Metido el campo en plenas faenas de verano de diferentes producciones, desde las tareas de recolección a los riegos, el sector agrario se ha encontrado al inicio de las vacaciones con tres instrumentos de política agraria que se podrían considerar como piezas claves para dar una vuelta a la misma.
Desde el sector agrario se han criticado en muchas ocasiones, y casi siempre con razón, los programas de todos los partidos políticos por carecer de imaginación o repetir permanentemente los viejos tópicos en relación con los precios, los mercados y, ahora, los riesgos de la gran distribución para los intereses de agricultores y ganaderos o la propia industria. Hoy, a un lado elecciones y campañas electorales, organizaciones agrarias, cooperativas, Ministerio y comunidades autónomas, tienen ante sí material suficiente para definir qué tipo de política agraria y de mundo rural se quiere con la mirada puesta 2020, en un momento especialmente delicado.
Tenemos un nuevo escenario donde, progresivamente, se ha impuesto una mayor apertura de fronteras para la entrada de productos desde terceros países, sin o con bajos aranceles. Se impone ser más eficaces y no tirar la casa por la ventana en un buen año de producciones y precios; los costes de producción han pasado de suponer entre el 50/60% de la renta agraria hace pocos años, a significar hoy más del 90%, lo comido por servido; se impone la necesidad de redimensionar las explotaciones; el relevo generacional no ha funcionado; la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria no pasa de ser cosa de unos pocos, cuando no se dispone ya de un explotación familiar, al margen de la agricultura simbólica de los ecorurales y, yendo más allá, tenemos un mundo rural en proceso de desmantelamiento. Así estamos.
Un primer instrumento, por el que es posible hacer ahora otra política agraria, son las negociaciones a nivel nacional que se han iniciado entre Agricultura, Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias para aplicar la reforma. Bruselas ha dejado abiertas muchas puertas, muchos recursos para que todos esos responsables decidan qué tipo de actividad agraria quieren para el futuro, el tipo de agricultor o ganadero a apoyar, definir quién es ese agricultor activo prioritario a la hora de cobrar los fondos, la actividad o el modelo que se quiera impulsar, el apoyo a la incorporación de los jóvenes para apostar por el medio rural, tanto desde la perspectiva económica, de embarcarse en una actividad rentable, como por la disponibilidad de servicios mínimos de todo tipo en el pueblo sin la sensación de que uno se mete, con su familia, en un camposanto.
Para lograr ese cambio es importante la distribución que se decida para una parte de eso 50.000 millones de euros de aquí al 2020. Si queremos que se consoliden las trabas para la reordenación de las explotaciones, que los mayores de 70 años sigan montados en el tractor con sus tierras al hombro para complementar unas pensiones bajo mínimos, si queremos un medio rural fantasma de jubilados donde no se incorporan jóvenes.
Es mucho lo que hay por acordar en eso de la PAC, mucho lo que puede variar de una decisión a otra y mucho el protagonismo y la responsabilidad que se ha dejado en manos del propio sector que ahora, en lugar de hacer grandes manifiestos, tiene que mojarse y decir de qué parte de la política agraria se halla. Es obvio que, además de todo ello, con unos fondos asegurados para una gran parte del sector agrario hasta 2020, ahora toca pensar en tener las explotaciones más eficientes, eficaces e innovadoras y organizadas del mundo para poner competir en todos los mercados. Y ahí está, debería estar el papel de la información, el asesoramiento, la innovación, la organización pegada al campo, nuevas estructuras que sustituyan las que se eliminaron hace décadas porque olían al régimen anterior.
En relación con la PAC, es cierto que asegura fondos similares a los del pasado hasta 2020. Pero no se puede obviar que no contempla salidas para quienes no están percibiendo ayudas, que van a seguir sin ellas, aunque sean agricultores activos, simplemente porque en la reforma anterior no se contemplaban otras producciones o circunstancias. En eso, la PAC era y es injusta.
En estas negociaciones entre Ministerio, Comunidades Autónomas y el sector que deben seguir en otoño para, por ejemplo, definir quién se debe considerar como agricultor activo, ya se han logrado los primeros acuerdos de base entre los que se pueden destacar los siguientes: aplicar una PAC estatal y no por comunidades autónomas, no dar primas extra a las primeras hectáreas de una explotación, eliminar los pagos por debajo de los 300 euros para reducir gastos administrativos y ofrecer a esos beneficiarios una forma asociativa para cobrar todos en común, destinar el 15% del sobre nacional para pagos acoplados fundamentalmente a las explotaciones ganaderas, dividir el país en unas 40 regiones agronómicas donde converjan las ayudas, no transferencia de fondos entre pilares de los pagos directos al desarrollo rural o a la inversa, destinar el 2% del sobre para apoyo a los jóvenes, no incluir viñedos y frutas sin pago por derechos históricos en los nuevos pagos por superficie, establecer el techo de pagos por beneficiario en 300.000 euros si Bruselas da finalmente esa competencia a los países miembros o asignar derechos sobre superficies de pastos si el beneficiario se halla dado de alta con una explotación ganadera el registro correspondiente, REGA.
