Antonio Estella

Habemus Dictum

Por: | 14 de marzo de 2013

Primeras reflexiones sobre la histórica sentencia del TJ en el asunto C-415/11, relativo a la Ley Hipotecaria española

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una histórica decisión, basada en las Conclusiones de la Abogada General Kokott (recomiendo su lectura, son excelentes) sobre la legislación hipotecaria española. En esencia, los hechos que dieron pie a este pronunciamiento fueron los de siempre, aquellos que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver casi todos los días en nuestro país. Concretamente, el ciudadano de nacionalidad marroquí Mohamed Aziz, fue expulsado de su vivienda habitual como consecuencia del impago de siete cuotas de la hipoteca que este señor había contraído con CatalunyaCaixa. Antes de llevarse a cabo la ejecución de la hipoteca, es decir, el consiguiente desahucio, este Banco cargó unos intereses de demora al Sr. Aziz por las cuotas impagadas de ni más ni menos que el 18,75%.

El Tribunal examina fundamentalmente dos cuestiones, todas ellas absolutamente cruciales y que producen un completo vuelco en nuestra injusta legislación hipotecaria. Dichas cuestiones son las siguientes: la posibilidad de oponer en el proceso ejecutivo la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario suscrito; y el si el concepto de cláusula abusiva comprende: a) intereses de demora como los pactados; b) la cláusula relativa al vencimiento anticipado; c) la cláusula unilateral relativa a la fijación de la deuda impagada.

Por hacer corta una historia que es algo más larga, el Tribunal le da un verdadero revolcón al Estado español, y entiende que es ilegal y por tanto contrario al derecho europeo la oposición de cláusulas abusivas en un procedimiento de desahucio y que las tres clausulas antes señaladas, sobre todo la primera, tienen todos los visos de ser contrarios no solamente al derecho europeo, sino también al derecho nacional equivalente al derecho hipotecario. Lo explico.

Primera cuestión. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil es completamente restrictiva en cuanto a las causas que se pueden oponer en un procedimiento ejecutivo que puede desembocar en un desahucio. Pues bien el Tribunal dice que esto es, directamente, ilegal. Cuando hay visos –como en el contrato que firmó el Sr. Aziz y CatalunyaCaixa- de inclusión de cláusulas abusivas, el juez nacional que examina el procedimiento de ejecución debe de poder examinarlas y en su caso paralizar el procedimiento si entiende que éstas son abusivas. Por tanto, hasta que esta cuestión no se dirima, no puede haber ejecución.

Creo que todo el mundo entiende las consecuencias de la anterior frase que he puesto en negrita: probablemente el 100% de las hipotecas contraídas en nuestro país en los últimos años contienen seguramente cláusulas abusivas, aunque sea solamente la de los intereses de demora. Con lo cual, en aplicación de la decisión del Tribunal, todos los procesos ejecutivos actualmente en curso deberían paralizarse para que el juez pueda examinar si efectivamente hay o no cláusulas abusivas, y si las hay, declarar nulas de pleno derecho las hipotecas y suspender la eventuales ejecuciones de manera más definitiva.

Con respecto a la consideración de abusiva de las tres cláusulas que mencionaba antes, aunque el juez comunitario establece que debe ser el juez nacional el que examine en cada caso el carácter abusivo de las mismas, da toda una serie de criterios que permiten entender que efectivamente lo son. Por ejemplo, un interés de demora de casi el 19%, como el que se estableció en la hipoteca del Sr. Aziz, puede considerarse abusivo si el interés de demora es muy superior al interés legal establecido en España. Según señala el propio Tribunal éste estaría situado en torno a un 5% (por tanto, casi cuatro veces más).

De nuevo España ha tenido que esperar a que alguien de fuera le saque los colores, esta vez en una materia tan fundamental como la Ley Hipotecaria. Gracias Europa: Habemus Dictum.

Hay 5 Comentarios

Los abusos legalizados forman parte de un sistema de leyes hechos a la medida de los intereses de las altas finanzas. Dice el adagio... el que hizo la ley hizo la trampa.
O sea, los políticos al servicio de la gran banca por los sobornos que reciben de ésta.

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Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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