Los productores de frutas y hortalizas están sufriendo y denunciando en estas fechas las consecuencias de la puesta en marcha desde el pasado mes de octubre del nuevo acuerdo agrícola con Marruecos cuyas exportaciones han hundido los precios en los mercados comunitarios y, muy especialmente, en el tomate. No se trata de una situación nueva, sino de algo que, a pesar de las denuncias de todo el sector en países como España o Francia y de los informes de la inspección comunitaria, se vienen repitiendo cada campaña ante el incumplimiento por parte de los operadores de Marruecos de exportar solo los contingentes acordados y a los precios de entrada.
Con el apoyo de los intereses de inversores franceses en ese país y de la propia Comisión desde unos planteamientos políticos para frenar el desarrollo de los movimientos árabes integristas en esa zona, la realidad es que Marruecos pasa por los mercados comunitarios casi como ese socio que aspira a ser, con la diferencia de que, para el desarrollo de sus producciones cuenta con unas exigencias laborales o fitosanitarias que nada tienen que ver en sus costes de producción o con las condiciones que deben cumplir los cultivadores comunitarios.
Los acuerdos agrícolas con Marruecos se enmarcan en la política comunitaria de apoyo a los países del norte de Africa en materia de intercambios comerciales donde el sector agrario comunitario es uno de los sacrificados en beneficio de los intereses de los exportadores de bienes industriales o servicios. Se trata además de un acuerdo que pone de manifiesto el grado de cinismo que domina las actuaciones de las instituciones y hasta de los representantes comunitarios, donde las decisiones se justifican según los intereses de cada país y en cada momento.
Hace poco menos de un año, un centenar de barcos españoles se veían obligados a abandonar el caladero marroquí ante la decisión del Parlamento comunitario, fundamentalmente con los votos de los países del norte, al no dar luz verde al mismo argumentando que las autoridades de Rabat no cumplían las normas sobre derechos humanos. Sin embargo, esos mismos diputados, unos meses más tarde, aprobaban el nuevo acuerdo agrícola con Marruecos en contra de las posiciones españolas, francesas o italianas. Donde unos meses antes había una gran preocupación por los derechos humanos en ese pueblo, se antepusieron los intereses de los consumidores del norte y centro de Europa que, con el acuerdo agrícola, podrían acceder a unas materias primas más baratas, aunque fuera a costa de las rentas de los propios cultivadores de los países comunitarios del sur.
En el acuerdo con Marruecos, las fronteras comunitarias son un coladero en volumen, en precios, e igualmente en los controles sobre el uso de productos fitosanitarios no autorizados en la UE. Pero, lo grave es que no se trata de un caso aislado. Aparcando la preferencia comunitaria para la defensa de sus productores, Bruselas se ha convertido en el mayor impulsor de la apertura de sus fronteras a terceros países, vía acuerdos con organizaciones de Estados o con acuerdos bilaterales.
Frente a esta política de la Unión Europea, la realidad es que otros países o bloques de países están manteniendo e incluso potenciando unas políticas proteccionistas en sus fronteras bajo falsas justificaciones de barreras fitosanitarias u otros mecanismos como subida de aranceles. Y lo hacen. Una prueba de ello es que las frutas y hortalizas españolas se deben comercializar en casi un 90% solo en los mercados comunitarios. Estados Unidos o Japón han cerrado prácticamente sus mercados o los cítricos españoles en base a medidas y controles fitosanitarios y una veintena de países exigen la firma de protocolos. Son varios los países que ponen trabas a la entrada del aceite, desde Estados Unidos a Australia o Argentina para defender sus olivares; hay trabas al vino español en otros como Brasil y en otros como Rusia o China se manejan subidas de aranceles, no se exporta vacuno a Estados Unidos desde el accidente de las vaca locas, los rusos ponen más exigencias sanitarias que no tienen ellos mismos, en varios países centro y sudamericanos meter un producto cárnico curado es un imposible.. por no hablar del mercado español, como un vertedero, no por calidad, sino por volumen de los excedentes de otros países comunitarios con precios a la baja, salvo en ocasiones muy puntuales, que suponen expulsar al ganadero nacional con la cobertura de los grandes grupos de la distribución
Para los cultivadores comunitarios, lo grave ya no es solamente la entrada masiva de productos que han sido producidos a un coste infinitamente más bajo, aunque en España se hayan hecho esfuerzos para modernizar explotaciones y ser más competitivos, sino porque además, no existen los necesarios controles en frontera para evitar que vía esos productos entren diferente enfermedades. Ante las protestas de las organizaciones agrarias, Bruselas ya ha reconocido que probablemente no haya el personal y los medios suficientes especializados para detectar enfermedades en los puertos y, en consecuencia, para evitar la comercialización de plantas y productos, con Holanda como el puerto que tiene los mayores accesos. Pero, la realidad es que, consecuencia de ese descontrol, hoy, por ejemplo, en el sector español de frutas y hortalizas hay enfermedades tropicales que antes no existían y se han reproducido otras que ya se daban por aniquiladas en producciones como el tomate(tuta) los cítricos o los ajos...
Con todo ello, por una diferencia de costes, lo que está en peligro es la viabilidad de un sector y el riesgo de tener una gran dependencia exterior destruyéndose el tejido productivo propio. Basta con darse una vuelta por los lineales de una gran distribución. Los tarros de melocotones enteros ya no son Aragón, sino chinos, los espárragos o los pimientos, antes de Navarra, ahora vienen de Perú o China con el cultivo nacional bajo mínimos, la mieles industriales son chinas o mezcladas, las setas son chinas, abunda la leche francesa, los quesos alemanes...,
Es un hecho que los mercados están globalizados, la necesidad de apertura de fronteras, una mayor libertad en el comercio, pero hay razones de peso para proteger nuestras producciones, a nuestros agricultores por razones económicas, estratégicas y de mantenimiento del territorio.