Sentencia desfasada

Una sentencia que llega 14 años después de la comisión del supuesto delito juzgado corre el riesgo de verse desfasada por la realidad. Le ha ocurrido a la resolución judicial del caso de las herriko tabernas. Los condenados están ya a este lado de la legalidad y ETA no necesita de fondo alguno para su actividad terrorista porque desistió por la presión del Estado y de la sociedad.

Con algunos de los sentenciados convertidos en negociadores reconocidos por otros partidos democráticos solo una Justicia desacompasada puede emitir fallos como el de la Audiencia Nacional. La razón de la causa, instruida con desesperante lentitud, queda felizmente superada por una realidad que persigue apuntalar un escenario de paz para la convivencia entre diferentes.

Más allá de la inmediata tentación de interpretar en clave política y muchas veces partidista el fundamento jurídico, vuelve a ser llamativo el calado del voto particular introducido en la sentencia. Como ya ocurriera con el razonamiento de Adela Asúa en la resolución del caso Bateragune, ahora es Clara Bayarri quien demoniza la "criminalización como terrorista" que se hace de la marca abertzale y de sus sucesoras, advirtiendo de la injusta decisión final hasta el punto de haber reclamado la plena absolución de los encausados.

Si bien nunca se ha entendido como conveniente que la Justicia no vaya de la mano de la realidad, en situaciones tan nucleares como la que vive el País Vasco estas sentencias torpedean el sentido común. Este castigo retrospectivo no ayuda. Envalentona la cerrazón del odio hacia los castigadores, fortalece la tentación de la manida politización de la Justicia y retrasa enormemente la aproximación entre pensamientos encontrados.

No deja de ser cierto que durante demasiado tiempo la izquierda abertzale, incluido por supuesto sus dirigentes, han sido incapaces de alejarse del yugo de ETA. Precisamente en ese período histórico en el que arranca el desmantelamiento de decenas de herriko tabernas. Que ni siquiera quienes asumieron y alentaron la violencia metabolizan hoy algunos escenarios de dolor, pero su actitud es antagónica, se han comprometido con la democracia. Por eso se hace imposible de asumir esta condena.

Apenas un dia después de abrazar el reconocimiento del "daño injustificable" por parte de un etarra que participó en el asesinato del socialista Juan María Jáuregui, ni siquiera queda tiempo para disfrutar entre demócratas de que es posible el perdón. Los focos se han vuelto de nuevo hacia la izquierda abertzale que alimenta su victimismo con una condena desfasada.

Bilbao Basket, ese engorro

Bizkaia asiste perpleja a una paradoja. Sus instituciones han acometido una fuerte apuesta económica para garantizarse la sede del Mundial de baloncesto 2014 y, en cambio, temen que la falta de viabilidad económica del Bilbao Basket empañe su sueño. Una fatal casualidad que, de momento, ha inundado de inquietud a la Diputación, sobre todo, y al Ayuntamiento de la capital que denotan cómo la indignación de los aficionados empieza a tomar la calle exigiendoles rápidas soluciones. Les consideran responsables, aunque con grados muy diferentes.

El futuro del baloncesto profesional en Bizkaia puede convertirse en un mal sueño para el PNV. En el horizonte de las elecciones municipales, la exclusión del Bilbao Basket de la Liga Endesa y la soledad de un pabellón construido especialmente para acoger la euforia desmedida entonces por el éxito arrollador de este club no son ejemplos que dignifican.

Pero la crisis ha obligado a las instituciones a rechazar las ayudas al deporte de élite. Por lo tanto, es imposible buscar como hasta ahora en la Diputación, principalmente, y el Ayuntamiento la panacea de una deplorable planificación económica, soportada y alentada por una estructura faraónica que siempre fue aplaudida mirando hacia otro lado al eco de los éxitos en la cancha.

Solo Ibon Areso ha abrazado la autocrítica, precisamente desde una de las instituciones que con más claridad advirtió desde siempre de los riesgos que encaraba el proyecto megalómano en su concepción y en su desarrollo. Si ya Iñaki Azkuna jamás compartió la filosofía del Bilbao Basket, su sucesor -que admite su amargura por tan engorrosa situación- se ha lamentado de no se aplicaran en su momento las medidas correctores.

