¿Más déficit a cambio de menos autonomía?

    El gobierno central ha planteado que las Comunidades Autónomas que poden su estructura tendrán más derechos de déficit. Carlos Cué lo contaba así en las páginas de El País el día 20 de Junio: " [Cristobal Montoro] ha advertido a las comunidades de que en la negociación de los objetivos de déficit se valorará si han asumido las propuestas sobre duplicidades, simplificación administrativa y reducción de organismos públicos incluidos en la reforma".

    No me parece razonable. Entiendo la estrategia de la zanahoria y que, en estos momentos, un mayor margen de déficit es algo valioso para muchas CC.AA.; sobre todo las que parten de mayores desequilibrios. Pero utilizar esta zanahoria es un indicio de que el gobierno desconfía de la capacidad autorreguladora de cada territorio, que parte del supuesto de que los organismos centralizados son mejores que los descentralizados, y que del enfoque recentralizador del gobierno central.

    ¿Por qué debe una autonomía amputar su estatuto (algunos de los organismos que se quieren eliminar aparecen en ciertos estatutos de autonomía) para solventar un problema transitorio con su déficit? ¿Por qué mezclar cosas? Vale que el gobierno central exija que la evolución de gastos e ingresos de una autonomía sea coherente con los objetivos que se fijen. El federalismo fiscal exige cooperación y cumplimiento de compromisos.  A partir de ahí, ¿Por qué meterse en lo que los ciudadanos de un territorio quieren financiarse a mayores? Precisamente, eso es la descentralización.

¿Reforma o ajustes?

El Presidente Rajoy acaba de hablar de una reforma de las Administraciones Públicas que será presentada mañana. La mayor parte de lo (poco) que ha anticipado  (véase aquí) son medidas con sentido, pero ajustes de enjundia menor, sea en el terreno del funcionamiento o del presupuesto. Y las que sí mueven grandes cifras, como la eliminación de duplicidades y la reforma local, está por ver que vayan a concretarse y a obtener los frutos esperados.

Habrá que esperar a mañana para conocerlo todo y formarse criterio. Confiemos en que haya más cosas, para que realmente podamos hablar de una reforma. Y en que esa reforma esté bien pensada y tenga por objetivos fundamentales mejorar los incentivos de los empleados públicos y la organización de los recursos, y no solo el de enjugar el déficit y seguir descapitalizando la función pública.

La necesidad de la reforma de las pensiones en perspectiva

Para tener más referentes en la actual discusión sobre la reforma del sistema de pensiones español, quizá sea interesante recordar lo que decía la OCDE sobre las pensiones en España hace dos años, justo tras la reforma aprobada en 2011. El texto completo en español puede descargarse aquí; y a continuación reproduzco literalmente la introducción del mismo:

"La reciente reforma de pensiones 2011 en España va a mejorar significativamente la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones español. La propuesta, aprobada en enero por el Gobierno y acordada con los interlocutores sociales, reducirá el gasto en pensiones a largo plazo, en el equivalente del 3,5% del producto interior bruto (PIB)1 . El cuadro 1 compara el coste de pensiones a largo plazo en varios países de la OCDE. Actualmente, España gasta un 9% del PIB en pensiones, un poco por encima de la media de la OCDE, pero prácticamente lo mismo, una vez que se toma en cuenta la situación demográfica. El gasto actual es mucho más alto en Francia e Italia que en España. El Informe de Pensiones de la Unión Europea 2009, mostraba que el gasto en pensiones en España crecería por encima del 15% del PIB en 2050 (la parte más alta del área en sombra del cuadro 1), sobrepasando a Francia, Alemania e Italia. El efecto de las propuestas de reforma de acuerdo con las estimaciones del gobierno de España, añadido a las previsiones del informe de pensiones de la UE, aparece en la parte inferior el área en sombra. Ésta muestra menor gasto que Francia, Alemania e Italia, tan solo un poco por encima de la media de la OCDE"

 

Aquí finaliza la cita textual. El cuadro 1 elaborado por los técnicos de la OCDE al que se alude en el párrafo es el siguiente:

 

Da que pensar; ¿o no?

 

 

Reforma fiscal y financiación autonómica

A la hora de afrontar la reforma del sistema fiscal español no debería perderse de vista la profunda descentralización financiera existente en España: el sistema fiscal español engloba al que, con mayor o menor autonomía, manejan las corporaciones locales y las Comunidades Autónomas. Sin duda, esto complica las cosas. Pero es una complejidad inevitable si queremos disfrutar de los beneficios de esa descentralización.

En el ámbito local tenemos que revisar el marco tributario. Existen diversos informes que identifican bien los problemas y retos. Entre ellos, destaca el dirigido por Javier Suárez Pandiello, a instancias de la Federación española de Municipios y Provincias, hace ya casi cinco años. Puede descargarse aquí.

En el ámbito autonómico ha habido más avances, pero han sido insuficientes. La autonomía tributaria y los incentivos a su uso deben reforzarse de forma sustancial. Me parece muy apropiada la idea que está manejando el gobierno central de fijar suelos a la cometencia fiscal en la imposición patrimonial (sucesiones y donaciones e impuesto sobre el patrimonio); los cambios en los impuestos energéticos y medioambientales también deben adaptarse a un modelo financiero descentralizado; hay que visibilizar más y mejor la existencia de un impuesto autonómico y otro estatal sobre la renta; la posibilidad de que de forma colegiada las Comunidades Autónomas puedan elevar tipos impositivos en el IVA o en los impuestos especiales sobre los que hoy solo cuentan con participaciones en la recaudación, ayudaría a hacer más rígida la restricción presupuestaria autonomica y a avanzar en la corresponsabilidad fiscal.

Mucho trabajo por delante para el Ministerio de Hacienda.