Otra política agraria es posible y necesaria

Metido el campo en plenas faenas de verano de diferentes producciones, desde las tareas de recolección a los riegos, el sector agrario se ha encontrado al inicio de las vacaciones con tres instrumentos de política agraria que se podrían considerar como piezas claves para dar una vuelta a la misma.

 Desde el sector agrario se han criticado en muchas ocasiones, y casi siempre con razón, los programas de todos los partidos políticos por carecer de imaginación o repetir permanentemente los viejos tópicos en relación con los precios, los mercados y, ahora, los riesgos de la gran distribución para los intereses de agricultores y ganaderos o la propia industria. Hoy, a un lado elecciones y campañas electorales, organizaciones agrarias, cooperativas, Ministerio y comunidades autónomas, tienen ante sí material suficiente para definir qué tipo de política agraria y de mundo rural se quiere con la mirada puesta 2020, en un momento especialmente delicado.

 Tenemos un nuevo escenario donde, progresivamente, se ha impuesto una mayor apertura de fronteras para la entrada de productos desde terceros países, sin o con bajos aranceles. Se impone ser más eficaces y no tirar la casa por la ventana en un buen año de producciones y precios; los costes de producción han pasado de suponer entre el 50/60% de la renta agraria hace pocos años, a significar hoy más del 90%, lo comido por servido; se impone la necesidad de redimensionar las explotaciones; el relevo generacional no ha funcionado; la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria no pasa de ser cosa de unos pocos, cuando no se dispone ya de un explotación familiar, al margen de la  agricultura simbólica de los ecorurales y,  yendo más allá, tenemos un mundo rural en proceso de desmantelamiento. Así estamos.

Un primer instrumento, por el que es posible hacer ahora otra política agraria, son las negociaciones a nivel nacional que se han iniciado entre Agricultura, Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias para aplicar la reforma. Bruselas ha dejado abiertas muchas puertas, muchos  recursos para que todos esos responsables decidan qué tipo de actividad agraria quieren para el futuro, el tipo de agricultor o ganadero a apoyar, definir quién es ese agricultor activo prioritario a la hora de cobrar los fondos, la actividad o el modelo que se quiera impulsar, el apoyo a la incorporación de los jóvenes para apostar por el medio rural, tanto desde la perspectiva económica, de embarcarse en una actividad rentable, como por la disponibilidad de servicios mínimos de todo tipo en el pueblo sin la sensación de que uno se mete, con su familia, en un  camposanto.

 Para lograr ese cambio es importante la distribución que se decida para una parte de eso 50.000 millones de euros de aquí al 2020. Si queremos que se consoliden las trabas para la reordenación de las explotaciones, que los mayores  de 70 años sigan montados en el tractor con sus tierras al hombro para complementar unas pensiones bajo mínimos, si queremos un medio rural fantasma de jubilados donde no se incorporan jóvenes.

Es mucho lo que hay por acordar en eso de la PAC, mucho lo que puede variar de una decisión a otra y mucho el protagonismo y la responsabilidad que se ha dejado en manos del propio sector que ahora, en  lugar de hacer grandes manifiestos, tiene que mojarse y decir de qué parte de la política agraria se halla. Es obvio que, además de todo ello, con unos fondos asegurados para una gran parte del sector agrario hasta 2020, ahora toca pensar en tener las explotaciones más eficientes, eficaces e innovadoras y organizadas del mundo para poner competir en todos los mercados. Y  ahí está, debería estar el papel de la información, el asesoramiento, la innovación, la organización pegada al campo, nuevas estructuras que sustituyan las que se eliminaron hace décadas porque olían al régimen anterior.

En relación con la PAC, es cierto que asegura fondos similares a los del pasado hasta 2020. Pero no se puede obviar que no contempla salidas para quienes no están percibiendo ayudas, que van a seguir sin ellas, aunque sean agricultores activos, simplemente porque en la reforma anterior no se contemplaban otras producciones o circunstancias. En eso, la PAC era y es injusta.

