Acuerdo con Marruecos, tomates, peces y reyes

Más de medio año después de finalizadas las negociaciones, según la información del gobierno español, el rey de Marruecos Mohamed VI acaba de ratificar con su firma el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y ese país, que va a suponer en inicio en los próximos meses de la actividad de 120 barcos comunitarios de los que un centenar serán españoles. Oficialmente, la firma se ha producido coincidiendo con el viaje del rey de España, Felipe VI y la misma se ha presentado como el primer resultado positivo del monarca en visita a un país. Sin embargo, conociendo los entresijos que históricamente han envuelto las negociaciones en materia agraria y pesquera entre Bruselas y Rabat, hay argumentos para señalar que, además de la visita, han existido otras razones al margen de las relaciones de hermandad entre ambas familias reales y un gesto hacia un país hermano.

Tras la paralización de la flota en diciembre de 2011, Rabat y Bruselas suscribían en diciembre de 2013 un nuevo acuerdo, ratificado inmediatamente por las instituciones comunitarias. Para su entrada en vigor, solo faltaba su ratificación por las instituciones de Marruecos y, finalmente, por el rey Mohamed VI. Sin embargo, frente a la urgencia con la que los pescadores comunitarios y la propia Comisión reclamaban esa ratificación marroquí, Rabat, una vez más, se tomó las cosas con calma.

Dando un mensaje de optimismo al sector, en marzo de este año, el Ministerio de Agricultura señalaba, en una nota oficial, la satisfacción del gobierno español por la ratificación definitiva por parte del rey Mohamed VI de un acuerdo de pesca sostenible desde una perspectiva económica, social y medioambiental entre la UE y Marruecos. “Sólo a falta-decía- que se comunicara esa firma a Bruselas” para iniciar el proceso de vuelta de los barcos a los caladeros de ese país y a las aguas del Sahara administradas por Rabat. Los barcos siguieron amarrados. Pero no fue esa la única firma, sanción o ratificación por la corona antes de la actual. Dos meses más tarde, alimentando ya un clima de confusión,en junio pasado el mismo Ministerio de Agricultura volvía a señalar la satisfacción del gobierno por la sanción por parte del rey Mohamed VI del acuerdo de pesca entre Marruecos y la Unión Europea, reiterando nuevamente que, tras ese trámite, solo faltaba la comunicación a Bruselas para su entrada en vigor. Siguiendo con este proceso, el pasado 14 de julio la nueva ministra señalaba su confianza en una rápida ratificación del acuerdo por parte de Mohamed VI, confiando plenamente en que fuera uno de los temas planteados por el monarca Felipe VI, como así fue, y así se ha constatado en los resultados del viaje.

A la vista de las comunicaciones emitidas por el gobierno español en relación con esta firma, sanción o ratificación del acuerdo por el rey Mohamed VI, solo cabrían dos explicaciones. La primera, que sin informaciones fiables de Rabat, Agricultura se lanzara una y otra vez a la piscina para señalar la vuelta inminente de los barcos a esos caladeros, algo que, sin embargo, si no era cierto, iba contra la propia credibilidad de la administración, con riesgo de crear tensiones en el sector. Segunda, que Rabat diera informaciones no acordes con la verdad para mostrar su buena disposición ante otras negociaciones en marcha con la UE y que el Ministerio español  las diera por buenas.

Al margen de estas maniobras para la confusión sobre la firma o ratificación del último acuerdo, la realidad es que las negociaciones entre la Unión Europea y Marruecos han estado históricamente envueltas en una guerra cruzada de intereses. A Bruselas le interesa Rabat, además de por a la pesca, por otros aspectos como la seguridad o la inmigración en esa zona. A  Marruecos, por su parte, le interesa fundamentalmente el mercado comunitario para dar salida a unas producciones agrícolas en expansión que, en muchos casos, como el tomate, entran actualmente sin cuartel, sin respetar precios ni contingentes, hundiendo los mercados y, con España como el principal país perjudicado por coincidencia de campañas.Y, en esta, como en anteriores negociaciones de los acuerdos de pesca, Rabat ha tratado de llevar aparejada la pesca, donde considera tiene una posición de fuerza por la dependencia española de esas aguas, con las agrícolas donde se oponen los países del sur de la UE y tienen el apoyo de los del norte.

