Antonio Estella

Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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Eskup

Cinco aclaraciones legales sobre Chipre

Por: | 28 de marzo de 2013

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Quizá porque el debate sobre el caso chipriota está dominado por determinados economistas, que provienen además del lado de la ortodoxia más rigurosa (en el doble sentido de que solamente existe la economía, y no las reglas, y en el de las recetas que proponen) se están diciendo toda una serie de cosas sobre el caso chipriota que creo que conviene aclarar desde un punto de vista regulatorio. Voy a ello.

 1. Primer error. El esquema europeo de garantía de depósitos impide tasar los depósitos de los Estados Miembros.

No es cierto. La cuestión está regulada en la directiva 94/19, que ha sido reformada recientemente por la directiva 2009/14. Efectivamente, en estas directivas se insta a los Estados Miembros a establecer un sistema de garantía de los depósitos bancarios que cubra el 100% de los depósitos hasta 100 mil euros, medida que los Estados pueden mejorar si lo desean. Pero la regulación comunitaria va destinada a cubrir a los depositantes FRENTE AL RIESGO DE INSOLVENCIA de los bancos. Por tanto, si los Estados Miembros han implementado la directiva, y han establecido el sistema de garantía, los depositantes quedarán cubiertos ante el riesgo de insolvencia de las entidades en las que tengan realizados sus depósitos. NADA DICE LA DIRECTIVA SIN EMBARGO SOBRE EL “RIESGO” DE QUE SE ESTABLEZCA UN IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS.

2. Segundo error. La UE garantiza los depósitos hasta 100 mil euros.

Este es muy común, casi el que más. La UE no garantiza nada. Son los Estados Miembros los que tienen que aplicar las directivas anteriores. Se está en estos momentos discutiendo, en el marco de la mal llamada Unión Bancaria, un sistema europeo de garantía. Pero hasta ahora no hay nada. Insisto, son los Estados Miembros los que deben de hacerlo, Chipre en este caso.

 3. Tercer error. Chipre carece de un sistema de protección de sus depósitos, por lo que la UE debe actuar en su lugar

Por la información de la que se dispone Chipre implementó un esquema de protección similar al antes relatado desde Septiembre de 2000 (mirad este link). En cualquier caso, si Chipre no lo hubiera establecido, estaría violando el derecho comunitario en vigor, pero la UE no tendría ninguna obligación de sustituir a ese país y garantizar directamente los depósitos.

4. Cuarto error. Establecer un corralito (una limitación a la libre circulación de capitales, o a la recuperación de los depósitos) es contrario al derecho comunitario.

Basta con leer los artículos 64.3º TFUE (restricciones a los movimientos de capital dentro de la UE) y 66 TFUE (restricciones a los movimientos de capital entre la UE y terceros Estados) para darse cuenta de que los propios Tratados comunitarios prevén esta posibilidad. Si se siguen los procedimientos comunitarios, el corralito es perfectamente legal.

5. Quinto error (este ya no es jurídico, es de sentido común). Va contra el sentido económico gravar los depósitos

En la crisis ha habido ganadores y perdedores. Por ejemplo, en España, entre los segundos están los siguientes: asalariados, pensionistas, autónomos, trabajadores, etc. Entre los primeros: detentadores de patrimonio y ahorradores (además de los grandes asalariados como los ejecutivos o los jugadores de futbol o a aquellos que se les retribuye con acciones etc). No se entiende muy bien por qué unos tienen que pagar y otros no. El hecho de que hacer pagar, por ejemplo, a los ahorradores, puede producir pánico bancario tiene una solución muy clara: 1) garantizar la liquidez de los bancos, vía Banco Central Europeo; 2) establecer, adicionalmente, controles a la libre circulación de capitales. Estos es más o menos lo que se ha hecho en Islandia con resultados aceptables, como señala Krugman en este post. En otras palabras: el argumento del pánico financiero es una consecuencia en su caso de una mala gestión, no un argumento. Si los Estados tienen que pagar por la crisis, entonces todos los grupos dentro de un estado deben hacerlo, sin estar justificado que unos lo hagan y otros no, o que unos lo hagan en mayor medida que otros. Estas diferencias en el reparto del coste de la crisis explicarían, en parte, por qué España se ha convertido en uno de los países más desiguales de la UE.

