Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.

Fronteras coladero, un atentado contra el sector agrario

Por: | 26 de noviembre de 2012

Los productores de frutas y hortalizas están sufriendo y denunciando en estas fechas las consecuencias de la puesta en marcha desde el pasado mes de octubre del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos cuyas exportaciones han hundido los precios en los mercados comunitarios y, muy especialmente, en el tomate. No se trata de una situación nueva, sino de algo que, a pesar de las denuncias de todo el sector en países como España o Francia y de los informes de la inspección comunitaria, se vienen repitiendo cada campaña ante el incumplimiento por parte de los operadores de Marruecos de exportar solo los contingentes acordados y a los precios de entrada.

Con el apoyo de los intereses de inversores franceses en ese país y de la propia Comisión desde unos planteamientos políticos para frenar el desarrollo de los movimientos árabes integristas en esa zona, la realidad es que Marruecos pasa por los mercados comunitarios casi como ese socio que aspira a ser, con la diferencia de que, para el desarrollo de sus producciones cuenta con unas exigencias laborales o fitosanitarias que nada tienen que ver en sus costes de producción o con las condiciones que deben cumplir los cultivadores comunitarios.

Los acuerdos agrícolas con Marruecos se enmarcan en la política comunitaria de apoyo a los países del norte de Africa en materia de intercambios comerciales donde el sector agrario comunitario es uno de los sacrificados en beneficio de los intereses de los exportadores de bienes industriales o servicios. Se trata además de un acuerdo que pone de manifiesto el grado de cinismo que domina las actuaciones de las instituciones y hasta de los representantes comunitarios, donde las decisiones se justifican según los intereses de cada país y en cada momento.

Hace poco menos de un año, un centenar de barcos españoles se veían obligados a abandonar el caladero marroquí ante la decisión del Parlamento comunitario, fundamentalmente con los votos de los países del norte, al no dar luz verde al mismo argumentando que las autoridades de Rabat no cumplían las normas sobre derechos humanos. Sin embargo, esos mismos diputados, unos meses más tarde, aprobaban el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos en contra de las posiciones españolas, francesas o italianas. Donde unos meses antes había una gran preocupación por los derechos humanos en ese pueblo, se antepusieron los intereses de los consumidores del norte y centro de Europa que, con el acuerdo agrícola, podrían acceder a unas materias primas más baratas, aunque fuera a costa de las rentas de los propios cultivadores de los países comunitarios del sur.

En el acuerdo con Marruecos, las fronteras comunitarias son un coladero en volumen, en precios, e igualmente en los controles sobre el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Pero, lo grave es que no se trata de un caso aislado. Aparcando la preferencia comunitaria para la defensa de sus productores, Bruselas se ha convertido en el mayor impulsor de la apertura de sus fronteras a terceros países, vía acuerdos con organizaciones de Estados o con acuerdos bilaterales.

Frente a esta política de la Unión Europea, la realidad es que otros países o bloques de países están manteniendo e incluso potenciando unas políticas  proteccionistas en sus fronteras bajo falsas justificaciones de barreras fitosanitarias u otros mecanismos como subida de aranceles. Y lo hacen. Una prueba de ello es que las frutas y hortalizas españolas se deben comercializar en casi un 90% solo en los mercados comunitarios. Estados Unidos o Japón han cerrado prácticamente sus mercados o los cítricos españoles en base a medidas y controles fitosanitarios y una veintena de países exigen la firma de protocolos. Son varios los países que ponen trabas a la entrada del aceite, desde Estados Unidos a Australia o Argentina para defender sus olivares; hay trabas al vino español en otros como Brasil y en otros como Rusia o China se manejan subidas de aranceles, no se exporta vacuno a Estados Unidos desde el accidente de las vaca locas, los rusos ponen más exigencias sanitarias que no tienen ellos mismos, en varios países centro y sudamericanos meter un producto cárnico curado es un imposible.. por no hablar del mercado español, como un vertedero, no por calidad, sino por volumen de los excedentes de otros países comunitarios con precios a la baja, salvo en ocasiones muy puntuales, que suponen expulsar al ganadero nacional con la cobertura de los grandes grupos de la distribución

Para los cultivadores comunitarios, lo grave ya no es solamente la entrada masiva de productos que han sido producidos a un coste infinitamente más bajo, aunque en España se hayan hecho esfuerzos para  modernizar explotaciones y ser más competitivos, sino porque además, no existen los necesarios controles en frontera para evitar que vía esos productos entren  diferente enfermedades. Ante las protestas de las organizaciones agrarias, Bruselas ya ha reconocido que probablemente no haya el personal y los medios suficientes especializados para detectar enfermedades en los puertos y, en consecuencia, para evitar la comercialización de plantas  y productos, con Holanda como el puerto que tiene los mayores accesos. Pero, la realidad es que, consecuencia de ese descontrol, hoy, por ejemplo, en  el sector español de frutas y hortalizas hay enfermedades tropicales que antes no existían y se han reproducido otras que ya se daban por aniquiladas en producciones como el tomate(tuta) los cítricos o los ajos...

Con todo ello, por una diferencia de costes, lo que está en peligro es la viabilidad  de un sector y el riesgo de tener una gran dependencia exterior destruyéndose el tejido productivo propio. Basta con darse una vuelta por los lineales de una gran distribución. Los tarros de melocotones enteros ya no son Aragón, sino chinos, los espárragos o los pimientos, antes de Navarra, ahora vienen de Perú o China con el cultivo nacional bajo mínimos, la mieles industriales son chinas o mezcladas, las setas son chinas, abunda la leche francesa, los quesos alemanes...,

Es un hecho que los mercados están globalizados, la necesidad de apertura de fronteras, una mayor libertad en el comercio, pero hay razones de peso para proteger nuestras producciones, a nuestros agricultores por razones económicas, estratégicas y de mantenimiento del territorio.

