De fraudes y la calidad de los aceites

Al igual que hiciera hace unos meses en el sector de la leche, la editorial OCU acaba de lanzar su estudio sobre las calidades de las marcas de aceites de oliva virgen y virgen extra en medio del malestar, las críticas, denuncias y hasta la sorpresa de muchos de los propios industriales. Hay empresas donde las marcas que elaboran para algunos grupos de distribución a precios bajos han obtenido una gran calificación, mientras el aceite que envasan para su propia marca tienen calificaciones defectuosas. Ya sucedió lo mismo en el caso de la leche donde la marca cabecera de un gran grupo cooperativo y donde se hacen grandes inversiones en promoción era calificada en el ranking OCU en un puesto muy inferior a marcas de la distribución más barata elaboradaSpor la misma sociedad.

En el aceite de oliva, a la hora de etiquetar un producto como virgen o virgen extra, es preciso realizar un primer análisis químico y además otro organoléptico con un panel de cata, método de carácter subjetivo, que da lugar a numerosas discrepancias para delimitar esa barrera entre el aceite virgen y el virgen extra. Homogeneizar los métodos de los paneles de cata constituye en este momento uno de los puntos prioritarios en el calendario de las medidas que se quieren adoptar a corto plazo, tanto desde el propio sector olivarero español, como por la propia Unión Europea el marco del Plan de Acción para el Aceite de Oliva que ha presentado la Comisión.

 Ofrecer un aceite de calidad en todo los mercados, en España y en el exterior, constituye un objetivo en el que se halla empeñado todo el sector. En consecuencia, olivareros y los industriales saben que con la imagen del aceite no se puede jugar y son ellos mismos, desde sus organizaciones, quienes vigilan permanentemente la calidad de los aceites que se colocan en los mercados, y muy especialmente cuando se trata de aceites baratos que aparecen en los lineales, para evitar que algún irresponsable, que los ha habido y los puede seguir habiendo, haga trampas. En el propio sector industrial se sabe quién es propenso a operar en las fronteras marcadas por la normativa, que la pueden traspasar y que incluso en ocasiones han superado esa raya confiando que no se les va a denunciar si es sólo un fraude económico para no perjudicar la imagen de toda una industria con dos vías como las más socorridas:utilizar un porcentaje de mezcla de semillas o uso de aceites de orujo o de repasado de baja calidad. Pero esa no es la tónica general y menos en los tipos virgen y virgen extra.

Organizaciones de consumidores, la editorial OCU, entre otras, tienen el deber de vigilar la calidad de los alimentos y que a los consumidores no se nos de gato por liebre. Sin embargo, desde el ejercicio de la propia responsabilidad, cuando se acomete el trabajo de poner al descubierto la calidad alimentaria de un producto, en este caso del aceite de oliva y cuando una parte de esa calidad depende de un análisis organoléptico subjetivo, hay que tentarse la ropa antes de emitir un juicio que puede llevar al traste una imagen y una economía con docenas de miles de damnificados. Y, si se apuesta por hacer ese análisis para defender al consumidor o para tener viva una imagen de organización combativa ante sus socios, ahora que ya hay diferentes organizaciones de consumidores, es importante que se haga con el máximo rigor.

 El aceite es un producto que, a diferencia del vino, tiene un recorrido más corto en el mantenimiento de sus propiedades originales y que pueden variar sensiblemente desde que sale de una industria. Su conservación en buen estado va a depender del tiempo que haya pasado desde su envasado, su tiempo de exposición a la luz o al calor. Un aceite puede salir virgen extra de una industria y acabar como virgen en los lineales en función del tiempo y de cómo se haya conservado. En consecuencia, cuando se hace un análisis sobre aceites, al margen de la subjetividad de una cata, sería indispensable que todos los aceites analizados hubieran respondido a las mismas condiciones de tiempo desde su salida de fábrica y en su mantenimiento. Por otra parte, no se puede determinar y pontificar sobre la calidad de una marca con la toma de muestra de una botella, como insisten en sus denuncias empresas del sector y la Asociación de aceiteros. Finalmente, no parece limpio hacer públicas una conclusiones sin que, como reclaman los industriales, se hayan llevado a cabo otros análisis contradictorios y un tercer análisis concluyente.