Dicho esto, efectivamente, la crisis chipriota podía haber estado mejor gestionada por el Eurogrupo.

Habemus Dictum

Por: | 14 de marzo de 2013

Primeras reflexiones sobre la histórica sentencia del TJ en el asunto C-415/11, relativo a la Ley Hipotecaria española

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de dictar una histórica decisión, basada en las Conclusiones de la Abogada General Kokott (recomiendo su lectura, son excelentes) sobre la legislación hipotecaria española. En esencia, los hechos que dieron pie a este pronunciamiento fueron los de siempre, aquellos que desgraciadamente estamos acostumbrados a ver casi todos los días en nuestro país. Concretamente, el ciudadano de nacionalidad marroquí Mohamed Aziz, fue expulsado de su vivienda habitual como consecuencia del impago de siete cuotas de la hipoteca que este señor había contraído con CatalunyaCaixa. Antes de llevarse a cabo la ejecución de la hipoteca, es decir, el consiguiente desahucio, este Banco cargó unos intereses de demora al Sr. Aziz por las cuotas impagadas de ni más ni menos que el 18,75%.

El Tribunal examina fundamentalmente dos cuestiones, todas ellas absolutamente cruciales y que producen un completo vuelco en nuestra injusta legislación hipotecaria. Dichas cuestiones son las siguientes: la posibilidad de oponer en el proceso ejecutivo la existencia de cláusulas abusivas en el contrato hipotecario suscrito; y el si el concepto de cláusula abusiva comprende: a) intereses de demora como los pactados; b) la cláusula relativa al vencimiento anticipado; c) la cláusula unilateral relativa a la fijación de la deuda impagada.

Por hacer corta una historia que es algo más larga, el Tribunal le da un verdadero revolcón al Estado español, y entiende que es ilegal y por tanto contrario al derecho europeo la oposición de cláusulas abusivas en un procedimiento de desahucio y que las tres clausulas antes señaladas, sobre todo la primera, tienen todos los visos de ser contrarios no solamente al derecho europeo, sino también al derecho nacional equivalente al derecho hipotecario. Lo explico.

Primera cuestión. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil es completamente restrictiva en cuanto a las causas que se pueden oponer en un procedimiento ejecutivo que puede desembocar en un desahucio. Pues bien el Tribunal dice que esto es, directamente, ilegal. Cuando hay visos –como en el contrato que firmó el Sr. Aziz y CatalunyaCaixa- de inclusión de cláusulas abusivas, el juez nacional que examina el procedimiento de ejecución debe de poder examinarlas y en su caso paralizar el procedimiento si entiende que éstas son abusivas. Por tanto, hasta que esta cuestión no se dirima, no puede haber ejecución.

Creo que todo el mundo entiende las consecuencias de la anterior frase que he puesto en negrita: probablemente el 100% de las hipotecas contraídas en nuestro país en los últimos años contienen seguramente cláusulas abusivas, aunque sea solamente la de los intereses de demora. Con lo cual, en aplicación de la decisión del Tribunal, todos los procesos ejecutivos actualmente en curso deberían paralizarse para que el juez pueda examinar si efectivamente hay o no cláusulas abusivas, y si las hay, declarar nulas de pleno derecho las hipotecas y suspender la eventuales ejecuciones de manera más definitiva.

Con respecto a la consideración de abusiva de las tres cláusulas que mencionaba antes, aunque el juez comunitario establece que debe ser el juez nacional el que examine en cada caso el carácter abusivo de las mismas, da toda una serie de criterios que permiten entender que efectivamente lo son. Por ejemplo, un interés de demora de casi el 19%, como el que se estableció en la hipoteca del Sr. Aziz, puede considerarse abusivo si el interés de demora es muy superior al interés legal establecido en España. Según señala el propio Tribunal éste estaría situado en torno a un 5% (por tanto, casi cuatro veces más).

De nuevo España ha tenido que esperar a que alguien de fuera le saque los colores, esta vez en una materia tan fundamental como la Ley Hipotecaria. Gracias Europa: Habemus Dictum.

