La reforma fiscal: respetemos los tiempos

Por: | 27 de febrero de 2014

    Ayer escribía en las páginas de Faro de Vigo sobre el Debate del Estado de la Nación. Y me centraba en un asunto muy concreto: los anuncios que afectan a la fiscalidad. 

    Entiendo que los tiempos de la política son particulares. Y que cuando un político percibe la necesidad de enviar un mensaje positivo para compensar noticias negativas en el mismo u otros frentes, es difícil mantenerse fieles a la estrategia de medio y largo plazo con templanza. Pero no por ello, dejo de sorprenderme por la violación sistemática del propio tempo de la razón. Lo que está pasando con el sistema fiscal español es un ejemplo paradigmático.

    La necesidad de reformar el sistema fiscal español es perentoria. Una reforma completa e integral que, demás, debe tener muy presentes sus efectos sobre la recaudación para no poner en riesgo una estrategia progresiva de consolidación fiscal forzada desde Bruselas y obligada desde la racionalidad económica. Por eso, me pareció acertado cuando el Ministerio de Hacienda creó una comisión de expertos y pospuso la reforma, hasta tener ese informe y otros materiales. El sistema fiscal es un asunto lo suficientemente complicado para tener que pensar durante meses si queremos acertar.

    Pero hete aquí que llegan las encuestas electorales poco favorables, el debate sobre el estado de la nación y la precampaña de las europeas, y el gobierno empieza a hacer anuncios de rebaja fiscal de todo tipo, sin esperar al informe de los expertos, sin presentar la reforma en su conjunto, sin explicar cómo va a encajar la reforma con el incumplimiento de los objetivos de déficit… Como si se estuviese pidiendo un café o departiendo en una tertulia. Así no se hacen las cosas. 

La fallida reforma local

Por: | 12 de febrero de 2014

    El lunes participé en una jornada sobre la reforma de la administración local organizada por el Institut d'Economía de Barcelona. El sentir general (salvo el del representante del Ministerio de Hacienda, obviamente) es que se ha perdido una buena oportunidad para mejorar sustancialmente el obsoleto marco institucional del municipalismo español y que algunas de las soluciones por las que el legislador se ha decantado obedecen más a una lógica coyuntural centrada en la reducción del gasto y el déficit que a una estrategia con ambición estructural. Una pena.

    El informe completo, en el que se integran las colaboraciones de Albert Solé, Núria Bosch, Víctor Lapuente, Javier Suárez Pandiello, Concepción Campos y yo mismo, se encuentra disponible aquí

Balanzas fiscales, Montoro, Girona

Por: | 01 de febrero de 2014

Ayer en Girona me tocó hablar sobre la nueva metodología anunciada por el ministro Montoro. El lunes se conocerán los detalles. Pero ya hoy podemos y debemos tener claras varias cuestiones:

1.La forma en la que el Ministerio de Hacienda ha procedido hasta ahora ha hecho un flaco favor a la transparencia y la discusión racional y ha contribuido al ruido y a empeorar objetivamente el escenario para el diálogo. En comparación, las cosas se hicieron mucho mejor con las balanzas que el Ministerio presentó en 2008 a través del Instituto de Estudios Fiscales. 

2.Las balanzas fiscales publicadas en 2008 ofrecían el resultado final de la aplicación de diferentes enfoques y supuestos. pero no decían prácticamente nada sobre la composición de esos saldos. Las balanzas fiscales de 2008 sirven, fundamentalmente, para aproximarse a los efectos del establecimiento de fronteras fiscales como las que se producirían en caso de independencia de un territorio. Y en este sentido, el enfoque más apropiado es el que defiende la Generalitat, el del flujo monetario. Porque la idea sería ver qué pasaría si se fijan fronteras fiscales y todos los recursos generados en Cataluña se gastasen dentro. Aunque es cierto que a la cifra resultante habría que reducirle el coste de los servicios que el sector público catalán debería autoproveerse y que no se tienen en cuenta en los cálculos de esta metodología (defensa, por ejemplo); que hay que neutralizar el efecto del déficit público; y que el establecimiento de fronteras fiscales acompañado por la aparición paralela de fronteras comerciales podría afectar muy negativamente, al menos a corto y medio plazo, a las exportaciones catalanas al resto de España y, por tanto, a su PIB y su recaudación fiscal.  

