ETA se enfada

En vísperas del Aberri Eguna (Día de la Patria Vasca), que aparece este año solapado en Euskadi por la creciente preocupación social derivada de la crisis, ETA ha vuelto a aparecer como acostumbraba cuando todavía seguía matando. Lo ha hecho con el tono desafiante que no parece olvidar, advirtiendo y culpando a todos los demás para que conste su enfado por la interrupción de unas conversaciones en Noruega que no llegaban a ningún puerto y el incumplimiento por el Gobierno de Mariano Rajoy de unas condiciones de partida que atribuye al mandato de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, dejas unas líneas en su comunicado para mantener abierta la puerta a la interlocución y así rebaja varios grados la gravedad de su amenaza.

Con su reaparición, la banda terrorista vuelve a demostrar que sigue alejada del mundo, que no palpa la realidad social ni las exigencias de quienes se sienten comprometidos por la paz y la convivencia. Con su ceguera propia, solo parece empeñada en imponer las exigencias a la parte contraria, quizá por efecto de la rutina mantenida durante décadas. Por eso, leer en marzo de 2012 que la troika de ETA no ha querido colocar encima de una mesa de conversaciones su plan de desarme solo puede interpretarse como una burla al clamor democrático. "Quedaba fuera de su mandato", se justifican los terroristas reticentes en su declaración. Es decir, Josu Ternera, una de las manos que todavía sigue meciendo la cuna, carecía por tanto de la autoridad suficiente para abordar siquiera mínimamente una cuestión tan crucial como el desarme. Ante semejane intransigencia es imposible exigir al Gobierno central que suavice su insensibilidad de la que, por otra parte, tanto alardea tan innecesariamente.

ETA, y sobre todo sus presos y familiares, siente con preocupación cómo el paso del tiempo juega en su contra porque el inmovilismo se ha apoderado de la situación, sin que acierte a rentabilizar la renuncia a la violencia. Pero no se quiere preguntar las razones ni su cuota de responsabilidad. De ahí que solo un ejercicio de ilusionismo podría justificar su pretensión de llevar por primera vez la propuesta del desarme a una hipotética negociación con el Gobierno español, a quien critica por su palpable desistimiento. Ahora bien, sirva como consuelo que mientras mantenga su disposición al diálogo seguirá viva la llama de la paciencia de quienes tanto empeño están procurando dentro y fuera de Euskadi y antes de que este proceso pudiera enquistarse en la sociedad como teme el PNV, a quien, por cierto, la banda terrorista jamás olvida críticamente.

Con su pretensión inagotable de mantenerse como agente político, ETA complica la realidad institucional de la izquierda abertzale y, por extensión, erosiona la credibilidad de su discurso precisamente cuando se encuentra más comprometido después de las criticadas declaraciones de Laura Mintegi en el Parlamento al advertir razones políticas en el asesinato del socialista Fernando Buesa. Por eso cobra más fuerza la exiegncia del lehendakari, Iñigo Urkullu, a los terroristas para que sean capaces de concluir el proceso unilateral que decidieron emprender y que gran parte de la sociedad reconoció.

Lejos de la petición reiterada de los verificadores internacionales en favor del desarme, voluntarista en la exigencia de una negociación, enrabietada por su soledad y, sobre todo, abatida por aquella gran oportunidad perdida por los asesinatos de la T-4, ETA da vueltas sobre sí misma generando una razón que nadie comparte. Así las cosas, no sería descabellado exigir a la izquierda abertzale que redoblara su esfuerzo para que ningún elemento exógeno le complicara su razón de ser.

Los 100 días de Urkullu

El PNV había urgido desde la oposición el adelanto electoral como única terapia al estado de emergencia nacional que, según sus alarmantes previsiones, se iba apoderando de Euskadi. Y lo sustentaba contraponiendo la garantía que suponía su capacidad de gestión a la incapacidad que atribuía entonces al Gobierno de Patxi López. Pero la hemorragia de la crisis le ha superado en su vuelta al poder. Hoy, el País Vasco no está mejor que ayer y, además, todos los indicadores presagian que mañana todavía será peor.

