Arantza Quiroga tiene su propio manual

Arantza Quiroga ha descrito con rapidez los trazos gruesos del proyecto que empieza a liderar en el PP vasco. Lo ha hecho con urgencia, posiblemente consciente de que si no lo hacía así el efecto Basagoiti podría eclipsar su punto de partida. Por eso, ha elegido el fondo y la forma para demostrar que dispone de su propio manual. Le ha valido una comparecencia pública en Madrid, respaldada por Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, para descubrir su hoja de ruta.

Con el eco de sus pronunciamientos iniciales puede asegurarse que Quiroga, sin fisuras internas y con el unánime apoyo de Génova, impondrá un sello propio. Bien es cierto que lo hará en el peor momento para la suerte de su marca política, castigada por la crisis y sus presuntos casos de corrupción. Y ahí es donde su figura corre un serio riesgo porque unos resultados adversos en las próximas europeas y, sobre todo, en las municipales y forales le señalarían con el dedo. Es ahí donde queda justificada su apelación a que el PP idee cuanto antes una regeneración interna que visualice la sociedad.

Hasta entonces, Quiroga no esconderá su discurso. Asentada por convencimiento personal sobre el espíritu renovador que Antonio Basagoiti emprendió en el PP vasco, la actual presidenta acentuará la proyección del partido en la vida política y social vasca. Por eso procurará una implicación directa en aquellos escenarios decisivos en cuestiones trascendentales para Euskadi, buscando un hueco en el posible pacto que PNV y PSE-EE vayan a alcanzar a corto plazo.

Quiroga no va a alterar la apuesta táctica de su antecesor. Por encima de los resultados electorales, no habrá lugar para el mínimo atisbo revisionista ni mucho menos para una simple mirada retrospectiva al pasado que significan Mayor Oreja y María San Gil. Lo tiene muy claro como respuesta a la nueva realidad que se vive en el País Vasco y, además, lo dice desde la legitimidad que le aportan sus duros años de resistencia y de sufrimiento, en los que ha invertido la mitad de su vida. Al hacerlo apenas encontrará críticos más allá de esas contadas voces atrincheradas que se consuelan con el eco de tertulias de derecha extrema.

Al exponer sus principales propuestas de referencia, Quiroga advierte con verbo firme de que será inflexible con quienes adulteren el relato de la violencia sufrida en Euskadi. Todo un mensaje a Iñigo Urkullu para deducir que el PP se sitúa muy lejos del Plan de Paz y Convivencia, que le permite redoblar su compromiso con las víctimas del terrorismo de ETA. En el medio, la permanente comprensión de que el Gobierno Rajoy acierta con la política penitenciaria, incluso cuando puso en libertad al etarra Josu Uribeetxebarria Bolinaga que tantos votos restó a lo populares en las últimas autonómicas.

Mientras, Quiroga, consciente del flanco que se le abre por sus posiciones religiosas, ya tiene perfiladas las respuestas para cuando se le requieran sus opiniones en materia social, aborto incluido. En el partido, de hecho, lo tienen descontado. Así las cosas, prefieren gastar sus energías en armar un argumentario muy sólido en la defensa del Concierto como esencia del autogobierno, en definir una apuesta integradora por la convivencia entre País Vasco y España, en fomentar un mensaje de la centralidad, y en dejar su huella allí donde les sea posible.

 

 

 

El rechazo al plan de paz, ¿cuestión de táctica?

La toma de temperatura a un posible acuerdo en torno al Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, varios días después de conocido su texto, refleja demasiada frialdad. El decidido empeño del lehendakari, Iñigo Urkullu, por aglutinar un respaldo mayoritario en los próximos meses parece tropezar en una cuestión táctica de casi todos los grupos de la oposición, según se desprende de los primeros pronunciamientos públicos. Desde luego, hasta ahora nadie se ha apresurado a abrazar el contenido de un texto que no deja indiferente a nadie. Y un rechazo por tacticismo no supone una respuesta adecuada a una iniciativa semejante.