3.Si lo que nos interesa no es tanto hablar de fronteras fiscales e independencia, sino sobre si existen agravios comparativos entre territorios, maltratos fiscales sistemáticos, o injusticias a corregir, entonces las cuentas terriorializadas que se han anunciado son un instrumento mucho más apropiado. Porque esas cuentas ponen el acento en la descomposición del saldo global. Por tanto, nos van a permitir dejar al margen la parte de los saldos justificable y lógica (por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social), y detectar la existencia de agravios, cuantificarlos y transparentarlos. Algo que hacen aparcando el criterio del flujo monetario, imputando territorialmente el gasto según los beneficios que genera en los ciudadanos y no el espacio dónde se ejecuta, y ofreciendo un solo saldo agregado para cada comunidad.

4.El Conseller Mas-Colell tiene razón al pedir los datos correspondientes a 2011 para que la Generalitat estime lo que considere oportuno. Sería bueno hacerlo ya para compensar algunos de los errores procdimentales cometidos hasta ahora.

5.Haciendo un ejercicio de prospectiva, creo que vamos a pasar a tener dos balanzas fiscales, que convivirán. La del Ministerio, que se va a centrar en responder a la pregunta de si existen o no agravios comparativos difíciles de justificar y la de la Generalitat, que servirá para hablar sobre las consecuencias fiscales de la independencia y que seguirá el criterio del flujo monetario.

La consolidación fiscal en España: Una tarea compartida

Por: | 19 de enero de 2014

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto de Estudios Fiscales acaba de publicar el libro que recoge el contenido de la última conferencia organizada por RIFDE. En esta entrada reproduzco la introducción escrita conjuntamente con Jorge Martínez-Vázquez, catedrático de la Georgia State University        

Un gobierno descentralizado es más caro que uno centralizado. Existen estructuras administrativas añadidas y más instituciones ejecutivas y legislativas. Además, la descentralización suele requerir cooperación en pos de objetivos comunes, como la estabilidad presupuestaria. Finalmente, descentralizar lo que no se debe descentralizar puede generar distorsiones e ineficiencias.

En el otro lado de la balanza, la descentralización tiene ventajas potenciales muy importantes. Permite adecuar mejor las políticas públicas a las preferencias y necesidades de los ciudadanos aumentando la eficiencia del gasto público, posibilita experimentar con fórmulas de gestión y estrategias diferentes para determinar cuál es la mejor solución, permite acomodar la diversidad y mantener unidas a comunidades políticas distintas. Además, en el caso español la descentralización no ha generado un grado de desigualdad significativo. Más bien al contrario. La descentralización ha permitido a los territorios menos desarrollados converger en materia de servicios públicos con los más ricos. Sin embargo, de hecho, los datos para España y otros muchos países demuestran que la centralización no es garantía de igualdad en la calidad de los servicios. La contrapartida es que con servicios centralizados las diferencias pueden ser tan o más grandes pero tienden a ser menos visibles y transparentes. Se habla menos de ellas.

Nuestra evaluación global del proceso descentralizador en España es claramente positiva, lo que no es óbice para reconocer disfuncionalidades y problemas. Algunas tienen que ver con haber superpuesto una estructura de corte federal sobre otra centralizada (diputaciones, subdelegaciones del gobierno). Otras con la todavía escasa “cultura federal” de los ciudadanos y los políticos, que garantice la lealtad institucional (reformas impositivas, cumplimiento de acuerdos multilaterales) o la cooperación horizontal y vertical entre Administraciones. Un tercer conjunto con la descentralización de materias que no parece dictada por la racionalidad. Y, finalmente, el limitado control al que los ciudadanos de algunos territorios han sometido a sus gobernantes autonómicos.

