La presión fiscal teórica o normativa en España no es sustancialmente diferente a la de los países del entorno. Pero sí la recaudación. La explicación se encuentra en un fraude fiscal mucho más extendido en España. Por eso sorprende que dediquemos tan pocos recursos a gestión e inspección tributaria y que nos conformemos con descubrir y castigar porcentajes de fraude que, en el mejor de los casos, se quedan en menos de la sexta parte del total.
Los PGE-2014 no dejan de ser una consecuencia de lo anterior. Con unos impuestos ya elevados para los que los pagan, una recaudación fiscal estancada, un déficit que hay que cumplir, nulos avances en gestión pública y unos gastos comprometidos (pensiones, intereses, desempleo...), el margen de actuación es menor; y los PGE acaban siendo un rutinario intercambio de cromos en el que alguién pierde. Este año, de nuevo, los empleados públicos.
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