En los últimos meses escenario de este proceso de no ratificación del acuerdo pesquero, no estaba sobre la mesa la negociación de un nuevo acuerdo agrícola. Sin embargo, han sido un tiempo de negociaciones en Bruselas sobre la modificación del sistema de controles en frontera para imponer una mayor transparencia de los envíos de tomate desde Marruecos y poner coto al fraude en las importaciones, donde en medios comunitarios se ha llegado a hablar de presiones y hasta de chantaje de Rabat, con la pesca en la manga. Finalizadas esas negociaciones, es cuando el rey marroquí habría dado luz verde al acuerdo de pesca, para la Administración española, oficialmente por tercera vez en cuatro meses, en esta ocasión coincidiendo con el viaje de un rey amigo. A la tercera va la vencida y se supone que sea la buena. Además, la firma, ahora es palabra de reyes….

El pollo de la gran distribución

 Granjeros, mataderos, industriales y las empresas integradoras en su conjunto, protagonizarán mañana en Madrid un acto de protesta contra la política de los grandes grupos de distribución en relación con la avicultura de carne, repartiendo miles de kilos e informando de la situación por la que atraviesa el sector. No se trata de la primera iniciativa de los productores de pollos, la carne más  barata del mercado. Contra la distribución ya se habían desarrollado anteriormente movilizaciones ante las puertas de algunos de estos establecimientos en varias Comunidades Autónomas. Ahora, las protestas no se han dirigido contra  un grupo en concreto, sin contra toda una filosofía de compras  y ventas sin que, desde las diferente Administraciones se hayan adoptado medidas para modificar este tipo de comportamientos que han afectado, no solo a la carne de pollo, sino a otras  producciones claves en la cesta de la compra como conejo,aceite o leche.

En sector del pollo plantea tres tipos de denuncias que bien podrían extenderse a otras producciones.

La primera, la imposición en origen de unos precios a la baja que no llegan a cubrir  los costes mínimos de producción y que, en los últimos tiempos, han provocado el cierre de cientos de  pequeñas granjas.

Frente a esta denuncia, la  posibilidad de que una  gran distribución, como otra gran empresa de cualquier otro sector, imponga sus precios  en origen al agricultor o ganadero, responde solamente a la ley de la oferta y la demanda  y la capacidad de negociar de cada una de las partes. En este caso, los grupos de distribución, indispensables para la comercialización de los productos agrarios y alimentarios, se cuentan con los dedos de una mano y sucede lo mismo con las grandes integradoras en el sector avícola, pero con un punto débil clave. El pollo, como otras producciones agrarias de carácter perecedero, no dispone de la posibilidad de resistencia de otras producciones y tiene la necesidad de salir de granja en unos periodos concretos para ofrecer una cierta rentabilidad que, si se mantiene en la explotación ganando peso y con  mayores costes, impide aún más la capacidad de negociación con la gran distribución desde donde se amenaza siempre con las importaciones de terceros países.

En este escenario de simple juego de fuerzas, solo cabria la posibilidad de una actuación desde la administración llamando a la responsabilidad a los actores de la cadena alimentaria y mantener un comportamiento equilibrado entre los intereses de todas las partes.

La segunda denuncia del sector de la avicultura señala la posibilidad de que la gran distribución esté vendiendo la carne de pollo a pérdidas, por debajo de los niveles de compra a los ganaderos o mataderos. Se trata de una práctica a la que la gran distribución acudiría con el objetivo de mantener barato un producto que pueda ser reclamo para  la cesta de la compra. Lo que el establecimiento pierde en un producto, tiene la posibilidad de cargarlo en otro, e igualmente la opción de imputar esas pérdidas  como gastos campañas de promoción.