Todo lo anterior nos lleva a la necesidad de profundizar, mejorar y ajustar lo que hasta ahora se ha construido. No a desmontarlo. La profunda crisis económica por la que España atraviesa está exagerando estas insuficiencias e inmadurez del Estado autonómico. Los foros en los que se discuten cuestiones que afectan a varios niveles de gobierno —o a varios gobiernos del mismo nivel— no están a la altura de la elevada descentralización de competencias de gasto que, a su vez, siguen sujetas a una amplia legislación básica estatal. En España hemos optado por un enfoque de federalismo cooperativo que exige elevadas dosis de diálogo y acuerdo para que la cosa funcione bien. Por eso, cuando la tormenta arrecia y la arquitectura institucional se tensiona, aparecen las disfuncionalidades con toda su crudeza.

La descentralización exige lealtad mutua, respeto a los compromisos comunes, consciencia de que vamos en el mismo barco. Tenemos dos opciones. O recentralizamos o descentralizamos mejor. Creemos que la segunda vía es preferible por muchos motivos. Lo que no podemos es no hacer nada. En un momento de redefinición institucional como el que estamos viviendo deberíamos aprovecharlo con inteligencia.

En este contexto general, para conseguir que las Comunidades Autónomas (CCAA) participen y cumplan en la hoy difícil tarea de la estabilidad presupuestaria se pueden tomar dos rutas alternativas. La primera de ellas es la que se desprende de una perspectiva federal de las relaciones intergubernamentales y que se concreta en recomendaciones como una mayor autonomía y responsabilidad fiscal para las CCAA operando con una restricción presupuestaria firme, más lealtad y compromiso con los acuerdos, más diálogo, negociación y pacto en los objetivos. La segunda va justo en el sentido contrario: centralizar el diseño, ejecución, vigilancia y control de esa estabilidad.

Pero en ambos casos, los objetivos a cumplir son similares: una reducción sustancial y progresiva del déficit público total en la que tiene que participar todas las administraciones. La tarea es hercúlea y probablemente exigente en exceso. A pesar de los esfuerzos hasta 2012, resta mucho por hacer en un escenario que sigue siendo complejo (Amor et al., 2013). Además, la fuerza de los hechos está forzando que en Bruselas y en Madrid acepten que alcanzar un 3% de déficit en 2013 no es razonable, por el efecto del déficit cíclico y porque los multiplicadores fiscales son significativamente distintos a cero (Andrés y Doménech, 2013). Mientras escribimos estas líneas se está de hecho hablando de una nueva reprogramación del calendario de reducción del déficit público en España.

Por supuesto, relajar el ritmo de consolidación fiscal previsto no llega para impulsar la demanda agregada de la economía española. Y ahí es donde deben aparecer los estímulos fiscales en los países de la UE con mejor posición fiscal, empezando por Alemania, y un papel más proactivo en pos del crecimiento y el empleo del Banco Central Europeo. Pero ese es otro debate para el que no tenemos espacio en este libro.

En los próximos años seguiremos hablando y mucho de estabilidad presupuestaria, de déficit y consolidación y de la arquitectura institucional más apropiada para lograr los objetivos que nos fijemos, con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en el centro de las miradas. Por supuesto, hablar de déficit requiere hablar de transferencias y tributos. Por ello y aunque hemos dedicado dos volúmenes previos editados por el propio Instituto de Estudios Fiscales (Lago Peñas y Martínez-Vázquez, 2009 y 2011), el presente libro retoma ambas cuestiones observadas, eso sí, desde el prisma de la consolidación fiscal. ¿Qué depara el libro al lector?

El capítulo dos, autoría de Núria Bosch, analiza el argumento de si las Comunidades Autónomas han gastado demasiado y esa es la principal explicación de sus actuales problemas financieros. A su juicio, a la luz de la evidencia empírica disponible no se puede afirmar rotundamente que los gobiernos autonómicos son ineficientes o que gastan más de la cuenta. Porque hay que tener presente la cartera de servicios que gestionan y las deficiencias del modelo de financiación, particularmente en algunas autonomías. Los servicios sanitarios y educativos representan aproximadamente dos tercios del total de gasto y lo que ocurra con ellos determina la dinámica del conjunto. La búsqueda del cumplimiento de objetivos en materia educativa en un contexto de fortísima inmigración o la elevada elasticidad-renta del gasto sanitario son realidades que afectan de lleno a las cuentas autonómicas.