No estaría mal, incluso sería democráticamente exigible, que cuantos han alentado el modelo Bilbao Basket durante tantos años comparecieran en la plaza pública para explicarse. Todos aquellos que compartieron las fotografías del éxito no deberían arrugarse ahora que el club se aproxima al borde del precipicio. Quienes contribuyeron a incorporar sponsor de dudosa reputación y de compromiso con el baloncesto tampoco se deberían echar a un lado. Ni, por supuesto, los inspiradores de un club alejado de la realidad económica de la sociedad que le amparaba.

Un paso en falso del Bilbao Basket traerá repercusiones deportivas y políticas. Bien es verdad que todavía hay tiempo para apurar una solución de emergencia, pero nunca deberá olvidarse que la manzana está podrida. No obstante, sería imperdonable que salpicara negativamente al Mundial, convertido, sin duda, en una oportunidad económica y de proyección internacional que debería exprimirse con pragmatismo.

 

 

 

 

 

Siquiera una explicación

La autocrítica parece reñida con los políticos. Al menos, cuando se trata de la multa de 30 millones al País Vasco por las denominadas vacaciones fiscales. Ni una sola palabra de asunción de responsabilidades. Se paga la ronda con el dinero de los contribuyentes y a pasar página. Así se cierra una idílica y envalentonada interpretación de la autonomía fiscal que se ha dado de bruces contra la legislación europea sobre la línea roja de la solidaridad y de la igualdad de oportunidades, en este caso empresariales.

En pleno debate sobre la galopante pérdida de credibilidad en la acción de muchos políticos, quizá algún asesor del Gobierno vasco y de las tres Diputaciones debería haber esgrimido siquiera en voz baja la conveniencia de que desde las instituciones se reconociera el error cometido; incluso, hasta compartirlo para que el efecto quede diseminado. Si lo hizo, nadie le atendió. Como admitió el diputado general de Álava, Javier de Andrés, la autocrítica no estaba en el orden del día.

Euskadi ha perdido 30 millones de euros. Es suficiente dinero como para que alguien con responsabilidad dé una explicación convincente sobre la causa de este revés ante los tribunales de Europa. El ciudadano, como contribuyente, se lo merece sin que esta exigencia deba entenderse como el reflejo de esos discursos demagógicos ni populistas que en plena crisis económica son fáciles de escuchar y, sobre todo, de pronunciar. Se trata de una demanda plausible por el calado de la sanción.

Muchas semanas después de que desde el Gobierno vasco calara la tentación de identificar la multa con la responsabilidad del Estado español, a sabiendas de que no era así, Euskadi ha acabado dando una "muestra de país" pagando, según cree el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, posiblemente quien antes entendió que debía de empezar a hacer caja para afrontar la multa por el despropósito cometido. ¿Pero de verdad se ha dado una muestra de país en este tema?

Como es previsible, EH Bildu aprovechará la oportunidad de zaherír al PNV, sobre todo, y al PP para afear su conducta en este engorro asunto que salpica la credibilidad de las instituciones sancionadas. Por medio del diputado general de Gipuzkoa, la coalición soberanista ya avisó de sus intenciones en el propio Consejo Vasco de Finanzas. Pero no debería reducirse a una cuestión de réditos políticos. Es una cuestión "de país" de la suficiente envergadura que exige una explicación equivalente.

Muchos años después de emprender esta cruzada judicial cargada de empecinamiento, se asiste a la costosa enmienda de un error. Quienes perseveraron en la idea de estas ayudas, quienes la alentaron incluso desde el convencimiento de que les asistia el poder de la razón entre diferentes, siguen aquí. Y deberían hablar, explicarse y hasta justificarse.

Madina se desinfla en Euskadi

Eduardo Madina se había alejado demasiado de los militantes socialistas de Euskadi. Hasta hace un mes se decía en voz baja y tampoco se le prestaba demasiada atención a semejante desafecto. No había nada en juego. Cuando lo hubo, cuando empezó la campaña de la recogida de avales, entonces llegó el aviso. Y sin tiempo para corregirse, ahora, en las primeras urnas de unas primarias del PSOE, el candidato vizcaíno se ha desinflado en campo propio.

