Antonio Estella

Hollande y la Reforma del “Fiscal Compact”

Por: | 23 de abril de 2012

Foto Hollande

Si se confirma la tendencia que marca la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, el próximo 6 de Mayo tendremos un Presidente socialista en el Elíseo. Tuve la fortuna de conocer a François Hollande el pasado mes de Marzo, en un acto organizado por varias fundaciones socialdemócratas europeas y auspiciado por FEPS, la Fundación de los Socialistas Europeos. El encuentro estuvo enteramente dedicado a Europa, y ya el nombre, Renaissance pour l’Europe (Renacimiento Europeo) lo dice todo. Parece que los socialistas franceses se han vuelto a tomar el serio la “cuestión Europea” y están completamente decididos a retomar la iniciativa, perdida a lo largo del último decenio, en este terreno.

El discurso que François Hollande pronunció en el emblemático Cirque d'Hiver con motivo del encuentro al que me refiero me sorprendió de manera muy positiva. Fue una mezcla de realismo y de optimismo. Hollande huyó, por un lado, de pedirle a Europa cosas que todos sabemos que la Unión es incapaz de ofrecer por lo menos en estos momentos; pero por otro lado, trazó una hoja de ruta de reforma institucional y de políticas muy interesante, destinada a que la Unión empiece a hacer lo que sí que puede hacer: dar respuesta a las demandas más importantes de sus ciudadanos.

Uno de los aspectos más polémicos del discurso de Hollande fue su anuncio de no ratificar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, el llamado Fiscal Compact, y de renegociarlo si legaba al Elíseo. Como parece que esto es  en estos momentos algo más que una mera posibilidad, creo que tiene sentido que nos detengamos un instante en analizar en qué situación se encuentra esta pieza fundamental de la Gobernanza Económica europea, cómo podría articularse su renegociación y qué aspectos podrían y deberían adicionarse a lo que ya tenemos.

Por el momento, 25 Estados han firmado el Fiscal Compact, pero solamente el Parlamento de uno de ellos lo ha aprobado con vistas a la ratificación, Portugal. Los demás Estados Miembros han sido más cautos que nuestro vecino luso, y ante el anuncio de Hollande, y la posibilidad real de que éste gane las elecciones, han ralentizado sus respectivos procedimientos de ratificación del Fiscal Compact. Actualmente, recordemos que el Fiscal Compact establece un límite del 0,5% del PIB de déficit estructural que puede ampliarse hasta el 1% cuando las circunstancias económicas sean especialmente críticas. Por otro lado, aunque el Tratado menciona el crecimiento y el empleo, lo hace de una manera meramente circunstancial. No hay ninguna medida concreta en estos dos ámbitos en el Fiscal Compact.

Precisamente por ello, el Fiscal Compact ha sido muy criticado por parte de fuerzas progresistas y también de un determinado sector de la academia. No se le critica tanto por su compromiso con la austeridad (aunque mucho habría que decir sobre los límites que específicamente se establecen) sino por su carácter incompleto. Faltan medidas concretas sobre crecimiento y empleo. Y sería bueno que esas medidas figuraran en el propio Fiscal Compact, y no en otro texto o en otro programa, como forma de escenificar que la lucha por el equilibrio de las balanzas fiscales en Europa solamente es un instrumento (y no un fin en sí mismo) para recuperar el crecimiento y crear empleo.

 

De manera muy específica, el Fiscal Compact debería incluir, por tanto, los siguientes elementos:

 

  1. Debería establecer un Fondo específico para estimular el crecimiento de la Economía de la Unión Europea, de acuerdo con la Estrategia 2020. Este Fondo provendría enteramente de los recursos propios de la Unión Europea, y se financiaría en parte a través del establecimiento de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras y de un impuesto sobre las emisiones de Co2 al medio ambiente.
  2. Debería establecer, adicionalmente, un Fondo específico para la lucha contra el desempleo, sobre todo de larga duración, y también de acuerdo con la Estrategia 2020. Como ya hemos mencionado en una entrada anterior en The Screwdriver, este Fondo contribuiría no solamente en la parte “activa” de la lucha contra el desempleo (esencialmente, formación de parados) sino que también debería estar implicado en atender la parte “pasiva” (esencialmente, pago de prestaciones por desempleo) con lo que parte de la factura que pagan determinados Estados Miembros –como el nuestro- como consecuencia de los profundos shocks de ajuste de sus respectivos mercados laborales sería compartida por todos los Estados Miembros y descontada de la contabilidad nacional a efectos del cálculo del déficit.

