Reformando la universidad: El informe de los expertos

    La universidad española en su conjunto no es mala. Pero podría ser mejor. Por eso es bueno que hablemos de reformas y hagamos diagnósticos. Hace unos días el grupo de expertos convocado por el Ministro de educación entregó su informe al respecto. No es un informe más, por el prestigio de quien lo elabora y la relevancia de quien lo encarga.

    Mi opinión global es favorable, lo que no es óbice para plantear una serie de dudas sobre las propuestas. Lo que más me gusta es que el informe incide en la necesidad de reforzar los incentivos para cambiar. Hay que huir del café para todos. Existen pocos ámbitos como la universidad en los que la cantidad y calidad del esfuerzo sea mensurable. Por eso, es más fácil definir esos incentivos que deben dirigirse a personas, grupos de investigación, facultades, campus y universidades. Hay que fichar a los mejores, recompensar a quien se esfuerza más y logra mejores resultados, potenciar la transferencia de conocimiento de la universidad hacia las empresas, la sociedad y las administraciones públicas. Es fundamental que se estimen y difundan rankings de resultados a todas las escalas; que se racionalicen los mapas de titulaciones, huyendo de los campus generalistas y las duplicidades poco razonables y reforzando los vectores de especialización en cada campus; y que se promueva la movilidad de estudiantes mediante programas de becas suficientemente dotados.

    Por supuesto, todo esto no resulta gratis. La financiación de las universidades españolas es baja en perspectiva internacional. Es clave que aumenten los patrocinios y que se refuerce la financiación pública vinculada al cumplimiento de objetivos.

    Entre las cuestiones que me plantean más dudas aparecen, en primer lugar, la sugerencia de cambio del actual sistema de filtro para la contratación de personal estable basado en la acreditación, por una fórmula similar a la habilitación nacional que estuvo en vigor unos años en la década pasada. Comparando ambas experiencias, creo que sigue siendo sustancialmente mejor un sistema de acreditación reformado que una vuelta al pasado. En segundo lugar, no creo que sea necesario ni positivo hacer divisiones de universidades en función de su capacidad investigadora. Porque en cualquiera de ellas existen grupos potentes que no deben ser perjudicados porque su entorno inmediato sea menos brillante.

    Tercero, la propuesta de gobierno de las universidades es un cambio radical. Concuerdo en que hoy padecemos un exceso de asamblearismo impropio de una institución que busca funcionar con eficiencia y eficacia; una innecesaria e injustificable contaminación del sistema de partidos políticos; un insuficiente poder real de los directores de departamento, decanos, vicerrectores y los propios rectores; y una escasa responsabilidad ex-post de los gestores por lo hecho. Probablemente haya soluciones intermedias razonables y más factibles.

    Cuarto, el informe pone el acento en la investigación y tiende a quitarle importancia a la enseñanza de grado a la hora de evaluar la calidad o definir indicadores. Creo que no debe ser así. Las encuestas a los propios alumnos y las autoevaluaciones departamentales son instrumentos que no han agotado su capacidad para discriminar entre mejores y peores docentes, mejores y peores departamento, centros y campus.

    Finalmente, me plantea alguna duda la representación de la Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno. No tanto por una cuestión de principios, sino de pragmatismo. La experiencia con las cajas de ahorro en muchas autonomías, por ejemplo, nos da una pista de la dificultad de que se logre que los representantes acaben siendo personas realmente capaces y de prestigio.

La reforma del municipalismo: Mal enfocada

Mi primera impresión de la propuesta del gobierno no es positiva. En primer lugar, reduce significativamente la autonomía local, al inmiscuirse en políticas retributivas, estructuras orgánicas y cartera de servicios. Siempre he pensado que lo mejor es que estas cuestiones las arreglen los alcaldes con sus vecinos. Y que sean unos y otros quienes carguen con las consecuencias, para lo bueno y lo malo.

En segundo lugar, no impulsa la racionalización del mapa municipal. Renuncia a aglomerar municipios pequeños para dotarles de capacidad y masa crítica suficiente. Al contrario, condena a muchos de ellos a ser estructuras vacías, con sus servicios en manos de gobiernos de rango superior.

En tercer lugar, refuerza las Diputaciones, unas instituciones que se caracterizan por la democracia indirecta y, por tanto, una rendición de cuentas imperfecta y lejana. Unas instituciones que, salvo algunas excepciones como la Diputació de Barcelona, no tiene medios humanos ni materiales para planificar y gestionar la provisión de múltiples servicios de naturaleza diversa, cubriendo amplias zonas del territorio no contiguas. Es como si decidiésemos que desde Bruselas se encargasen de los servicios educativos u hospitalarios en Galicia.

