El futuro de la Política Agrícola Común ha constituido en los últimos meses uno de los principales motivos de preocupación en el sector agrario ante los interrogantes que se planteaban sobre su futuro para el periodo 2014 a 2020 con unos apoyos entre pagos directos, medidas de mercado y desarrollo rural de casi 7.000 millones de euros año. Aunque agricultores y ganaderos ya tienen la piel curtida por reformas que se vienen sucediendo desde los años noventa, en esta ocasión los temores eran y son superiores por el momento que atraviesa la economía, el ajuste en los fondos comunitarios y el riesgo de que las políticas de apoyo al sector primario pasaran a un segundo lugar frente a otras relacionadas directamente con la innovación y el empleo.
Las negociaciones de esta reforma, son,sin embargo, muy diferentes a todas las anteriores.No se trata sólo de una reforma, sino de tres en una.El sector agrario español ha salido bien librado en el primer asalto, pero donde aún falta mucho importante por decidir hasta su aplicación.
El primer asalto de la actual reforma de la PAC se desarrolló en el seno de la cumbre de los jefes de Estado y de gobierno en la primera quincena de este mes, donde se debía decidir el presupuesto comunitario para el periodo 2014 a 2020 y determinar los fondos para la política agraria y el mundo rural. Frente a la política de ajustes y recortes a todos los niveles, según los datos oficiales manejados por Agricultura, cotejados, dicen, con la Comisión, el sector agrario español no ha salido mal parado, si se considera que para el periodo de 2014 a 2020 va a disponer de unos fondos ligeramente superiores a los dispuestos en el periodo anterior 2007 a 2013: 35.705millones para pagos directos y medidas de mercado, un 0,8% más y 8.291millones, un 3% más, para desarrollo rural. Es un resultado que se puede y debe calificar como positivo, y mucho más, si se considera cuál era y es el escenario general del debate comunitario. Se trata de recursos en moneda corriente, lo que supone en el fondo una pérdida de entre un 12% y un 14% si se contempla la inflación prevista para ese periodo. Y por ello, ahí están las críticas hechas desde algunos medios agrarios, la oposición e incluso algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, la astilla del equipo de Atocha. Pero, la realidad es que Bruselas, a efectos de ayudas o precios, desde hace ya más de una década se agarra a una cifra y te la mantiene hasta el infinito. Era más que un milagro que, en esta coyuntura, fuera a conceder unos fondos considerando la inflación, cuando, por ejemplo, mantiene los mismos precios para desencadenar el almacenamiento privado del aceite de oliva o las ayudas PAC se mantienen inamovibles desde su instauración.
A partir de ese primer asalto, sabiendo ya los fondos que se van a disponer, a la PAC le queda un segundo asalto: negociar la reforma. Irlanda ha asumido la presidencia en este semestre y tiene ganas de cerrar un acuerdo lo antes posible acelerando las negociaciones en todos los ámbitos, ministros de Agricultura y Parlamento, donde estaban a la espera de una asignación presupuestaria y que cada país conociera sus disponibilidades, su sobre nacional. Aunque se han producido avances en los últimos meses, quedan muchos flecos importantes por cerrar la reforma. España propugna la necesidad de que, a partir de ese sobre nacional, cada Estado tenga una gran flexibilidad a la hora de la distribución de los fondos, siempre en el marco de las grandes líneas de la reforma. Desde esa posición, sería importante que, en ese segundo asalto, lograra que con el cambio de modelo que supondrá la reforma para pasar de pagos por derechos históricos a pagos por hectárea, España pudiera asignar los derechos de pago sobre 22,4 millones de hectáreas y no sobre 38 millones de superficies, lo que supondría un giro radical en los pagos al tener que distribuiré los fondos entre más territorio. Para España sería importante también que, en este segundo asalto, se le permitiera alargar en el tiempo el proceso de convergencia, ahora previsto para 2019, en los niveles de ayuda entre tipos de superficie para mantener una estabilidad en los pagos actuales. Es importante que la propuesta definitiva de reforma, suavice las exigencias para percibir ese 30% del sobre que corresponderá solo por aplicar la política verde, y que esos fondos los perciban todas las explotaciones, sin necesidad de abandonar tierras; que haya libertad para trasvasar entre los dos pilares, los recursos de pagos directos y los de desarrollo rural, hasta un 15% y que, de las ayudas directas se pueda deducir un 15%, frente al 10% actual, para atender vía pagos acoplados las necesidades de sectores en dificultades.
A partir de ese segundo asalto, marco general, a la reforma de la PAC la tocaría la hora de la verdad, un tercer y definitivo asalto donde ahora los cruces de guantes no serán entre países, sino entre comunidades autónomas, Administración central y las organizaciones agrarias. Si Bruselas da flexibilidad para determinar el número de hectáreas donde asignar derechos a pago, habrá que decidir cuál va a ser ese volumen de superficie. No hay dudas a la hora de sumar las tierras dedicadas a los cultivos herbáceos, a los barbechos, a los cultivos industriales, al olivar, el viñedo, los frutos secos etc.. pero, sobre todo habrá que adoptar decisión sobre qué tierras se pueden considerar como pastos donde el margen para sumar hectáreas es casi infinito.
Agricultura es de la opinión que la gestión del sobre debe ser nacional, en todo caso, con una gran coordinación, frente a quienes puedan reclamar una gestión autonómica. Administración central y comunidades autónomas y organizaciones agrarias deberán decidir qué modelo eligen para aplicar los procesos de convergencia en el importe de las ayudas, unificar los pagos por hectárea, por regiones, si se habla de regiones administrativas o regiones agronómicas, por ambos conceptos a la vez, por cultivos, etc....Agricultura es de la opinión de que el cambio de modelo para la concesión de las ayudas, pasar del actual modelo de pagos por derechos históricos a otro de pagos por hectárea, no debe suponer un fuerte trasvase de fondos entre explotaciones y apuesta porque las modificaciones sean las mínimas; que quienes hoy cobran mucho tengan una mínima rebaja y que ,quienes perciban poca ayuda la incrementen igualmente en un porcentaje bajo. Es entendible la posición de Agricultura para dar estabilidad a las explotaciones agrarias. Pero, tampoco se debería cerrar la puerta en este aspecto. Es obvio que con esta reforma no puede pasar un erial a cobrar la misma ayuda de una tierra de regadío intensivo. Pero, no se puede pontificar de que la actual PAC sea justa para todos. Mientras hay sectores o actividades hoy marginadas en las ayudas, sin razones que los justifiquen, otras perciben apoyos elevados. Consecuencia de todo ello, se puede decir que la reforma de la PAC tiene aún un largo recorrido. Y hasta el rabo, todo es toro. Eso sí, las penas, con pan, son menos penas.Hay recursos.