Sobre la ordinalidad

En un interesante artículo publicado hace unos días en El País, José María Vegara preguntaba retóricamente: "¿existe alguna razón aceptable para que el orden de las CC.AA según su renta por habitante antes aplicar los criterios de solidaridad, resulte modificado después de aplicarlos?" Mi respuesta es que sí, sobre todo cuando tenemos en cuenta las diferencias de costes per cápita de los servicios públicos y las nivelamos.

Cuando esto ocurre, como en España o Australia, los recursos de los territorios van a estar correlacionados con las necesidades y no con la renta per cápita de los territorios.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos dos Comunidades con PIB per cápita de 90 y 110 (siendo 100 la media), pero con un coste de prestación de los servicios diferente e inverso: la pobre tiene un coste per cápita equivalente a 110 (siendo 100 la media) y la rica 90. Claramente, si tenemos en cuenta la nivelación de las necesidades de gasto, la más pobre debe acabar teniendo un presupuesto per cápita superior a la más rica. Habrá reordenación.

Como ocurre en los estados autralianos. La siguiente Tabla aparece en la página 67 de este magnífico libro dirigido por Jorge Martínez-Vázquez y Bob Searle . ¿Ve usted alguna relación entre los números de la primera fila (referidos al gasto) y la última (referido a la recaudación impositiva)?

 

Financiación autonómica: El dilema del PSOE

    Hace un par de meses escribía en las páginas de Faro de Vigo una columna sobre las dificultades de encajar las reclamaciones en materia de financiación autonómica procedentes del PSC en el dicurso del PSOE. Mi opinión sigue siendo la misma. 

    En la legislatura anterior, el Presidente Rodríguez Zapatero aceptó la idea de la nivelación parcial. En la presente, el PSOE parece animado a asumir la propuesta de que se impida la reordenación de rankings de la Comunidades Autónomas. Una propuesta de la que se lleva hablando muchos años en Cataluña; en última instancia y en esencia: los que tienen más capacidad fiscal deben acabar teniendo más recursos que los que tienen menos.

    El modelo autonómico en los territorios de régimen común hasta 2009 ponía el acento en la nivelación plena de las necesidades de gasto. En términos sencillos: que había que garantizar que cada Comunidad Autónoma tuviese recursos suficientes para que todos los servicios descentralizados pudiesen prestarse a un nivel similar, independientemente de que en algunos casos hubiese elementos que disparasen los costes, como el envejecimiento o la dispersión. 

    Con la nivelación parcial ya integrada entre los fundamentos del sistema vigente y la eventual imposibilidad de alterar el ranking, el panorama se altera sustancialmente. Levantamos fronteras regionales a la nivelación y los que tiene más necesidades y menos recursos salen malparadas; como ya les ocurre a los ciudadanos del resto de España respecto a Navarra y País Vasco por el insuficiente importe del cupo y aportación que entregan a la hacienda central. Importes que, por cierto, podrían ser revisados respetando escrupulosamente la Constitución

    No obstante, el problema no es solo sobre ganadores y perdedores. De hecho en el sistema actual se ha conseguido compensar a las perdedoras con otros instrumentos y neutralizar la nivelación parcial.

    El problema relevante es de filosofía política. Nivelación parcial y no reordenación supone romper con la noción de un espacio de fraternidad común y sembrar la semilla de la desigualdad. Una simiente que puede germinar en cualquier momento y con intensidad impredecible.

    Entiendo que la vida interna de los partidos es a veces muy compleja, que sus líderes están sometidos a presiones extremas que no todos tendríamos capacidad psicológica para soportar, y que en ocasiones hay que ceder para mantener la cohesión. Pero la equidad y la solidaridad para el PSOE son banderas y principios. 

¿Qué ganamos con unas Olimpadas?

A la hora de evaluar lo que los españoles hemos perdido (o no hemos ganado) con la decisión del COI podemos centrarnos en aspectos de diversa índole: el liderazgo e imagen del heredero al trono y algún deportista mundialmente conocido frente a la sorprendente escasa capacidad de comunicación de profesionales de la política, los criterios de decisión del COI, la bipolaridad con la que los españoles afrontamos el éxito y el fracaso... En esta entrada me voy a centrar en los efectos económicos. Y anticipo que, en este frente, estoy convencido de que los españoles no perdemos demasiado.

A la hora de evaluar los efectos económicos positivos del evento hay que fijarse en los recursos y demanda que vienen de fuera; los que genera la Olimpiada y no vendrían sin ella. Lógicamente, si evaluamos el impacto económico para la ciudad de Madrid serán mayores que si cuantificamos para el conjunto de España. Porque el efecto sobre la demada y la actividad de gastar X euros en el proyecto A a celebrar en Madrid son reducidos por dejar de gastar esos mismos X euros en un proyecto B a desarrollar en otra parte de España. En la coyuntura actual, con reducciones de gasto público por doquier y restricciones al déficit, gastar más en algo supone dejar de hacerlo en otra cosa.

En cuanto a los patrocinios, más de lo mismo. Solo deberíamos contar los extranjeros o los que no habrían existido sin Olimpiadas. Y exactamente igual con turistas y visitantes. Para evaluar el impacto en la comunidad de Madrid, sí podemos tener en cuenta a los que se desplazan desde Galicia, pero no si lo que discutimos es el efecto positivo para España.

Finalmente, no hay que perder de vista que el efecto de un evento de estas características sobre el turismo futuro depende del éxito previo de la ciudad. Para una ciudad tan conocida y visitada como Londres, la incidencia añadida del evento es muy inferior a la que tiene un evento similar en un país poco conocido. Mirando las cifras, me temo que España y Madrid son destinos turísitcos consolidados. 

En definitiva, cuando hablamos de lo que pierde o deja de ganar España no vale sumarlo todo.