Reforma PAC, Bruselas acuerda mucho, España decide más

Por: | 30 de junio de 2013

Los ministros comunitarios de Agricultura lograron en las últimas fechas un acuerdo político sobre la reforma de la Política Agrícola Común. A falta de su aprobación en las próximas semanas por el Pleno del Parlamento Europeo, se puede decir que nos encontramos ya ante el texto definitivo, aunque es preciso esperar unos meses a la publicación de la versión oficial en cada idioma. En contra de lo previsto inicialmente, la misma no se podrá aplicar en los aspectos más importantes, como los pagos directos, hasta 2015 por el retraso en las negociaciones. La presidencia irlandesa hizo un buen trabajo hasta cerrar el acuerdo, pero no pudo recuperar todo el  terreno perdido.

En relación con el resultado de la reforma, llevamos unos días cargados de valoraciones que van desde el éxito total aireado por el ministro Arias Cañete -de victoria en victoria que diría Julián Arévalo, un alto cargo socialista con Carlos Romero- a la valoración de las organizaciones agrarias, desde la más positiva de Asaja, a la más crítica de Coag, pasando por el equilibrio de UPA.

No es la reforma que dé respuesta a todos los problemas del sector y, en algunos casos, deja sectores y mecanismos de mercados mal parados, cargados de interrogantes. Pero, en conjunto, tal como estaba y está el panorama económico en el marco comunitario, y  si se tiene en cuenta  la primera propuesta  planteada por la Comisión, allá por 2011, se puede decir que, muchos de quienes hoy hacen  las valoraciones muy pesimistas, se habrían dado hace dos años con un canto en  los dientes con los actuales resultados.

Uno cree, honestamente, que este acuerdo sólo ha sido posible con el actual ministro y que no se habría logrado con las dos ministras anteriores; que ha estado al frente la persona adecuada con un equipo donde se han conjugado nuevas caras, la secretaria general, Isabel García Tejerina, con mayoría de personas pertenecientes a la Administración socialista; y que todas las fuerzas políticas españolas han trabajado unidas en el seno del Parlamento Europeo para mejorar la propuesta. A la vista del acuerdo y la propuesta de la Comisión, ha quedado además en evidencia el escaso peso del comisario Dacian Ciolos, es como para salir corriendo, y la existencia de un nuevo escenario de poder en Bruselas entre Comisión, Consejo y Parlamento.

No cabe hacer aquí un análisis pormenorizado de todo el contenido del acuerdo. Pero, hay una serie de aspectos  básicos a través de los cuales se puede hacer una valoración del mismo.

En la parte más positiva y desde la perspectiva española, se podrían  destacar los siguientes puntos ejes de la misma.

- A la espera  de la aprobación final del Marco Financiero 2014-2020, España mantiene unos ingresos similares a los percibidos  en el periodo anterior, tanto para los pagos directos, como para los programas de desarrollo rural,  35.705 millones y otros 8.291  millones respectivamente. Se puede criticar que se trata de ayudas congeladas que, al no contemplar el IPC,  suponen un deterioro de los ingresos aproximadamente en un 12%. Pero, objetivamente  hay que señalar que Bruselas viene congelando las ayudas desde siempre y que nunca ha aplicado anualmente esa revisión que se pediría para el total de los pagos directos. Con la que está cayendo, que se mantengan  las ayudas, es un dato positivo.

- Se ha logrado la posibilidad de asignar los pagos solo sobre 22,4 millones de hectáreas, en lugar de haberlo tenido que hacer sobre 38 millones que habría supuesto la obligación de distribuir los mismos fondos entre más territorio, con  la consiguiente rebaja de pagos por hectárea.

- Un tercer aspecto positivo ha sido conseguir que Bruselas se bajara del burro en su objetivo de convergencia o equiparación total de las ayudas por hectárea en cada país o región en el periodo hasta 2019. Una de las obsesiones de Cañete era que no hubiera trasvase de fondos entre territorios,  sectores o explotaciones,  para  garantizar la estabilidad en las ayuda, no crear inseguridades, aunque  la actual distribución de fondos por pagos históricos tiene muchas injusticias. El ministro dice que para dar más ayudas a unos es preciso quitárselas a otros. Tiene razón. Pero también sabe el ministro que hay muchos perceptores de ayudas, en su día activos, que hoy están cobrando sin tener ninguna actividad y que ahí hay un colchón para depurar y de fondos para redistribuir. Con el acuerdo, esa convergencia de pagos  en un país o región en el periodo fijado  llegará solo al 60% de la ayuda media de ese territorio. España se plantea  dividir el país en unas 40 regiones en función de condiciones agronómicas, no administrativas. Nunca se acercaría la ayuda de una hectárea de cereal o un olivar de regadío  a otras de secano, por ejemplo. La política de convergencia, admás, nunca puede suponer que un perceptor  reciba una ayuda  un 30% más baja.