Antoni Zabalza, en el capítulo tres, avala esta interpretación. Tras un minucioso y amplio trabajo empírico concluye que a pesar de la existencia de diferencias entre comunidades, existe una gran uniformidad en el comportamiento financiero de las comunidades a lo largo de la crisis. La generalidad del aumento del endeudamiento sugiere que la fuerte caída de la actividad e ingresos de las comunidades, frente al aumento de las necesidades de gasto, es la causa común detrás de este fenómeno. De las cuatro comunidades cuya deuda ha crecido más en el período 2007-2010 ― Cataluña, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha ― Cataluña habría sido la única que presenta una política fiscal discrecional de carácter expansivo y que ha elevado su deuda por encima del aumento estructural justificado por las necesidades y la caída cíclica de los ingresos.

A continuación Guillem López Casasnovas y Laura Pellisé se centran en el núcleo duro de los servicios del estado del bienestar y que son prestados por las comunidades autónomas, la sanidad y los cuidados de larga duración. Sin duda, cualquier estrategia de consolidación fiscal que se siga en la escala autonómica se encuentra, en primer término, con la dificultad de conciliar ajuste con una demanda y coste que no sabe de recesión. Por ello, el texto repasa las tendencias estructurales que afectan a la demografía, la tecnología y las expectativas sociales en general. A partir de este análisis se proyectan sobre los sistemas de protección social los efectos de la crisis financiera y económica que nos envuelve desde hace unos años, a fin de concluir en una serie de anotaciones para la toma de decisiones que afectan al lado del gasto, pero también a los ingresos. Entre otras cuestiones, los autores se refieren a la financiación privada de la sanidad en coordinación con la pública, la reorganización de los servicios sanitarios, la necesidad de que el criterio de coste efectividad se imponga con mayor claridad en la evaluación de la toma de decisiones en el ámbito de la salud, y la necesaria reconsideración del patrimonio de las personas a la hora de diseñar los esquemas de financiación de los cuidados a dependientes.

El capítulo cinco, elaborado por Fernández Llera, Lago Peñas y Martínez-Vázquez repasa el concepto de restricción presupuestaria blanda (RPB) para el caso de las CCAA, diferenciándolo claramente de la idea de rescate. Se introduce además como novedad la distinción entre rescate presupuestario (bailout) y rescate financiero. El primero no se ha dado hasta ahora en las CCAA, al menos no de forma explícita ni general, pero sí el segundo, con diversas medidas de apoyo a la liquidez autonómica por parte de la Administración Central. La evidencia empírica disponible permite concluir la necesidad de reforzar la restricción presupuestaria, algo que no se logró con la reforma del modelo de financiación llevada a cabo en 2009. En el caso español, las CCAA han venido percibiendo una RPB desde el mismo momento de su creación. Aunque se ha tratado de endurecer su restricción presupuestaria con los ajustes derivados de la crisis económica, lo cierto es que la propia normativa contiene excepciones muy amplias y mecanismos ad hoc creados para desincentivar el uso de la tributación propia con mayor profusión. Responsabilizar más a  las CC.AA. de sus decisiones de gastos a través de un mayor grado de autofinanciación  e incrementar la rendición de cuentas a los ciudadanos son tareas pendientes cara al futuro inmediato.  

Precisamente, el capítulo seis, firmado por por Xosé Carlos Álvarez, Alberto Gago, Xosé Manuel González, Xavier Labandeira, Fidel Picos y Miguel Rodríguez, analiza fuentes tributarias hoy infrautilizadas en España, pero con un potencial recaudatorio sustancial. Nos referimos a la imposición energética ambiental (IEA) y a la imposición fiscal verde. En particular, los autores argumentan que la IEA podría abrir una importante ventana de oportunidad para España. Con incrementos recaudatorios anuales que podrían alcanzar los 8.000 millones de euros, su papel sería crucial para reforzar el binomio consolidación/crecimiento y avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono, al tiempo que se introducen mecanismos de reciclaje y compensación que eliminen los efectos regresivos de este tipo de reformas, especialmente en las decilas más bajas de renta. Este capítulo constituye así una valiosa extensión del libro sobre descentralización tributaria que editamos hace dos años (Lago Peñas y Martínez-Vázquez, 2009); a él remitimos al lector interesado en la dimensión impositiva de los ajustes fiscales.

