La deuda pública nunca se devuelve

Casi siempre que se presenta un presupuesto público (local, autonómico o central), algún amigo periodista me llama confundido para hablar sobre emisión, amortización y carga de de deuda. Es una confusión lógica, porque la realidad no deja de ser en parte contraituitiva y diferente de la que vive una familia o una empresa que piden un crédito.

Lo primero a señalar es que el endeudamiento relevante no es el bruto, sino el neto. Es decir, lo que le importa realmente a los ciudadanos es cuánto aumenta la deuda, no el importe agregado de los créditos que se van a pedir. Esto sí que es cómo cuando una familia va al banco. No es igual que vaya para formalizar una subrogación de un crédito vivo con otra entidad que vaya a contratar un nuevo crédito para comprar un coche. En el primer caso no se genera mayor deuda.

Por tanto, lo que importa realmente es la diferencia entre la  deuda que se contrata y la que amortiza. Tomar solo la primera sería lo mismo que computar las subrogaciones como deuda añadida (aclaración: el volumen de amortizaciones es relevante en la medida que afecta al coste y vida media de la deuda, o si existen problemas de acceso a la financiación en los mercados financieros, pero esa es otra discusión).

Lo segundo a destacar es que la carga de la deuda pública para los ciudadanos viene dada por los intereses que se pagan por ella. No hay que incluir las amortizaciones. Esto sí es contraintuitivo. Para una familia, las dos cosas son relevantes. Lo que le importa es lo que el banco carga todos los meses en la cuenta: intereses y la correspondiente amortización del capital. En el sector público no es así. Y no es así, porque el sector público no devuelve sus deudas. Por supuesto, le devuelve, cuando toca, a Juan, Blas y Andrea el dinero que le prestaron en su día cuando compraron letras o bonos del tesoro. Pero lo hace con el dinero que le proporcionan en una nueva emisión de letras Angel, Noa e Isabel. Porque el sector público tiene una esperanza de vida ilimitada y lo único de lo que se tiene que preocupar es de que el cociente entre la deuda viva y la renta nacional, el PIB, se mantenga en niveles razonables. Con eso llega. Y esto es una enorme ventaja. Por ejemplo, la deuda española cayó de casi el 70% hasta poco más del 30% del PIB entre finales de los años noventa y el inicio de la crisis. Y lo consiguió no porque no siguiera endeudándose (de hecho hubo superávit solo en un par de años de la serie), sino porque el PIB aumentó mucho. De hecho si desde 2008 hubiésemos seguido creciendo al mismo ritmo que en los cinco años anteriores, hoy tendríamos una deuda pública en España convergiendo rápidamente hacia el 0%, aunque no hubiésemos reducido ni un euro nuestra deuda en volumen absoluto.

En definitiva, sumar los intereses y la amortizacións de deuda no ha sentido cuando hablamos de la carga de la deuda. El coste de la deuda pública para los ciudadanos son solo los intereses.

 

Tasas y copagos en función de la renta. ¿Poco razonable, peligroso o ambas cosas?

    En esta entrevista de José Precedo al Presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo advierte que: “Las rentas altas pagarán más tasas cada vez que usen los servicios públicos”. Sobre este asunto, escribí hace unos meses en las páginas de El País. Sigo pensando lo mismo. Una propuesta con poca lógica y mucho peligro.

    Los servicios públicos pueden financiarse usando la lógica de la capacidad de pago o la del beneficio. Según la primera, deben pagar los ciudadanos que perciben más renta, consumen más, o poseen más riqueza. Es la lógica del IRPF, el IVA, o el impuesto sobre el patrimonio, entre otros muchos. Según el principio de beneficio, deben pagar quienes se benefician directamente de los servicios públicos. El instrumento fundamental aquí son tasas y precios públicos. Estas figuras son mucho menos relevantes cuantitativamente que los impuestos y solo en el ámbito municipal generan un capítulo de ingresos significativo. Los copagos también se incluirían en este vector. El copago de las medicinas es el más conocido y generalizado en España.

    Las propuestas de vincular a la renta el importe de los copagos sanitarios, las matrículas universitarias o la obligatoriedad de contratar seguros privados sanitarios a partir de cierto nivel de ingresos rompen con esta dualidad, plantean dificultades de aplicación y gestión no menores y, sobre todo, siembran la semilla de la desafección de buena parte de la ciudadanía respecto a los servicios afectados. Vayamos por partes.

    Sobre lo primero, poco que decir. El que paguen más los que cuentan con mayor capacidad encaja con una filosofía de la justicia distributiva ampliamente asumida por los ciudadanos de las sociedades europeas contemporáneas. Por eso los impuestos son la principal forma de financiar los servicios públicos y el principio del beneficio es secundario a la hora de obtener ingresos. Es legítimo querer alterar el equilibrio vigente y darle menos importancia a la capacidad de pago. Lo que es criticable es querer mezclarlos.

