Pistolas en el Parlamento

El mismo día que el Parlamento griego debía teóricamente revisar un proyecto de ley antirracista –y el Congreso español debatía una condena del franquismo, ya es casualidad-, la prensa griega se desayunaba con una seria advertencia del Departamento de Estado norteamericano acerca de las actividades del partido ultranacionalista y neonazi Aurora Dorada (AD), con 18 diputados y un rosario de incidentes a cuestas, el último, el intento de uno de sus parlamentarios de entrar en el edificio de la Cámara armado con una pistola.

Aunque su identidad no ha sido revelada, el susodicho bien podría ser Panayotis Iliópulos, el legislador –es un decir- que el viernes fue expulsado por encararse con el vicepresidente del Parlamento en una sesión de control y, brazo en alto, gritar “Heil Hitler!” mientras era jaleado por su bancada. Una diputada de la conservadora Nueva Democracia se quejaba este domingo en una entrevista de que Iliópulos suele ir armado, pero no es el único: a comienzos de mes, un conspicuo correligionario suyo echó presuntamente mano de su pistola durante un rifirrafe con los guardaespaldas del alcalde de Atenas, que horas antes había prohibido un reparto de comida gratuito del partido –sólo a griegos- en el centro de la ciudad.

Trabajar por decreto ley

Primero fueron los trabajadores del metro de Atenas, en enero. Un mes después, los portuarios. Ahora, los profesores de secundaria, los últimos –de momento- a los que una medida de excepción ha impedido ejercer su derecho de huelga para garantizar, según el Gobierno, el normal desarrollo de los exámenes de fin de curso y, sobre todo, de las pruebas de acceso a la universidad, conocidas como paneladikés (panhelénicas), que han arrancado con normalidad este viernes.

El poderoso sindicato del ramo, Olme, con 88.000 afiliados, se había echado a la calle para protestar contra el aumento de la jornada, dos horas a la semana hasta 20,5, y el traslado de docentes a zonas remotas del país. La central no se cansa de denunciar la depauperación del sector, con una plantilla un 12% inferior desde 2009 y salarios entre un 50% y un 70% más bajos que la media comunitaria.

Es la tercera vez en cinco meses que el Ejecutivo, esgrimiendo razones de interés público, revienta legalmente una huelga mediante una norma que se había usado muy poco desde el restablecimiento de la democracia, en 1974, y que parece haberse convertido en un tic del poder frente a las protestas sociales y laborales, un fenómeno diario en las calles de Atenas y Salónica (los últimos en manifestarse, este miércoles, han sido los vendedores callejeros y ambulantes).

El continuado recurso a esta medida, que desde 2007 se aplica a cualquier emergencia “en tiempo de paz” –si es que así puede denominarse la situación de urgencia humanitaria en que se ha hundido el país desde 2010-, suscita fundadas sospechas de una deriva totalitaria por parte del Ejecutivo griego. El decreto de “movilización civil” tiene la potestad de forzar el fin de un paro en caso de desórdenes civiles, catástrofe natural o riesgo para la salud pública.

Pero ninguno de los tres supuestos se pueden aplicar en el caso de la huelga del metro, la de los marinos o la de los enseñantes. Organizaciones como Amnistía Internacional subrayan que, además de innecesaria, la movilización forzosa de docentes viola los derechos fundamentales. No han faltado voces críticas en el seno del Gobierno tripartito. El líder de Izquierda Democrática, Fotis Kuvelis, pidió el jueves al Gobierno que revocara la orden de movilización civil en un ejercicio de retórica sin parangón, pues su partido integra la coalición de gobierno. También clamó en contra la opositora Syriza, que calificó la medida de “movimiento que priva a los ciudadanos de libertades constitucionales”. 

Con cifras del paro del 27% (el 64% entre los menores de 25 años, datos de febrero), y una población activa de 3,6 millones de personas para sostener a 7,2 millones, obligar a trabajar por decreto ley es una paradoja cruel. En el pulso entre Gobierno y Olme aparece también el telón de fondo de la reestructuración de la Administración: 15.000 funcionarios menos hasta fines de 2014; 150.000 menos en cuatro años. Y se dibujan las disensiones, cuando no el cansancio de un lustro de lucha, en el seno del movimiento sindical: Olme, Adedy (el gran sindicato del sector público) y GSEE (sector privado) convocaron sus protestas por separado. El órdago de Olme a las autoridades -llegó a amenazar con una huelga indefinida- se quedó en papel mojado por la falta de apoyo de sus correligionarios.

Por unas cosas u otras, las calles de Atenas muestran hoy el mismo aspecto que lucían en los años ochenta, cuando Mitchell Grammaticus, uno de los personajes del trío protagonista de La trama nupcial, de Jeffrey Eugenides (Alfaguara), visita la ciudad. "Grecia no era Europa. Era Oriente Próximo. (...) De los tejados y azoteas sobresalían vigas de acero, de forma que los remates de los edificios que se recortaban en el aire acre parecían erizados de púas. Era como estar en Beirut. La niebla espesa se mezclaba con los gases lacrimógenos, dadas las cargas policiales casi diarias contra los manifestantes en las calles. Las marchas de protesta se sucedieron constantemente; contra el Gobierno, contra la interferencia de la CIA, contra el capitalismo, contra la OTAN, y en favor del regreso a Grecia de los mármoles de Elgin. Grecia, la cuna de la democracia, bloqueada por la libertad de expresión. En los cafés todo el mundo tenía una opinión informada, y nadie podía lograr que nadie hiciera nada. (...)". Sólo hay que cambiar la CIA por la UE, la OTAN por la troika y todo lo demás conserva su vigencia. Y lo que queda...