Los siguientes tres capítulos observan el déficit y la deuda autonómica desde perspectivas diferentes y complementarias. En el séptimo capítulo, Francisco Pérez y Vicent Cucarella evalúan la trayectoria de los desequilibrios financieros de las comunidades y las causas de las diferencias entre las mismas. En ambos planos, el del conjunto de las CC.AA. y el de cada una, su capítulo analiza si los gobiernos subcentrales tienen déficit debido a su mayor propensión al gasto o por las insuficiencias -estructurales o coyunturales- de ingresos. El trabajo se centra en la última década, durante la cual todas las comunidades gestionan ya las competencias educativas y sanitarias y, salvo en aspectos puntuales, desempeñan funciones similares. El trabajo descompone el déficit de cada comunidad en cuatro componentes: el déficit promedio (estructural) del conjunto de las CC.AA., los desajustes permanentes (estructurales) de ingresos y de gastos de la comunidad analizada, y el componente cíclico. El análisis del endeudamiento considera el efecto de estos componentes sobre el nivel de deuda de cada comunidad, así como la importancia que sobre dicho nivel ha tenido el momento en el que comienzan a gestionarse las competencias educativas y, sobre todo, sanitarias. Pérez y Cucarella concluyen que existen tres  grupos de CC.AA.: las que debido a sus bajos niveles de  ingresos tienen más déficit y más deuda aunque gasten menos; las que tienen más déficit y más deuda porque gastan más; y las que tienen menos déficit y menos deuda gracias a que ingresan más.

Por su parte,  Javier J. Pérez y Pablo Hernández de Cos se concentran en el capítulo ocho en la revisión y análisis de los elementos que resultan relevantes para el seguimiento de la evolución de la deuda de las CC.AA. en España. Un seguimiento que posibilita ambos la detección temprana de posibles incumplimientos de los objetivos deuda pública acordados, así como anticipar vulnerabilidades asociadas a las necesidades de financiación de las administraciones subcentrales. A partir del concepto de restricción presupuestaria del gobierno, Pérez y Hernández de Cos repasan el papel de los determinantes tradicionales del análisis de sostenibilidad en el caso de los niveles subcentrales de gobierno (saldo primario, carga de intereses, crecimiento económico, ajustes déficit/deuda), así como el papel de los créditos comerciales y la deuda de las empresas públicas y los vínculos entre deuda de la Administración Central y la deuda subnacional. 

El capítulo nueve, responsabilidad de Xoaquín Fernández Leiceaga, analiza la nueva normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (NEPSF). Entre otros resultados de interés, el autor muestra, con datos para el período 2002-2008 que la introducción de la regla de gasto hubiese ejercido su función de disciplina, reduciendo sustancialmente el ritmo de incremento del gasto, para todas las comunidades y especialmente para las más expansivas. Las comunidades, que han mantenido un comportamiento muy desigual, hubiesen sido homogeneizadas en su expansión del gasto, sin distorsiones significativas por cuanto el crecimiento económico ha sido muy homogéneo. Sin embargo, la variación demográfica ha sido muy desigual entre regiones y este corsé común hubiese dificultado la adaptación a las demandas procedentes del incremento poblacional. Comunidades con un nivel de deuda comparativamente bajo y un fuerte aumento del número de habitantes (demandantes de servicios sanitarios y educativos, que son la principal oferta de las autonomías) acumularían a un tiempo excedentes financieros y déficit sociales.

El libro se cierra con un capítulo sobre el mundo local, autoría de José Manuel Cordero, Francisco Pedraja y Javier Suárez Pandiello. Los autores afrontan cuestiones centrales en el marco económico (crisis profunda) e institucional (cuestionamiento general del modelo de relaciones intergubernamentales) en el que nos encontramos: organización territorial y  procesos de fusión de municipios, el papel de las Diputaciones, la distribución de competencias, el problema de los gastos impropios y la reforma del modelo de financiación local. En todos los casos, los autores se cuidan mucho de fundamentar sus propuestas; lo que proporciona un excelente texto sobre el que construir un discurso que pretenda combinar el respeto por la autonomía local con la racionalidad económica y la responsabilidad política y fiscal de los gobiernos locales.