Una apretada victoria por apenas 157 votos en Bizkaia, el territorio con el mayor número de afiliados, es el escaso consuelo que Madina entresaca del escrutinio vasco. Ni siquiera en su tierra, a la que representa como diputado desde hace tres legislatura, ha recibido el respaldo holgado que podria exigirse. Se lo debe hacer mirar. Sería un error que no extrajera una indudable lección de esta derrota cuando jugaba en casa.

El equipo de Madina ha venido atribuyendo a las responsabilidades de Madina en Madrid su distancia del electorado de Euskadi, del militante de base socialista. Pero en las agrupaciones no le ven y muy pocos le sienten. No se ha acercado a ras de calle y el reproche, al final, se ha trasformado en un voto perdido, sobre todo en favor de Pedro Sánchez porque sabían que ahí le dolería. No le ha quedado tiempo para la reparación y la derrota le ha sobrevenido.

Madina ha perdido donde menos se lo esperaba antes de la recogida de avales. Resulta así la ecuación contraria a la del nuevo secretario general del PSOE, absolutamente desconocido en Euskadi y que se había limitado a un sencillo encuentro con militantes y cargos socialistas, en Bilbao. Ni siquiera ha pisado Gipuzkoa, donde el expreso rechazo a Madina le ha proporcionado un respaldo desequilibrante.

Los socialistas guipuzcoanos se han echado significativamente en brazos de Pedro Sánchez como ya hicieron en la recogida de avales. Además, les respalda en esta adhesión entusiasta una inaudita participación del 76,76%. En esta territorial nunca se han fiado de que Madina tomase las riendas del partido más allá de su condición de vizcaíno. La única razón de este alineamiento tan ostensible responde a que son firmes partidarios del estilo exhibido en Andalucía por Susana Díaz, de quien rápidamente entendieron cuál era su secretario general preferido y por ello han actuado con semejante disciplina.

Con esta derrota de Madina es fácil colegir que el núcleo duro del PSE-EE, en manos de vizcaínos, acuse el golpe porque le había dado su inequívoco apoyo. Eso sí, sin que se notara tras haber mantenido una reconocida neutralidad durante la campaña. Pero es un resultado que, de paso, agita el proceso de renovación interna en el socialismo vasco, al que los afiliados de Álava y Bizkaia acuden con más de un candidato para entregarle el poder. Y, mientras, Patxi López pendiente del equipo de confianza que Sánchez prepara en Ferraz.

 

El PNV y los presos de ETA

El inmovilismo estratégico del Gobierno Rajoy, de un lado, y de los presos de ETA, enfrente, ha derivado en los últimos días en un sorprendente enfrentamiento dialéctivo entre la izquierda abertzale y el PNV secundado por el Gobierno al que sustenta. Y se produce en medio de un clima político en Euskadi que se va enrareciendo progresivamente en torno al Parlamento vasco entre comisiones de investigación y denuncias de irregularidades que incomodan sobremanera la gestión de Iñigo Urkullu.

No deja de resultar paradójico que peneuvistas y radicales encaren sus mutuas descalificaciones sobre un escenario sin las pistolas de ETA cuando, en realidad, ambos partidos se ven relegados a una condición de espectadores activos de la ausencia intencionada de decisiones por parte de Madrid sobre la política penitenciaria. PNV y Sortu se han enzarzado en una pelea que cobra intensidad cada día que pasa en contra, por tanto, de la lógica que hacía prever la denuncia compartida sobre lenguajes diferentes del quietismo de Rajoy, siempre vigilado por las asociaciones de víctimas.

Es probable que los dos partidos que conforman la abrumadora mayoría nacionalista se sientan enrabietados por el fracaso de sus respectivas tácticas en cuestión de paz. El PNV se revuelve contra el imperturbable desplante que exhibe Rajoy a las invitaciones incansables del lehendakari de encauzar un diálogo, siempre necesario. Todavía está latente, por ejemplo, el silencio brindado a Urkullu en respuesta a su conferencia en El Escorial sobre su plan de Paz y Convivencia. A su vez, la coalición abertzale se siente incapaz de imponer su criterio entre los presos de ETA, reos de su propia organización, para que acepten una salida individualizada que suponga un reconocimiento del daño causado.