La venta a pérdidas se halla prohibida por la actual regulación sobre comercio, no en la Ley de la Cadena Alimentaria y, sobre ese tipo de actuaciones, en principio, las competencias no se hallan en Agricultura, sino en el Ministerio de Economía. Descubrir una venta a pérdidas de un grupo de distribución es una tarea compleja, pero sobre la que tampoco se han volcado en su detección los hombres de Economía, a pesar de las muchas denuncias en ese sentido. En definitiva, vender a la baja  una serie de productos es algo que beneficia para un IPC a la baja, algo que ha sido uno de los objetivos de la Administración, aunque hoy sea muy grave el daño que este tipo de prácticas están causando a las industrias alimentarias  y, a la postre, al sector agrario como parte final de esa cadena.

Una tercera denuncia de esta guerra del pollo es la coincidencia en los precios entre establecimientos cercanos de diferentes cadenas. Es una práctica habitual que todas ellas se marquen muy de cerca cada día en sus políticas de precios en un momento de crisis en la demanda, por lo que se podría hablar de coincidencia para  quitar competencia, y no exactamente que hayan pactado precios, dadas sus batallas por ganar consumidores.

Vender un producto a bajo precio, aunque sea a costa de ese establecimiento, el sector entiende que acaba perjudicando la propia imagen de ese producto, en el caso del pollo de cría intensiva ya bastante deteriorada, aunque se acuda en masa a su consumo.

Finalmente, desde la producción se asegura, según el estudio sobre  la evolución de las cotizaciones hecho desde UPA, que, en muchos casos, subidas o bajadas de precios en origen no tienen esa repercusión en los precios en destino. No se entiende, además, que un mismo grupo de distribución pueda vender un kilo de pollo un euro más caro al sur de  Francia, pegado a la frontera, que en Irún, salvo que no sea por el miedo a los movimientos de protesta de los ganaderos en cada país.

Hace unos meses, una de las batallas más importantes  en la que unieron sus fuerzas las organizaciones agrarias, las cooperativas y la propia industria alimentaria, fue contra la posibilidad de elevar el IVA para una serie de productos agrarios y alimentarios por considerar que ello iba a retraer la demanda y causar problemas en empresas alimentarias y, a la postre, en el campo. Esa preocupación se le elevó al presidente del Gobierno en un momento cuando Rajoy sacaba pecho por el papel y el peso del sector agrario y alimentario como motor de las exportaciones en tiempos de crisis. Hoy, superada esa amenaza  del IVA, desde ambos sectores no se duda en señalar las estrategias de los precios a la baja de la gran distribución en relación con una serie de productos  alimentarios, como la gran amenaza para su viabilidad, sin que, hasta la fecha, hayan dado el resultado esperado las iniciativas voluntarias pactadas con la distribución para dejar de utilizar algunos productos agrarios como aceite o leche como productos de oferta permanente.  La gran distribución tiene marcada su linde en sus politicas de ventas y no responde a otros impulsos

Pan con vino y azúcar

 El Ministerio de Sanidad trabaja en la redacción de la nueva ley para la prevención del alcoholismo ante el registro de un aumento sobre su con sumo entre los jóvenes.  Desde una ONG, VSF Justicia  Alimentaria Global, se ha puesto en marcha una campaña contra el consumo de azúcar más allá de los 25 gramos diarios donde, a poco,se acusa al sector de estar infiltrado en todos los gobiernos para aumentar su demanda. El pan se mantiene en las dietas como un producto poco recomendable y hasta, desde expertos otros países, se dan consejos sobre el consumo del jamón. A este paso nos quedamos sin la posibilidad de producir vino, remolacha, trigo….

Ante el evidente aumento del alcoholismo entre los jóvenes, es natural la preocupación en las Administraciones para tratar de reducir su consumo. Sin embargo, a la hora de analizar los agentes que lo provocan, sería indispensable una diferenciación de las categorías de alcohol, no siendo posible meter en un mismo saco al vino, actualmente calificado por ley como un producto alimentario bebido con moderación, como marcan las propias campañas comunitarias puestas en marcha por el propio sector. No tiene sentido hablar de un incremento del alcoholismo sin hacer una excepción con el vino, cuando se trata de un producto cuya demanda viene cayendo año tras año hasta su hundimiento en todos los segmentos de la población y donde, además, son los jóvenes quienes se hallan más alejados de su demanda.

