La crisis económica que nos ahoga ha dado impulso a los discursos contrarios al gasto público y la descentralización en España. A fuerza de repetir medias verdades y mentiras completas, basándose en datos parciales y argumentos falaces, se está aprovechando para ajustar cuentas con el Estado del bienestar descentralizado español. Vayamos por partes. Es falso que el gasto público español sea elevado según los estándares internacionales. Cuando se expresa como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), que es como se debe hacer en las comparaciones entre países, España se situó en 2009 unos cinco puntos por debajo de la media de la zona euro y de la UE-27, diez puntos por debajo de Francia, dos por debajo de Alemania, seis por debajo de Italia y Francia… La realidad es que el sector público español gasta significativamente menos que los de su entorno.
Nuestros problemas con el déficit no tienen que ver tanto con el gasto como con el desplome de los ingresos tributarios, sin parangón por Europa adelante. Los estímulos del Gobierno de Zapatero por el lado de gasto explican poco más de un punto del déficit de 2009. Ahí no debe estar la crítica a Zapatero. Sí en su errática política en materia tributaria, su escaso esfuerzo en contra del fraude fiscal y la confianza desmedida en los ingresos extraordinarios que proporcionaba la burbuja inmobiliaria. El corolario de lo anterior es evidente: los esfuerzos en pos de la consolidación fiscal deben centrarse en mayor medida en los ingresos, en hacer pagar a quien no lo está haciendo, porque se salta la ley, y en que las bases desfiscalizadas en la última década tributen más. Es increíble que nos carguemos el impuesto sobre las herencias, el más progresivo, el que defienden incluso los más ricos de Estados Unidos, y que luego justifiquemos los recortes en vendas, agua oxigenada y comedores escolares diciendo que el dinero no llega.
Es falso que la descentralización en España haya generado más desigualdad entre los españoles en su acceso a los bienes y servicios públicos. Aunque a algunos les pueda resultar sorprendente, cuando aún existía el Insalud la divergencia en el gasto sanitario por habitante en las diferentes comunidades autónomas era similar a la actual.
Tampoco es cierto que el catálogo de prestaciones sea muy diferente entre territorios. De hecho, la parte del gasto que viene explicado por las prestaciones añadidas (cambio de sexo u odontología) apenas sí explicaban el 1% del total del gasto sanitario público la última vez que vi los datos al respecto.
Es verdad que podríamos mejorar si nos coordinásemos un poco mejor: central de compras, tarjetas sanitarias... Pero todo eso se puede arreglar si el Ministerio se pone las pilas y cumple con su única función actual, que es la de coordinar. Centralizar el servicio nos haría perder la riqueza que existe en la experimentación de diversas formas de gestión, la capacidad de adaptación a las peculiaridades de cada territorio.