- Ha sido mejorado el acuerdo final del greening  o política verde  por la que  el 30% de todo el sobre nacional se computará individualmente y se pagará en función de que una explotación cumpla las exigencias  medioambientales  de abandonos y de rotación de cultivos. El acuerdo flexibiliza esas exigencias y, sobre todo, se ha logrado considerar ya como política verde  a todas las superficies de  cultivos leñosos como viñedo, olivar, frutales de todo tipo el arroz, además de los ecológicos

- Finalmente, entre otros datos  positivos más relevantes, se podría señalar el adelanto ya fijo de los pagos al 16 de octubre, en  lugar de diciembre. Es positiva la creación de un mecanismo para  gestión de crisis, aunque, es lo negativo, esa medida  funcionará  con recursos detraídos  de los pagos directos como ya ha sucedido este año con un descuento del 5% por disciplina financiera. Es igualmente positivo, aunque  insuficiente,  lo dispuesto sobre la posibilidad  de que un sector pueda llegar a poner en marcha medidas para la regulación de su mercado, cosa que  solamente se haría cuando se hubieran utilizado los otros poco instrumentos que  existen y siempre previo permiso de Bruselas. Medida corta bajo la lupa de las autoridades  de Competencia comunitaria.

Frente a estos aspectos, la reforma  no ha dado las respuestas que esperaba el sector o las ha dado de forma muy difusa a diferentes cuestiones relacionadas con  los  mecanismos para la regulación de los mercados o para la mejora de  la cadena alimentaria.

Bruselas sigue en su línea de avanzar en la libertad de mercados, con fronteras más abiertas, pero sin mejorar  claramente los mecanismos de defensa de las producciones propias. La reforma introduce la intervención pública  en trigo duro, eleva el 21% los precios para las compras en intervención en vacuno de carne y mejora los precios de entrada en frutas y hortalizas. Pero, esos mecanismos se quedan cada vez más lejos de  ser eficaces para la regulación de los mercados ante una UE sin fronteras. Se deja abierta, de  una manera muy difusa, la posibilidad de que un sector organizado, por ejemplo el aceite, pueda acometer retiradas y almacenamientos para ordenar el mercado, pero siempre que se hayan agotado otras vías y tras su autorización desde Bruselas.

Se mantienen todos los interrogantes sobre  la continuidad de las cuotas  lácteas más allá de 2015; en el azúcar no se ha pasado de mantener las cuotas más allá de 2017 en un sector donde  las superficies  han caído en picado tras la reforma de 2008.Los funcionarios comunitarios defendieron esa medida  como buena para España por ser un  sector con  altos rendimientos,  incluso superior a otros Estados miembros, pero, parece no saben. que  producir en España, por la necesidad de agua, es mucho más costoso que  en esos otros países; y en vino se  dio  por  buena  la fórmula ya  aprobada anteriormente de eliminar  los derechos de plantación desde 2015 sustituyendo los mismos hasta 2030 por autorizaciones  nacionales de hasta el 1% de la superficie, aunque se podrá seguir  traficando con los derechos  cinco años más.

Pero, al margen de esas valoraciones sobre cuestiones ya decididas en Bruselas, para  el sector agrario español  lo más  importante comienza ahora, y son las muchas cuestiones que  se han dejado abiertas  a la decisión de cada país que deben  ser ahora objeto  de negociaciones con  las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas. Se trata de una segunda negociación de la reforma clave para los intereses del sector agrario y alimentario ante las posibilidades de cada país para decidir el gasto del sobre y otras actuaciones en una u otra dirección. La reforma con nombres y apellidos.

En principio, el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro que la PAC es una política estatal  y que  la misma no se puede dejar  a la suerte de cada gobierno autonómico que podría acabar rompiendo  todo  lo que es un mercado único si  hubiera apoyos diferentes   a un mismo cultivo. Ya es un paso adelante  para hacer una reforma ordenada, pero que no impide que sea   coordinada.

Hablando de dineros y su reparto.

 Bruselas ha decidió una modulación de ayudas, probablemente del 5%, desde los 150.000 euros, pero deja libertad a cada país para aplicar o no la modulación a partir de los 300.000 euros y decidir  dónde van esos fondos.

Cada Estado tiene la posibilidad de aplicar una mejora  a los pagos para las primeras 30 hectáreas.

Los Estados miembros pueden aplicar una ayuda complementaria para  las zonas desfavorecidas con un techo de hasta un 5% del sobre.