Además de ello, han sido aprobadas en estas fechas dos leyes para el futuro del sector agrario y alimentario si se logra su aplicación con la eficacia. Son dos disposiciones claves, pero con una lectura totalmente opuesta. Una, la Ley de fomento a la integración cooperativa donde el principal responsable de su aplicación es el propio sector agrario. En la otra, la de la cadena alimentaria, el sector es un sujeto pasivo y todo depende del juego limpio que quiera la gran distribución y muchas industrias y hasta dónde quiera dejar llegar los desmanes la propia Administración, especialmente en lo que se refiere a la venta a pérdidas, donde Economía lleva años mirando a otra parte.
En cualquier programa electoral en las últimas décadas nos hemos topado con el compromiso de las siglas de turno para la agrupación cooperativa. En la mayor parte de los casos, ha sido un fracaso y ello se refleja en que haya solamente una docena de grupos realmente importantes, frente a unas 4.000 cooperativas cuyos gerentes se llegan a discutir el espacio en un mismo pueblo. No tiene ningún sentido esta estructura, como tampoco el que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, hayan puesto a veces palos en las ruedas para la integración de una cooperativa en otra más grande, pero de otra comunidad autónoma. No solo es necesario, sino urgente, parar ese minifundismo cooperativo, potenciar la integración de agricultores y ganaderos en ese tipo de estructuras si el sector quiere ganar en eficacia y eficiencia, tanto para comprar como para vender, mejorar ingresos y rebajar costes de producción. En la actual situación, no hay futuro fuera. Y no es una decisión del gobierno, cosa de una Ley, sino algo que debe adoptar el propio sector, los socios y los gerentes de cada pequeña cooperativa con miedo a perder su protagonismo.
En lo que afecta a la Ley de la Cadena Alimentaría, Agricultura ha hecho un esfuerzo para tratar de poner un poco más de orden y equilibrio entre los intereses de todas las partes, productores agrarios, industriales y los grupos de distribución, hoy en una posición de claro dominio. Hay puntos importantes positivos, como la exigencia obligatoria de los contratos, la regulación de todas las demás condiciones, la posibilidad de las denuncias anónimas, la actuación de oficio de la Agencia de control y el riesgo de fuertes sanciones. En otros se ha quedqdo corta.Habrá que esperar por ejemplo, a ver si se vigila y sancionan las ventas a pérdidas que no se regulan en esta Ley, porque dijeron los de Economía que eso ya estaba regulado, aunque nunca se aplicó. Era una exigencia imposible que la nueva Ley señalara que los precios de venta contemplaran, como mínimo, los costes de producción. Pero, lo que no tolera el sector, aunque lo aplaudan muchos consumidores, es que se vendan productos agrarios por debajo de los precios de compra en origen o siempre a la baja, a precios de oferta. Esta política de precios bajos, de apretar siempre al último eslabón de la cadena, la están pagando agricultores y ganaderos poniendo en peligro cultivos y cabañas ganaderas en beneficio de las importaciones hoy baratas, pero que mañana pueden ser muy costosas si eliminamos un tejido productivo y se consolida la dependencia exterior. Porque una explotación agraria, no es como una máquina de hacer tornillos que hoy se para, pero mañana puede volver funcionar.
Por el futuro del sector, es posible y necesaria otra política agraria.
Hay 6 Comentarios
Pedro, con comentarios "constructivos" como el tuyo, si que no vamos a ninguna parte.
Publicado por: Abel | 09/08/2013 19:32:21
Las subvenciones siempre las tenían que quitar todas.
Un país que se sujete en subvenciones no camina ha ninguna parte
http://www.vestiralbebe.com/
Publicado por: Martinez | 09/08/2013 10:59:18
Me ha encantado. Y comparto cuanto escribe, a la espera de que se unan voces también desde fuera del campo.
Publicado por: Belén Mtnez. Oliete | 30/07/2013 23:25:33
Gracias Vidal. Hablamos de Agri-cultura y nos falta la Cultura Agrícola, una de las profesiones más antigüas, después de la otra y... ¡cuanto se parecen!. El futuro puede ser terrible sin las denostadas "subvenciones" y representan el 60% de los Presupuestos de la Unión Europea. Rejuvenecer, mayor capital e inversión, mejor preparación, costes transparentes, unidad de producción, rendimientos y tecnologías,... problemas abiertos que esperemos se solucionen en breve. Nuevamente gracias por tus apuntes que los hago mios en el blog.
Publicado por: GATD | 30/07/2013 18:53:07
Con artículos como este no vamos a ninguna parte.
Publicado por: Pedro | 30/07/2013 15:35:39
Con artículos como este no vamos a ninguna parte.
Publicado por: Pedro | 30/07/2013 15:35:35