Con la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Agricultura, las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas deberán comenzar ya a sentar las bases para la aplicación de la misma en España ante la existencia de aspectos muy importantes, sobre todo, en lo que se refiere a la distribución y gestión de los 5.000 millones de ayudas directas en manos de cada Estado miembro. En España, Agricultura, en principio, tiene dos cosas claras para evitar complicar más la situación, aunque todo debe ser negociado con los gobiernos regionales. La primera, que la administración del sobre nacional se haga desde Atocha y que no se asigne un sobre para su gestión a cada una de las comunidades autónomas. Segunda, que, con la aplicación de la reforma, no haya apenas trasvases de fondos entre territorios, explotaciones y sectores.
A partir de esa disponibilidad de los algo más de 5.000 millones para pagos como ayudas directas, España deberá decidir aspectos importantes para su distribución. En las actuales propuestas todavía a debate, una de las pocas medidas concretas apoyadas en Bruselas es la no concesión de pagos a los beneficiarios cuyos ingresos por la PAC sean inferiores al 5% del conjunto de sus ingresos por otras actividades no agrarias, excluyendo también como perceptores a inmobiliarias, campos de golf, aeropuertos y otro tipo de entidades que dispongan de terrenos, pero con evidencia de que no se dedican a la actividad agraria. A partir de ahí, se deja la puerta abierta a que los Estados regulen quiénes se deben considerar como activos, la modulación de ayudas a los que más cobran y la posibilidad de eliminar pagos en la parte baja cuando los mismos sean muy escasos.
Con estos planteamientos en la mano, además de las exigencias comunitarias de ese 5% como mínimo de ayudas PAC sobre el total de los ingresos de otras actividades no agrarias para recibir los pagos, uno entiende que:
Con la aplicación de la reforma se debería acabar con la actual discriminación que supone, en muchos casos, el pago por derechos históricos que ha puesto en casa a unos y dejado a otros en la calle. La salida es compleja, pero no se entiende que un agricultor activo, un profesional como la copa de un pino en un determinado sector, no reciba ayudas y las esté cobrando el de al lado, lo que supone ya una rotura del mercado. No es fácil quitar a unos para dárselo a otros, pero es una situación injusta.
Desde algunas posiciones en el sector agrario, se asocia solamente como agricultor activo, a efectos de las ayudas, al que se monta a diario en el tractor o da pienso cada mañana a sus cabañas ganaderas. Uno entiende que también es activo quien lleva indirectamente una explotación, quien invierte en la misma y crea empleo, al margen de la dimensión de la misma. La mayoría de los mortales en el campo nos debemos conformar con unas docenas de hectáreas frente a unos pocos terratenientes. Para ajustar esta situación en el campo de los pagos, Agricultura tiene sus manos la posibilidad de aplicar un sistema de modulación a partir de unos determinados ingresos. Bruselas propone esa modulación a partir de los 150.000 euros en una escala progresiva hasta no hacer pagos por encima de los 300.000 euros y cada país la puede modificar. La Administración tiene igualmente la posibilidad de vigilar para evitar que se hagan subdivisiones de explotaciones para sortear esos techos, como ya hicieron muchos en el pasado antes de la PAC
En la parte baja de las ayuda, Agricultura, de acuerdo con las posibilidades que ofrece la reforma, puede las puede eliminar cuando las mismas no lleguen, en el caso de España, a los 300 euros en cuanto se considera que ese tipo de ayudas no responde a un profesional y que los gastos de tramitación valen más que la ayuda. Ojo. Los 300 euros de hoy, si lo miramos en pesetas, son 50.00 de las de antes y ya parece que nos hemos olvidado de una cifra que no se puede desdeñar. Habrá muchos beneficiarios para quienes esa cantidad no les suponga nada porque se dedican a otra actividad y tienen la agricultura como algo secundario. Pero, existen muchos agricultores que reciben solamente esa cifra baja simplemente porque desarrollan otras actividades que hoy no tienen derecho a ayudas, pero que pueden ser profesionales del campo de los pies a la cabeza.
Es un dato positivo que Agricultura contemple eliminar como perceptor de ayudas a ese beneficiario que recibe pagos de la PAC, pero que en su declaración de la renta no incluye ingresos procedentes de la agricultura o la ganadería. Es otro dato positivo en los planteamientos actuales de Agricultura, a la hora de aplicar la reforma, no hacer pagos a superficies de pastos donde no haya cabezas de ganado reales, no de papel, que las hubo.
Finalmente, a la hora de distribuir los fondos y definir los beneficiarios, debería existir, vía desarrollo rural, una fuerte discriminación en positivo para los profesionales que, además de ejercer la actividad agraria y, sobre todo la ganadera, vivan y padezcan en ese medio rural más profundo que se está quedando vacío, donde no disponen de supermercados con precios de oferta, trenes de cercanía, coches de línea, centros de salud cercanos o de educación secundaria.….Pagar solo por estar ahí, manteniendo el territorio.