Ahora que se cumplen 100 días de la toma de posesión de Iñigo Urkullu como lehendakari, y se suceden los balances de urgencias sobre su gestión, la fotografía de situación desnuda una significativa ausencia de recetas reparadoras. Bien es cierto que el PNV se ha encontrado con una limitación presupuestaria derivada de la clamorosa caída de los ingresos que le coarta, sin duda, su capacidad de gestión. Pero el dato no le tenía que sorprender porque lo conocía, e incluso podría haber jugado sus cartas desde el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) para que las previsiones de 2013 fueran más alentadoras. Además, su inamovible rechazo al debate fiscal durante los últimos tres años - y al que posiblemente se vea ahora abocado- tampoco ha contribuido a alimentar otras fuentes de recaudación.

Es muy posible que el PNV se sienta prisionero de su implacable oposición al Gobierno López, al que siempre le negaron el agua por la indignación que les supuso la alianza política entre socialistas y populares. Los nacionalistas ningunearon al entonces lehendakari porque su mandato coincidía con un empeoramiento de la situación económica. De hecho, aún se recuerda el popular latiguillo del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, alegrándose de que "cada día que pasa es uno menos que queda para la marcha de este gobierno". Sin embargo, el Pais Vasco asiste al nivel de crecimiento más alto en la tasa de paro, el próximo presupuesto aún en las puertas de la negociación dispone de 1.200 millones menos de gasto y Urkullu preside el gobierno con el menor apoyo parlamentario conocido. Por todo ello, cuando el PSE-EE ve las cuentas que el PNV pretende sacar adelante, repasa las primeras medidas del actual Gobierno y detecta los recortes previstos, aprovecha cualquier ocasión para denunciar que los nacionalistas fomentaron el alarmismo con el único pretexto de volver a mandar.

En realidad, el PNV no tiene quién le apoye. Ha sido suficiente que aumente levemente la jornada laboral a los funcionarios en cumplimiento del decreto de Mariano Rajoy y que presente unos presupuestos sin expansión económica para que sume el rechazo de sindicatos, oposición y la propia patronal vasca. En el peor año para Euskadi, como repite Urkullu, el Gobierno vasco podría verse abocado a la prórroga presupuestaria, encajando una derrota política, complicando su déficit y renunciando a su hoja de ruta.

Consciente de la situación, el lehendakari no ceja en invocar el diálogo y el esfuerzo compartido aunque cae sistemáticamente en saco roto. Y no se siente desanimado porque reitera que ha cumplido con los compromisos que se marcó para sus 100 primeros días de gestión: adelgazar la Administración, evitar los recortes sociales, presentar un plan de empleo y ayudar a la financiación de las pymes. A todos los demás, en cambio, les parece insuficiente posiblemente porque tras escuchar las críticas a sus entecesores muchos pensaban que el PNV tenía muchas más soluciones preparadas ante casos de emergencia nacional. Eso sí, tampoco hay una alternativa.

Patxi López marca territorio

En tiempos de zozobra, no hacer mudanza. Patxi López parece haberse acogido al consejo ignaciano para marcar su territorio político, al menos de momento. El líder de los socialistas vascos no quiere poner todavía un pie en Madrid donde el PSOE, que le espera desde que perdió las elecciones autonómicas del 25-O y el Gobierno de Vitoria, se debate entre las intrigas cainitas y la búsqueda desesperada de un discurso que tapone la hemorragia. Posiblemente entiende que ahora no toca.

Antes de irse, que se irá, López pretende librar más de una asignatura pendiente en Euskadi. Le puede, porque se le nota, la irresistible tentación de encarar un cuerpo a cuerpo con su sucesor, Iñigo Urkullu, una vez llegado el asunto nuclear de toda legislatura que suponen los presupuestos. Es ahí donde el exlehendakari quiere proyectar la línea esencial de su discurso socialista precisamente ante las tentaciones ultraliberales, sustentado sobre la pretensión irrenunciable de una distributiva presión fiscal y el inequívoco mantenimiento del actual estado de bienestar que bloqueen los recortes sociales incorporando un modelo de economía productiva.

Incluso podría entenderse que López no tiene prisa para acudir en amparo del PSOE mientras no resuelva el pulso socioeconómico que se ha planteado en Euskadi tras la presentación de unos presupuestos diezmados por un recorte de 1.200 millones, en paralelo a la preocupación latente por el inmovilismo detectado en el proceso de paz. El secretario general del PSE-EE supura todavía por las heridas que le produjo la batalla del PNV desde su dura oposición y ahora ve la ocasión de confrontar otro modelo de gobierno al que pretenden los nacionalistas en su vuelta al poder, poniendo en valor su propia gestión.