El informe Wert o Alicia en Wonderland

Por: | 13 de marzo de 2013

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Llama la atención en el Informe Wert la poca importancia que se le da a la cuestión fundamental que tiene planteada la Universidad española hoy en día: la de su financiación. Casi 90 páginas dedicadas a hablar de cómo implementar la enésima reforma sobre temas que no le importan nada a casi nadie en la Universidad (como la elección del Rector) frente a 9 sobre el tema clave, que es su financiación. La cuestión de la financiación de la Universidad es tan fundamental, que hubiera merecido un tratamiento específico, en un informe separado.

Pero más allá de ello, y aunque sea brevemente, el informe señala alguna que otra cosa que merece ser analizada con algún detenimiento. Por ejemplo, que la Universidad tendrá que tener una financiación de alrededor del 3% del PIB español, o que la financiación pública debe ser “suficiente”.

El informe no dice, sin embargo, como se llegará al 3% de la financiación que el mismo establece; por ejemplo, si ese 3% será completamente público o público y privado. El tono general del informe hace temer que será más bien lo segundo, ya que el límite mínimo de financiación pública no se establece (solamente se dice, como ya he señalado, que deberá ser “suficiente”). Dependiendo de cómo entendiéramos el informe, la mayor parte de la financiación podría ser privada.

¿Habría algún problema en admitir una financiación mayoritariamente privada de la Universidad española? En principio no, siempre y cuando España fuera, por ejemplo, Estados Unidos, y tuviera una riqueza y diversidad de posibles financiadores como la que hay en Estados Unidos, sus alumni tuvieran la capacidad de encontrar, tras finalizar sus estudios universitarios, trabajos remunerados millonariamente y por tanto pasaran a convertirse en parte de los potenciales financiadores de la Universidad, y hubiera, finalmente, una gran pluralidad de confesiones religiosas (amén de otros grupos) interesados en meterse en el business de la educación superior. Si todo eso ocurriera, entonces no habría demasiado problema. Doy un dato: la Universidad de Princeton, por ejemplo, tiene un endowment de unos 18.000 millones de dólares, más dinero que todo el dinero presupuestado para todas las universidades públicas españolas en 2012. Todo esto estaría, por tanto, muy bien, salvo por un pequeño detalle: que España no es Estados Unidos.

Ese es el principal problema del que adolece el informe. Los miembros de la Comisión, algunos de ellos reputados profesionales que desarrollan su labor docente e investigadora en prestigiosas universidades de fuera de nuestro país, se creen que son Alicia, y que España es el país de las maravillas. Al hablar de otro país, confunden deseos con realidades, todo ello además con un punto de hostilidad hacia la universidad española que rezuma a lo largo y ancho de todo el informe (para muestra, un botón: “la primera condición para mejorar la calidad del SUE es reconocer que [ésta] es muy insuficiente: la falta de universidades españolas de excelencia es incontrovertible. Pag. 7 del informe). La cuestión es que sí que es controvertible, si tenemos en cuenta su escasísima financiación, tal y como se señala en este excelente artículo. Yo también me he formado en universidades extranjeras, y sin embargo, mi opinión de la Universidad española es diferente: teniendo en cuenta lo pobremente que está financiada, parece milagroso que funcione todos los días desde hace mucho tiempo.

La Universidad española tiene un problema esencial con su financiación, problema que es, además, endémico, lo que la RAE define como “enfermedad que reina habitualmente”, es decir, que siempre hemos tenido este problema. Y se ha venido a acentuar ahora con la suicida estrategia de salida de la crisis que primero el gobierno de Zapatero y luego el gobierno de Rajoy, acuciados por la estrechez de miras de la Unión Europea, están implementando desde 2010. Sí, señores, podían haber establecido una excepción en su política de recortes en relación con la ciencia, la investigación y la Universidad españolas. Porque si nos tomamos en serio documentos europeos como el de la Estrategia 2020, en el que parece que está inspirado el informe Wert para fijar precisamente el porcentaje de financiación al que me he referido antes, las cosas están entonces bastante claras: la ciencia, la investigación, las Universidades, son uno de los posibles motores de crecimiento de nuestros respectivos países y una de las principales fuentes para la salida de la crisis.

Me encanta Alicia en el país de las maravillas. Se lo leo a mis hijos por las noches. Y me preguntan siempre, al final, cuando les apago la luz: “Papá, ¿esto es un cuento, no? Sí, es un cuento, hijos míos”.

El País

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