Sin avance alguno en sus respectivos planteamientos, PNV y EH Bildu se han decidido a enviarse reproches alimentando, de paso, la parquedad de Rajoy. Y así que pasen los años, reviviendo perniciosamente confrontaciones que retrotraen a aquellos años donde se seguía debatiendo por la política de reinserción mientras se hacía imposible pensar en el final del terrorismo.

Por si faltaran ingredientes que distorsionen la serenidad, PP y PNV han ensombrecido sus relaciones en medio de los interminables litigios por las competencias del País Vasco que siempre acaban en el Tribunal Constitucional. Pero en el fondo subyace un nulo entendimiento entre la nueva dirección de los populares vascos y los nacionalistas que afecta a la conexión entre Ajuria Enea y Moncloa, muy diferente a la época de Antonio Basagoiti. Es aquí donde el Gobierno Urkullu sale perdiendo porque se está viendo cortocircuitado. A Rajoy le da resultado cruzarse de brazos. De momento, por el viento a favor.

El PNV se empieza a enfadar

Por la vía del Tribunal Constitucional, la mayoría absoluta en la que se asienta el Gobierno Rajoy viene apuntalando una progresiva recentralización, según el temor expresado por algunas autonomías, entre ellas la vasca. Ha bastado ahora la anulación de ocho artículos de la disposición sobre la que se asientan las EPSV -pensiones vascas- y que afecta a los millonarios ingresos depositados por 700.000 ciudadanos de Euskadi para que el PNV y el Gobierno de Urkullu al que apoya hayan elevado el tono de sus críticas con un acento especialmente agrio. Los nacionalistas, enrabietados por el inexistente flujo entre Moncloa y Ajuria Enea, entienden que ha llegado el momento de poner pie en pared.

No está siendo, desde luego, una buena semana para el lehendakari, Iñigo Urkullu. El enésimo intento patrocinado por el equipo logístico de su área de Paz y Convivencia para abrir una rendija en la pétrea posición de Mariano Rajoy sobre los presos de ETA no ha merecido siquiera una respuesta, un mínimo eco allí donde se pretendía. Nadie desde el ámbito de Moncloa ni del PP se ha interesado por el mensaje del presidente del Gobierno vasco, lanzado esta vez en El Escorial. Tan solo ha servido para enfurecer a Sortu, que se siente indignada cuando se le incluye junto al Gobierno central en la equidistancia de una reacción consecuente con el nuevo escenario sin violencia. Quienes aplaudieron hasta hace dos años el uso de las pistolas entienden que ya ha cumplido al dar un paso al frente abrazando las instituciones y la vía política.

Sin eco por tanto con su plan de paz y convivencia, Urkullu encaja ahora un golpe a la médula del Concierto Económico, a la capacidad normativa fiscal de que dispone el País Vasco. Las pensiones vascas son un producto decidido en 1983 por las instituciones forales, atractivo en el mercado hasta el punto de suponer el 33% el PIB vasco y que, sin embargo, ahora se ve azuzado por las dudas que arroja la revisión del Constitucional, a instancias del Gobierno Rajoy.

El PNV y su Gobierno vienen acompasando la expresión de su creciente malestar por la política autonómica del PP con la reivindicación constante de un nuevo modelo de Estado sobre la base de la superación del actual Estatuto de Gernika. Con apelaciones tan frecuentes al Constitucional, o con la promulgación de leyes como la LOMCE el campo se embarra cada vez más y el horizonte siquiera de un mínimo diálogo se oscurece.
La litigiosidad, una apeleación jurídica de la que los gobiernos de Ardanza e Ibarretxe decidieron desistir por su nula aportación a la aspiración autonómica, es ahora demasiado frecuente entre los gobiernos vascos y central. La convicción del PP de que la norma común no entiende de excepcionalidades en su aplicación enerva las aspiraciones autonómicas y en este caso agota la paciencia del PNV. Quizá habría que empezar a hablar un poco más, aunque fuera en la intimidad.