En 2007, el actual presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, atacaba duramente a la Administración socialista y pedía la dimisión de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, por poner en circulación un proyecto de ley contra el consumo de alcohol, vino incluido, al que Rajoy se oponía argumentando razones culturales y de la dieta mediterránea.

En esos días hemos sido testigos de la campaña emprendida por la ONG VSF Justicia Alimentaria Global en defensa de un consumo de sólo 25 gramos diarios por persona y día, donde se acusa al sector azucarero de dominar y de estar infiltrado en los gobiernos, presentando el producto como si se tratara de algo mortal, como del mundo de la droga, con maletines llenos de billetes y desparramando un polvo blanco, como si fuera coca. Desde una ONG que trabaja en el desarrollo en terceros países en vías de desarrollo, serían lógicas las denuncias contra los sistemas de trabajo que se aplican en los mismos en el sector primario, pero, no solamente en el azúcar, sino en todas las actividades, desde las ropas que vestimos o calzamos en los países desarrollados. Pero son gratuitos tantos ataques contra una actividad aquí importante, que no tiene esos lobbys, ni tantas manipulaciones, ni dinero negro, que es un sector agrario importante en el empleo desde el campo a la industria, ya bastante maltratado por las reglamentaciones comunitarias que están poniendo el peligro su propia viabilidad en España. Esta campaña maneja unos datos sobre consumo 112 gramos día por persona año que se hallan muy lejos de la realidad del sector. Y la más grave, es que la misma, según sus responsables, se halla además financiada con fondos de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, dinero público con el que no se deberían hacer campañas gratuitas sin datos reales contra un sector que se gana la vida en el campo con mucho esfuerzo y pocos manejos políticos. Está bien hacer llamadas a la moderación en la demanda en determinados productos, pero sin confundir el "culo con las témporas".

Sobre el pan, nada nuevo si tenemos en cuenta que los paneles de consumo alimentario marcan una línea permanente  de caída.

Hace ya unas décadas, cuando los chicos y chicas salíamos de la escuela en tantos pueblos de esa España profunda, al queso amarillo maloliente que nos daba los americanos, le añadíamos para la merienda una rebanada de pan con vino y azúcar. No estábamos alcoholizados ni obesos, sino todo lo contrario. Aquí estamos.

La leche que nos dieron...

 Miles de ganaderos andan ya preocupados en estas fechas ante la posibilidad de que esta campaña  puedan superar ampliamente sus cuotas de producción y pagar una tasa de 0,27 euros por kilo que rebase las mismas, y que equivaldría a lo comido por lo servido. Esta nueva situación en el sector ha provocado el resurgir del mercado de alquiler de cuotas,operaciones que en el pasado se hicieron, en muchos casos, sin coste entre ganaderos, simplemente para mantenerlas vivas y que, en este momento, llegan a cotizarse hasta a tres céntimos kilo.

En los últimos años, los excesos de producción de unos cuantos miles de ganaderos que llegaban duplicar sus cuotas, se han estado compensando con las bajas producciones de otros, pero sin que, en ningún caso, la producción total del Estado superase la cuota asignada a España por Bruselas. Eso evitó las penalizaciones sufridas por ganaderos de otros países.

Esta campaña, que se inició el pasado uno de abril, la última en la que estará en vigor el sistema de cuotas antes la liberalización de la producción,se está registrando un incremento medio de la oferta para entrega a las industrias en el entorno del 6% en relación con la campaña anterior. Ello significa que, si se mantuviera ese ritmo, acabaría la campaña con una producción muy superior a la cuota total asignada a España dando lugar, por primera vez, a penalizaciones individuales para quien supere la suya.Cabe recordar,sin embargo que España sí sufrió una multa como Estado,que la pagó el Tesoro, de un cuarto de billón de pesetas en los años noventa cuando,como protesta por la baja cuota asignada por Bruselas, Agricultura de Carlos Romero decidió no aplicar las mismas mientras otros políticos gallegos de la oposición animaban a los ganaderos a seguir produciendo como si tal.