López sostiene, además, que este debate con el PNV rearmará ideológicamente a su partido. Los socialistas quieren vender muy caro su responsabilidad institucional y el Gobierno Urkullu lo sabe. Es por ello muy posible que el debate fiscal tome carta de naturaleza en el Parlamento, configurando así un escenario que los nacionalistas siempre han considerado anatema con el Estatuto de Gernika en la mano. Pero la necesidad siquiera de una abstención socialista que valide los presupuestos obliga a semejantes concesiones.

Con todo ello, el líder socialista gana tiempo para ir adecuando la estructura interna del PSE-EE, donde toma cuerpo en silencio la idea de la transición. López sabe que en Madrid se le reclama y esa es una de sus bazas, precisamente, para no acelerar el paso. Es otra manera de marcar su propio territorio y, sobre todo, de que la precipitación no le queme precipitadamente. Pero al marcar los tiempos, desde la distancia aunque con toda intención, no desaprovecha la oportunidad de fijar sus posiciones. López no comparte la posición del PSC sobre el derecho a decidir y le avala en su tesis la experiencia de su pelea con las pretensiones soberanistas; tampoco le gustan las guerras intestinas porque tiene interiorizado el efecto perverso que arrastra la división. Quizá por todo ello prefiere marcar las distancias con el desnortado polvorín de Ferraz, centrarse en armar un perfil propio del discurso socialista para combatir la realidad económica y esperar a que la llamada definitiva sea consecuencia de un consenso inevitable.

Urkullu da la cara

Mientras Artur Mas sigue en Cataluña sin atreverse al vértigo político que le supone ofrecer a ERC unos presupuestos dinamitados por los recortes y el cumplimiento del déficit, Iñigo Urkullu ha dado el paso articulando unas cuentas que califica de sociales y que adormecen la inversión en Euskadi hasta 2014 al menos. Consciente del riesgo que asume al pautar una política de gastos con 1.249 millones menos de ingresos, pero también en un decidido intento de responsabilidad y también de búsqueda de apoyo, el lehendakari rompió con el protocolo y decidió presentar personalmente los datos, desplazando al consejero de Hacienda de la foto habitual.

Urkullu sabe que la minoría parlamentaria del PNV (27 de 75 escaños) juega en su contra cuando trata de sacar sus primeros presupuestos en el año económico más difícil de la democracia, que en Euskadi incluye el período de la reconversión industrial. Ante un creciente índice del paro (16%), con una caída de más de 800 millones en la recaudación de las haciendas forales y una menor dotación presupuestaria de 1.249 millones, la oposición no se atreve a correr riesgos avalando un presupuesto que inevitablemente está condenado a los recortes. Por ello, el Gobierno vasco apela a la responsabilidad en Madrid (PP) y en el País Vasco (PSE-EE) para evitar la prórroga presupuestaria que sería entendida inmediatamente como una derrota política.

Consciente del riesgo que le rodea, Urkullu ha dado la cara antes de que se inicie la negociación presupuestaria. Lo ha hecho en el mismo tono de severidad y preocupación que viene utilizando para proyectar a la sociedad vasca que "no hay otra alternativa" y que a la hora de elegir ha preferido contener el gasto en las prestaciones sociales y reducir al máximo la capacidad inversora sobre todo en infraestructuras como el Metro de San Sebastián o el soterramiento ferroviario de Vitoria.

Como termómetro del clima social y político que condicionará el inminente proceso negociador, mientras Urkullu se desgañitaba tras el consejo de gobierno justificando su criterio presupuestario con un techo de 9.200 millones, muy cerca, en las calles de Vitoria miles de personas protestaban por los recortes que va a aplicar el Gobierno vasco, los sindicatos le advertían de la pérdida de empleo que se producirá, y los dos principales partidos de la oposición le instaban a cambiar los criterios aplicados.