    En primer lugar, hacer que la gente pague tasas, precios o copagos por los servicios públicos en función de su renta supone olvidar que la capacidad de pago no depende solo de la renta que se declara en el IRPF. ¿Por qué debe pagar más una persona que declara 30.000 euros al año que otra que declara solo 25, pero posee 4 pisos y medio millón de euros en un fondo de inversión? En segundo lugar, ¿por qué deben pagar más los asalariados que no ocultan nada al fisco que los contribuyentes con rentas empresariales y profesionales, que cuentan con tratamientos favorables y mayores opciones de defraudar? La realidad es que cuanto más usemos la declaración del IRPF para discriminar entre individuos ricos y pobres, mayores distorsiones generaremos y mayor incentivo a defraudar en el impuesto. Incluso aunque nos olvidásemos de lo anterior, no hay que perder de vista los problemas prácticos que supondría la existencia de múltiples porcentajes de copago o la existencia de “efectos umbral”: ganar 100 euros más o menos al año puede situarte en un escalón de copago u otro, generando inequidad.

    Finalmente, introducir copagos o la obligación de contratar seguros privados en función de la renta haría pagar dos veces por los servicios públicos a los ciudadanos de rentas medias y altas: una, a través de los impuestos y otra mediante el copago. Ante esa situación cabe esperar que muchos contribuyentes echen sus números y prefieran el repliegue del sector público en estos ámbitos. Les saldrá a cuenta contratar seguros privados y que los servicios públicos sanitarios o educativos se conviertan en algo residual y poco costoso, para pobres y desamparados. El copago en función de la renta es la mejor manera de alienar a quienes los sostienen financieramente.

    Si se quiere que los que más tienen paguen más no hay que inventar nada nuevo. Para eso tenemos los impuestos.

 

 

¿Cumple Fomento con lo que promete?

    Esta misma semana ha salido publicado un artículo en la Revista de Economía Aplicada sobre la ejecución de las inversiones territorializadas del Grupo Fomento durante el período 1997-2010. (enlace aquí). A continuación, extracto sus principales conclusiones.

    El análisis de los datos muestra que, en promedio, la inversión realizada por Fomento se sitúa alrededor del 90% de la inicialmente prevista en el proyecto de presupuestos. Este porcentaje es más elevado en el primer trienio de la serie analizada (1997-99), pero cae a niveles especialmente modestos en los bienios 2000-2001 y 2006-2007 y, sobre todo, en el último de la serie (2009-2010). Descendiendo al detalle por territorios, las ratios medias sitúan a las Comunidades forales e insulares en los puestos de cola.

    Los resultados de nuestras estimaciones incluidas en la sección cuarta del artículo muestran que, a la hora de buscar determinantes inmediatos de la distancia que media entre el importe invertido y el inicialmente presupuestado, las variables presupuestarias y de gestión funcionan mejor que las políticas. Es decir, los resultados ponen en duda la eficacia real para los territorios de las concesiones en la negociación de los presupuestos, pero sí tienden a confirmar que allí donde el sentido del voto es más volátil, los presupuestos tienden a ejecutarse en mayor grado.

    Contar con mayores cuotas de participación no aumenta el riesgo de soportar grados de ejecución más bajos. De hecho, las estimaciones sugieren lo contrario. En cambio, las ganancias a corto plazo en las cuotas de inversión presupuestada sólo parcialmente se traducen en incrementos en la inversión real, lo que arroja dudas sobre la efectividad de los impulsos en las cuotas de inversión presupuestadas. En segundo lugar, la proporción de la inversión gestionada por Sociedades y Entes resta ejecución presupuestaria. Finalmente, los datos no parecen corroborar que, más allá del efecto territorialmente asimétrico de las variables incluidas en el modelo, existan factores permanentes e idiosincrásicos que expliquen grados de ejecución sistemáticamente superiores o inferiores a la media.

    Más allá de su relevancia intrínseca, los resultados expuestos no dejan de tener implicaciones para los debates sobre el reparto de la inversión territorializada y los saldos fiscales regionales.

    Los resultados sugieren que el análisis de estas cuestiones en términos de presupuesto inicial puede resultar sesgado o poco representativo, y que las cifras de inversión realizada por territorios pueden resultar en buena parte de impulsos políticos pretéritos y de decisiones e incidencias acaecidas a nivel de proyectos, que no necesariamente responden a una lógica territorial. Sugieren asimismo que las redistribuciones drásticas que a veces se reivindican, a favor de tal o cual territorio, tienden a topar con una dinámica presupuestaria que ralentiza su consumación. Y nos recuerdan, en fin, que dado el peso inversor y el comportamiento diferencial del sector público empresarial, haciendo abstracción de este corremos el riesgo de malentender el cuadro de conjunto.