Antonio Estella

El juez nacional en la encrucijada de los derechos fundamentales

Por: | 26 de junio de 2014

Alonso García

 

Este es el título del discurso con el que Ricardo Alonso García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y experto en derecho europeo, se incorporó el pasado 24 de Febrero de 2014 a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

Nadie me ha hecho pensar más en el sentido del derecho, su finalidad, la manera en la que debemos abordarlo, y su carácter (o no) “contextual”, que dos personas en nuestro país: una es el Profesor García de Enterría; y la otra es Ricardo Alonso García. Ricardo Alonso es el responsable directo de haber situado en su mayoría de edad al Derecho Europeo en el ámbito español. Él mismo fue muy influido por el viejo maestro Enterría en este propósito. Y el resultado es que el derecho de la Unión se trata ya en España como un derecho con autonomía propia, desligado ya de sus vestigios internacionalistas. La complejidad en el tratamiento que hace Ricardo Alonso del análisis del derecho comunitario positivo es tal que gracias a ello podemos hablar hoy en día de una verdadera ciencia del derecho europeo aquí, en España.

Una excelente prueba de lo que digo es precisamente su discurso de ingreso en la Real Academia. En este ensayo, Ricardo Alonso trata del dilema al que se enfrenta el juez nacional cuando tiene que aplicar e interpretar derecho fundamentales contenidos bien en las propias constituciones nacionales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por paradójico que parezca, la aplicación de uno o de otro, o de la combinación de los tres o de alguno de los tres, puede suponer la aplicación de un estándar de protección diferenciado (más elevado, o menos elevado) del mismo derecho fundamental. El juez se enfrenta pues a un verdadero dilema, puesto que si entiende bien su misión como juez, que es la de impartir justicia, debería entonces otorgar el máximo nivel de protección; pero al mismo tiempo, ello podría truncar algunos de los principios fundamentales en los que se basa nuestro ordenamiento jurídico, como es el del respeto a la posición normativa que cada uno de estos sistemas de protección tienen en el ordenamiento jurídico entendido éste en su totalidad.

Pongo solamente un ejemplo para que esta cuestión tan aparentemente técnica se entienda algo mejor. El ejemplo está sacado del propio ensayo de Alonso, y se refiere a la cuestión de la lucha contra el blanqueo de capitales. Vaya de antemano que para hacer más sencilla la explicación, simplifico mucho y remito a todos aquellos que estén interesados a la lectura del texto de Ricardo Alonso. En 1991 se adoptó la directiva 91/308, sobre blanqueo de capitales. La directiva fue modificada, años más tarde, por la directiva 2001/97. En esta segunda directiva se obligaba a declarar las transacciones financieras sospechosas de comportar blanqueo de capitales a una serie de profesionales ajenos al sector financiero, en particular, a los abogados. Finalmente esta segunda directiva fue sustituida por la directiva 2005/60, que puntualizaba que los abogados no se verían en la obligación de transmitir dichas informaciones cuando dichos abogados estuvieran defendiendo a sus clientes “en proceso judiciales o en relación con ellos” independientemente de que hubieran obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Pues bien, a partir de ahí, se plantearon dos asuntos, uno belga y otro francés. En el asunto belga, la Corte de Arbitraje (el Tribunal Constitucional belga) solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se pronunciara sobre la validez de los preceptos de la directiva antes mencionados. Por su parte, el TJUE, examinó la cuestión desde la perspectiva del derecho fundamental a un proceso justo, ante lo cual señaló que siempre que no mediara un proceso judicial, los abogados se verían eximidos de suministrar la información potencialmente sospechosa sobre blanqueo de capitales. Interpretada desde esa perspectiva, la directiva era válida de acuerdo con el derecho comunitario en vigor.

