(*) Por Sara Ortiz Escalante
La seguridad urbana es un tema prioritario de la agenda local de la mayoría de ciudades del mundo. Por norma general, las políticas locales de seguridad se basan en estrategias restrictivas, como incrementar la presencia de la policía y el control en el acceso a los espacios públicos, y muchas veces centradas en la protección de la propiedad o los bienes materiales.
Desde los años 70 el movimiento feminista ha reclamado la visibilización y la erradicación de la violencia machista tanto en el espacio público como en el privado. A excepción de ciudades como Montréal, Toronto o México, son pocas las ciudades que han incorporado la perspectiva de género en sus políticas de seguridad. La seguridad en las ciudades continúa enfocándose sobre todo en los crímenes, excluyendo de su análisis la violencia machista y sin tener en cuenta como la percepción de seguridad impacta de manera diferente en el uso que mujeres y hombres hacen de la ciudad.
Desde el movimiento feminista se reclama incorporar en las políticas de seguridad acciones que vayan más allá del crimen y el delito. Se propone visibilizar la violencia machista e incorporar otro tipo de violencias que no son recogidas por el código penal del contexto, como el acoso callejero, las agresiones verbales o la violencia simbólica. A su vez, la seguridad desde una perspectiva de género pone en el centro la percepción de seguridad, debido a las repercusiones de género que esta tiene en el uso diferenciado del espacio. La percepción de seguridad de las mujeres está marcada por la violencia sexual de la que son objeto y determina en gran medida cómo las mujeres viven los diferentes espacios. Por lo tanto, incluir la percepción de seguridad permite abordar cómo el miedo limita la libertad y la movilidad de las mujeres, principalmente en las actividades nocturnas, tanto en ámbitos de recreación como de trabajo, reduciendo su sentimiento de pertenencia y su participación activa.