Navarra sí que importa

Navarra, que no el proceso de paz, es un aténtico tema de Estado para Mariano Rajoy. Convencido de que ETA no volverá a pegar un tiro, ajeno al carrusel de visitadores internacionales a Euskadi y expectante tan solo ante la deriva de un desarme que acaba de empezar a trompicones, el presidente ha dejado expreso recado de que solo se ocupa de lo que le preocupa. Y la posibilidad electoral de que el centroderecha pierda el poder en la comunidad foral en favor del nacionalismo vasco sencillamente le aterra.

Navarra es un polvorín político desde hace demasiado tiempo por la interminable sucesión de escándalos -la Caja y las injerencias en la Hacienda, principalmente- que golpean la médula de su esencia. Pero en el Congreso, en cambio, se habló de otro libro. Bastó la sutil complicidad entre Rajoy y el eco de la voz de Yolanda Barcina durante la intervención del turno de UPN para comprender que en Madrid se empieza a jugar una batalla muy diferente a la planteada en Pamplona.

Apenas unas horas después de que la presidenta navarra librara sin tropiezos, a la defensiva, y accionando selectivamente el ventilador contra el PSN durante más de seis horas su tensa comparecencia ante la comisión de investigación del caso Hacienda, en el Congreso se temió por Bildu y la amenaza abertzale. A Uxue Barkos (Geroa Bai) le desesperó por extravagante e injusto, pero debería irse acostumbrando junto al resto de la actual oposición.

A Barcina nunca le gustó que Miguel Sanz se procurara una suerte electoral al margen del PP. Rajoy siempre lo ha tenido en cuenta. Por eso ahora, más allá de su coincidencia ideológica plena, cuando ahora se siente acosada por las denuncias contra su mano derecha en el Gobierno foral, Lourdes Goicoechea, ahí ha encontrado la rápida comprensión del presidente. Barcina, con toda intención, publicitó rauda tan significativo gesto. ¿Hubo algo más que unas palabras de aliento?

Con la permanente herida abierta en Cataluña más allá de pronunciamientos rocosos del Congreso y  el lehendakari Urkullu cada día más molesto por la displicencia de Moncloa hacia el proceso de paz, Rajoy nunca podría permitirse el triunfo nacionalista en Navarra. Y es a partir de la perentoria búsqueda de soluciones alternativas para contener esa bola de nieve que se desliza desde hace meses sin parar cuando el presidente invocará al PSOE en nombre del Estado. ¿Cuál será la respuesta?

Los socialistas, en clara línea descendente en Navarra, saben que se juegan su futuro para algo más que la próxima legislatura. Envalentonados sí para esgrimir una moción de censura contra Barcina, siguen sin ganarse, en cambio, la confianza sobre su última palabra. Son víctimas, sin duda, de su pasado cuando José Blanco impidió en 2007 un gobierno nacionalista y, por si fuera poco, Rubalcaba siente el mismo pánico que Rajoy por imaginarse a Bildu en el poder, justo al lado del País Vasco. Ahora bien, ¿y si la suma de UPN-PP y PSN ni siquiera fuera suficiente?

Ante semejante panorama, ¿todavía sorprende que Navarra oscurezca el proceso de paz?

ETA, ¿así hasta cuándo?

¿Qué habrán pensando los presos de ETA sobre las últimas 72 horas, las transcurridas entre la mediática irrupción de los verificadores avalando el sellado de un ínfimo arsenal fuera de uso y la sorprendente revelación de que los cartuchos y los cuatro detonadores han vuelto a las manos de sus propietarios? Si han dispuesto siquiera de un minuto de lucidez habrán interiorizado con desazón: "Qué larga se nos va a hacer la condena".

Imaginarse por un momento que desenlaces como los vividos en estos tres días pueden conmover a Mariano Rajoy es vivir de espaldas a la realidad. Quizá en esa burbuja sigue ETA. Después de semanas alentando un clima de expectación, avivado como siempre por esas fuentes tan próximas a ETA que acaban pegándose en Madrid y en Euskadi un tiro en el pie de su credibilidad, volvemos donde estábamos aunque con algunos jirones de más por el suelo.

El gesto innegable que supone comprometerse a un desarme gradual, dentro de una voluntad unilateral e incondicionada, no debería desparramarse por el desagüe tan fácilmente. Pero hay que convebir en que ETA, la justicia y el PP han coincidido en hacerlo posible en esas 72 horas que bloquean hasta el límite cualquier mínima esperanza de desbloqueo de una situación ya cansina.

Al saberse que ETA se lleva para casa el simbólico cajón de su arsenal, y más allá de que se admita su imposible utilización, el Gobierno central ve rearmada su permanente desconfianza sin mover un dedo. Además, refuerza lamentablemente a esas voces del PP que embarran el campo a sabiendas de que no dicen la verdad, pero que les permite cumplir su objetivo partidario. Y en el medio, una justicia ensanchando sus labores con el preludio de una investigación policial jamás conocida en otros procesos de semejante enjundia.