A dos meses del inicio de la nueva campaña, parece precipitado pensar ya en una superación de la cuota y  excesivo de que el propio Ministerio lo haya advertido a los ganaderos, para que luego no se vengan a andanas. Sin embargo, este nuevo fenómeno que está marcando la producción láctea esta campaña,más oferta, pondría de manifiesto dos hechos.

El primero, que España dispone de un sector, con miles de explotaciones menos que hace una década hasta solo unas 20.000; con 850.000 animales, frente a más del millón de un pasado reciente; con unas estructuras todavía menos organizadas que en otros países comunitarios y unas condiciones climatológicas y para la alimentación animal más adversas, pero que es capaz de producir más en una posición de cierta competitividad con los ganaderos de otros países del norte. Pone en evidencia que no es un sector de “mataos”, contra la imagen tópica sólo de personas mayores minifundistas, aunque sí de esclavos, en la mayor parte  de los casos, por vocación hacia sus explotaciones y a una forma de vida, sin relevo, donde  los animales comen todos los días y se ordeñan dos veces. A pesar de tantos factores en contra, a pesar de las importaciones masivas poco transparentes en algunos periodos del año de leche y de quesos a bajos precios, el sector, lejos de hundirse, ha mantenido  y está incrementado su oferta. A pesar de todo, aunque se puede hablar de un sector con problemas, está vivo.

El segundo, que nos hallamos ante un sector de la producción de leche y, en consecuencia de una industria láctea, marcados ambos por la asignación, desde el ingreso en la UE, de una cuota bajo mínimos que ha condicionado su desarrollo. La producción se tuvo que limitar y las industrias no han podido crecer para formar grandes grupos. Los progresivos incrementos de cuotas hasta los actuales 6,49 millones de toneladas, solamente están suponiendo un respiro para las posibilidades de producción del sector frente a una demanda de unos 9,5  millones de toneladas que se cubren desde el resto de los países comunitarios. Con la leche que nos dieron en su día en Bruselas los entonces socios comunitarios quisieron asegurarse un mercado donde colocar sus excedentes y, a la vez, limitar el crecimiento de la producción  española. Lo consiguieron. Pero, no mataron la vocación de los ganaderos que han soportado en esos tiempos los techos de producción y que en la actualidad están aumentando la misma. Si la cuota mínima asignada a España en su día no ha sido capaz de hundir al sector, hay razones para pensar, en positivo, que eso tampoco lo va a lograr la futura liberalización de las producciones, siempre que funcionen mecanismos legales para evitar el comercio de leche y derivados a precios sobre los que, en muchos casos, han pesado las sospechas de prácticas irregulares.

Frente a los muchos intereses que se reparten el poder agrario en la UE, que diseñan los reglamentos y que aprietan según convenga, la leche,como el vino, el olivar,el vacuno, las frutas y hortalizas o el porcino ha salido adelante y ,en algunos casos, hasta reforzados y demostrado capacidad para adaptarsae y competir. A otros,como la remolacha,esa misma política de intereses, les ha dejado tambaleando.

Crisis en el vino, beber y exportar más o producir menos

 A menos de tres meses para el inicio de la vendimia, han saltado las alarmas en el sector del vino ante el aumento de las existencias en las bodegas, fundamentalmente en la comunidad castellano manchega, con un volumen a nivel estatal de 33,9  millones de hectolitros frente a los 27,9 millones de la campaña anterior. Todo parece indicar que nos hallamos ante una campaña que estará marcada por las reivindicaciones, las protestas y los conflictos, simplemente porque puede faltar espacio donde almacenar la producción, al margen ya de las bajadas de precios.

