Bajo la coordinación de los profesores José María Durán y Alejandro Esteller, El Institut d'Economía de Barcelona acaba de sacar un nuevo y muy pertinente número del IEB REPORT sobre reforma fiscal en España, que se puede descargar aquí. En el informe se incluye un decálogo de propuestas pragmáticas y razonables. Estando de acuerdo al 99% (el 1% restante gobernado por la duda se refiere al Impuesto sobre patrimonio), soy uno de las 50 personas que se han adherido al manifiesto. A continuación, reproduzco los diez puntos:
1. El sistema fiscal español debe estar integrado por un conjunto de impuestos técnicamente bien configurados y coordinados entre sí, de manera que el ciudadano pueda conocer sin demasiada complejidad por qué debe pagar, cuánto debe pagar y a quién debe pagar.
2. La correcta valoración de los impuestos debe referirse al conjunto del sistema fiscal y no de manera aislada a un determinado impuesto. En este sentido, es importante tener en cuenta que no todos los impuestos sirven para todo, ni tampoco son el único instrumento de los gobiernos para el alcance de sus objetivos.
3. Los impuestos deben ser perceptibles por los ciudadanos, objetivo que no debe constituir un obstáculo a facilitar el cumplimiento de los mismos. El envío de un resumen claro y visual del importe total pagado en el IRPF u ofrecer los precios de los productos con el IVA desglosado constituyen sendos ejemplos de cómo se debe fomentar la percepción de todos los impuestos. Si se desconoce cuánto se paga difícilmente se podrá ser exigente en la rendición de cuentas de los responsables políticos.
4. La reforma del IRPF debe centrarse especialmente en el cálculo de los rendimientos gravados en el impuesto, valorando la idoneidad de los métodos e incentivos existentes, simplificando la aplicación de los mínimos existentes y estimando también la oportunidad de las diferentes deducciones ofrecidas en la cuota. La estimación objetiva por módulos es un claro ejemplo de un elemento que debe reformarse en su totalidad.
5. La crisis actual pone claramente de manifiesto que el impuesto sobre sociedades no debe fomentar el endeudamiento de las empresas, por lo que debe permitirse que las sociedades se deduzcan un interés por la utilización de fondos propios, de manera que se equipare la fiscalidad de la financiación propia y de la financiación ajena.
6. El tipo impositivo nominal del impuesto sobre sociedades se puede reducir para mejorar el atractivo fiscal español de la inversión internacional. El coste recaudatorio de la medida se puede compensar en parte mediante la eliminación tanto de deducciones como del régimen fiscal de las sociedades de reducida dimensión. En ambos casos, no está claro que estas medidas sean ni eficientes ni eficaces en el logro de sus objetivos.
7. El impuesto sobre patrimonio genera una recaudación reducida, mientras que sus costes de gestión son elevados y su aportación a la progresividad del conjunto del sistema fiscal es más que dudosa, razones que llevan a recomendar su eliminación. En cambio, a nuestro entender, hay razones que justifican el mantenimiento de un impuesto sobre sucesiones y donaciones armonizado entre comunidades autónomas, de manera que se evite la competencia fiscal entre territorios, con un mínimo exento elevado y tipos impositivos más reducidos.
8. Se puede mejorar el IVA eliminando al máximo el alcance de las exenciones, los tipos impositivos reducidos y los regímenes especiales. Esto debe permitir gravar la práctica totalidad del consumo final, frente a la situación actual en la que la mitad del consumo no se llega a gravar como consecuencia de exenciones, tipos reducidos y regímenes especiales. El aumento recaudatorio se podría utilizar para bajar el tipo general.
9. Debe fomentarse la independencia y profesionalización de los órganos de gobierno de la agencia tributaria. Asimismo, deben aumentarse los recursos de la administración tributaria, en particular los humanos, primando la especialización en la investigación y lucha contra el fraude, así como la coordinación entre otras administraciones tanto autonómicas como internacionales.
10. Las comunidades autónomas, como responsables de más de un tercio del total de gasto público español, deben ser también responsables de la mayoría de sus ingresos, circunstancia que sólo se puede alcanzar con un mayor poder normativo en el ámbito impositivo sujeto a cierta coordinación con el Estado. En definitiva, se trata de hacer efectiva la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, a fin de que los ciudadanos puedan valorar correctamente la correspondencia entre servicios públicos ofrecidos y nivel de impuestos.