Reforma de la PAC,luces y sombras

Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas acaban de dar luz verde en la Conferencia Sectorial a la aplicación efectiva de la reforma de la Política Agrícola Común que, en principio, estará en vigor hasta 2020. Tas su aprobación en junio del pasado año, quedaba por saber lo más importante, cómo sería su aplicación, a la vista del margen de flexibilidad que se dejaba a cada Estado miembro para la distribución de sus recursos. Esas incógnitas ya se despejaron inicialmente y de manera general en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado mes de junio y se acaban de concretar hace unas fechas, salvo en la división  del territorio en regiones donde debe existir una cierta convergencia de las ayudas.

En relación con esta reforma, se puede señalar, en primer lugar y, en la parte positiva, que España no salió mal parada globalmente si se considera que se ha mantenido el volumen de fondos del periodo anterior, 35.700 millones de euros para ayudas directas, y más de 8.000 para desarrollo rural. Estas cifras no contemplan el efecto de la inflación para este periodo, pero se debe hablar de un logro importante el conseguido por Arias Cañete dado el escenario económico de ajustes y además, teniendo en cuenta que en los pagos comunitarios directos Bruselas nunca hizo una revisión anual de los mismos por ese mismo motivo.

A partir de este dato positivo, se puede decir que la reforma de la PAC ha sido una ocasión perdida para llevar a cabo más cambios necesarios en la distribución de los recursos dando por buena la aplicada en base a los derechos históricos. La aplicación de la reforma ha estado dominada más por la filosofía de la estabilidad territorial, que por lograr un mayor equilibrio en la distribución de los fondos con la mirada puesta en los profesionales y en quienes dedican su tiempo y arriesgan su dinero a esa actividad. Con esa estabilidad como objetivo, el ministro y todo el equipo de Agricultura habían insistido hasta la saciedad sobre la necesidad de que la misma no supusiera un trasvase de fondos entre territorios, superficies, cultivos y explotaciones, pero ha sido igualmente una posición defendida con uñas y dientes por cada una de las Comunidades Autónomas donde el triunfo para sus gobiernos era mantener los mismos niveles de ayudas.”Reforma sí, pero a mí que no me quiten ni un euro”. Es lo que ha sucedido con un acuerdo donde sólo se ha producido una oscilación al alza o a la baja del 0,67% entre lo que recibía en el pasado y percibirá en el futuro, por lo que alguna organización agraria hablaba de una reforma hecha más desde las posiciones y los intereses de las Comunidades Autónomas que desde los intereses de los profesionales.

Con la aplicación de esta reforma se vendría a dar por hecho, a confirmar, que la distribución de los pagos por derechos históricos, el modelo aplicado hasta la fecha, era el sistema más justo para todos. Ello ha supuesto que los sectores y las producciones que recibían las mayores ayudas las van a seguir recibiendo y los que no estaba apuntados a ese modelo de pagos históricos, se quedan fuera sólo con unos mínimos ajustes. Hay además casos significativos donde la aplicación de las ayudas en base a los derechos históricos es aún más sorprendente al estar una parte de la producción con ayudas y otra sin ellas. En el viñedo, tiene ayuda quien en su día entregó producción para la quema en destilación y no las tiene quien comercializó sus vinos en los mercados. Algo similar sucede en los cítricos. Quienes hicieron entregas a la industria tiene derecho a cobros y se quedan fuera quienes operaron con sus producciones en los mercados. En otras palabras, sin generalizar, premio a quien acudió a la transformación o industrialización y castigo al que luchó por vender la producción directamente.