 

 

Los fogones de los precios agrarios

Por: | 16 de noviembre de 2012

 Hubo un tiempo, cuando los precios de los productos agrarios se fijaban en unas negociaciones entre las organizaciones del sector y la Administración; cuando existían unos mecanismos para la regulación de los mercados y unos organismos, el viejo SENPA, el FORPPA, donde agricultores o ganaderos podían vender sus producciones a unos precios garantizados o donde se adquirían los excedentes en los mercados. Con la entrada en la Unión Europea se mantuvieron algunos de esos mecanismos que, sin embargo, poco a poco se fueron reduciendo hasta prácticamente su total desaparición, pasando todo el protagonismo a los mercados. En consecuencia, de una situación donde los precios se formaban desde abajo hacia arriba, se ha pasado a otra donde los precios que va a percibir el agricultor o ganadero, se conforman de arriba hacia abajo, en las cocinas de la industria y, sobre todo, en los fogones de la gran distribución, simplemente en función de su poder de compra, sus intereses o estrategias.

 La comercialización de los productos agrarios ha constituido y constituye un problema endémico para el sector, desde los productos frescos que multiplican hasta por diez sus precios en la cadena de comercialización, a los transformados donde, en todos los casos, los precios pagados en origen no tienen nada que ver con los precios finales al consumidor. El sector agrario ha hecho importantes esfuerzos para la modernización y el redImensionamiento de su actividad. Son irreales los datos del INE cuando habla de casi un millón de explotaciones. Es falso cuando se habla de una dimensión media de 30 hectáreas. Lo que sí es cierto es que, entre esos poco más de 300.000 agricultores y ganaderos reales que hay en este momento en el país, se mantiene un claro predominio de actuaciones para la comercialización de sus productos por libre, al margen de las estructuras asociativas, cooperativas o SAT,etc. y, cuando lo hacen, se trata en su mayor parte de estructuras de escasa dimensión para defender sus posiciones en los mercados frente a operadores, industriales o la gran distribución.

 De acuerdo con el compromiso electoral, el Ministerio de Agricultura tiene marcha la aprobación de dos disposiciones claves cuya aplicación podría contribuir de manera muy importante a dar una salida a esta situación de indefensión en la que se halla el sector agrario frente al poder de los mercados y sin los viejos mecanismos de regulación. Una ley para apoyar el desarrollo de estructuras asociativas más potentes para concentrar la oferta y tener una mayor capacidad de negociación; otra para propiciar un mayor equilibrio entre los intereses de los agentes de la cadena alimentaria donde, en la mayor parte de los casos, industriales y sobre todo los agricultores y ganaderos, deben bailar al ritmo, los precios, las ventas a pérdidas, las ofertas que marcan los pocos grandes grupos de la distribución. Las dos leyes pueden ser instrumentos positivos para cambiar el actual panorama del sector en un aspecto tan importante como la comercialización y la participación del campo en el valor de la cadena y, en definitiva, de las rentas. Pero, no van a servir para nada si realmente en el campo no existe esa decidida voluntad de cambiar el panorama para concentrar, ordenar la oferta, eliminar estructuras duplicadas, reducir el número de cooperativas y, sobre todo, cambiar en definitiva de mentalidad, mover el culo. En el caso de la cadena alimentaria, ese nuevo equilibrio que se persigue no se va a lograr si de verdad no hay unos mecanismos de control, inspección y sanciones en la gran distribución para evitar que sigan con sus actuales prácticas, unas legales, pero nocivas para el sector productor o las industrias, como las marcas blancas baratas y o de primer precio y otras ilegales como la venta a pérdidas que permiten los hombres de Competencia con la mirada solo puesta en la defensa de los consumidores. Vender un producto de gran calidad, como podría ser un aceite virgen extra a precios de saldo si un grupo de distribución opta por comercializarlo a pérdidas, no solo es una práctica ilegal, sino que está perjudicando la imagen de un producto que se quiere colocar en todo el mundo bajo la bandera del precio alto y su excelencia.

 Parte de esos males que hoy afectan al sector agrario, es cierto que son achacables a otros, a los industriales, a la gran distribución, a los operadores, al cielo. Pero, la parte de culpa más importante no hay que buscarla fuera, sino dentro, en un sector que durante tantos años de lamentaciones ha sido incapaz de construir con carácter generalizado, hay excepciones, unas estructuras para defender sus intereses, desde la venta de sus productos, hasta la compra de medios de producción, aspecto donde otros países del entorno comunitario nos sacan varios cuerpos. Mientras el sector andaba debatiendo si son galgos o podencos en los mentideros, entre 1987 y 2007 las diez industrias más importantes del sector alimentario pasaron de facturar 3.700 a casi 16.000 millones de euros. En el caso de la gran distribución, los primeros diez grandes grupos pasaron de facturar 4.300 a 48.000 millones de euros. En el sector agrario, casi nada, un erial de minifundismos, sólo con algunas cooperativas tirando del carro. Al margen de ofertas muy específicas, el poder y la posibilidad de defender mejor precios, ingresos y rentas está en la capacidad de negociación desde un volumen y su peso en los mercados. Las leyes no hacen milagros, pero podrían y deberían ser el soporte para acabar con este pasado. Y el programa de un gobierno no está sólo en aprobar las leyes, sino en lograr su aplicación

El País

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