 Levantar un sector, elevar unos niveles de la demanda, ganar mercados en base a calidad y precios como ha hecho el aceite de oliva, aunque sigue la asignatura pendiente de reducir la venta de graneles, con más de 2,5 millones de hectáreas en el país, 500.000 olivarero,  miles de puestos de trabajo fijos, millones de peonada, es un trabajo que ha costado su tiempo y es una actividad clave en el tejido socioeconómico de muchas zonas. Merecerìa todos los ataque si fuera un sector marcado por la irresponsabilidad y el fraude,que no es el caso. Pero, no se puede utilizar el aceite, a partir de las formas de análisis empleados, con varias lagunas, para hacer un ranking de buenos y malos en una cuestión tan seria como los mercados. Y, ante este tipo de actuaciones, algo deberían decir las Administraciones con competencias en la materia sobre la calidad de los aceites...

Desorganización y responsabilidades en el campo

El recorte de las cosechas en una serie de producciones importantes como los cereales, el vino o el aceite, han supuesto en los últimos meses una fuerte subida de los precios en el sector agrario. En el aceite de oliva, recuperando parcialmente los niveles record de la pasada década.En el vino, con  precios para la uva en las principales zonas de producción, duplicando las cantidades de hace un año. En los cereales, siguiendo la estela de las subidas hasta que las cabañas ganaderas digan, basta.Lo que no se había logrado con los mecanismos de regulación de los mercados, lo ha conseguido la sequía.

Para el sector agrícola, no para los ganaderos, es como si se estuviera viviendo una primavera de los precios, aunque una parte de esas mejoras se vayan para cubrir las subidas de los precios de los fertilizantes, donde Fertiberia domina el mercado, sin que lo aparente saber Competencia. Se trata de una situación muy favorable, que no va a suponer atraer más personas a la actividad agraria de verdad, no para el montaje de huertos familiares,agriculturas alternativas, aunque todo suma. Estos buenos precios tampoco supondrán una lamada a los licenciados urbanos para instalarse en el campo, cosa complicada, por mucha voluntad que se les suponga, si no tienen una familia con posibles o disponen de capacidad para meterse en unas inversiones medias de unos 0,20 millones de euros.No hay vocaciones, tampoco de licenciados para ordeñar, para ser pastor a pie de rastrojo y, los pocos miles de jóvenes que oficialmente se han incorporado en los últimos años a la actividad  agraria, en su casi totalidad, no han llegado de la ciudad, sino que ya se hallaban y en la explotación familiar sin ser titulares y permanecen en la misma por la falta de  otras salidas en la construcción o los servicios.El campo no tira ni en tiempos de crisis. 

Este nuevo escenario que ha sobrevenido, sin esperarlo, en el propio campo, se ha dejado sentir en las cuentas de miles de explotaciones. Sin embargo, es también la ocasión para preguuntarse qué ha hecho o en qué ha influido la actividad de los agricultores en la mejora de esos niveles de precios y de mejora de ingresos y rentas.

Tienen razón los agricultores cuando denuncian las caídas de los precios agrarios por el desmantelamiento de los mecanismos de regulación en las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común, la rebaja de los precios de intervención, su eliminación o las ayudas para exportar.Tienen razón cuando denuncian bajadas por la progresiva apertura de fronteras a las importaciones de terceros países, sin medidas de salvaguardia para proteger a las producciones propias, como hacen Estados Unidos o Japón, frente a las entradas de frutas o carnes.Tienen razón cuando denuncian las políticas de los grandes operadores, las estrategias de los grandes grupos industriales o de la distribución que,al final, son quienes fijan los precios en el campo.Pero, siendo ciertas todas esas  denuncias, el sector agrario tiene igualmente la obligación de preguntarse cuál ha sido su papel en las subidas y, sobre todo, cuál fue su actuación en las caídas. Poco se puede exigir cuando en el sector agrario hay docenas de miles de agricultores cerealistas que venden individualmente sin precio, "a como esté", según el operador de turno y que renuncian, de entrada, a poner en marcha estrategias de organización en la defensa de sus propios intereses.