Género e igualdad de oportunidades

Por: | 28 de diciembre de 2013

En España hemos avanzado muchísimo en la igualdad de género en las últimas décadas. El punto de partida en el inicio de la Transición era una sociedad profundamente machista. Se tardó más de una década de democracia en eliminar la discriminación entre género en el propio código civil español. Y no fue hasta la década pasada cuando empezamos a introducir en las leyes la necesidad de eliminar barrearas de cristal (o techos de cemento) y promover a las mujeres al frente de instituciones y empresas. Estoy muy de acuerdo con las cuotas. Fijar mínimos del 40%, por ejemplo, y períodos de transición amplios cuando el punto de partida es muy deficiente, da suficiente libertad a la hora de componer equipos directivos y permite dar oportunidades a quienes históricamente han estado discriminadas. Puesto que las estadísticas sobre educación y desempeño educativo muestran desde hace tiempo mejores resultados comparados para las mujeres, parece que existe cantera suficiente para ello.

No obstante, los avances han sido más claros en el ámbito público que en el privado. El salto en la última década es enorme, aunque es verdad que en el ámbito local al máximo nivel (presidencias de diputación y alcaldías) parece que hay que seguir incidiendo. Y no cabe duda de que fotos colapsadas por corbatas, como la de la presentación del grupo de expertos para la reforma del sistema fiscal español, resultan chocantes: conozco varias catedráticas españolas de hacienda pública con currículum igual o mejor que el de algunos de los hombres que allí posaban.

Pero aún así, el principal reto futuro está en el sector privado. Un reciente y recomendable informe patrocinado por PriceWaterhouseCoopers  constata la enorme dificultad para superar el 10% de presencia femenina en los máximos órganos de las mayores empresas españolas, la del IBEX-35. Queda mucho por hacer.

 

 

Un decálogo por la reforma fiscal en España

Por: | 11 de diciembre de 2013

Bajo la coordinación de los profesores José María Durán y Alejandro Esteller, El Institut d'Economía de Barcelona acaba de sacar un nuevo y muy pertinente número del IEB REPORT sobre reforma fiscal en España, que se puede descargar aquí. En el informe se incluye un decálogo de propuestas pragmáticas y razonables. Estando de acuerdo al 99% (el 1% restante gobernado por la duda se refiere al Impuesto sobre patrimonio), soy uno de las 50 personas que se han adherido al manifiesto. A continuación, reproduzco los diez puntos:

1. El sistema fiscal español debe estar integrado por un conjunto de impuestos técnicamente bien configurados y coordinados entre sí, de manera que el ciudadano pueda conocer sin demasiada complejidad por qué debe pagar, cuánto debe pagar y a quién debe pagar. 

2. La correcta valoración de los impuestos debe referirse al conjunto del sistema fiscal y no de manera aislada a un determinado impuesto. En este sentido, es importante tener en cuenta que no todos los impuestos sirven para todo, ni tampoco son el único instrumento de los gobiernos para el alcance de sus objetivos.

3. Los impuestos deben ser perceptibles por los ciudadanos, objetivo que no debe constituir un obstáculo a facilitar el cumplimiento de los mismos. El envío de un resumen claro y visual del importe total pagado en el IRPF u ofrecer los precios de los productos con el IVA desglosado constituyen sendos ejemplos de cómo se debe fomentar la percepción de todos los impuestos. Si se desconoce cuánto se paga difícilmente se podrá ser exigente en la rendición de cuentas de los responsables políticos.

4. La reforma del IRPF debe centrarse especialmente en el cálculo de los rendimientos gravados en el impuesto, valorando la idoneidad de los métodos e incentivos existentes, simplificando la aplicación de los mínimos existentes y estimando también la oportunidad de las diferentes deducciones ofrecidas en  la cuota. La estimación objetiva por módulos es un claro ejemplo de un elemento que debe reformarse en su totalidad.

5. La crisis actual pone claramente de manifiesto que el impuesto sobre sociedades no debe fomentar el endeudamiento de las empresas, por lo que debe permitirse que las sociedades se deduzcan un interés  por la utilización de fondos propios, de manera que se equipare la fiscalidad de la financiación propia y  de la financiación ajena.