En estas negociaciones entre Ministerio, Comunidades Autónomas y el sector que deben seguir en otoño para, por ejemplo, definir quién se debe considerar como agricultor activo, ya se han logrado los primeros acuerdos de base entre los que se pueden destacar los siguientes: aplicar una PAC estatal y no por comunidades autónomas, no dar primas extra a las primeras hectáreas de una explotación, eliminar los pagos por debajo de los 300 euros para reducir gastos administrativos y ofrecer a esos beneficiarios  una forma asociativa para cobrar todos en común, destinar el 15% del sobre nacional para pagos acoplados fundamentalmente a las explotaciones ganaderas, dividir el país en unas 40 regiones agronómicas donde converjan las ayudas, no transferencia de fondos entre pilares de los pagos  directos al desarrollo rural o a la inversa, destinar el  2% del sobre para apoyo a los jóvenes, no incluir viñedos y frutas sin pago por derechos históricos en los nuevos pagos por superficie, establecer el techo de pagos por beneficiario en 300.000 euros si Bruselas da finalmente esa competencia a los países miembros o asignar derechos sobre superficies de pastos si el beneficiario se halla dado de alta con una explotación ganadera el registro correspondiente, REGA. 

Además de ello, han sido aprobadas en estas fechas dos leyes para el futuro del sector agrario y alimentario si se logra su aplicación con la eficacia. Son dos disposiciones claves, pero con una lectura totalmente opuesta. Una, la Ley de fomento a la integración cooperativa donde el principal responsable de su aplicación es el propio sector agrario. En la otra, la de la cadena alimentaria, el sector es un sujeto pasivo y todo depende del juego limpio que quiera la gran distribución y muchas industrias y hasta dónde quiera dejar llegar los desmanes la propia Administración, especialmente en lo que se refiere a la venta a pérdidas, donde Economía lleva años mirando a otra parte.

En cualquier programa electoral en las últimas décadas nos hemos topado con el compromiso de las siglas de turno para la agrupación cooperativa. En la mayor parte de los casos, ha sido un fracaso y ello se refleja  en que haya solamente una docena de grupos realmente importantes, frente a unas 4.000 cooperativas cuyos gerentes se llegan a  discutir el espacio en un mismo pueblo. No tiene ningún sentido esta estructura, como tampoco el que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, hayan puesto a veces  palos en las ruedas para la integración de una cooperativa en otra más  grande, pero de otra comunidad autónoma. No solo es necesario, sino urgente, parar ese minifundismo cooperativo, potenciar la integración de agricultores y ganaderos en ese tipo de estructuras si el sector quiere ganar en eficacia y eficiencia, tanto para comprar como para vender, mejorar ingresos y rebajar costes de producción. En la actual situación, no hay futuro fuera. Y no es  una decisión  del gobierno, cosa de una Ley, sino algo que debe adoptar el propio sector, los socios y los gerentes de cada pequeña cooperativa con miedo a perder su protagonismo.

En lo que afecta a la Ley de la Cadena Alimentaría, Agricultura ha hecho un esfuerzo para tratar de poner un poco más de orden y equilibrio entre los intereses de todas las partes, productores agrarios, industriales y los grupos de distribución, hoy en una posición de claro dominio. Hay puntos  importantes positivos, como la exigencia obligatoria de los contratos, la regulación de todas las demás condiciones, la posibilidad de las denuncias anónimas,  la actuación de oficio de la Agencia de control y el riesgo de fuertes sanciones. En otros se ha quedqdo corta.Habrá que esperar por ejemplo, a ver si se vigila y sancionan las ventas a pérdidas que no se regulan en esta Ley, porque dijeron los de Economía que eso ya estaba regulado, aunque nunca se aplicó. Era una exigencia imposible que la nueva Ley señalara que los precios de venta contemplaran, como mínimo, los costes de producción. Pero, lo que no tolera el sector, aunque lo aplaudan muchos consumidores, es que se vendan productos agrarios por debajo de los precios de compra en origen o siempre a la baja, a precios de oferta. Esta política de precios bajos, de apretar siempre al último eslabón de la cadena, la están pagando agricultores y ganaderos poniendo en peligro cultivos y cabañas ganaderas en beneficio de las importaciones hoy baratas, pero que mañana pueden ser muy costosas si eliminamos un tejido productivo y se consolida la dependencia exterior. Porque una explotación agraria, no es como una máquina de hacer tornillos que hoy se para, pero mañana puede volver  funcionar.

Por el futuro del sector, es posible y necesaria otra política agraria.

