Parte de la polémica sobre la cuestión del reparto de los "derechos de déficit" entre Comunidades Autónomas tiene que ver con la confusión entre el debate sobre la regla básica a seguir y el que se refiere a cómo reconducir los déficits autonómicos más abultados a los niveles pactados.
Sobre la regla, ya he escrito en más de una ocasión (por ejemplo, aquí, junto a Xoaquín Fernández Leiceaga) que a escala autonómica y dada la fuerte nivelación interterritorial existente, los ingresos no financieros o los ingresos corrientes son una variable más apropiada que el PIB como referencia de sostenibilidad y capacidad de cada gobierno autonómico para soportar déficit, deuda o los intereses correspondientes.
Pero lo anterior es compatible con buscar una solución pactada y cooperativa para darle más margen a algunas Comunidades con desequilibrios financieros hoy más elevados, a fin de definir una senda de consolidación fiscal menos depresiva en sus efectos. Porque no hay que olvidar que dar un mayor margen de déficit no supone regalar recursos. Ese déficit se convertirá mayor deuda que cada Comunidad deberá afrontar en el futuro.
Aceptar que otros tengan más margen es jugar cooperativo. La misma cooperación que cabe reclamar a la hora de hablar de otros asuntos. Galicia y Extremadura, por ejemplo, podrían (deberían) estar dispuestas a ceder "derechos de déficit" a cambio de abrir el melón de la reforma del Fondo de Compensación Interterritorial. En el Estado autonómico, como en cualquier otro descentralizado, hay que hablar y negociar sin dramatismos. Estamos aún en fase de aprendizaje.
Hay 1 Comentarios
Suscribiría su texto si el Estado de las autonomías no hubiese alcanzado los niveles de corrupción actuales.
Si los notarios compareciesen ante los juzgados o si simplemente, estos últimos funcionasen no al 10% o 20% como sucede en muchos casos; sino a un 80% de su capacidad. Sería necesario también que respetasen el sistema financiero así como la ley. Que no fuera necesario que un tribunal superior tuviera que hacerles saber mediante sentencia, lo que ya conocen los de primera instancia.
Hacienda, que no somos todos; que cierra los ojos a todos, en favor de algunos, también juega al tema autonómico: yo no denuncio tus fraudes, tú no denuncias los míos.
El ciudadano que ha sido vejado, robado y atormentado, al encontrarse traicionado por las instituciones, deja de creer. No en el Estado de las autonomías, sino en cuantos las gobiernan.
El Estado debe de ser el garante de que cuanto sea fraudulento, sea urgentemente publicado. Debe, si respeta la Constitución, ser accesible y transparente y poner a disposición pública cuanta información se le requiera, en lugar de atentar contra quien requiere o denuncia, para ocultarlo.
La comunicación interautonómica no tiene problemas de celeridad cuando se trata de ocultar el fraude pero no funciona cuando se trata de lo contrario.
Teniendo en cuenta el grado de madurez democrática alcanzado en España creo que es evidente que la política paternalista en aras de la prevención contra males mayores, ya no funciona.
Publicado por: Belén Mtnez. Oliete | 20/05/2013 23:10:19