Agricultura, con  el sector y las comunidades autónomas, debe dividir el territorio nacional en regiones, en cuyo  espacio se deba proceder a esa convergencia de  ayudas en los porcentajes  señalados por la reforma: que en 2019 la ayuda más baja en cada zona sea al menos el 60% de la media en esa misma región. No serán regiones administrativas o por comunidades autónomas, sino por  tipos de cultivo, rendimientos, etc… aspectos agronómicos. Se trata de un debate  donde  se juega  el reparto de los fondos. Es obvio que en esa regionalización  nunca se tenderá a equiparar la ayuda que perciba una tierra de secano que un regadío o un prado  de un secarral

España, tiene la posibilidad de destinar para pagos acoplados el  13,5 del sobre, más un 1,6% para  el desarrollo de cultivos proteaginosos. Debe decidir el destino de esos fondos, actualmente  enfocados especialmente a las producciones ganaderas extensivas, pero también puede acudir al rescate de cultivos con problemas.

Debe decir qué hace con la posibilidad que tiene de aplicar ayudas directas  para el sector de frutas y hortalizas como ya se pagan en  otros países, lo cual ya está creando problemas de competencia en un mismo mercado con apoyos diferentes.

Tiene que tomar una decisión sobre el nivel de pagos a fijar para los pequeños  agricultores que estarían al margen de la convergencia, entre los 500  y los 1.250 euros de ayuda.

 En materia de pagos, debe decidir quién es un agricultor activo como sujeto prioritario de las ayudas. Bruselas descafeinó la vaga definición  de la Comisión cuando señalaban a quienes en el conjunto de sus ingresos  por otras actividades las ayudas PAC no superaban el 5%. Posteriormente hizo solamente una declaración en negativo,  eliminando como  activos a superficies  ligadas a los aeropuertos,  terrenos  dedicados a actividades deportivas, campos de golf, etc. Se trata de un debate clave para la distribución de las ayudas en un sector donde hay unos 900.000 perceptores de fondos y sólo unos 350.000 profesionales. ¿Sólo el que se monta en el tractor o cuida directamente el ganado? ¿También el empresario grande o pequeño que invierte  y arriesga sus dineros, aunque no trabaje directamente? ¿Qué se hace con los agricultores  tiempo parcial?. ¿No tendrían derecho a un plus por desarrollo rural quienes  viven en el medio rural?

En medidas ligadas a la cadena alimentaria, con  implicaciones en los mercados, Bruselas deja la puerta igualmente abierta, tanto al reconocimiento de organizaciones de productores  para ordenar la oferta como a las interprofesionales  para  apoyar una mayor transparencia de los mercados,  así como la posibilidad de que hagan contratos  en otros sectores como cereales, carne de vacuno o aceite, además de la leche

En desarrollo rural, cada Estado tiene capacidad para decidir el destino de hasta un 30% de los fondos para desarrollo rural para programas como el cambio climático. En materia de mecanismos de mercados y cadena alimentaria, la  reforma deja la puerta abierta  a cada país para el reconocimiento de Organizaciones de Productores con el fin de ordenar la oferta  y de las interprofesionales para  dar una mayor transparencia al sector, así como para establecer la obligatoriedad de los contratos, además de en la leche, donde ya se aplica, en otros como cereales, carne de vacuno o aceite

La discusión de la reforma, pasar  de lo general a lo concreto, comienza ahora. La pelota quedas en el  tejado de común de Agricultura, comunidades autónomas y las todas organizaciones del sector.

Hay 1 Comentarios

Opino que este asunto es de una gran importancia para el campo y para España. Pocos sectores tienen este presupuesto, vamos a llamar, asegurado. No entiendo por qué no se le ha dado una mayor relevancia. Y si el Ministro Cañete, ha llevado esta negociación con rigor, felicidades. Y más si lo dice Maté

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Trigo Limpio

Sobre el blog

Hablaremos de la política agraria, de los políticos que la ejecutan, de los agricultores y ganaderos que la sufren o disfrutan, de la agricultura y la ganadería, de la agroindustria, el consumo y del mundo rural

Sobre el autor

Vidal Maté

Vidal Maté. Soy periodista y pequeño agricultor. Nací y viví pegado al campo y al mundo rural. Aprendí de agroindustria y la distribución para seguir el calvario (ahora se llama cadena alimentaria) que siguen los productos agrarios hasta el consumidor. Dicen que soy un histórico - he visto pasar a todos los ministros - y un tipo crítico. Nunca me he casado con nadie. Defiendo un futuro para el mundo rural. Soy trigo limpio.