Engaños en lo ibérico, el cerdo no tiene la culpa

 

El Ministerio de Agricultura acaba de presentar su último proyecto de norma para tratar de clarificar y mejorar la actual situación del sector y el mercado de lo ibérico, tras muchos meses de negociaciones con todas las organizaciones agrarias de carácter general, organizaciones sectoriales y con el conjunto de las comunidades autónomas. Arias Cañete pretende dar gusto a todos los que en este momento forman parte de ese gran tinglado que es lo ibérico, desde los que crían en la dehesa, a los de cebo de cualquier granja de cualquier parte de España y hasta en el mundo. No quiere dejar fuera del mismo a nadie, desde los ganaderos tradicionales de esa dehesa, a las granjas fábricas de cerdos intensivos, que tienen todo el derecho, sin embargo, a ese calificativo de acuerdo con la norma en vigor.

Agricultura ha optado finalmente por dejarlo todo en tres denominaciones: el cerdo de bellota, alimentado, al menos, en los dos meses finales de su vida con bellota en la dehesa; el de cebo de campo que se críe en zonas de dehesa libre,100 metros por animal, en base a pienso, junto con las hierbas y bellotas que pueda pillar, y el de cebo intensivo de granja, de acuerdo con las normas comunitarias sobre bienestar animal, solo a base de pienso. Tres denominaciones, que serían, como mínimo seis al aplicarse tanto para un cerdo 100% ibérico, ante denominado puro,como para los cruzados, en el futuro denominados simplemente  ibéricos, con la exigencia de que en la misma etiqueta, negra para el 100% ibérico de bellota, verde para el ibérico de bellota, amarilla para el de cebo de campo y blanca para el de cebo de granja, figure el porcentaje de raza que tenga el animal, siempre con un mínimo del 50%.

 En relación con este tinglado de lo ibérico, en primer lugar, lo primero que le sale decir a uno es que lo ibérico debería haber estado siempre ligado solamente a ese cerdo criado en la dehesa, de bellota o de campo, que es realmente la imagen tradicional de ese producto, siempre con todos los controles necesarios para garantizar que los animales se criaban, comian y se curaban sus productos de acuerdo con la norma. Con las disposiciones de 2001 y 2007 se consumó la denominación de cerdo de cebo intensivo, lo que permite producir legalmente un ibérico en cualquier parte de España o del mundo, al estar el mismo totalmente desligado de la zona de dehesa.

Agricultura se ha metido en un charco que estaba ahí y, nos consta, ha hecho un gran esfuerzo para tratar de conjugar en la nueva disposición todo tipo de intereses, desde los de los ganaderos tradicionales hasta los de los grandes grupos industriales que hacen jamones de cebo como churros.Y  a lo mejor, habría bastado con exigir el cumplimiento de las normas actuales sobre los etiquetados. Hemos de convivir con los ibéricos de bellota, con los ibéricos de campo y con los ibéricos de cebo. Eso está ya ahí y nadie lo va a cambiar porque,sobre un censo total de 2,6 millones de animales ibéricos de una u otra denominación, los de cebo de granja suponen nada menos que 2,1 millones. Estas circunstancias de cría y manejo les permiten colocar el producto a precios infinitamente más bajos que los productos de animales criados en la dehesa.

Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta hoy el sector de lo ibérico, no se halla en los diferentes sistemas de cría, manejo y engorde, o en el hecho de que haya varias denominaciones. El problema radica en la escasa presencia de controles en los procesos de industrialización de los productos de lo ibérico, donde no han funcionado las entidades certificadoras, ni en muchos casos los propios consejos reguladores de las denominaciones de origen. Y, sobre todo, en las políticas de comercialización donde existe un total galimatías con unos etiquetados confusos, plagados de irregularidades e ilegalidades hechas por muchos industriales y jaleados por los grupos de la distribución en su afán de vender todo bajo la sombra de lo ibérico, mientras los responsables de las comunidades autónomas, las competentes en la materia, miran para otra parte.

Con la regulación actual, un consumidor tienen la opción de elegir un producto ibérico de bellota a un precio elevado, uno de campo a un precio más reducido y uno de cebo a un precio barato similar al de un cerdo de jamón serrano. Sin embargo, si uno de detiene a mirar los etiquetados de los productos de lo ibérico en cualquier grupo de distribución, uno se puede encontrar que se le ofrece jamón de cebo de granja de pata  negra, incluso con la pezuña pintada de ese color, cuando lo de pata negra sólo se puede asociar a la dehesa; jamón de bellota negra, jamón de cebo de la dehesa, jamón de cebo puro de bellota, envases de lonchas o jamones enteros de animales de cebo con el logotipo en de un cerdo bajo una encina o comiendo bellota en un campo verde. Algunos grupos de distribución van más lejos para anunciar jamón de semiibérico y otro no se cortan para anunciar que una marca importante ofrece un jamón de la Denominación de Origen de Jabugo cuando hoy no existe tal denominación.