Me temo que la privatización generalizada de los servicios públicos locales va a ser la solución final. Lo que nos lleva a una paradoja interesante. Nos quejamos de la falta de responsabilidad y control sobre los responsables políticos municipales. Y la solución que buscamos es alejar la responsabilidad política del espacio en el que se provee de facto un servicio que, a su vez, ponemos en manos privadas. Sabiendo que las concesiones en el mundo municipal español se caracterizan por su escasa transparencia (sobre costes, inversiones, tarifas) y control, ¿hacia dónde nos encaminamos?

A mi juicio, la solución debería haber ido en la dirección de más municipalismo, no menos. Y eso pasaba por las fusiones y la cooperación supramunicipal.

¿Sobran funcionarios en España?

Para centrar el debate, les dejo dos gráficos de interés. El primero, tomado de la OCDE, muestra el peso del empleo público sobre el total de la población activa en los diferentes países que forman parte de la organización. Los datos son los últimos oficiales disponibles y corresponden a 2008. España se sitúa claramente por debajo de la media, junto a Holanda, Austria y Portugal. Y también por debajo de Estados Unidos. Y eso, teniendo en cuenta que la educación en España (no digamos ya la sanidad) está, en buena medida, en manos de empleados públicos.

Estamos muchos más cerca de quienes cierran la clasificación (Corea, Japón y Grecia) que quienes la encabezan (los países nórdicos). No existe un problema de exceso general de empleados públicos. Más bien lo contrario en algunas áreas, como la educativa, la gestión tributaria, la justicia, o la sanidad. Otra cosa es que existan ineficiencias, perfiles desfasados, duplicidades, etcétera. En otras palabras, toca reformar no adelgazar.

Con el gráfico 2 me adelanto a las críticas que puedan intentar jugar con la idea de que en los primeros años de la gran recesión el empleo público en España aumentó mucho y que, por tanto, usar 2008 en el gráfico 1 puede ser engañoso para España. La realidad es que el durísimo ajuste en el empleo público que se produjo en 2011 y 2012 hace que hoy estemos en niveles de empleo en las administraciones similares a los de 2005. Y bajando. 

 

Gráfico 1: Empleados públicos sobre población activa. Fuente OCDE: http://www.oecd.org/gov/pem/publicemploymentkeyfigures.htm 

Gráfico 2: Evaluación trimestral del empleo público en España 2005-2012.   Fuente: EPA (www.ine.es)

 

Juan Rosell, los funcionarios y la ética pública

Desde el principio de la democracia hemos padecido casos de corrupción en el ámbito público vinculados, sobre todo, a la financiación de los partidos. Se han ido aprobando algunas reformas e introduciendo cambios, pero claramente han sido insuficientes. La situación actual es crítica, por la especial sensibilidad de los ciudadanos en un momento de penuria económica e indignación; pero también porque la burbuja inmobiliaria de la primera década de este siglo generó el caldo de cultivo perfecto para su desarrollo. Operaciones inmobiliarias por doquier, recursos públicos hinchados. Casos que afectan a los gobiernos de todos los niveles, a la Casa real, a las cúpulas empresariales. La burbuja inmobiliaria ha sido una desgracia, también en el terreno de la ética pública y la corrupción.

Hay que aprovechar el momento para impulsar un giro radical en el plano de los valores sociales. O ahora o nunca. Está muy bien eso del carácter mediterráneo y la fiesta. Pero no debería ser incompatible con mayores exigencias personales, familiares y sociales en cuanto a, por ejemplo, la moral fiscal que lleva a los ciudadanos a pagar los impuestos que le tocan, la rendición de cuentas y la transparencia cuando se gestionan asuntos colectivos, o el esfuerzo y el aprovechamiento de los recursos educativos que la sociedad pone a disposición de los más jóvenes. El listado puede ampliarse significativamente. Lo importante es tener claro de que estas cuestiones también importan para el buen funcionamiento de una sociedad; y de una economía.

Para todo lo anterior no ayuda, desde luego, el mantenimiento de responsables políticos con indicios evidente de comportamientos inapropiados en su faceta pública. Pero tampoco que nuestros líderes políticos, económicos y sociales digan lo primero que se les pasa por la cabeza, a las bravas, olvidándose de que hay micrófonos abiertos, emulando al más diestro orador tabernario del barrio, contribuyendo al ruido y la algarabía en la que estamos instalados sin visos de mudanza.

Lo de Juan Rosell de hoy es un magnífico ejemplo. ¿Cómo calcula los empleados públicos que sobran? ¿Quiénes sobran: médicas, profesores, bomberos, jueces, inspectores de hacienda, enfermeros? ¿Cómo puede el máximo representante de los empresarios utilizar esa retórica cuando habla de la reforma de la adminsitración pública? Es lógico e incluso positivo que los empresarios analicen de forma crítica el funcionamiento de la administración y hagan sus propuestas. Pero desde la seriedad, el conocimiento y el rigor. No como si estuviesen tomando una caña en la barra del bar en el descanso de un partido de fútbol. Uno en el que su equipo va perdiendo con claridad y toca desahogarse.