En la última década se han reforzado diferentes grupos industriales que operan en el campo. Se ha producido una fuerte concentración de la gran distribución y,frente a todo ello, el sector agrario se mantiene, por ejemplo, con unas 3.000 cooperativas que aglutinan más del 70% de las producciones de aceite o de vino, pero con una dispersión tal que les impide desarrollar una estrategia unida frente a todos los operadores.

El gobierno, con buen criterio y respondiendo a este problema histórico, tiene entre sus prioridades para esta legislatura, poner en marcha una ley para la ordenación y concentración de la oferta siguiendo las recomendaciones comunitarias y se espera, con el consentimiento de las autoridades de Competencia. Habrá una ley, pero la realidad es que la ordenación y la concentarción de la oferta no se hace con una ley, sino con la voluntad de quienes tienen la producción en sus manos. Desde el pasado mes de octubre son obligados los contratos en el sector de la leche entre ganaderos e industriales o los primeros compradores.Sobre el papel y fuera de él, se trata de una medida positiva.En un sector desorganizado como el de la leche, la medida, más que con satisfacción, ha sido recibida con preocupoción ante la existencia de unas pocas industrias que pueden imponer sus precios ante miles de pequeños ganaderos y con un producto perecedero. Ahora toca organizarse contra reloj,frente a una situación que, no solo se podía esperar, sino que se estaba demandando.Quizás,de forma excepcional, para un periodo transitorio, sería necesaria la figura de un mediador en esa política de contratos para que no se produjeran abusos de poder.Pero, con la idea clara de que la defensa de los precios agrarios, el de la leche incluido, al margen de las políticas de desamantelamiento de Bruselas, debería contar con el protagonismo de los propios productores organizados.

 

Tomate, la moneda de cambio que impuso Marruecos

El pasado uno de octubre,coincidiendo con el inicio de la campaña de importaciones de frutas y hortalizas de invierno, se inició la aplicación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos. Este acuerdo supone prácticamente libertad total de entrada de ese tipo de productos, con la excepción de seis que se han calificado como sensibles, donde se han fijado contingentes anuales y un sistema de preferencias arancelarias para pepino, calabacín, ajo, fresa o clementina y donde destaca el tomate que pasa de 233.000 a 285.000 toneladas. La preocupación en el sector ya no es sólo ese aumento de contingentes, sino que, en el pasado, no se cumplieran ni los volúmenes de entradas ni los precios de acceso, mientras Bruselas miraba para otra parte y se hundían los mercados.

La entrada en vigor de este acuerdo coincidió con la visita a ese país de una delegación de empresarios españoles acompañando al presidente del gobierno donde, entre otras cosas, se acordaba la máxima colaboración entre ambos estados para aumentar las posibilidades de inversión y España presumía de una balanza positiva.Es muy probable que, dada la tecnología de las empresas españolas en materia de infraestructuras, en un marco de estabilidad y buenas relaciones, aumente la actividad de las mismas en esos sectores y que se incremente la presencia española en transporte, obras públicas o desarrollos urbanísticos, ahora que aquí están mano sobre mano. Sin embargo, en ese contexto de buenas relaciones, ha quedado olvidada la cuestión agrícola donde, el sector de las frutas y hortalizas es el principal afectado negativamente por las exportaciones de ese país hacia el conjunto de los países comunitarios. En este acuerdo, como en otros que quiere suscribir la Unión Europea, caso de Mercosur, el sector agrario es el principal sacrificado vía apertura de importaciones para facilitar las exportaciones comunitarias de productos industriales.

