Las reacciones ante la presentación del informe de los expertos sobre la reforma fiscal ponen en evidencia, una vez más, que en este país preferimos la tertulia al debate; que todo lo vivimos con la pasión con la que abordamos el fútbol, y desde la horizontalidad y el infinito saber que da la barra del bar.
Los expertos y el informe merecen un respeto. Saben de lo que hablan y tratan una enorme cantidad de asuntos. Como no podía ser de otro modo, hay luces y sombras. En el lado positivo del balance aparecen, a mi juicio, esa globalidad en el enfoque. Se aborda el conjunto del sistema tributario, si bien es cierto que se orilla una parte de los tributos locales, que también requiere de revisión, o la tributación de la SiCAV´s. Las propuestas suponen un avance muy sustancial en el frente de la hoy obsoleta y caótica tributación sobre la energía y el medioambiente. Se incide en la lacra del fraude fiscal y la falta de equidad que genera. Se explicitan una miríada de deducciones y ventajas fiscales que podrían y deberían ser revisadas para, a cambio, rebajar unos tipos impositivos hoy excesivos. En muchas de estas cosas, se siguen las tendencias internacionales y las sugerencias de organismos internacionales. La tributación autonómica, apartado en el que se citan algunos trabajos en los que he participado, merece atención específica en otra entrada de este blog.
Por supuesto, podemos descender al detalle. Estoy muy de acuerdo en la defensa del impuesto sobre sucesiones, que pasa por establecer mínimos a escala estatal. Pero no con la eliminación con efectos retroactivos de la deducción por adquisición de vivienda: dejando al margen el encaje global de la retroactividad, la realidad es que las personas que compraron vivienda cuando estaba vigente pagaron precios inflados e impuestos más elevados que los que les hubiese tocado pagar sin deducción. Concuerdo en que la tributación sobre los inmuebles es muy baja en España. Pero antes de revisarla al alza deberíamos consensuar y aplicar valoraciones razonables y homogéneas, no usar directamente las deficientes valoraciones catastrales. El voto particular de uno de los miembros de la comisión va en esta dirección. Sin duda, las recomendaciones que atañen a la tributación de las indemnizaciones por despido y a las cotizaciones a la seguridad social dan para el debate.
Mi sensación al leer por primera vez el informe ha sido la de estar no delante de un texto de reforma en sentido estricto, o de definición de un sistema fiscal realmente novedoso. Seguramente, la Comisión debería haber comenzado mucho antes y contar con el doble de tiempo, al menos. Por eso se trata, más bien, de un inventario de disfuncionalidades y propuestas que, en general, merece la pena considerar. Una radiografía en la que la mayor incoherencia es la constatación de que la recaudación fiscal en España es muy baja y la autolimitación de la Comisión por mantenerse en un marco de neutralidad recaudatoria, siguiendo los dictados del Ministerio. Precisamente aquí radica su debilidad. Un informe de expertos independientes no tiene por qué endogeneizar restricciones políticas claramente ideológicas. Porque si la reforma fiscal debe perseguir la neutralidad recaudatoria, implícitamente se está aceptando que hay que seguir bajando el gasto público, las rentas y los recursos para los servicios. Y eso es ideología.
En definitiva, un informe que no es suficiente para definir una reforma integral del sistema fiscal español, pero sí útil y necesario para hacerlo.