Así, entre voluntades enfrentadas, con lenguajes tan opuestos, ante tanta desconfianza, ¿hasta cuándo se puede seguir? Mientras la inmensa mayoría de la sociedad vasca entiende en su vida diaria que ETA ya es historia pasada porque sabe que la violencia jamás volverá, la clase política tiene la evidente responsabilidad de encauzar debidamente el proceso hacia un escenario estable de paz y de convivencia. Pero, ¿dónde está ese común denominador que lo haga posible un día, y que, aunque lejos ahora, debería llegar antes de caer en el desestimiento?

Iñigo Urkullu, con su apoyo explícito a los verificadores allí donde tiene valor la imagen, ya ha dado el paso, consciente del compromiso que contrae. No parece lógico pensar que el lehendakari vaya a inmolarse sin haber comprobado previamente que el trabajo de esta comisión internacional va mucho más allá del vídeo de la BBC o del cajón que vuelve al zulo. Ahora bien, ¿hasta dónde llega la credibilidad que Urkullu le merece a Rajoy cuando hablan sobre paz y presos?

 

 

El PSOE se la juega en Navarra

PP y PSOE siempre han considerado Navarra un asunto de Estado desde Madrid. Así lo entienden ante la posibilidad creciente -más aún sin ETA- de que un día la izquierda abertzale pudiera gobernar esta comunidad foral. Por eso, cuando ha vuelto a estallar en las manos del Gobierno de UPN otro caso más de presunta corrupción, cobra especial significado la apuesta política del PSN. El lider socialista, Roberto Jiménez, está dispuesto a activar una moción de censura contra la presidenta, Yolanda Barcina, si no deja el cargo en quince días una vez se confirme la veracidad de la denuncia por corrupción efectuada en sede parlamentaria contra su mano derecha, Lourdes Goicoechea.

¿Hasta dónde tiene Jiménez las manos libres para exprimir su apuesta? En la respuesta está la clave del devenir institucional de Navarra a partir de las próximas elecciones. Y es que el agostazo amenaza la credibilidad del PSN. Se trata de una popular denominación acuñada en agosto de 2007 cuando José Blanco abortó la posibilidad de que su partido desbancara del gobierno foral a Miguel Sanz (UPN) con los votos nacionalistas. Por eso, cuando Jiménez avisa con la moción de censura abre la puerta a una más que posible alternancia. Y así se entiende que más de uno haya pretendido advertir del riesgo de un acuerdo entre PSN y Bildu antes de depurar las responsabilidades sobre una gestión continuada en contra de la Hacienda navarra.

Sin duda, el PSOE respalda la opción de un adelanto electoral en Navarra porque le favorecería su coincidencia con los comicios europeos. Pero el riesgo vendría después. ¿Le temblaría el pulso al requerir el apoyo abertzale para una hipotética investidura? ¿Volvería a escuchar a ese sector de UPN enfrentado a Barcina, pero proclive históricamente a entenderse con el socialismo? Jiménez es consciente de la responsabilidad que contrae para la suerte de una opción socialista, golpeada electoralmente mientras busca rehabilitarse tras el desengaño que supuso la corrupción que acabó con Gabriel Urralburu y Javier Otano.

En realidad, Navarra ha tocado fondo desde la sospecha. La caída por una nefasta gestión de su caja de ahorros de referencia ya sumió en su día a la comunidad en un desencanto: se asistía a la pérdida de una identidad asociada. Al hacerlo, convulsionó el ambiente político que se proyecta en un Parlamento muy fragmentado -sus 50 escaños se dividen en siete opciones- y, sobre todo, sin estabilidad alguna. El Gobierno de UPN, en clara minoría desque en junio de 2012 rompió con los socialistas, es un juguete en manos de la oposición.

Por eso, ahora, cuando se han escuchado tan graves denuncias de corruptelas permanentes contra un miembro del Gobierno Barcina solo cabe, primero,investigar su alcance; después, que se obre en consecuencia. Y con responsabilidad.

Arantza Quiroga mete en un lío al PP

Al PP se le atragantan sus congresos autonómicos en Andalucía y en Euskadi. Fundamentalmente, en ambos casos, por cuestiones de personalismos, de compañeros de viaje encontrados, de sensibilidades y cuotas diferentes. En el País Vasco, a su vez, se le une el ingrediente de la indefinición de su actual presidenta, Arantza Quiroga, suficiente para haber metido en un lío a un partido electoralmente a la baja y que busca con dificultades cuál debe ser su sitio en un escenario político sin ETA.

Tres semanas después de convocar precipitadamente el congreso para su ratificación como presidenta, Quiroga aún sigue sin desvelar cuál será su cuaderno de mando. Este silencio solo ha servido para sembrar de dudas la ideoneidad de su actual secretario general, Iñaki Oyarzábal, a quien ha desgastado aunque finalmente vaya a seguir en el cargo. El número dos dispone del contundenteo apoyo de Alfonso Alonso, consultor de cabecera de Mariano Rajoy sobre Euskadi. Sin quererlo, ha alentado una innecesaria tensión interna nada recomendable, desde luego, para garantizarse un masivo respaldo en su reelección, esa foto que siempre proyecta un mensaje dentro y fuera del partido.