 

 

La inseguridad en el medio rural

Como una actividad a la intemperie, en la mayor parte de los casos con las puertas abiertas y sin candados, los robos en la actividad agraria, al margen de los de guante blanco de los intermediarios que denuncian, pero a los que no ponen soluciones los agricultores o ganaderos, han existido siempre. Al campo nadie va a dejar y, generalmente, se va a pillar.

En un primer peldaño de los robos en el campos se pueden colocar los de siempre, los de las producciones de campaña, todo tipo de frutas, menos, hortalizas, ajos, aceituna, actuaciones protagonizadas generalmente por personas individualmente o pequeños grupos con vehículos de tipo medio. De esas actuaciones no han escapado los corrales y las tenadas de ovino en periodos de parideras para llevarse las camadas de corderos o los lechones en épocas de fiestas.

Un segundo peldaño en esta dinámica, agravado por la crisis, ha sido el aumento de los robos de  medios de producción claves para la actividad agraria como elementos de riego, desde los motores a las instalaciones, robos de cobre y aperos de labranza en tamaño medio donde ya han entrado grupos o bandas más organizadas donde Coag ubica fundamentalmente a españoles y rumanos y de los que en 2012 se cursaron más de 23.000 denuncias.

Hoy parece hemos entrado en una tercera fase en el campo donde ya tampoco está segura la maquinaria pesada utilizada en el sector,  desde los  tractores con todos sus aperos a las cosechadoras. Antaño, los tractores eran como una muralla, un escudo que se ponían a la puerta de una nave para que no se robara lo que había dentro y los hombres hacían guardia en las eras,  acabada la bielda, para evitar el robo de los sacos de trigo en tiempos de escasez. Muchos pastores, en épocas de parideras optaban por dormir en las tenadas y corrales para evitar los asaltos.

El cuarto peldaño está en la  propia seguridad de las personas y sus enseres, miedo  ue  ya dio lugar a que, en esos pequeños pueblos donde hace unos años se dejaban toda las puertas abiertas, hoy se eche la llave ante cualquier ausencia, aunque solo sea por unos minutos.

El otro día, a mi amigo “El Boni”, en Morata de Tajuña, a  la vuelta de la esquina de Madrid, no en un valle abandonado, entre montañas, donde no pasa un alma, con cuartel, policía local y guarda de campo, le robaron el John  Deere en la parcela, mientras hacia la recolección de los ajos. Como tantas veces  sucede en el sector, para no perder tiempo sacando los aperos o regresar a casa con toda la maquinaria, la misma duerme en el campo. A la mañana siguiente el  tractor John Deere había desaparecido. Los ladrones o sus cercanos, sabían todo de las costumbres de “El Boni” y habían elegido el modelo, día y la parcela con un terreno adecuado para  cargar el mismo en un camión para su transporte. Cuando hizo la denuncia, le dijeron que bien podía estar de camino hacia un país del este. Hace un tiempo, a otro agricultor del pueblo, “El Pindoque” también se lo intentaron robar de su propia cochera, pero fueron detenidos con las manos en la masa.

Con Rubalcaba en Interior, los socialistas pusieron en  marcha un plan para mejorar la seguridad en el medio rural, cuando ya se habían desmantelado cientos de puestos de la Guardia Civil y sustituyendo los mismos por flotas de vehículos recorriendo, de vez en cuando, los caminos de una veintena de pueblos. Proteger,  “como Dios manda”, el medio, el 85% del territorio, con sus más de 8.000 pueblos, es una tarea compleja  y difícil. Vivir en ese medio rural semi abandonado, sobre todo para determinados segmentos de la población, como personas mayores o niños, conlleva importantes carencias, en unos casos de movilidad y en otros de servicios públicos que solo se superan con la solidaridad de los vecinos. Ahora, a todo eso, se suma además la propia seguridad de los enseres y las personas y se pone aún más difícil vivir en ese medio rural semi abandonado.