Precisamente esa voluntad de profundizar en cada una de las tipologías de violencia complica la digestión política y enrarece el hallazgo de un denominador común sobre el que se pueda asentar un progresivo consenso. Es muy posible que las heridas aún estén demasiado abiertas en cuantos han sufrido el terrorismo de ETA durante décadas para que metabolicen anímicamente tan rápido que comparten el mismo texto que los afectados por la tortura. Es indudable que para tejer un día la convivencia en Euskadi no queda otra salida que asumir ambas dramáticasrealidades, pero quizá no se dispone todavía de la serenidad suficiente, sobre todo desde una parte, después de tanto dolor.

Pero no sería de recibo que el distanciamiento intelectual al esfuerzo de reparación reflejado en el texto del Gobierno vasco fuera una consecuencia directa del tacticismo político. Y ahora hay muchas razones para intuir que pudiera ser así. Desde la izquierda abertzale posiblemente haya resistencias a entregar tan rápido un triunfo al PNV en una materia tan delicada como es la violencia, aunque bien sabe en su fuero interno que el Plan les ha tendido la mano para el acuerdo con un diagnóstico que no pueden cuestionar. Desde el otro extremo, el PP no se siente cómodo cuando ve confusa la raya entre las torturas y ETA, pero no puede negar que Urkullu tiene muy claro el compromiso con las víctimas de la banda terrorista.

Así las cosas, es muy posible que debe transcurrir un tiempo prudencial para ablandar posturas intransigentes que ahora mismo son de calado. Por eso cobra importancia la vuelta del verano, con un mayor margen de perspectiva, y es cuando se sitúa una nueva reunión entre Jonan Fernández y su equipo con las asociaciones de víctimas del terrorismo para calibrar si es posible imaginar un escenario más abonado al entendimiento.

Pero tampoco resultaría prudente dilatar el acuerdo en el tiempo porque corre el riesgo de coincidir con el ambiente electoral y entonces ya sería imposible acercar posturas. Por eso es comprensible el peregrinaje de Jonan Fernández para predicar las bondades del Plan. Incluso, es justo reconocer la autocrítica que este comisionado especial del lehendakari ha efectuado en el Parlamento desnudando sus culpas por haber mantenido durante años posiciones muy alejadas de la denuncia del terrorismo y del calor a las víctimas. Ahora, en su viacrucis personal para tejer las complicidades necesarias de este proyecto nuclear de Urkullu para la legislatura, Fernández busca la cuadratura del círculo: implora la comprensión de quienes desatendió en su día y, de paso, evita herir susceptibilidades en el bando al que renunció.

La peculiaridad vasca de Rosa Díez

Desde que apostó por la creación de UPyD en 2007, Rosa Díez, después de 20 años ocupando cargos públicos en el País Vasco en representación del PSE-EE, ha hecho de su observatorio crítico sobre la realidad de Euskadi la esencia de gran parte de su argumentaro político. Bajo un firme pronunciamiento contra el terrorismo en la condición de amenazada, entonces, aderezó desde el origen del incipiente partido su posición intransigente contra las exigencias independentistas y ahora, sustentada ya en unas favorables expectativas electorales de futuro, rearma su apuesta del federalismo simétrico abominando de la peculiaridad vasca del Concierto.

A Rosa Díez le bastó asegurar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaba vendiendo España con la entrega de Navarra a ETA durante las negociaciones políticas en búsqueda de la paz para asegurar a UPyD un hueco propio en la política estatal, que ha ido ensanchando ante el pavor creciente de socialistas y populares. Bien es cierto que la banda terrorista finalmente ha claudicado por la presión social y del estado de Derecho sin arrancar contraprestación alguna, pero la lluvia fina de aquel discurso secesionista ha seguido calando y ese era el objetivo partidario.

Por desgracia, aunque el final de la violencia en Euskadi esté asegurado y sea una afortunada realidad, la simple resistencia de ETA a su desarme alienta discursos que aún advierten del riesgo del terror y que cuestionan la validez de la apuesta de la izquierda abertzale por las vías políticas. Y ese es el terreno abonado precisamente para que UPyD asiente sus proclamas de que el terrorismo sigue siendo una amenaza y, sobre todo, le permita condicionar al Gobierno Rajoy hasta el inmovilismo en la dinamización del proceso de paz. Pudiera decirse, incluso, que también aquí los extremos se retroalimentan.