 Hace un año, consecuencia de una cosecha excepcional de 53 millones de hectolitros, condiciones climatológicas favorables, un golpe de calor que acortó el periodo de vendimia, junto a la generalización de sistemas de recolección mecanizada, hubo problemas para entregar la uva, largas colas, simplemente porque las bodegas no daban abasto para recibir y molturar tanta uva en pocos días. Este año, aunque la cosecha no será tan elevada como la campaña anterior, la producción se presenta igualmente alta, pero con un problema añadido. Ya no es que las bodegas no tengan capacidad de trabajo para recibir toda la uva en unos pocos días, sino que no dispongan de capacidad para almacenar todo el nuevo vino que se obtenga al tener los depósitos llenos y sin que se esperen salidas milagrosas.

Organizaciones agrarias y, especialmente las cooperativas, que son las que tienen que dar la cara  y afrontar más directamente la situación, andan reclamando a las Administraciones medidas para dar una salida al problema, fundamentalmente con eliminación de existencias, vía ayudas públicas para la destilación y obtención de alcohol, o con más destilaciones de subproductos, algo a lo que se resiste Agricultura.

En relación con la actual crisis en el sector del vino, caben dos consideraciones previas. Primero, que no se trata de una crisis generalizada en el sector, sino un problema que se concentra fundamentalmente en Castilla La Mancha, donde la pasada campaña hubo una producción superior a los 30 millones de hectolitros, frente a una media de 21 millones. Segunda, que no se trata de un problema de coyuntura al que se puede dar una solución de urgencia, sino un problema de fondo, de estructuras, que se ha propiciado en los años precedentes desde las administraciones, pero también desde los propios viticultores con producciones desorbitadas donde el volumen se impuso sobre la calidad.

Y todo tiene su historia. Desde la perspectiva de la producción, la uva  y el vino han sido unos de los sectores que han experimentado en los últimos años una de las mayores transformaciones con un muy importante apoyo financiero comunitario en base a las últimas reformas de la regulación del mercado. Entre 2001 y 2012 se han acometido procesos de reestructuración de viñedos, con cambios de variedades,con el principal objetivo de aumentar los rendimientos, implantación de riegos, viñas en espaldera, etc… sobre cerca de 300.000  hectáreas con un volumen de ayudas de casi 1.700 millones de euros y que han provocado en las zonas de mayor producción cosechas superiores a los 20.000 kilos por hectárea.

 Los arranques subvencionados de 94.000 hectáreas, junto a otras 70.000 hectáreas eliminadas sin ayuda, han supuesto reducir las superficies de viñedo de 1,1 millones a  953.000  hectáreas. Sin embargo, frente a quienes auguraban el cierre del sector cuando se fotografiaban remolques cargados de cepas, la realidad es que las producciones han pasado de medias muy por debajo de los 40 millones de hectolitros, a producciones en el entorno de los 50 millones, 53 en 2013, frente a una demanda interior en vino en caída libre con unos nueve millones de hectolitros, a los que se suman siete millones en mostos y otros tres  o cuatro millones más para otros usos, hasta superar una demanda de los 20 millones. Las exportaciones de hasta 22 millones de hectolitros a bajos precios no han sido suficientes para absorber tanta producción y, lo que podría ser un problema coyuntural de una campaña, se ha convertido en un problema de estructura cuya salida no es sólo un parche de urgencia, quemando vino para alcohol, sino un debate sobre qué sector se quiere para el futuro.

El vino, aunque todavía no funciona la interprofesional y se han desmontado mecanismos de regulación como el almacenamiento o parte de las destilaciones, es uno de los  sectores que disponen de los mayores instrumentos y también de las mayores  ayudas, vía el programa de apoyos  2014 a 2018, con  un  presupuesto anual, este año, de 353  millones y que baja a 210 millones en los próximos años, donde destacan fonos para acciones de promoción, destilación de subproductos, reestructuración e inversiones . Además del Plan, las denominaciones de origen tienen la capacidad para limitar los rendimientos por hectárea. Lo que sin embargo no se puede impedir, caso de Castilla La Mancha, es que miles se viticultores renuncien a los beneficios que pueda aportar una DO y que opten por no calificar esos vinos y tener derecho a producir sin techo.