6. El tipo impositivo nominal del impuesto sobre sociedades se puede reducir para mejorar el atractivo fiscal español de la inversión internacional. El coste recaudatorio de la medida se puede compensar en parte mediante la eliminación tanto de deducciones como del régimen fiscal de las sociedades de  reducida dimensión. En ambos casos, no está claro que estas medidas sean ni eficientes ni eficaces en el logro de sus objetivos.

7. El impuesto sobre patrimonio genera una recaudación reducida, mientras que sus costes de gestión son elevados y su aportación a la progresividad del conjunto del sistema fiscal es más que dudosa, razones que llevan a recomendar su eliminación. En cambio, a nuestro entender, hay razones que justifican el mantenimiento de un impuesto sobre sucesiones y donaciones armonizado  entre comunidades autónomas, de manera que se evite la competencia fiscal entre territorios, con un mínimo exento elevado y tipos impositivos más reducidos.

8. Se puede mejorar el IVA eliminando al máximo el alcance de las exenciones, los tipos impositivos  reducidos y los regímenes especiales. Esto debe permitir gravar la práctica totalidad del consumo final, frente a la situación actual en la que la mitad del consumo no se llega a gravar como consecuencia de exenciones, tipos reducidos y regímenes especiales. El aumento recaudatorio se podría utilizar para bajar el tipo general.

9. Debe fomentarse la independencia y profesionalización de los órganos de gobierno de la agencia tributaria. Asimismo, deben aumentarse los recursos de la administración tributaria, en particular los humanos, primando la especialización en la investigación y lucha contra el fraude, así como la coordinación entre otras administraciones tanto autonómicas como internacionales.

10. Las comunidades autónomas, como responsables de más de un tercio del total de gasto público español, deben ser también responsables de la mayoría de sus ingresos, circunstancia que sólo se puede alcanzar con un mayor poder normativo en el ámbito impositivo sujeto a cierta coordinación con el Estado. En definitiva, se trata de hacer efectiva la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos, a fin de que los ciudadanos puedan valorar correctamente la correspondencia entre servicios públicos ofrecidos y nivel de impuestos.

De libros, memorias y ajustes de cuentas

Por: | 04 de diciembre de 2013

Una entrada muy breve para mostrar mi perplejidad ante lo que estamos viviendo, con libros de memorias, reproches y revelado de secretos que afectan al área económica de los gobiernos de Rodríguez Zapatero.

Por supuesto que nada de lo que se está diciendo resulta chocante ni sorprendente. Era de imaginar. Lo que me choca es que lo estén haciendo ahora: ni en caliente ni en frío. En caliente se entendería. El enfado puede llevar a quien dimite o pierde el poder a tomar la directa en el camino de la sinceridad. En frío, también. Dentro de 20 años lo ocurrido entre 2004 y 2012 se verá desde la distancia, como revisamos durante la década pasada la Transición. Hacerlo ahora, cuando seguimos sufriendo las consecuencias de la crisis y las malas decisiones, cuando tenemos frescas las palabras de unos y otros jurándonos lo contrario de lo que ahora se confiesa, cuando desde fuera nos siguen mirando... es cabrear más a la ciudadanía y, en particular, a los votantes del PSOE; y desde luego no nos ayuda para reconstruir la imagen de país serio.

Supongo que la explicación habrá que buscarla en Shakespeare, porque no me creo que por los beneficios de la venta de libros se hagan estas cosas. 

Acechando al Estado del bienestar

Por: | 25 de noviembre de 2013

Es obvio que en una situación de crisis, resulta más difícil financiar los servicios públicos del Estado del Bienestar y que ciertos ajustes coyunturales acaben siendo obligatorios. Otra cosa es que se aproveche el momento de desconcierto para socavar los fundamentos y dinamitar compromisos.

Sobre lo primero, el rey de Holanda nos ha brindado un buen ejemplo hace unas semanas. Dice que hay que sustituir el Estado del bienestar tradicional por una sociedad participativa en la que los ciudadanos incrementen su responsabilidad sobre sus vidas. Desde luego, esto suena mucho mejor que decir que cada palo aguante su vela o que lo que toca en adelante es buscarse cada uno la vida. Pero quiere decir lo mismo. Por supuesto que es necesario repensar el compromiso ciudadano y la cultura de la responsabilidad en la Sociedad. Un ejemplo: a una educación universitaria pública de calidad con tasas reducidas, le debe corresponder alumnos que apliquen el máximo esfuerzo en sus estudios. No me parece mal, al contrario, que un alumno que suspende una asignatura, tenga que pagar el coste real del servicio en su segunda matrícula y sucesivas de esa materia.