Sin embargo, en el asunto francés, el Consejo de Estado de este país (el más alto Tribunal Administrativo francés), en un asunto similar, examinó indirectamente la validez de la misma directiva anteriormente mencionada. Sin embargo, hubo dos diferencias con el anterior caso: primero, que el Consejo de Estado no remitió cuestión prejudicial alguna al TJUE y, segundo, que analizó la cuestión desde la perspectiva al derecho a la vida privada. Para el Consejo de Estado, la normativa nacional adoptada en aplicación de la directiva no era, sin embargo, contradictoria con el derecho fundamental a la vida privada. El recurrente en la causa principal, Sr. Michaud, decidió recurrir a su vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien examinó la cuestión, de nuevo, desde la perspectiva del derecho a la vida privada y secreto profesional del abogado. El Alto Tribunal, tras constatar la inexistencia de incompatibilidad entre la directiva y tales derechos, dio un paso más y argumentó que esa compatibilidad era posible gracias al “filtro protector” que suponía que el abogado tuviera que remitir la información no directamente a las autoridades financieras nacionales sino al Colegio de Abogados quien, tras procesar la información, la remitirían a las autoridades fiscales competentes.

Las diferencias son claras: unos tribunales entienden que es necesario plantear la cuestión prejudicial, mientras que otros no; unos entienden que el tema queda resuelto examinando la cuestión desde la perspectiva del derecho a un proceso justo, mientras que otros entienden que el tema también afecta al derecho a la vida privada; finalmente, unos entienden que la mediación del Colegio de Abogados es clave, mientras que otros entienden que ésta no es fundamental.

La pregunta es pues evidente: ¿con qué opción protectora e interpretativa se quedaría un juez nacional? Parece que tiene varias a su disposición, y que dependiendo de a cuál de ellas acuda, podrá obtener resultados diferentes.

Pero el planteamiento que hace Alonso García quizá vaya mucho más allá, en realidad, del dilema al que se puede enfrentar un juez nacional en este ámbito -por otro lado perfectamente natural, teniendo en cuenta el contexto de multiplicidad de jurisdicciones como el que vivimos. La pregunta sería, además, la de intentar entender cuál es el verdadero papel y la consideración que tiene el derecho a la hora de resolver conflictos de manera igualitaria. Por lo que vemos, no parece existir una técnica jurídica que, al aplicarla, de soluciones interpretativas similares cuando los hechos son similares. Ello socava de una manera muy profunda la propia legitimidad del derecho. Es por ello por lo que el derecho tiene que desarrollar técnicas hermenéuticas más sofisticadas y mucho más elaboradas que impidan esta “exuberancia” casi irracional en lo que a los argumentos y resultados jurídicos se refiere. De otro modo, el derecho adquiere unas características meramente discursivas que le alejan correlativamente de cualquier tentativa de ofrecer un sistema objetivo y cerrado de reglas que sean uniformes en su aplicación e interpretación. La apelación a la totalidad del derecho queda gravemente desacreditada cuando examinamos de manera microscópica la realidad jurídica y jurisdiccional, como hace Alonso García.

Existen sin embargo salidas a lo que parece una dificultad casi insoslayable, a ese estado de cosas que parece que tenemos que aceptar en virtud del cual, por mor del pluralismo jurídico, el derecho tiene que aceptar un permanente flanco de crítica desde la perspectiva de su propia legitimidad. Esa solución probablemente pasaría, en primer lugar, por poner en el centro de los curriculums de enseñanza del derecho la formación en hermenéutica jurídica. Las reglas de hermenéutica, basadas en las reglas de la lógica en general y de la lógica jurídica y matemática en particular, son el propio corazón del derecho y deberían de configurar el esqueleto fundamental de cualquier grado o licenciatura o más en general de cualquier enseñanza en esta disciplina. Ningún alumno debería salir de las aulas de una facultad de derecho sin ser un experto hermeneuta y un experto en lógica jurídica. Y en segundo lugar, es preciso dotar al derecho de una mayor cientifismo. El derecho debe quedar avalado, siempre que sea posible, por datos, por evidencias, más que por argumentos cuya procedencia es muchas veces poco más o menos que completamente voluntarista. Volvamos a los clásicos y al racionalismo, en definitiva.

Todos estas reflexiones (y muchas más, que por razones de espacio omito) son las que me sugiere la lectura del excelente ensayo de Ricardo Alonso García sobre el juez nacional y la encrucijada de los derechos fundamentales. Enhorabuena, maestro.

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Sobre el autor

es Catedrático Jean Monnet de Gobernanza Económica Global y Europea y Profesor Titular de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. Es doctor en derecho por el Instituto Universitario Europeo y posee un master en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas. Es promotor y miembro del Grupo de Trabajo 'Plan B', dedicado a realizar propuestas alternativas a las salidas de la actual crisis económica.

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