Ahora, ha bastado la intencionada acusación de Pere Navarro sobre el privilegio del Concierto vasco y el Convenio navarro para que UPyD, al socaire del debate abierto, vea actualizada su posición demoledora contra la vigencia de una herramienta constitucionalmente respaldada y entendida como medular para la autonomía de Euskadi en su propio Estatuto de Gernika. Rosa Díez así lo dice, aunque, eso sí, desde que abandonó el PSE tras décadas de militancia y representatividad activa.

Con esta expresa renuncia ideológica de su pasado político, la líder de UPyD encarna una opción que gana adeptos con facilidad, aunque se le atragante el País Vasco donde mantiene un único parlamentario, por Vitoria. Esta excepción a una indudable mejora electoral puede guardar una estrecha relación con el calado de un mensaje ácido con el sentir mayoritario de la sociedad y de la arquitectura institucional vasca. Además, tampoco puede ser ajena la propia trayectoria de Rosa Díez tras haber compartido décadas de gestión pública en la Diputación de Bizkaia y en el Gobierno vasco con el nacionalismo sin que jamás lamentara que Euskadi dispusiera de su histórico Concierto ni de un sistema fiscal propio ni de una Ley de Territorios Históricos que articula sus instituciones.

Pero es indudable que, en pararelo, UPyD ha adecuado un decálogo político sin fisuras ni adecuaciones territoriales que entronca, en un escenario de crisis, con una realidad social cada día más exigente con las desigualdades, los recortes, la corrupción o el despilfarro institucional. En Euskadi también lo intenta, pero con menos eco mediático y suerte política, aunque convencida de que no cejará en el empeño porque cree que le asiste la razón.

 

La paz en Euskadi, por los extremos

En función de las reacciones moderadamente críticas del PP y EH Bildu, situados en los dos extremos del arco parlamentario vasco, podría decirse que Iñigo Urkullu ha centrado el objetivo en su propuesta del Plan de Paz y Convivencia. En el tercer intento de un lehendakari -Juan José Ibarretxe y Patxi Lópéz también lo procuraron- por fomentar los históricos anhelos de un pueblo azuzado durante décadas por la violencia, hay fundadas esperanzas de que el proceso se encarrile. Posiblemente, porque ya nadie tendrá argumentos sólidos y aceptados, a corto y medio plazo, para desmarcarse.

En su propuesta, abierta hasta septiembre a las propuestas de los partidos, Urkullu ha evitado sutilmente conceptos lingüísticos que pudieran diluir voluntades de entendimiento en la búsqueda del consenso más amplio. En su redacción, sobre todo ha querido que nadie se sienta desalentado. Con todo, es muy posible que al referirse con absoluta naturalidad y entereza critica a la tortura soliviante a sectores que han asociado siempre la violencia con ETA. Este es, precisamente, el flanco que el PP y UPyD aprovechan para desmarcarse del plan, en consonancia con algunos grupos de víctimas de la banda terrorista. Sin embargo, un relato honesto nunca podría obviar esta denuncia que ha sido reconocida judicialmente en más de una ocasión en tribunales de España y de Europa. Quizá todavía la herida sigue demasido fresca como para exigir en estos sectores una metabilización de la tortura como acto delictivo, pero nunca dejará de ser una exigencia democrática que lo asuman.

Para la izquierda abertzale, a su vez, el Plan de Urkullu les deja muy poco recorrido para la descalificación. A tal punto les compromete el rechazo que han fundamentado sus primeras críticas en advertir de que no existe una referencia al origen político del conflicto vivido. Era previsible que EH Bildu no abrazara de entrada la iniciativa del PNV habida cuenta de las diferencias que les alejan en cuanto a la revisión del pasado, pero ha reconocido que ve avances. Desde luego, la explícita alusión a la tortura, a la reflexión sobre los derechos humanos conculcados y la apuesta propia para favorecer la reinserción de presos, más allá de que se no disponga en Euskadi de la competencias de Prisiones, encajan como un guante en las aspiraciones de la coalición soberanista.