 Con motivo de la elaboración de la nueva norma, algunas comunidades autónomas han puesto el grito en el cielo con duras críticas a las iniciativas de Agricultura en el seno del mismo Partido Popular, muy especialmente desde Castilla y León. Se han roto muchas vestiduras en defensa de lo ibérico por la cosa de las denominaciones o el manejo de los animales. Sin embargo, casi nadie se ha atrevido, hasta la fecha, en esas comunidades autónomas, las competentes en esta materia, a entrar en una gran distribución y retirar masivamente piezas de todo tipo irregularmente etiquetadas que están induciendo a un claro engaño a los consumidores.

Prácticas contra la sostenibilidad del campo y del medio rural

La sostenibilidad en general se ha convertido en un concepto utilizado en todo tipo de discursos, desde los políticos al conjunto de la sociedad. Se habla de la sostenibilidad del planeta en general, del uso de productos agroquímicos en las tierras de cultivo, de la erosión de los suelos, de los vertidos en las aguas, de la contaminación en el aire, de las cuotas de pesca y los caladeros. Lo abarca casi todo.

En España, al menos sobre el papel, preocupa mucho la sostenibilidad del medio rural que supone en la actualidad en 80% del territorio,  tomando como referencia una población inferior a los 100 habitantes por kilómetro cuadrado, más del 90% del territorio en comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón o Navarra, donde vive solamente el 17% de la población en cerca de 7.000 municipios.Tal es la preocupación teórica de los gobiernos, que hasta en 2007, con los socialistas,se aprobó la ley de Desarrollo Rural Sostenible, pero que hasta 2011 no dispuso de un real decreto para su aplicación; que en la actualidad el gobierno hable sobre planes de desarrollo en el sector y hasta elabore una futura ley sobre diversificación de las actividades económicas en ese medio.

Sobre el papel, preocupa el medio, el territorio, las tierras, el agua, el aire, los paisajes, el mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de las razas y de los cultivos auctóctonos para los que ahora busca una salida y un negocio la Fundación Rodriguez de la Fuente con un proyecto para implantar la marca ConSuma Naturalidad; crece la preocupación y es bueno, por el bienestar de los animales, por la muerte sin dolor, pero, da la impresión de que, en medio de tanta sostenibibilidad en la política, se está dejando a un lado la sostenibilidad de quienes son la pieza clave para que todo eso funcIone, las personas que dia a día están y luchan para sobrevivir en ese medio rural.

Esa bueno que se multipliquen las casas rurales; que desembarquen las ecoaldeas, los  grupos que a veces se denominan despectivamente ecopijos, los visitantes de fin de semana.Todo suma. Pero no se puede olvidar que el mantenimiento de ese  80% del territorio solo es posible con la permanencia en ese medio de los agricultores y ganaderos con el desarrollo de su actividad. Y, para que ese colectivo opte por seguir en ese medio, es indispensable que disponga de una calidad de vida sostenible. No posible la sostenibilidad del medio rural, de ese 80% del territorio, si sus  habitantes no disponen de unas rentas dignas, si su actividad no ofrece  una rentabilidad mínima con precios que compensen su trabajo; no es posible una sostenibilidad si no existe una adecuada política educativa desde la escuela primaria a universidad,con un sistema de becas basado en rentas y no en el patrimonio que hoy está marginando a los hijos de ese medio; si  no hay una sanidad adecuada a sus circunstancias y se impone solamente  una asistencia médica basada sólo en términos de rentabilidad; si no hay mecanismos para una vida sostenible para las personas de más edad con problemas de movilidad para disponer de los servcios más elementales, desde hacer la compra o acudir a un centro asistencial; si no se aumenta la seguridad en el campo donde se han eliminado cientos de cuarteles de la Guardia Civil y limitan hasta las tareas de vigilancia para reducir gastos de combustible;si,finalmente,como último intento para ahorrar, se trata de  aprobar una nueva  ley para la reforma de la Administración local, como si los miles de esos pequeños municipios, pedanías o concejos que administran sus tierras comunales, los recursos obtenidos por arrendar su caza; donde el alcalde y los concejales no tienen sueldo y hasta hacen de aguaciles,sacristanes y  de enterradores,fueran ellos los culpables de deficit público.

Mientras no se demuestre lo contrario, la agricultura  y la ganadería, especialmente la extensiva, son los ejes de la sostenibilidad del 80% del territorio.Dos actividades maltratadas desde la perspectiva  económica y social, aunque a nivel de una encuesta de Agricultura, la sociedad reconce y aprecia el trabajo de este colectivo.Pero no los grandes grupos de distribución que, cada vez con más fuerza, fijan  los precios de compra en el campo al margen de cuales sean sus costes.