En el acuerdo con Marruecos, con todo el sector agrario en contra, las negociaciones se cerraron nada menos que en diciembre de 2009. Durante estos casi tres años, se ha producido la ratificación del mismo por el conjunto de organismos e instituciones de ambas partes, hasta recibir luz verde el pasado mes de febrero por el Parlamento Europeo. El sector agrario español, y también los agricultores de otros países al sur de la Unión Europea, dieron en la Eurocámara la última batalla para evitar la entrada en vigor del mismo por considerar es gravemente perjudicial para los intereses de los productores comunitarios y en defensa del mantenimiento de estas explotaciones. Pero, el Parlamento empleó una   doble vara de medir.

Hace solo unos meses, ese mismo Parlamento, con los votos de los países del centro y norte de la UE, se opuso a la prórroga del acuerdo de pesca con Marruecos alegando que ese país no cumplía una serie de derechos humanos. El acuerdo pesquero beneficiaba fundamentalmente a España, cuyos barcos se hallan hoy amarrados.

En el caso de las frutas y hortalizas, frente a los planteamientos esgrimidos por una mayoría de los europarlamentarios de los países del sur para rechazar el acuerdo, esos mismos eurodiputados del norte y centro de la UE apoyaron un acuerdo agrícola que beneficia a sus consumidores, que aumenta la oferta de frutas y hortalizas y baja los precios en los mercados en perjuicio de los intereses de los productores de frutas y hortalizas de los países del sur. En este acuerdo, los eurodiputados de los países del norte obviaron lo del respeto a los derechos humanos. Con el mismo, no solo se benefician además los consumidores de los países comunitarios del norte, sino que abre puertas a las exportaciones hacia Marruecos de productos industriales de esos mismos países, entre otros, derivados lácteos,  conservas de carnes, cereales  o aceites vegetales como el girasol, no al aceite de oliva español.

En una economía  más globalizada, donde cada vez se abren más las fronteras, es preciso asumir esa realidad. Pero tratando de que las   condiciones de producción y las exigencias fitosanitarias o sobre el bienestar animal en el caso de los productos ganaderos, sean las mismas para todos. Bruselas tiene la obligación de defender la preferencia comunitaria. España es competitiva en frutas y hortalizas por calidad y servicio a distribución, pero en muchos casos, resulta difícil competir con salarios de 0,5 euros hora en Marruecos frente a los cinco euros en España o con el uso de productos fitosanitarios aquí prohibidos. Más apertura de fronteras para todos, pero incluidos los países industrializados, como Japón o Estados Unidos que, en el caso de las frutas y hortalizas, se han inventado barreras fitosanitarias para proteger a sus agricultores,  o con estrategias de paralizar las mercancías en los puertos con controles de seguridad para desanimar a los posibles exportadores. Acuerdos sí, pero que los mismos tengan un equilibrio para no acabar con sectores competitivos como las frutas y hortalizas, clave en la actividad agraria de un país, que supone 37% de su Producción Final Agraria con unos 400.000 puestos de trabajo.

Leche, una guerra con muchos frentes

En contra de lo que sucede en otros sectores de la actividad agrícola,con subidas de precios muy importantes consecuencia de la sequia, la leche es hoy el producto que más está sufriendo ante los fuertes incrementos de los precios de las materias primas, piensos y la imposibilidad de repercutir los mismos en los precios de venta ante las importaciones de leches más baratas excedentarias desde otros países comunitarios, y el hecho de que la gran distribución haya  puestoo su mirada en la leche como el gran produucto reclamo barato.

Con estos problemas por delante, pero también con las elecciones gallegas a la vista, comunidad autónoma donde se concentra más del 40% de la producción, el Ministerio de Agricltora ha planteado una serie de actuaciones, promesas,normativas y compromisos con la mirada puesta en dar un giro a la  situación actual cargada de interrogantes que merecen una reflexión.

En materia de ayudas directas, el Ministerio ha planteado en Bruselas la posibilidad de que la Comisión adopte medidas esa direccion.Sería algo muy excepcional y hoy casi impoosible.Caso de que la leche fuera un problema generalizado en el conjunto de la UE, si se produjera una respuesta, sería simplemente por la via de salidas al exterior para evitar excedentes, algo también pedido por Arias Cañete, leche que hoy llega a España a bajos precios. Una segunda posibilidad apuntada por la Administración es la asignación de mayores recursos a los ganaderos con los actuales fondos que llegan a España via PAC  en función de los ajustes en otras partida y de los fondos que se puedan generar con la aplicación de las políticas de modulación en los pagos directos.En este caso, la ayuda tampoco sería inmediata.