Estamos de acuerdo en que, el primer elemento para la sostenibilidad del territorio es la actividad agrícola y ganadera y que, sólo por eso, merece reconocimiento y apoyo. Hay una parte del territorio donde existen unas estructuras de municipios de tamaño mediano o grande, cuya continuidad está más asegurada al convivir la actividad agraria con otras economías. Sin  embargo, en otra gran parte del  país, especialmente en la mitad norte de la península, donde dominan los  pequeños pueblos  con escasos vecinos, el problema se agrava y  tienden hacia su desaparición. La actividad ganadera sujeta a los ganaderos y les obliga a estar pegados a las explotaciones,a vivir en el mismo medio. Esas cabañas  ganaderas están desapareciendo, especialmente en ovino o vacuno. Por el contrario, una gran parte  de la actividad agrícola no requiere vivir permanentemente en el territorio y eso, junto a las necesidades de educación o servicios de los hijos, está dando lugar a diferenciar el lugar de residencia del agricultor con el de trabajo. Eso supone que, en unos pocos años, miles de esos pequeños pueblos se van a convertir durante la noche en poblados vacios, fantasmas, que nadie va a vigilar, salvo que los propios  agricultores contraten sus propios servicios de seguridad.

Es probable y está bien, que  los presupuestos contemplen la existencia de tres personas para acompañar al ministro del Interior, muchas mañanas, a la misa de ocho en la iglesia de la Clarisas en el Paseo de Recoletos en Madrid. Hay que proteger a los políticos, aunque no de las monjas. Pero no se puede dejar en la casi total inseguridad que denuncian las organizaciones agrarias a ese  territorio ya marginado en otros servicios. Antaño, desde aquellos, en muchos casos, cuarteles desvencijados, la Guardia Civil  conocía los movimientos de todos los vecinos de las comarcas.Ahora,algo ha cambiado. A mí, en un minifundio de pueblo, inundado por vascos de verano, hace unos años me quemaron la bodega con un coctel. Nunca más se supo. Contraté seguros.

PAC nacional, a desnudarse tocan ante Agricultura

Aprobada la reforma de la Polítca Agrícola Común, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la cuenta atrás para la aplicación de la misma en España con en envio de un cuestionario de 52 preguntas a todas las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomos para que manifiesten sus posiciones sobre cada uno de los puntos donde Bruselas deja opciones abiertas a cada Estado miembro. Agricultura ha dado un plazo para recibir esas respuestas hast el pròximo dia 19. A partir de ahí, se elaborará un documento donde se recojan todas esas posiciones para su debate en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas la última semana de este mes.

Con tantos frentes abiertos y un volumen de fondos que es el que hay, donde para dar a unos es preciso que otros lo pierdan, los acuerdos se presentan largos ante la dificultad para encajar intereses opuestos a la hora de repartir hasta 2020  cerca de 50.000 millones de euros,contando con una escasa aportación nacional.

La reforma de la Política Agrícola Común, recogiendo una de las demandas más importantes de la Adminsitración española, contempla una gran flexibilidad a la hora de su aplicación para que cada país pueda adaptar la misma a sus necesidades o a las condiciones concretas de su actividad agraria,siempre en el marco de las reglas juego que supone el mercado único. A partir de ese sobre nacional, en la aplicación de la PAC se puede decir que está casi todo por hacer y que no se puede realizar una valoración completa de la misma hasta no conocer exactamente, por ejemplo, quiénes serán los beneficiarios prioritarios de las ayudas, quiénes serán realmente los activos, las políticas de prioridad o mejora que se quieran aplicar a la hora de los pagos, políticas de modulación, primas a las primeras 30 hectáreas, eliminación de ayudas a los que cobren menos de 300 euros,definir el techo de los pequeños agricultores, división del territorio en regiones, distribución de los pagos acoplados, reconocimiento de organizaciones de productores, políticas de contratos en otros sectores diferentes a la leche, apoyo zonas más desfavorecidas o los porcentajes de trasavases entre fondos para desarrollo rural  y pagos directos o a la inversa.

Hasta la fecha, en todo el proceso de negociaciones para la reforma de la PAC en Bruselas, se puede decir que el mismo se desarrolló con una buena transparencia, tanto ante las comunidades autónomas como ante  las oganizaciones agrarias y las cooperativas. Se trataba de cuestiones de carácter general donde era más fácil ponerse de acuerdo frente a la Comisión. Ahora, la situación es mucho más compleja proque,entre otras cosas, cada parte, cada comunidad autònoma, cada tipo de agricultura, sector o actividad o explotación se están jugando parte de sus dineros, aunque uno de los objetivos prioritarios de Cañete ha sido evitar trasvases de fondos entre territorios, sectores o explotaciones.