 

Funcionarios

A ver si nos aclaramos. El ministro de Economía griego, Yanis Sturnaras, acaba de declarar que lo peor de la crisis ha pasado, pero a la vez los europeos creen que lo peor de la crisis está por llegar. El FMI alaba los progresos hechos por Grecia “en medio de una crisis económica voraz”, y Atenas se felicita por hollar la senda correcta. El mismo día, en España, un leve descenso del paro (46.000 personas) mueve al optimismo más “esperanzador” a algún que otro dirigente del Partido Popular. ¿De verdad hay motivos para alegrarse?

Portugal despedirá a 30.000 funcionarios. Chipre prescindirá de 4.500 –como poco- hasta 2016. En España están a pan y agua, sin paga de Navidad, con menos moscosos y el sueldo congelado, y en Irlanda por el estilo. Pero el tijeretazo que Grecia va a darle a su Administración no tiene parangón, como tampoco el tamaño del Estado (y de la deuda pública, que el FMI subraya “sigue siendo muy alta”). La primera condición de la troika para aflojar el dinero de los dos rescates no ha variado un milímetro: hasta 2015 hay que adelgazar el sector en 150.000 contratos –un 30% del total.

Atenas aspira a matrícula, y asegura que su objetivo es reducir 180.000 puestos. Gracias a una ley de 1911 que aseguraba los puestos de trabajo público frente a los cambios de gobierno, los funcionarios griegos –incluso los mangantes o los corruptos, hasta que se demostrara que lo eran, lo cual llevaba años- han estado protegidos. Por eso la cosa pública se ha convertido en un ente elefantiásico sobre el que reposan los peores vicios del sistema político: el clientelismo, el nepotismo y toda esa serie de pecados ligados a la urdimbre de privilegios y relaciones. Y estrechamente relacionados con la servidumbre que se depara al poder, sea este celestial o prosaico. Quien haya presenciado el ocasional besamanos de ciudadanos de a pie –campesinos, jubilados, mujerucas isleñas- al gobernante de turno, idéntico al que se reserva para las dignidades de la Iglesia, sabrá de qué estamos hablando.

Nadie se pone de acuerdo sobre el número exacto de trabajadores del sector público. Hace ahora tres años, cuando arrancó el viacrucis de ajustes, los sindicatos recurrían a la cuenta de la vieja para calcularlo. Adedy, el sindicato público mayoritario, cifraba su número en unos “setecientos y pico mil” y su porcentaje sobre la fuerza de trabajo, “entre un 10% y un 20%”. El actual viceministro de Economía, Jristos Staikuras, que en 2010 era portavoz parlamentario de la opositora Nueva Democracia (hoy en el poder, al frente del Gobierno tripartito), lanzaba imprecisiones (y confusión): “Ni siquiera el Gobierno [del socialista Pasok] lo sabe. ¿Quizá unos 670.000?”.

Tirando de hemeroteca, he aquí el bosquejo de la maraña de la Administración que hacía en 2010 el actual ministro de Economía, Yanis Sturnaras (entonces, profesor universitario y director del think tank Iobe): “[Sólo] Entre 2004 y 2009, se han creado en Grecia 75.000 puestos en la Administración y 300 organismos públicos nuevos”. Ese periodo incumbía a un Gobierno conservador (y al reflujo entusiasta, económicamente hablando, de los Juegos Olímpicos de 2004). En 2010, 1.700 empleados daban servicio a los 300 diputados en el Parlamento griego, es decir, casi seis trabajadores (y seis sueldos) por escaño.

En Boomerang. Viajes al nuevo Tercer Mundo europeo (Ediciones Deusto), un entretenido libro publicado en  2011, el periodista Michael Lewis dibuja un demoledor escenario del descontrol público. Tras años de barra libre crediticia, y una deuda contraída sin supervisión alguna –ni propia ni ajena-, “al final, lo que los griegos quisieron hacer, una vez que se apagaron las luces y se quedaron solos y a oscuras con un montón de dinero prestado, fue convertir su gobierno en una piñata repleta de dinero y dejar que sacara tajada de ella el mayor número posible de ciudadanos” (pag. 62). En una docena de años, el gasto de personal público se duplicó, recuerda Lewis; organismos como los Ferrocarriles, que funcionaban como una tortuga renqueante y deficitaria, tenían entonces unos gastos de personal de 400 millones (un promedio de 65.000 euros al año por trabajador) frente a unos ingresos de 100, y unos cuantos cientos más en gastos. En esa época había tres empresas de Defensa propiedad del Gobierno, mientras en Atenas el transporte ferroviario dependía de tres compañías (públicas, of course) distintas.

Pero el principal problema del sector público griego es su disfuncionalidad, más que su dimensión mostrenca: su tamaño está por debajo de la media europea, según estadísticas de 2011 del Banco Central Europeo: frente al 38% que supone en Bélgica o el 31% en Francia, en Grecia el sector público representa sólo el 29% de la fuerza laboral del país (algo más de cinco millones). Así las cosas, y mientras la crisis siga acuciando, aquel mensaje del trabajo para toda la vida que los padres inoculaban en los hijos resulta inapropiado (y falso), aquí y en Salónica. Ya no hay trabajos para toda la vida; porque ahora la vida, y los trabajos, se conforman con ser remiendos de ratos.