En su día, Quiroga entendió con acierto que la coincidente irrupción de Vox y los gritos desafiantes de algunas víctimas necesitaban de una respuesta contundente, de un mensaje reforzada desde Génova, de un proyecto de futuro ideado por una sólida dirección del PP vasco, avalada por el voto de sus afiliados. Y por eso convocó un congreso.

Curtida y con voz de mando en la vida interna del partido en Euskadi, Quiroga se ha apresurado a exigir manos libres para encarar su nueva etapa de presidenta. Al hacerlo ha querido mandar, sobre todo, un mensaje explícito a Alfonso Alonso, que sigue disponiendo desde Madrid de una reconocida capacidad de influencia en el PP vasco, favorecida por el cordón umbilical que mantiene con Iñaki Oyarzábal. Precisamente para acabar con la sombra alargada de Alonso, Quiroga sería feliz si pudiera prescindir de Oyarzábal. Pero, ahora mismo, no se siente con fuerzas suficientes para asestar tan decisivo golpe de gracia y no se atreve a decir en público lo que musita en privado.

¿Hay motivos para prescindir de Oyarzábal? Política y estratégicamente, ninguno. Solo sería entendible por una cuestión de un legítimo control absoluto del poder. El actual secretario general dispone de predicamento entre las víctimas, gestiona el partido dentro del nuevo tiempo que bendijo Antonio Basagoiti, y tiene el respaldo de un territorio, Álava, que aporta al PP vasco su únic poder institucional y también el dique de contención ante UPyD y, ahora, Vox.

Pero Quiroga tiene todo su derecho a disponer de un equipo de su confianza. Ahora bien, debería haberse asegurado el plácet de la renovación antes de convocar el congreso. No ha sabido medir bien los tiempos ni acompasarlos con sus deseos. Por todo ello, la suerte del congreso se antoja viciado de origen. Oyarzábal, si es reelegido, tendrá que sacudirse de las dudas que le ha generado innecesariamente su presidenta con el silencio prolongado de sus planes; si Nerea Llanos, por la cuopta que corresponde a la mayoritaria afiliación de Bizkaia, se converte en la mano derecha de la presidenta, Quiroga puede ser elegida con un crítico número de votos. Este deselance poco recomendable dinamitaría la ambición territorial en el PP en vísperas de las elecciones europeas y, sobre todo, a un año, de las municipales y forales. Y, por supuesto, María San Gil, Maite Pagazaurtundúa y Santiago Abascal sonreirían al final de la misma calle.

Ahora, ETA organización civil

Frente a la exigencia de la disolución de ETA, la izquierda abertzale -al menos, Patxi Zabaleta desde Aralar-apuesta ahora por su conversión en una organización civil,  una vez que proceda a su desarme de manera unilateral. Y justifica esta insólita mutación por la obligación de la banda terrorista a responder de sus hechos, pero, eso sí, haciendolo siempre desde una posición de grupo y no de modo invidualizado.

Frente a estos dos planteamientos de Zabaleta -el mismo que hace 10 años sufrió duros ataques desde la órbita de Batasuna cuando les exigió que se desmarcaran de la violencia-, Mariano Rajoy se carga de razones para decir a Iñigo Urkullu que "por ahí no hay salida". Ante semejantes argumentos, no es imaginable que en plena acometida de las víctimas y con Ortega Lara y Santiago Abascal en campaña por Vox, el presidente del Gobierno central pueda atender siquiera una mínima comprensión para suavizar la política penitenciaria.

Mantener hoy el latido de ETA siquiera como una inédita organización civil puede sonar a sarcasmo en más de un receptor. Cuando la inmensa mayoría de la sociedad solo espera el desarme, primero, y la disolución después para acabar con una trágica pesadilla de cuatro décadas, la sugerencia de Zabaleta se arriesga a provocar cierta hilaridad aunque coloque en el espejo a modo didáctico al IRA y la realidad de Irlanda del Norte.

Al escrutar su propuesta, no es difícil colegir que alienta, sin decirlo, una máxima comúnmente asumida en la izquierda abertzale: ETA seguirá existiendo mientras sus presos estén en prisión. Zabaleta, que lo sabe, disfraza el argumento de una razón de obligada responsabilidad para que, de este modo, la banda como tal -pero no sus terroristas- vaya respondiendo de sus actos violentos. ¿No lo podría ir haciendo ya?

Con todo, bastaría un rápido vistazo al crispado entorno mediático y político en Madrid para asegurar que ante análisis como el de Zabaleta resultará muy difícil la aproximación hacia un denominador común. Por eso, al sopesar posiciones y voluntades tan alejadas es lógico que se tema por el progresivo enquistamiento de un proceso de paz que tantas expectativas creó a partir del anuncio unilateral del final de la violencia.