Un segundo aspecto clave en la reforma a partir de esa estabilidad en la distribución, ha sido la asignación los recursos a partir de las definiciones de actividad agraria y agricultor activo. En principio, la definición de actividad agraria parece suficiente para excluir de la misma en los pagos a las superficies sobre las que no haya actividad, agrícolas o ganaderas, siempre que funcionen los necesarios controles. En lo que afecta a la definición de los activos como personas físicas o jurídicas con derecho recibir los pagos, las exigencias se han quedado cortas, y mucho más habría sido si, a última hora no se aumenta del 10% al 20% el porcentaje de ingresos por la actividad, tras la posición de las organizaciones agrarias. Será activo quien en sus ingresos en la explotación obtenga sólo hasta un 80% de ayudas y al menos el 20% sea consecuencia de la actividad productiva .Es corto ese 20% y el mismo, obviamente, no parece pensado para explotaciones de secano con bajas ayudas, sino para determinados cultivos en regadío con ayudas muy altas en base a los derechos históricos y desligadas de la producción. La reforma ha sido una ocasión perdida para enmendar muchas injusticias y para lograr una mayor concentración de ayudas en manos de profesionales, lo hagan labrando directamente la tierra o que dediquen, inviertan y se jueguen los cuartos en el sector. Con esta reforma, dice Agricultura, se van a excluir a poco más de 70.000 perceptores que no llegaban a ese 20% de ingresos por la actividad frente a más del 80% en el volumen de las ayudas, una quita de unos 550 millones. Con la reforma se eliminarán también a unos 100.000 perceptores que reciban 100 euros en 2015, 200 en 2016 y 300 en 2007, aunque se deja la puerta abierta para seguir cobrando esos fondos si en este tiempo desarrollan una política de integración a efectos de las solicitudes. Sin embargo, no se abordó el mecanismo para ajustar la cifra actual de 900.000 perceptores a menos de la mitad para lo cual habría sido necesario poner sobre la mesa una cuestión delicada, pero muy importante como las ayudas a los jubilados, apoyos en muchos casos indipensables para la supervivencia dada la baja cuantía de sus pensiones, en el marco de un del relevo generacional.

Finalmente, hay otro debate clave como es el proceso de despoblamiento del medio. Obviamente se trata de una cuestión que se enmarcaría en los programas de desarrollo rural. Pero, no habría estado de más que, a la hora de definir agricultores activos se hubiera tenido también en cuenta, como un plus muy importante, a quienes viven y sufren día a día el medio rural donde son la pieza clave para el sostenimiento de pueblos, patrimonios y territorios, desde la biodiversidad a la seguridad, a falta de los cuarteles de la Guardia Civil.

Ibérico, más colores que controles

Tras casi dos años de negociaciones con todos los muchos intereses encontrados que existen en el sector y entre Comunidades Autónomas, al final salió la nueva norma por la que se regulará la calidad de los productos del cerdo ibérico.Casi un tema de Estado.

Oficialmente, según indica Agricultura a la hora de justificar la nueva normativa, la misma era necesaria por muchas y muy importantes razones: por una excesiva relajación en la aplicación de los criterios de calidad desde la producción a la comercialización de los productos del cerdo ibérico debido a la regulación de 2007 de la etapa socialista con Elena Espinosa de ministra. ¿Otra herencia?; por el descenso de la cabaña ganadera en la dehesa y la pérdida de raza; por la existencia de un modelo productivo intensivo de cebo (regulado en 2001 por Arias Cañete),que ha dado lugar a una sobre explotación y a un exceso de oferta en los mercados; por la existencia de logotipos y símbolos en los productos que inducían a la confusión, como poner un cerdo de cebo criado en una granja pastando bajo una encina; por la instauración de cuatro denominaciones de ibérico; por la existencia de cargas ganaderas excesivas en las dehesas y en las granjas de cebo; por el mal funcionamiento de las certificadoras que, en muchos casos, daban denominaciones sin pisar un matadero; por la falta de los pesos mínimos en muchas de las canales que se sacrificaron y la falta de controles en los periodos de curación. Y, en definitiva, porque no funcionaba nada y el ibérico era un barco a la deriva.

Frente este panorama de caos y con el objetivo de sacarlo a flote, Agricultura se atrevió con una nueva normativa donde se contemplan unas mayores exigencias en cargas ganaderas en las dehesas o superficies por animal en las granjas; en el peso de los animales sacrificados; en los periodos de curación de los productos, reduciendo las anteriores denominaciones de calidad a tres, de bellota o dehesa, de cebo de campo y de cebo de granja, eliminando la categoría de recebo; exigiendo que en cada etiqueta se informe sobre el porcentaje de pureza de raza del animal cuando no sea 100% ibérico y, como novedad más significativa para el consumidor, exigiendo instalar un precinto inviolable en cada pieza que será negro para el producto de bellota 100% ibérico, rojo cuando sea bellota, pero que no llegue ese porcentaje racial, verde para los cerdos de cebo de campo y blanco para los de cebo de granja. Este precintaje, no estará plenamente vigente en el mercado hasta pasados unos meses ante el periodo transitorio amplio que ha dado la Administración para implantar ese sistema para las piezas que se hallen hoy en proceso de curación. Además, el consumidor se podrá encontrar con otro precinto marrón que se deberá aplicar a los productos en  proceso de elaboración de los cerdos de recebo, categoría que se elimina con la nueva normativa.