El gerente de una empresa alimentaria, decir el nombre sería su ruina, me acaba de comunicar la respuesta obtenida de una gran cadena de distribución nacional, no valenciana, ante su petición de subida para este año: precios congelados porque puede meter materia prima más barata de otros países y además, si quiere seguir vendiendo en el grupo, una aportación económica para ajustar el cierre del ejercicio.

Esa debe ser una de las prácticas impunes, que la Comisión Nacional de la Competencia califica como una práctica legal porque incita a la eficiencia y a la competitidad... 

 

a

 

La CNC y la prácticas abusivas de la gran distribución

 Hace varias décadas, la fijación anual de los precios institucionales era la gran negociación del sector agrario para defender sus rentas. Era cuando los precios agrarios, para algunas de las producciones más importantes, se fijaban de abajo hacia arriba y funcionaban algunos mecanismos para la regulación de los mercados. Hoy, con los grandes grupos de la distribución como los nuevos invitados, los precios se fijan de arriba hacia abajo, desde los lineales hasta la granja, la huerta o la industria transformadora, en función de sus estrategias comerciales.

De acuerdo con ese nuevo escenario, la elaboración de una ley de la cadena alimentaria donde se pudiera lograr un mayor equilibrio de intereses y poner coto al poder dominante de una gran distribución, ha constituido uno de los objetivos perseguidos por el conjunto de los sectores agrario y alimentario con el total apoyo de Agricultura. De ahí nació, en un trabajo de varios años, el actual proyecto de Ley para la mejora de la Cadena Alimentaria en base a las demandas del sector y de las líneas directrices contempladas en el Libro Verde sobre el mismo problema que está elaborando Bruselas. Y, en su contenido, unas pocas ideas claves. Contratos obligatorios para todas las operaciones de compraventa en el proceso de la cadena, un código de buenas prácticas y sobre todo una lista de prácticas abusivas prohibidas, mecanismos de denuncias anónimos e inspecciones y multas por los incumplimientos.

Frente a ese escenario, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) se ha despachado en un informe contra el proyecto al que, en conjunto, califica como intervensionista e innecesario y reclama su modificación. Para la CNC, aunque sea hoy uno de los debates comunitarios más importantes y en diferentes países, el proyecto no es oportuno en el tiempo. El mismo organismo va a más y señala que la existencia de desequilibrios en la cadena no son malos al ser algo consustancial con los mercados y que algunas prácticas, calificadas como abusivas, no tienen por qué ser malas en cuanto incitan a la eficiencia y a la competitividad. Por esta razón, entiende que no tiene sentido que se puedan aplicar sanciones contra las mismas. En resumen, Agricultura está dominado por una filosofía intervencionista y no cabe una nueva ley cuando ya existen hoy normas y mecanismos para atajar las prácticas que se denuncian. Agricultura ha dicho  que seguirá adelante con su iniciativa para poner orden a una situación de desequilibrio y al poder dominante de una gran distribución que puede ofrecer algunos productos más baratos a los consumidores a costa de destruir un tejido económico en la industria nacional y en campo.

Los sectores agrario y alimentario están ya acostumbrados a tener en la llamada CNC a ese organismo que vigila todos tus movimientos. Una CNC que escudriña igualmente cada paso del Ministerio de Agricultura cuando quiere cambiar algunas cosas de los mercados que chirrían al más sordo y que los hombres de Economía no quieran oir. Una CNC ràpida para abrir un expediente a un agricultor que, harto, en una situación de mercados hundidos, tiene la ocurrencia de amenazar con no vender por debajo de un precio determinado, mientras esa misma CNC se ha resistido  habitualmente a abrir expedientes a empresa cuasi monopolísticas que venden medios de producción en el sector agrario ante las reiteradas denuncias de los agricultores. Una CNC que, es lo más sorprendente, en un informe de hace un año alertaba sobre las prácticas abusivas de la gran distribución de la que decía que solamente cuatro grupos habían pasado de controlar el 48,7% del mercado alimentario en 2002 al 60% en 2009.

En toda esta  batalla, a uno se le ocurre pensar si la CNC en la cosa agraria, es el perro de presa, vigilante y protector sólo de IPC como mecanismo de apoyo al gobierno, o se trata de un organismo que va por libre como un cuerpo especial de guardianes de la pureza liberal, o sea, dejar el mercado a su libre competencia, cuando unos más fuertes achatarran a otros  desorganizados y más débiles como un toque de atención para que sean más eficientes. Habría que preguntarse si la CNC ve en esa presión de los grandes, desde su posición dominante sobre esos sectores agrarios y  alimentario, como un acicate para que los mismos sean más competitivos, que fabriquen o produzcan y vendan más y mas barato, sin señalar ese límite donde puedan morir por asfixia. A uno se le ocurre pensar si lo que ve Agricultura, con varios abogados del Estado en sus filas, es muy diferente a lo que ven en Economía otros abogados del Estado, si han estudiado en universidades diferentes o son de gobiernos distintos.

