Antonio Estella

Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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Ayudas al sector naval: sepultados entre dos nacionalismos

Por: | 24 de julio de 2013

Urki466b

 

El debate público que se está produciendo sobre la decisión de la Comisión Europea, auspiciada por el Comisario español Joaquín Almunia, sobre las ayudas al sector naval español, es un clarísimo ejemplo de lo emponzoñada que está en nuestro país cualquier tipo de discusión que enfrente de alguna manera u otra a España con la Unión Europea. Podemos decir que ese debate está protagonizado por los representantes de dos tipos de nacionalismos: el nacionalismo españolista (Europa tiene la culpa de todo) y el nacionalismo europeísta (España tiene la culpa de todo). La lista de ejemplos no pretende ser exhaustiva, pero sí que es ilustrativa de estas dos corrientes.

Por un lado, Miguel Zubero, publicaba hace unos días El Doctor Almunia y Mr. Joaquín, artículo en el que se venía a decir que el Comisario europeo estaba movido por no se sabe muy bien qué oscuros intereses a la hora de decidir “perjudicar” a España. Por el otro, Vidal-Folch y Torreblanca, en El País, publicaron también hace unos días un artículo y un post, respectivamente, en donde ambos autores argumentaban que la culpa de todo lo ocurrido era, como siempre, de la pésima gestión española de las ayudas navales y de nuestros propios prejuicios. El título del primero de ellos no ofrece lugar a dudas: en “La culpa es de España”, el periodista de El País argumenta que “la (supuesta) cruzada (contra Almunia) falsea datos y olvida que Aznar creó un sistema ilegal, tolerado por Zapatero y Rajoy” (el texto entre paréntesis es mío). El remate lo proporciona el artículo de Torreblanca, quien viene a hacer una oda a la espléndida independencia de la Comisión europea, como si Bruselas fuera una galaxia rodeada por una especie de atmósfera-cero que la protegiera completamente de la influencia de cualquier interés concentrado. Me reservo mi opinión, por supuesto, sobre cuál de los dos nacionalismos hace más daño a España. Sí que diré, sin embargo, que puedo llegar a entender (aunque no a endorsar) el primero, pero me cuesta mucho no ya solamente endorsar, sino incluso entender, el segundo.

El caso es que nadie, repito, nadie, en este debate, intenta hacer caso a lo que acertadamente ha dicho el Comisario Almunia, que es que hay que discutir la cuestión desde el único punto de vista posible, que es el jurídico. Es decir, dando datos y aportando argumentos lógicos y racionales en pro o en contra de una u otra postura. Embutidos como estamos entre dos tipos de nacionalismos, a cual más rancio, es imposible aclararse en un asunto caracterizado por su alto grado de complejidad. Voy a ello, pero adelanto mi veredicto: desde un punto de vista técnico –como le gusta al Sr. Almunia- la decisión de la Comisión es directamente lamentable, y espero que el Tribunal de Justicia de la UE la anule.

 

1. Lo primero que hay que decir es que la Comisión europea tomó una decisión similar pero referida a Francia hace no muchos años, exactamente en 2006 (Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2006, n° C46/2004 (ex NN65/2004)). En esa decisión, la Comisión señala textualmente:

 

“La Commission considère donc que la France ne doit pas récupérer les aides incompatibles illégalement octroyées depuis l’entrée en vigueur, en 1998, de la loi n° 98-546 dans le cadre d'opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder le bénéfice du régime de l'article 39 CA du CGI en vertu d'un acte juridiquement contraignant antérieur à la publication au Journal officiel de l’Union européenne, le 13 avril 2005, de la décision de la Commission du 14 décembre 2004 d’ouvrir la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité”

 

De lo que se puede deducir un principio general, además de sentido común: el momento de recuperación de las ayudas se empieza a contar a partir de la fecha en el que la Comisión haya iniciado formalmente el procedimiento para examinar si la ayuda en cuestión es ilegal, cuando de hacerlo de otro modo se atentaría contra un principio superior del ordenamiento jurídico comunitario, como es el de la seguridad jurídica.

2. Vayamos al caso español. Según los datos que proporciona la propia página web de la Comisión europea (DG competencia) en el caso español la fecha de apertura formal de la investigación es de 29 de Junio de 2011. (Vid aquí). Por tanto, habría que devolver las ayudas, como mucho, a partir del 29 de Junio de 2011.

3. Sin embargo, la decisión de la Comisión sobre las ayudas al sector naval español obliga a la devolución a partir de abril de 2007 (vid. aquí).

4. Se podrá decir que en el caso francés concurrían circunstancias excepcionales, que hicieron que la Comisión europea decidiera retrasar la fecha a partir de la cual se debían, en ese caso, devolver las ayudas.

5. Pero seguramente esas circunstancias excepcionales concurren también en el caso español. Entre otras, por ejemplo, hay una que la propia decisión francesa tiene en cuenta, que es la tardanza, precisamente, en incoar formalmente el procedimiento contra Francia. Esa circunstancia se podría aplicar también al caso español (el sistema español de ayudas al sector naval se establece en 2002; es decir, el procedimiento se incoa formalmente ¡nueve! años después).

6. Otras circunstancias, si no excepcionales en el sentido jurídico del término, si “especiales”, que cabría tener en cuenta, son: la famosa carta de la Comisaria Kroes, y el propio hecho de que Joaquín Almunia es nacional español (desgraciadamente esto de la independencia es como lo de la mujer del César: no solamente se tiene que ser independiente, cosa que no pongo en duda; además hay que parecerlo. El Comisario se podría haber abstenido, por su nacionalidad, de adoptar esta decisión, como permite -y hasta aconseja- en estos casos el artículo 17.3º del TUE). A pesar de ello, la más importante de todas ellas es la que he señalado anteriormente.

 

En conclusión: esta decisión de la Comisión es probablemente una chapuza técnicamente hablando. Decir que la misma se ha producido por la falta de independencia de Almunia es tan patético como decir que todos los errores que se han cometido en su adopción son secundarios, puesto que Europa es Santa y España, claro, una pecadora sin redención posible.

El País

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