 Hay que reconocer el valor de Agricultura para meterse otra vez en la regulación de ese avispero de intereses encontrados que hay sobre el cerdo ibérico. Simplificando las cosas, toda esa problemática a la que se refiere la Administración para justificar la necesidad de la nueva norma, se podría concretar en dos causas: el exceso de oferta barata y la falta de controles.  

En cuanto al exceso de oferta, el origen se remonta a 2001 cuando Arias Cañete como ministro se atrevió a tratar de poner orden en el sector instaurando oficialmente la categoría de cerdo de cebo para un animal  criado en una granja intensiva a base de pienso en cualquier punto de España y que se podría producir igualmente en cualquier parte del mundo al no estar ligado a la dehesa. Eso provocó que, entre los años 2004  y 2007, se desarrollara un censo de este tipo de ibérico de casi cuatro millones de animales provocando cerca de ocho millones de jamones. A este tipo de producción se apuntaron grandes grupos de ganaderos que estaban pasando una situación crítica de precios con el cerdo blanco, empresas cárnicas que vieron la posibilidad de mejorar sus ingresos en base a la imagen de lo ibérico y  empresarios de otros sectores en busca de nuevos negocios. Ello supuso que el ibérico pasara de ser un producto caro y  casi exclusivo, a un producto barato de oferta por sus menores costes, arrinconando poco a poco a las producciones de bellota más caras por su sistema de cría, cuyo censo fue cayendo desde los 800.000 a menos de 500.000 animales de los que solo unos 150.000 son ibéricos 100%.

Pero el problema que supuso para el sector la invasión de producto de cebo de granja, no fue solamente por una mayor oferta. El efecto más negativo sobre el sector de lo ibérico lo produjo el hecho de que  una parte muy importante de ese tipo de producciones se comercializaran muy baratas,lo ibérico se convirtió en un producto reclamo de oferta como la leche o el aceite,sin que funcionasen los mecanismos de control para evitar etiquetados fraudulentos que suponían un engaño al consumidor en medio de la inoperancia de Comunidades Autónomas.

Poner orden en el sector no se logra solo reduciendo a tres las denominaciones de lo ibérico, como dispone la nueva norma, exigiendo los porcentajes de raza en cada etiqueta, limitando las cargas ganaderas en granjas y dehesas o poniendo bridas de colores para que el consumidor lo tenga más fácil a la hora de elegir un producto. No se va a recuperar la raza por poner los porcentajes en las etiquetas, aunque ello aporte más información al consumidor a la hora de elegir.

La nueva normativa aumenta algunas exigencias en materia de espacio en la producción de los animales de cebo de granja pero, se mantiene la clasificación, en contra de los más puristas de la dehesa y, obviamente, con el apoyo de los grandes intereses económicos que giran hoy en torno a ese tipo de explotaciones, por lo que es complejo dar marcha atrás. Pero, con la normativa anterior, se podían haber controlado todos los procesos que hoy se tratan de poner en orden, desde la fase de producción a la industria y a la comercialización, desde las cargas ganaderas a las certificadoras criticadas de forma generalizada en el propio sector por su funcionamiento inadecuado.

El escenario negro que dibujaba la Administración a la hora de justificar su normativa, no era consecuencia solamente por la invasión de los animales de los cebaderos en los mercados, sino por la no aplicación de los sistemas de control existentes ante la permisividad y la inoperancia de las  Administraciones con responsabilidades en la materia. Si se hubiera aplicado la norma anterior, no se habría llegado a la situación actual.Y, a lo mejor, hasta habría sobrado la nueva norma.

 

 

¿Cuánto vale un litro de aceite?

 Con los precios del aceite por los suelos en origen, entre 1,70 y 1,75 euros kilo para un tipo lampante de calidad media para refinar, los precios de venta en la mayor parte de la gran distribución se situaban en los últimos días en el entorno de los 2,70-2,99 euros litro,(*) una cifra casi igual que hace unos meses cuando los precios en origen llegaban a los 2,70 euros kilo. Y, en las mismas fechas, como suele suceder en la cuesta de enero, con los mismos precios baratos en origen, un gran grupo de distribución había iniciado ya la carrera de las ofertas con uno precio de 1,89 euros litro, línea que como ya casi es habitual, es presumible que sigan otros grandes grupos de la distribución. Un mismo aceite de oliva, en las mismas fechas, con una diferencia de precio de casi un euro al consumidor. ¿Es el mismo aceite?. ¿Tiene la misma calidad?. ¿Por qué si los precios en origen pagados al olivarero y los de cesión de la industria a la distribución han tenido una bajada tan importante, esa reducción no se ha reflejado ya en los precios finales de venta, lo que podría haber provocado el aumento de una demanda que no acaba de despegar en el meco interior?.¿Por qué si un grupo acomete esas bajadas de precios, otros no lo pueden hacer?. ¿Por qué, en un momento determinado, todos se ponen en oferta, en muchos casos con precios más baratos que los precios en origen?.