 

La reforma del Fiscal Compact para incluir estos dos aspectos que menciono es posible: como se trata de un Tratado intergubernamental (internacional), basta para enmendarlo un acuerdo entre los 25 Estados Miembros que en su momento lo firmaron. Solamente el Parlamento portugués debería re-aprobar el Fiscal Compact. Por eso aconsejo a los gobiernos nacionales, entre otros al nuestro, que esperen a ver qué pasa el 6 de Mayo antes de ratificar el Fiscal Compact.

Hay 4 Comentarios

Muchas gracias por la respuesta.
Yo, personalmente, como ciudadano, no veo más oportunidad de oponerme a las políticas neoliberales de Bruselas (por cierto, neoliberalismo lo define el diccionario como "Teoría política que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado"), que votar al Parlamento Europeo cada 4 años. Y la máxima representación que consiguió el partido español más votado en las últimas elecciones europeas fue una representación de 27 en un Parlamento de más de 700. Si esas instituciones son un modelo de democracia, yo no lo veo por ningún lado. Para mí democracia es cuando los responsables máximos de la toma de decisiones se someten al refrendo directo en unas elecciones. Este sistema "indirecto" se parece mucho, en las formas y sobre todo en los resultados de a quienes benefician las políticas de estas instituciones europeas, a la "democracia orgánica" de la época franquista.
En cuanto a la Constitución, mis disculpas. Era una prueba para demostrar lo poco que conocemos, incluso ustedes, los profesionales del derecho, la Constitución Española. Lo importante no es el artículo donde lo dice sino si lo dice o no lo dice, en mi modesta opinión. La referencia correcta es Art. 149:
"1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias."
10.- Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.- Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación del crédito, banca y seguros.

Estas son las frases textuales, pero me dirá usted que se refiere aquí la Constitución a las competencias autonómicas. Esto último es también como lo quiera ver cada cual, porque yo no concibo que si los gobiernos autómicos no pueden tener estas competencias, sea compatible con el espíritu constitucional que instituciones cuyos responsables son elegidos de forma mayoritaria por unos extranjeros, gobiernen sobre aranceles y política monetaria, que son los pilares básicos de nuestra soberanía, prosperidad económica y sostenibilidad de nuestro Estado Social. Muchas gracias por la oportunidad de debatir en su blog.

Hola Viriato: voy por partes: 1) Me parece bien que el 60% de la legislación venga de Europa; de hecho, me da la sensación de que es bastante más que el 60%, pero hace mucho que no veo datos sobre ese tema, es más una sensación que otra cosa; 2) No creo que el problema fundamental de la UE sea su déficit democrático: elegimos de manera democrática al PE, los gobiernos que se sientan en los Consejos están elegidos democráticamente por cada estado miembro, existe el defensor del pueblo, la iniciativa legislativa popular...y un largo etc que hacen de la UE una de las estructuras más democráticas del planeta, incluso más que muchos estados. El problema no es ese, es su déficit de lo que los ingleses llaman "delivery": cuando quiere hacer algo, el tiempo para ello ya ha pasado. Necesita ser una estructura más eficaz, en definitiva, ese es el reto ahora.; 3) Creo que el art. 94 de nuestra Const no dice eso. Te mando el texto. Gracias.

Art. 94: La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

a) Tratados de carácter político.

b) Tratados o convenios de carácter militar.

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Juega al mejor simulador político, económico, y militar, gratuito y por navegador web: http://xurl.es/n2yw0

Me gustaría preguntarle, ya que es usted catedrático de derecho, qué opinión le merece que el 60 % de toda la legislación que nos afecta y las políticas monetaria, arancelaria, agrícola, industrial, de control de los monopolios, ambiental, y un largo etc, dependan de unas instituciones cuyo poso democrático se fundamenta en un proyecto de Constitución que rechazaron amplias capas de la sociedad europea y que consagra el sistema político por el cual quienes toman las decisiones en esas instituciones están sometidos a intensas presiones por parte de los lobbies y ninguna presión de los ciudadanos, puesto que el que permanezcan en sus cargos no depende de unas elecciones. Y ya que estamos metidos en harina, qué opina de que el art. 94 de nuestra constitución diga que las políticas monetaria y arancelaria deben ser competencia exclusiva del gobierno de Madrid. ¿Se olían ya algo de esta gran estafa a los principios democráticos los padres de la Constitución?.

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Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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