La Administración no puede esconder el ala ante un problema con corresponsabilidades. Pero, corresponde a los viticultores decidir si optan por producir vino-volumen o vino-calidad . que los precios se paguen en función de la misma. A la hora de optar por grandes producciones de uva por hectárea, es preciso asumir igualmente sus riesgos y las dificultades para su comercialización en el mundo, aunque sea a precios más bajos que los principales competidores como chilenos  o australianos. Hay DO y viticultores que han elegido un modelo de producción controlada en base a la calidad y no tienen problemas. Otros viticultores, otro. Y ese vino, no tiene salida, ni a bajo precio.

 

Cooperativas agrarias,¿un socio, un voto?

Por enésima  vez en las últimas décadas, el Ministerio de Agricultura ha puesto en marcha una iniciativa para lograr un cambio en la estructura de las cooperativas agrarias y conseguir una mayor eficiencia en la actividad de las mismas, tanto para las políticas de compras de medios de producción, como para  la comercialización y transformación de sus productos. Hoy, este nuevo intento, que con seguridad no va a ser el último, tiene el nombre de una Ley ya aprobada de Integración Cooperativa y la aplicación correspondiente de un Plan con ese mismo objetivo, poteniando la constitución de cooperativas llamadas prioritarias cuando tengan carácter supra autonómico y con unos determinados volúmenes mínimos de facturación.

Sobre el papel, las cerca de 4.000 cooperativas que funcionan en el territorio, con una facturación superior a los 25.000 millones de euros, 1,2 millones de socios y el 60% de la Producción Final Agraria, constituyen una columna vertebral de la actividad en el sector agrario. Sin embargo, por unas u otras razones, porque su desarrollo organizativo ha sido escaso o por debajo de lo que avanzó  la competencia, la realidad es que, salvo una docena de grupos en diferentes sectores que operan y compiten en todos los mercados desde posiciones de fuerza, a la mayor parte del sector le queda un amplio camino por recorrer.

La actual iniciativa de la Administración agraria se concreta en esa Ley integración cooperativa por la que se prevén destinar casi 500 millones de euros en los próximos años a través de los Planes de Desarrollo Rural, en función de las políticas que apliquen las Comunidades Autónomas y donde las medidas de incentivos u otro tipo de actuaciones están por definir. Pero,lo que parece más que evidente, es que esa nueva política que se quiere impulsar para el sector cooperativo debe ir más allá de la simple  integración de estructuras físicas e incluso, lo más importante, de la integración de las estructuras de gestión y comercializadoras.

Un cambio en el sector cooperativo debería partir, de entrada, de una  política de formación en el propio sector agrario. La cultura cooperativa no se genera de un día para otro y, salvo en determinadas zonas del territorio donde tiene un gran arraigo, en el resto, aunque funcione la  cooperativa y  el agricultor acuda a la misma para entregar todo o parte de su producción, no existe esa cultura, no se cree en la misma.

A partir de esa cultura, la cooperativa requiere participación. Uno de los argumentos más generalizados en este sector para rehuir esa participación en la actividad de la cooperativa, es que en las mismas están los de siempre. Es probable que, en muchos casos sean personajes que no se quieren apear del carro y que tienen ya la cooperativa como su casa propia. Pero, en otras ocasiones, hay cargos que siguen porque no hay nadie dispuesto a entrar.

La actividad cooperativa requiere una gestión de profesionales remunerados  y eso solamente se puede hacer si la estructura maneja un volumen suficiente de negocio.

Con cerca de esas 4.000 cooperativas y una facturación media engañosa de  6,7 millones de euros, la política de integración es una de las asignaturas pendientes del sector.Y,  lo primero que le puede salir a uno de la cabeza, es diezmar ese número para ser más eficientes. Sin embargo, lo cierto es que, salvo en un mismo espacio territorial, un pueblo donde haya dos bodegas o dos almazaras, lo que supone también más empleo en ese luga con una duplicidad de estructuras y costes, ese no sería el problema. La integración cooperativa más urgente es la política de gestión comercial de las producciones en menos manos, sin necesidad de que las mismas tengan una misma ubicación física, algo que ya llevan a cabo los principales grandes grupos y donde es indispensable que entren más cooperativas de primer grado.