Uno se pregunta que, si la CNC se opone también al proyecto porque ya existen hoy normas para corregir esas prácticas abusivas como incumplimiento de contratos, cobros ilegales por entrar en un lineal, cabeceras, publicidad, stocks, roturas o hurtos de productos, pagos complementarios,  por qué no ha actuado ya contra las mismas en el pasado.Y uno duda, finalmente, si en la cosa agraria, la CNC es la Comisión Nacional de la Competencia, de Economía o la Confederación Nacional de Centros Comerciales.

PAC, arenas movedizas

La Política Agrícola Común constituye un elemento clave para el funcionamiento del sector agrario si además tenemos en cuenta que con la misma llegan a España unos 7.000 mllones de euros de los que más de 5.000 son ayudas directas. Se trata de una cifra muy importante si se considera que la renta neta de la actividad agraria, incluidas las subvenciones, ascendió en 2012 a poco más de 22.000 millones de euros.Pero, se puede decir que las mismas no son una concesión gratuita de las instituciones comunitarias, sino el resultado de un largo proceso de reformas y compensaciones, entre otras cuestiones, por la fuerte rebaja de los precios institucionales, la supresión de las compras en intervención, la reducción o eliminación de los mecanismos para la regulación de los mercados, la eliminación de ayudas para la exportación o la apertura de fronteras a los productos baratos de terceros países.Bruselas nunca ha regalado nada.

La Política Agrícola Común, aunque en la última década mantiene esos niveles de ayuda por unas u otras vías,tiene entre sus notas más características, su alto grado de inestabilidad, con lo que ello supone de interrogantes para cualquier explotación a la hora de programar su actividad a medio o largo plazo. La PAC es  hoy como un cementerio de reformas desde los años noventa, sin que se pueda decir que haya encontrado hasta la fecha un modelo defintivo.El sector fue escenario de la gran reforma de 1992 donde se inició el paso de las ayudas a los mercados a las ayudas directas y rebaja de los precios institucionales.Siguió esa línea la reforma de la llamada Agenda 2000, la revisión de 2003, el chequeo de 2008 y la que ahora se  discute para 2015 donde se pasaría de ayudas por derechos históricos a ayudas por superficie, con el objetivo de lograr una convergencia de las mismas. En conclusión, la filosofía de la PAC ha sido objeto de grandes reformas,cambios de criterios en el pago de las ayudas, a lo que se suman las reformas de las regulaciones en cada uno de los sectores o las normas sobre el cumplimiento del bienestar animal.

Este clima de inseguridad que se deriva de una PAC en reformas permanentes, amenaza ahora con una nueva dimensión ante las pretensiones comunitarias de eliminar el actual sistema de cuotas desde 2015, algo que funciona para la regulación de sectores como los del azúcar, la leche o el viñedo. En base a la política de cuotas ha funcionado el sector de la leche desde los años ochenta y los ganaderos tenían en sus cuotas un valor patrimonial con el que en los años precedentes operaron en los mercados comprando o vendiendo las mismas en función de sus necesidades.Hoy, las cuotas no valen un duro ante la posibilidad de su eliminación. En los años precedentes han funcionado los mercados de los derechos de plantación en los viñedos, con miles de viticultores vendiendo derechos a un mínimo de 3.000 euros por hectárea y fueron muchas las bodegas con grandes desembolsos para la compra de los mismos.

Si se impone la política planteada hoy por la Comisión, desaparecerán las cuotas para la producción de azúcar defendidas por industriales y remolacheros; las cuotas de la leche o los derechos de plantaciones en el viñedo y, ganaderos y viticultores verán cómo se elimina de un reglamentazo el valor de lo que hoy tienen como un patrimonio, al margen de lo que ello pueda suponer para la transformación de las políticas de producción, los mercados y las rentas.

La PAC aporta importantes ayudas, nunca gratuitas.Pero vivir a su sombra es como estar sentado sobre unas arenas movedizas o en el centro de un volcán. En la PAC, no hay nada seguro que cinco años dure.Y, programar la política de una explotación a futuro, decidir inversiones o comprar cuotas, además de las ayudas,requiere, cuando menos, una estabilidad en las reglas de juego para enterrar esa pregunta permanente que se hace el sector.Y esto,¿cómo va a quedar?