Empieza ahora una metódica labor de persuasión desde el área que dirige Jonan Fernández para aunar voluntades. Se abre el tiempo, por tanto, de profundizar en los debates serenos, lejos del escaparate público, para conciliar denominadores comunes en dos materias que necesitarán de largo recorrido como son la paz y la convivencia. Por eso, sería deseable que las diferencias no se vocearan ni se alentaran de manera intencionada, sobre todo desde Madrid, para contribuir malévolamente a distorsionar otra apuesta más.

Sin ETA, y sin posibilidad alguna de que haya marcha atrás, las grandes fuerzas mayoritarias vascas comparten la convicción de que no puede diltarse por más tiempo un gran acuerdo por la paz y la convivencia. Incluso, de que abanderar posiciones excluyentes de cualquier signo no aporta rédito político alguno, al menos en Euskadi. Por ello es comprensible que el acuerdo mayoritario será una cuestión de tiempo, pero nunca se entendería que el tacticismo lo frustre.

Primera dimisión en el Gobierno Urkullu

Belén Greaves, una veterana política del PNV y de contrastada trayectoria en las Administraciones vasca y foral de Bizkaia, ha hecho historia sin querer: se ha convertido en el primer cargo político reprobado por el Parlamento de Vitoria. La oposición no le ha perdonado que adoptara en público una postura claramente partidista en favor de Eroski y Fagor precisamente cuando 40.000 afectados les afeaban una venta poco clara en su emisión de aportaciones subordinadas, de la que se sienten perjudicados. Frente a esta coincidiencia mayoritaria en la Cámara ha quedado retratada la debilidad del partido que sustenta al Gobierno Urkullu, incapaz de evitar la reprobación de una de los suyos y que se trasluce en una fotografía política nada grata.

Con este indudable castigo parlamentario, la oposición afea a Greaves que no fuera imparcial desde su cargo al frente del Instituto vaso de Consumo (Kontsumobidea) cuando declaró que había sido correcta  la actuación seguida por Fagor y Eroski en la emisión de aportaciones subordinadas y que está provcando constantes denuncias entre los miles de afectados en Euskadi. Este posicionamiento tan contundente encendió los ánimos en la Cámara, máxime tras comprobar que la directora no mostraba el más mínimo arrepentimiento ni siquiera una mueca de sensibilidad hacia las protestas.

Tras encajar su reprobación, inaudita desde luego en la vida parlamentaria vasca, Greaves presentó inmediatamente su dimisión al consejero de Salud, Jon Darpón, de quien depende. Con su gesto, de una entereza democrática que debe ser reconocida, y que ha sido valorado de forma positiva dentro de su partido y entendido a su vez como inevitable desde EH Bildu, se convierte, de paso, en la primera dimisión del Gobierno Urkullu, medio años después del inicio de su mandato.

Con su marcha, Greaves aviva, desde luego sin proponérselo, la polémica abierta tras la denuncia de los miles de afectados por esta compra de deuda perpetua. El debate rezuma un componente político y económico que atrapa a los partidos mayoritarios de la Cámara y de una manera especial al PNV y a la coalición soberanista. La íntima relación del ámbito cooperativa al que pertenecern Fagor y Eroski con el entorno nacionalista y abertzale es un factor nada excluyente en el posicionamiento al que obliga este debate en el Parlamento. A tal punto que las insistentes presiones en la calle conmovieron el posicionamiento de EH Bildu, que pasó de una postura comprensiva de la política financiera de las subordinadas a abanderar una exigencia nítida de compensación inmediata para los perjudicados.

Así las cosas, el PNV se encuenta entrampado en una delicada posición. De un lado sufre el desgaste propio de una dimisión, la primera, que siempre erosiona a un gobierno más allá de su escalafón; de otro, porque se siente comprometido ante un espinoso asunto que indigna a miles de afectados, entre ellos centenares de supuestos votantes suyos, a quienes debe dar una respuesta satisfactoria en medio del interés de las empresas emisoras. Desde luego, algo más que una cuestión nacionalista. Hablamos de economía.