Sobre dinamitar compromisos, la universidad nos brinda otro buen ejemplo. La idea de vincular tasas con nivel de renta de los padres es la mejor manera de alienar a las clases medias respecto a los servicios públicos. Ante el repago (vía impuestos y tasas) habrá muchos que pasen a defender el servicio privado y el abaratamiento del público para rebajar impuestos. Que el servicio público sea algo para pobres. De esto saben algo en Estados Unidos. Los servicios públicos no pueden discriminar a nadie, tampoco a los que tiene más. Los más acomodados deben pagar más impuestos, pero no soportar barreras de acceso a los servicios públicos. 

El reloj inmobiliario y la recaudación impositiva

Por: | 13 de noviembre de 2013

En el número de octubre del excelente Informe mensual de La Caixa, aparece un gráfico que me ha resultado particularmente atractivo, por la forma en la que presenta la información y el mensaje que transmite. El gráfico es el "reloj inmobiliario" que se reproduce más abajo, acertada metáfora con la que se visualiza la transición cíclica del mercado de vivienda: expansión-desceleración-contracción-estabilización-expansión... Una transición que parece funcionar a lo largo del tiempo y a lo ancho del planeta.

Hay dos noticias buenas. La primera es que no estamos ante el fin del mundo ni de la historia. Está pasando lo que tenía que pasar. Y las cosas volverán a fluir. Pero en España el ajuste ha ido más lento que en otras partes. Los mercados son menos elásticos, los precios han tardado en responder. Y por ello hemos estado sufriendo durante más tiempo. La segunda, es que estamos entrando en la fase de estabilización. Los precios pueden seguir bajando un poco más, pero veremos pronto un repunte en la compra-venta de vivienda. Es verdad que con el stock de viviendas vacías actual, no parece que la reactivación en la construcción vaya a ser inmediata, pero sí lo notará la recaudación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, en manos de las autonomías, y el IVA. Y eso nos ayudará a cumplir objetivos del déficit.

 

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Los nuevos retos de la protección social

Por: | 30 de octubre de 2013

    Esta semana va de recomendaciones de lectura. En este caso, un número monográfico de la revista Presupuesto y Gasto Público coordinado por los catedráticos Luis Ayala y Javier Salinas. Sin duda, el mejor número en bastante tiempo de una revista que edita la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Hoy ocupada por Marta Fernández Currás. Que sigan en esta línea. Los trabajos se pueden descargar libremente aquí

    De entre todas las características propias de los países europeos, su sistema de protección social es su elemento más importante para esplicar el bienestar social de sus ciudadanos. Con todas las variantes existentes (nórdico, latino...) y las particularidades dentro de cada grupo, es una rara avis en el globo y en la historia. Mantenerlo en el futuro no es algo que venga dado. Revisar sus disfuncionalidades, decidir cómo afrontamos los cambios en longevidad y dependencia, tratamientos médicos, procesos de competencia fiscal... no es una posibilidad; es una obligación. Los más de 25 expertos que firman este monográfico nos proporcionan análisis rigurosos y opiniones fundamentadas aplicadas al caso español.

 

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Res Publica

Sobre el blog

Este es un blog sobre economía pública, sobre gastos e impuestos, sobre descentralización y reforma fiscal. Si pensar en todo lo anterior es siempre importante, lo es más cuando los ajustes aprietan hasta ahogar y cuadrar números se convierte en obsesión. Comparto la opinión de que mirando las cuentas de la res publica se descubre mucho sobre la Sociedad que las soporta y disfruta.

Sobre el autor

Santiago Lago Peña

Santiago Lago Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo. Director ejecutivo del grupo de investigación GEN, codirector de RIFDE y director del Foro Económico de Galicia. Columnista de Faro de Vigo y El País y colaborador de Cadena SER. Editor asociado de la revista Hacienda Pública Española/Review of Public Economics.

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