Los sindicatos nacionalistas, mayoritarios en Euskadi, han hecho una rotunda afirmación sobre la raíz de sus voluntades que altera de golpe, a modo de pulso, las piezas del tablero político. " Nosotros somos el verdadero Parlamento", vino a decir Ainhoa Etxaide, líder de la central abertzale LAB, en una soflama que contiene una sonora desautorización del sistema autonómico y que, desde la aprobación del nuevo marco democrático, permite la elección en las urnas de 75 representantes de la ciudadanía vasca.
Bien es cierto que tal proclama sindical se produjo en el fragor de una huelga general, la octava en apenas seis años, que tuvo, sin embargo, una fría respuesta y ni siquiera fue mayoritaria en Gipuzkoa donde disponía del apoyo expreso de los gobiernos municipales y foral de Bildu. Era, por tanto, el escenario propicio para proyectar este tipo de desafíos y, como tal, podría relativizarse. Pero los impulsores de este paro, despreciado por ineficaz desde la mayoría política y lógicamente desde la clase empresarial, en realidad pretendían proyectar la auténtica inquietud que les asiste: "hay que ir a un modelo propio porque el actual no nos sirve".
Cuando apelan, cada vez con más frecuencia, a la conquista social de este nuevo modelo propio, la mayoría sindical vasca trasluce, en realidad, un objetivo político directamente identificado con los postulados que enarbola la izquierda abertzale. Este nuevo modelo social es un eslabón debidamente concatenado con una capacidad de decisión propia, que solo es posible en un marco de autogobierno que desborda al actual. Precisamente por el calado político de esta propuesta sindical y de las ácidas críticas de que son objeto, desde el Gobierno nacionalista no han dudado en invitar a Adolfo Muñoz, líder de ELA, a que teste sus constantes reivindicaciones mediante su participación en unas elecciones. De momento, no ha habido respuesta a la sugerencia, realizada precisamente en sede parlamentaria.
En Euskadi, donde en los últimos meses avanza con mayor rapidez de lo que acostumbraba el impacto de la crisis económica, la desunión sindical parece condenada a petrificarse en dos bandos antagónicos: nacionalistas y confederales. Es un hecho que además de las lógicas diferencias estratégicas en la defensa de los derechos laborales, la territorialidad supone una línea roja absolutamente discriminatoria. Es una realidad constatable que los empresarios encajan como siempre en silencio y que el Ejecutivo no encuentra la forma de sortear cuando busca un pacto social.
En esta situación tan poco propicia para el entendimiento se apuran los plazos para solventar la amenaza real que encierra la desaparición de la ultraactividad en los convenios. Ahí radica un peligro latente para la capacidad adquisitiva de decenas de miles de trabajadores vascos que se verían seriamente perjudicados al perder la aplicación de sus actuales condiciones en detrimentos de otras generales, ahora mismo inferiores. Desde luego, una oportunidad justificada para dar la batalla conjuntamente.
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