Como un ejercicio de transparenccia, pero sobre todo de responsabilidades compartidas, decir claramente que el tejado es de todos y que se mojan todos o ninguno, Agricultura han pedido a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas prácticamente que se desnuden,una especie de tercer grado, para que no haya dudas sobre lo que defiende cada uno y por escrito, algo fácil en los gobiernos regionales,pero más complicado en las organizaciones agrarias sin asambleas que ratifiquen toda una encuesta que supone practicamente una declaración de política agraria con afiliados de agriculturas tan diferentes.

Es bueno que todas las partes se definan.Pero, podría haber comenzado por definirse, al menos algo más, el propio Ministerio que, de esta forma, se va a definir solamente cuando conozca las posiciones de las demás partes. Haber marcado algunas pautas más concretas, no habría condicionado a nadie.El proceso es positivo, pero es jugar con ventaja.

Aceite, ¿solo o con leche?

El ministro de Agricultura entregará mañana lunes los premios a  los mejores aceites  de oliva de España  como un acto más para potenciar la mejora de su calidad, con el virgen extra como la categoría de referencia.

Históricamente, el sector del aceite de oliva ha funcionado con una serie de denominaciones prácticamente inamovibles que se han concretado en aceite de oliva, aceite virgen y virgen extra bajo los adjetivos de suaves o intensos. En su día se prohibió la denominación de aceite puro para el aceite de más baja calidad, lo que era un engaño al consumidor y, en la actualidad ha ganado peso el aceite bajo la calificación de ecológico y el añadido de adjetivos como amargos, dulces, verdes o maduros. Sin  embargo, en todo momento el grueso del sector defendió  la necesidad de mantener la venta de aceite de oliva solo como tal, como un patrimonio, con la prohibición de su mezcla con aceites de semillas, algo permitido en la Unión Europea, pero prohibido en España donde una empresa puede fabricarlo, pero no venderlo.

Hace unos años, una empresa española, el grupo Borges, con un fuerte peso en los mercados exteriores, se atrevió a desafiar la normativa con la comercialización de aceite de oliva mezclado con semillas, debidamente identificado en la etiqueta, y la Administración se ocupó automáticamente, sin debate, de retirarlo de los lineales de la gran distribución

Ha pasado un tiempo desde entonces. El sector del aceite de oliva sigue operando en los mercados con sus clasificaciones de siempre. Sin embargo, algo se está moviendo en el sector industrial a la vista de la evolución y las estrategias que se han producido en la comercialización de otros tipos de aceite con menos virtudes alimentarias o saludables que el aceite de oliva, cuyas bondades se nos meten hasta en la sopa, e incluso, ante la existencia de unos mercados en todo el mundo donde el aceite de oliva se comercializa con diferentes componentes en función de las demandas de cada segmento de consumidores.

Es probable que, para una parte muy importante del sector olivarero más tradicional, hablar a estas alturas sobre la posibilidad de comercializar diferentes tipos de aceite de oliva mezclados con  otros productos o aceites, suene a una herejía. Sin embargo, hay otra parte del sector en esa misma industria donde se considera que, junto a la venta de aceite de oliva, virgen  o virgen extra, junto a las clasificaciones de siempre, se  pueden comercializar perfectamente aceites de oliva  con diferentes mezclas, sin deteriorar la imagen del producto. Desde estas posicione se estima que, no utilizar todo ese mercado potencial  de nuevos  compradores, supone perder terreno sobre otro tipo de aceites y de grasas y que ello podría contribuir a vender más aceite  de oliva. Esta posición es defendida de siempre desde el grupo Borges y actualmente se haya bajo el punto de mira de la española Deoleo, líder mundial en el sector.

Se trata de un asunto delicado, un tema para el debate, una posibilidad que, de entrada, no se puede obviar. Lo importante es que, cuando un consumidor adquiera un determinado producto mezclado, sepa cual es su composición real y que ello no contribuyera a deteriorar la imagen del aceite de oliva como un producto saludable y alimentario, con múltiples efectos beneficiosos para la salud.

El debate está ahí. Sólo o con leche...