La autocrítica parece reñida con los políticos. Al menos, cuando se trata de la multa de 30 millones al País Vasco por las denominadas vacaciones fiscales. Ni una sola palabra de asunción de responsabilidades. Se paga la ronda con el dinero de los contribuyentes y a pasar página. Así se cierra una idílica y envalentonada interpretación de la autonomía fiscal que se ha dado de bruces contra la legislación europea sobre la línea roja de la solidaridad y de la igualdad de oportunidades, en este caso empresariales.
En pleno debate sobre la galopante pérdida de credibilidad en la acción de muchos políticos, quizá algún asesor del Gobierno vasco y de las tres Diputaciones debería haber esgrimido siquiera en voz baja la conveniencia de que desde las instituciones se reconociera el error cometido; incluso, hasta compartirlo para que el efecto quede diseminado. Si lo hizo, nadie le atendió. Como admitió el diputado general de Álava, Javier de Andrés, la autocrítica no estaba en el orden del día.
Euskadi ha perdido 30 millones de euros. Es suficiente dinero como para que alguien con responsabilidad dé una explicación convincente sobre la causa de este revés ante los tribunales de Europa. El ciudadano, como contribuyente, se lo merece sin que esta exigencia deba entenderse como el reflejo de esos discursos demagógicos ni populistas que en plena crisis económica son fáciles de escuchar y, sobre todo, de pronunciar. Se trata de una demanda plausible por el calado de la sanción.
Muchas semanas después de que desde el Gobierno vasco calara la tentación de identificar la multa con la responsabilidad del Estado español, a sabiendas de que no era así, Euskadi ha acabado dando una "muestra de país" pagando, según cree el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, posiblemente quien antes entendió que debía de empezar a hacer caja para afrontar la multa por el despropósito cometido. ¿Pero de verdad se ha dado una muestra de país en este tema?
Como es previsible, EH Bildu aprovechará la oportunidad de zaherír al PNV, sobre todo, y al PP para afear su conducta en este engorro asunto que salpica la credibilidad de las instituciones sancionadas. Por medio del diputado general de Gipuzkoa, la coalición soberanista ya avisó de sus intenciones en el propio Consejo Vasco de Finanzas. Pero no debería reducirse a una cuestión de réditos políticos. Es una cuestión "de país" de la suficiente envergadura que exige una explicación equivalente.
Muchos años después de emprender esta cruzada judicial cargada de empecinamiento, se asiste a la costosa enmienda de un error. Quienes perseveraron en la idea de estas ayudas, quienes la alentaron incluso desde el convencimiento de que les asistia el poder de la razón entre diferentes, siguen aquí. Y deberían hablar, explicarse y hasta justificarse.
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