Mientras una buena parte del sector agrario se halla metido en plenas faenas de recolección, el Ministerio de Agricultura se convierte desgraciadamente en estos meses de verano en una especie de Ministerio del Aire, con un parte diario de guerra donde, el departamento de Atocha da cuenta del número incendios activos y, sobre todo, de su participación en la extinción de los mismos con aviones, helicópteros y tropas de tierra.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a la hora de presentar los presupuestos del departamento para este ejercicio destacaba cómo la política de ajustes había provocado recortes de fondos para diferentes políticas claves, como la del seguro agrario, pero que, a pesar de todo, se había mantenido, e incluso incrementado ligeramente hasta los 74 millones de euros, la partida destinada a la lucha, prevención y extinción de los incendios.
De los incendios conocemos a diario, por el parte de Agricultura, en un alarde informativo, el número de hectáreas destruidas, el tipo de terreno o cultivo o la dimensión de superficie afectada en cada uno de los siniestros. De lo que no hay apenas datos es, sobre todo, de las detenciones y penas impuestas en el pa0sado contra los causantes de los incendios, intencionados o no, falta publicidad de los castigos, que no sería otra mala política de prevención; de las pérdidas globales, simplemente económicas, que suponen los mimos cada año para las Administraciones o para las propias economías rurales; del coste que supone la actual política contra los incendios, sumando las aportaciones de la Administración central a las propias comunidades autónomas, donde una de las partidas más importantes corresponde al negocio de alquiler de avionetas o helicópteros, a los que se ese suman los vigías avistadores de humos o las brigadas de tierra.
Cuando un bosque se quema, ya no es solo lo del monte del señor conde, o si se trata de un espacio público; se calcinan algo más que miles de árboles cuya recuperación puede tardar décadas y se destruye algo patrimonio de todos en fauna y flora.
Al margen de una actuación más dura de la justicia, no se puede evitar la acción de terroristas pirómanos; pero incluso en esos casos, sus efectos se podrían paliar o minimizar, si realmente existiera otra política de prevención que, sin embargo, no se puede improvisar, de la noche a la mañana, cuando el deterioro y el abandono de campos y bosques se mantiene ya durante años.
No hay dudas de que agricultores o ganaderos son los primeros interesados en el mantenimiento de ese medio rural del que viven, más allá de quienes van y lo disfrutan de fin de semana, y que ellos son los primeros guardas-vigilantes del territorio que habitan. No es casualidad que en zonas pobladas de pinares, con reparto de beneficios comunales, los incendios sean la excepción, o que las tareas de recolección del cereal provoquen pocos incendios y de escasa importancia cuando los agricultores que se hallan en esos rastrojos resecos no renuncian al cigarrillo y al chisquero.
El 85% del territorio del país se puede considerar hoy como espacio rural. Un espacio en estampida formado por uno 8.000 municipios, muchos de ellos en proceso de extinción, donde aguantan un número reducido de agricultores y jubilados,donde los ganaderos que pastaban sus rebaños en el territorio han puesto el candado a sus tenadas y dejado el territorio semi abandonado,
Incendios los ha habido siempre. Pero no es lo mismo un incendio en terrenos pelados por el pastoreo de los rebaños, a que las hierbas se coman los caminos. No es lo mismo un monte limpio donde el ganado ha eliminado maleza y comido ramas hasta una determinada altura de los propios árboles, a que la maleza se coma y tape los mismos. No es lo mismo un monte en estado salvaje, a un espacio donde exista una limpieza y empleo de la madera para diferentes usos domésticos que ya nadie utiliza porque no hay nadie que lo necesite, porque el territorio se ha quedado vacío. Se trata de un problema de medio y territorio rural en abandono, que teorías de los ingenieros forestales pueden ayudar a salvaguardar, pero no solventar el problema de fondo.
Además de tareas de prevención tan reiteradas, prevenir debería partir de una política global para el territorio rural impulsada desde varios departamentos,(vivir en ese medio no es solo cosa de Agricultura y de las rentas agrarias), ofreciendo unas condiciones de vida que lo hagan más atractivo para sus habitantes para quedarse, donde el espectáculo de los medios aéreos a lo mejor, en parte al menos, se podría evitar si sobre ese territorio se hubiera apoyado el mantenimiento de gentes con sus cabañas ganaderas extensivas hoy en proceso de extinción.
A los incendios, más que desde el cielo, se les puede y debe combatir en tierra. Y además, es seguro que, con una parte de esos miles de millones que se van por los aires, volando en aviones y helicópteros, se podría crear, de una forma casi estable, más actividad y empleo en ese territorio rural donde la maleza invade hasta las paredes de los ayuntamientos y pedanías, ahora también en proceso de extinción.