Ya nada es igual para el PNV. Cuando se había visto comprometido desde el poder para sacar los presupuestos anuales adelante, siempre le resultaba eficaz la llamada a la responsabilidad y ahí encontraba el apoyo necesario del PSE-EE. Pero el acoso nacionalista al Gobierno de Patxi López en la anterior legislatura y la necesidad socialista de mantener un discurso refractario a los recortes complican en exceso las urgencias de Urkullu. Por si fuera poco, el PSE se ha visto reafirmado en su política económica por el resultado placentero de una auditoria que sus sucesores encargaron para resolver las dudas que alimentaban sobre la gestión presupuestaria.

Acosado por las dificultades tan enmarañadas, el PNV siente cómo hasta el PP ha elevado el listón de sus exigencias. Paradójicamente, un partido como el popular que debería comprender la justificación concetptual de  los recortes se ha alejado  de Urkullu quizá para no ver ninguneado su discurso, sobre todo ahora que sus dirigentes empiezan a escrutar cuál será su apuesta de futuro a partir de la marcha de Antonio Basagoiti. La búsqueda de un acuerdo con los populares sigue siendo una opción valorada por el EBB, aunque asumiendo que en el supuesto de conseguirse todavía requeriría del decisivo voto de UPyD, una formación muy crítica siempre con los valores nacionalistas. Así las cosas, es fácil de comprender el desasosiego de Urkullu.

 

Todos se mueven, menos ETA y el PP

El aviso de resonancia internacional enviado por Noruega a ETA mediante la expulsión de su delegación negociadora desnuda por equivocada la actual táctica de la banda terrorista. Convencida todavía de que su decisión unilateral del cese de la violencia en 2011 ya debería haber sido correspondida por un gesto similar desde el Gobierno español, la dirección etarra ha decidido desplazar la responsabilidad hacia la parte contraria. Solo así se entendería que aún no haya asimilado la irrenunciable exigencia que le reclama Madrid para desbrozar la situación y que, como mínimo, pasa por su inmediato desarme.

Noruega, como podría decir el País Vasco, rechaza así explícitamente la vacuidad del discurso de ETA y su intransigencia ante las voces que le reclaman otro paso adelante. Mientras todo el entorno concernido por la llegada de la paz ha avivado los ritmos en sus compromisos, son paradójicamente ETA y el Gobierno de Mariano Rajoy, los dos actores principales de la trama, quienes siguen aferrados a sus posturas encontradas. Y el tiempo avanza desde aquel ilusionante 20-O de la renuncia a la violencia, arrastrando una dosis cada día mayor de desazón por encima de los puntuales pronósticos que auguran próximos movimientos estratégicos que, en realidad, no acaban de consumarse.

Desde el Gobierno vasco hasta el grupo internacional de verificadores pasando por la red social Lokarri existe un renovado compromiso por mantener siempre abierta una vía de esperanza en la consolidación del actual escenario de paz. Incluso, como acaban de hacer el nuevo responsable de la secretaría de la Paz y Convivencia, Jonan Fernández, o el propio fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, hay una corriente mayoritaria en favor del respeto a los derechos humanos de los presos de ETA. Pero, en su fuero interno, todos ellos digieren a duras penas una incómoda sensación de hastío por la paralización a la que se asiste. Quizá la mejor fotografía de esta situación se encuentre en el lamento de los verificadores durante su última ronda de contactos en el País Vasco y que les llevó a cuestionarse si merecía la pena seguir con su trabajo.

Así las cosas, cabe preguntarse ¿qué puede pasar? si ETA y el Gobierno del PP siguen empecinados en mantener sus actual antagonismo. ¿Hasta cuándo se puede esperar? De entrada, al tiempo que debería descartarse absolutamente toda tentación violenta es más fácil prever la apertura de un proceso donde la iniciativa pasaría a manos de los familiares de los presos, comprometiendo seriamente la actuación de la propia izquierda abertzale. Vendría a confirmarse algo ya sabido: la solución y el problema del final definitivo del terrorismo está, como siempre ha ocurrido, en las cárceles.

En este entorno de los presos y sus familias empieza a cundir el pesimismo porque van interiorizando que Madrid no abrirá la mano en su política penitenciaria y, desde luego, considera una quimera hablar de negociación en la que ETA sigue confiando. Es por ello que cobra fuerza imaginarse como salida posibilista la irrupción de un movimiento interno desde las cárceles que desbloqueara la parálisis mediante la petición de salidas individuales sin que conllevara el castigo de la deserción. En medio de tanta intransigencia, quizá solo suponga un espejismo y enterrar así otra vía de solución.