Con el Boletín Oficial en la mano, desde el pasado tres de octubre, todas las operaciones de compraventa de leche se deben hacer con la existencia de un contrato previo donde, entre otros puntos,figure el precio del producto o indicadores para la fijación del mismo, leche a entregar, sistemas de recogida, margen de entregas, pagos etc...Esta disposición responde a la reglamentación comunitaria aprobaba para clarificarr y mejorar la situación en el sector de la leche y, en la misma, se daba la opción a cada pais para que la política de contratos fuera voluntaria u obligatoria, España ha optado porque la misma sea obligatoria.

Esta normativa se puede considerar como un paso positivo al existir la posibilidad de que esos contratos los pueda firmar un ganadero de forma individual con el comprador, o bien una organización de productores. El poblema que plantea esta disposición para el sector de la leche es que, en este momento, los ganaderos no disponen de unas organizaciones de productores potentes y, en consecuencia, en la mayor parte de los casos se van a encontrar de repente con la obligación de tener un contrato urgente y con el poder dominante de las industrias.

Establecer un contrato para la venta de la leche, como lo sería para todas las producciones, es un dato positivo. El problema es esa falta de organización en el sector para poder negociar con las industrias desde una posicion de igualdad y ahí  también deben entonar sus  parte de culpa los propios ganaderos que han ido, casi siempre, por libre. Ante esta situación, sería una salida que, de forma provisional, desde el Ministerio se articulara un mecanismo de mediación para que  los contratos que ya se deben  estar firmando, se hagan desde el equilibrio entre los intereses de ambas partes  y se tratara de ir  hacia unos precios que supusieran cubrir los costes de producción.

Finalmente, para tratar de buscar una salida a los problemas de la leche, cabe señalar el protocolo de  buenas intenciones y compromisos que suscribieron dias pasados los representantes de todos los grandes grupos de la distribucion con las industrias y con una sola organización del sector agarario, Asaja.

El ministro de Agricultura se ha apuntado un éxito al lograr sentar en una mesa a todos los representantes de la gran distribución y que se vaya a constiturir una Comisión de seguimiento  en ese departamento para analizar el grado de cumplimiento de los acuerdos asumidos por los que esos grandes grupos se comprometen a poner en marcha una nueva  estrategia en la comercialización de la leche.Es positivo que distribución e industriales y una parte del sector agrario se vean a menudo las caras para hablar de la poltica de comercaliacdcion de la leche.Pero, uno podría preguntar, tanto a los industriales como a los ganaderos, si se fían de una serie de grandes grupos de la distribución, no todos, de unos angelitos que hasta la fecah han tenido la leche siempre barata como producto reclamo para la cesta de la compra, que han tirado los precios, que han importado a precios bajos, que fijan  unos márgenes elavados para las leches con marcas de fabricante  y márgenes reducidos para sus marcas propias,que tienen un precio elevado para su marca propia en Francia y un precio tirado por los  suelos en España y que incluso han vendido leche a pérdidas para utilizar siempre la misma como un producto reclamo.

Es bueno que todas las partes que participan en la cadeana de la leche, desde la producción a la   distribución, asuman una serie de compromisos para mejorar la imagen y los precios del producto. Pero es para dudar sobre su eficacia si, en ese mismo  protocolo, existe un compromiso de la gran distribución para no vender a pérdidas, algo que  hoy ya está prohibido por ley y que se de luz verde para poder utilizar la leche como regalo en otras ventas, siempre que se indique el motivo...

La producción de leche española tiene capacidad para competir.El problema es su falta de estructuras para defender sus intereses ante los angelitos que tiene en frente,algo que no se subsana con  protolocos de compromisos, con leyes o reales decretos, ni con políticas de precampañas. Y eso se llama organización, por mucho que cueste entender en el medio rural.