Es viejo que la gran distribución está utilizando el aceite de oliva como uno de esos productos reclamo donde, casi siempre, hay una marca propia o de fabricante en oferta para atraer a la cesta de la compra, en algunos casos con ventas a pérdidas sin que tanto Defensa de la Competencia como Comunidades Autónomas hayan dado los pasos mínimos para evitar este tipo de prácticas ilegales. Pero, desde hace unos meses, la gran distribución, además de tener al aceite como producto reclamo, habría decidido tener también al aceite como recurso para hacer negocio sin repercutir la bajada registrada en origen y en el precio de venta de las industrias. En el fondo, un juguete manejado según lo requiera la ocasión o los intereses del grupo.

Hace unas fechas entró en vigor la nueva Ley impulsada por Agricultura para la mejora de la Cadena Alimentaria por la que, en teoría, se busca clarificar todos esos procesos para acabar con la posición dominante de la gran distribución. Las dudas sobre su futura eficacia surgen cuando hoy ya hay normas suficientes para atajar este tipo de prácticas y tanto Economía como las Comunidades Autónomas miran para otra parte para perseguir las ventas a pérdidas que no se contemplan específicamente en esta Ley.

En línea con la búsqueda de una mayor transparencia en el sector, Agricultura, organizaciones agrarias, industrias y los grupos de la gran distribución, acaban de firmar además un convenio por el que todas las partes se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar la calidad del aceite de oliva y, sobre todo, para la promoción y la información sobre el mismo a los consumidores como un producto en el segmento alto de calidad. Era necesario ese convenio, un viejo empeño de Arias Cañete para tratar de implicar a la gran distribución en la problemática de la producción, y no será fácil ver resultados inmediatos, dados los vicios existentes. España es, con diferencia, el primer país productor de aceite de oliva del mundo, pero una gran parte de la población no sabe distinguir sus tipos y la riqueza de variedades con sus cualidades específicas, desde los suaves de arbequina catalanes u hojiblancas andaluces, a los fuertes como cornicabra en la zona centro, el picual en Jaén o los amargos extremeños. Se trata de un convenio similar al suscrito hace un año por las mismas partes para apoyar unos precios sostenibles que permitieran una rentabilidad de las explotaciones ganaderas, e ir eliminando la leche como ese producto reclamo barato y banalizado. En el caso del aceite, el convenio no cita textualmente ese objetivo, pero todo el mundo coincide que el reto es el mismo: no banalizar el precio del aceite cómo y cuando le interese a un grupo de distribución en sus guerras de sector y apoyar su demanda desde la información.

Con el permiso de la gran distribución y por la propia imagen de calidad y respeto al esfuerzo de los productores, la leche no puede valer menos que el agua, aunque ésta se venda en un continente de cristal de diseño, ni un aceite se debería vender a menos del precio en origen por su calidad y como alimento saludable. Es una imagen de calidad y producto diferenciado que se trata de ofrecer en el exterior para ganar mercados y a un mayor precio. Pero, en casa de herrero, cuchillo de palo….Y no se puede pedir que chinos, japoneses o norteamericanos lo paguen y lo encumbren en los altares de la gastronomía, cuando aquí lo tiramos por los suelos y ha sido el juguete en las batallas de la gran distribución en medio de la indiferencia oficial, algo que ahora trata de cambiar Agricultura.

Y, al final, ¿cuánto vale un litro de aceite de oliva? Una cifra ligada a sus costes de producción, a los mercados, o lo que fije en cada momento la gran distribución? ¿Nos engañan cuando lo venden muy barato, cuando lo venden caro, o en ambos casos? Sería bueno que funcionara ese convenio aunque, en el caso de la leche, el resultado no ha sido para tirar cohetes y que, por otra parte, con la Ley de la Cadena Alimentaria , ya en vigor, se lograra una mayor transparencia en la formación de los precios.

(*)Para eleborar un litro bastan 0,916 kilos de aceite