Porque tiene personal altamente cualificado y conocimiento profundo en materia de política fiscal y deuda, una reputación en fase de recuperación tras el cambio de gobernador, y un progresivo vaciado de sus competencias tradicionales que le permite ampliar su abanico de encomiendas.

Por otro lado, Alemania y nuestros socios comunitarios deben entender que a cambio de ese mayor rigor en el cumplimiento de objetivos, sin trucos ni artificios, deben apoyarnos para suavizar el ritmo de ajuste fiscal. No pasa nada por retrasar un par de años la vuelta al 3%,  y existen fundamentos para que así sea. En estos momentos sufrimos una enorme pérdida de output potencial que infla el déficit cíclico. La atención debería centrarse en la parte estructural del desequilibrio fiscal.

¿Ha merecido la pena la amnistía fiscal?

La noticia de que Hacienda no ha recaudado ni la mitad de lo previsto por la amnistía fiscal aprobada hace unos meses no es sorprendente. Lo llamativo hubiese sido lo contrario.

Las investigaciones sobre los efectos de las amnistías en diferentes países muestran, con un consenso notable, que los efectos recaudatorios en el corto plazo suelen ser pequeños. Sobre todo, cuando el anuncio de la amnistía no es percibido como parte de un paquete de medidas que conllevan el inicio de una etapa nueva y más eficaz en la lucha contra el fraude. Solo cuando los que defraudan asumen que el escenario va a cambiar, que va a ser mucho más difícil y costoso seguir engañando e incumpliendo la ley, cogen el tren del perdón fletado por el gobierno. Para el caso español en concreto, más de lo mismo; como nos muestran, entre otros, los estudios de los profesores de la Universidad de Zaragoza López Laborda y Rodrigo Sauco. Por eso, lo más interesante y preocupante del anuncio del ministro Montoro son otras cuestiones.

En primer lugar y relacionado con lo anterior: no parece que los defraudadores se tomen muy en serio las promesas e intenciones del gobierno sobre la lucha contra el fraude fiscal. Hacienda debería tomar buena nota y pensar en estrategias y compromisos que generen más credibilidad. Nos va mucho en ello. Algunas ideas interesantes al respecto se discutirán hoy mismo en el Foro Fiscal del Institut d'Economía de Barcelona.

En segundo lugar, lo ocurrido debería hacer reflexionar al ministro sobre la necesidad de ser más prudentes a la hora de presupuestar medidas de resultado incierto. Desde finales del año pasado en España acumulamos continuos fracasos en el cumplimiento de objetivos presupuestarios, con la consiguiente pérdida de reputación internacional. Si la desviación a la baja en una partida de ingresos que aparecía en el plan de ajuste de antes del verano supera el 50% ¿Van a creerse los inversores extranjeros y nuestros socios comunitarios el resto del plan? ¿Con qué partidas vamos a compensarla?

Tercero y final, sabemos que el cumplimiento tributario obedece a un cálculo racional de los contribuyentes, teniendo en cuenta la probabilidad percibida de que los detecten y del castigo correspondiente. Pero también de la "moral fiscal"; es decir, de la predisposición al pago voluntario de impuestos como deber de ciudadanía ¿Alguien ha hecho un cálculo de qué efectos va a tener la amnistía sobre esta dimensión? La realidad es que el porcentaje de ciudadanos que piensa que el fraude está aumentando ha alcanzado cotas máximas durante las crisis y que esta percepción alimenta, sin duda, el desánimo fiscal. Ver que los que antes defraudaron ahora disfrutan de amnistías a tipos impositivos muy reducidos y que, además, muchos ni siquiera temen que Hacienda los descubra, va a minar esa moral.