Finalmente, un tema para el debate. La democracia, un socio, un voto es una de las reglas de oro de la economía social que representa el espíritu cooperativo y es lo que se defiende desde una parte del sector argumentando que quienes quieran otra cosa tienen la puerta abierta para hacer otro tipo de sociedades. Pero, la realidad es que, siendo una economía social, las cooperativas se hallan y compiten en un mercado de empresas con otras reglas de juego en la toma de decisiones. Yo no puedo ser socio de una cooperativa  ganadera con unas compras mínimas y tener la misma capacidad de decisión o interés de otro con miles de animales en sus granjas, pero tampoco permitir que, en una cooperativa la dominen entre cuatro grandes para obtener unos beneficios fiscales o de otro tipo a cuenta de miles de pequeños. Hacer un ajuste en aras de un equilibrio entre intereses no exactamente coincidentes, parece un reto razonable en un sector donde cada Comunidad Autónoma tiene o va camino de tener su propia ley, diferente a la del vecino.

Seguros agrarios frente a las mesas de la sequía

Hay ministros o ministras con suerte que llegaron al Ministerio de Agricultura con la lluvia bajo el brazo, poniendo fin periodos de sequía, como le sucediera a Carlos Romero en 1982 y abonando buenas cosechas; otros, como Luis Atienza en 1994, lo hicieron con la sequía en la mochila y es algo que le está sucediendo ahora a la recién nombrada Isabel García Tejerina.

Las sequías son especialmente más graves que otras condiciones climatológicas adversas por afectar a las grandes extensiones de los secanos,donde dominan los cultivos herbáceos, junto a los terrenos de pastos. Esta campaña, tras un invierno cargado de lluvias, la primavera ha dado tiempo para que salieran adelante, con más o menos fortuna, las cosechas adelantadas andaluzas o extremeñas, mientras ha crujido a las superficies de la zona centro, Murcia, parte de Cataluña y Aragón y las zonas más al sur de Castilla  y León donde, solo unas lluvias inmediatas podrían dar un respiro a la cosecha en el resto de esa Comunidad Autónoma, granero de los cereales.

A la vista de esta situación, organizaciones agrarias y el Ministerio de Agricultura, han puesto en marcha los trabajos para analizar el alcance del problema, especialmente en la zona centro. Hoy es tiempo para conocer los daños en una serie de comarcas donde ya son irreversibles, pero es demasiado pronto para ver el efecto real que puede provocar la sequía en otros puntos si no llega agua para millones de hectáreas de herbáceos, además de daños en otros cultivos como olivar y viñedo.

A finales de los años setenta, para hacer frente a los problemas provocados por la falta de lluvias,se hicieron famosas las llamadas mesas de la sequía donde, como hasta la fecha, las peticiones más importantes del sector no han variado: rebajas en la fiscalidad, reducción, como cada año, de los módulos, a efectos del IRPF, exención del IBI, aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social o bonificaciones de las mismas, créditos subvencionados y, hoy el pago de ayudas directas “de minimis” hasta los 15.000 euros permitidos a cada explotación por la UE en tres ejercicios, aunque eso es algo que ahora no permite la situación de los recursos escasos que tiene el Ministerio de Agricultura tras años de unos presupuestos estatales bajo mínimos.

Frente a la dinámica de las mesas para compensar los daños provocados por la sequía, la Administración de UCD puso en marcha la política de los seguros agrarios que ha experimentado, en los últimos 35 años, un proceso permanente de mejoras, perfeccionamiento de sus líneas de coberturas hasta abarcar en la actualidad prácticamente todos los riesgos  para todas y cada una de las producciones.

Es innegable que se han dado pasos muy importantes en el seguro agrario para que el agricultor y, la mayor parte de las producciones ganaderas, dispongan de un seguro frente a cualquier tipo de riesgos. La pregunta, a la vista de la situación actual, problemas de ganaderos sin pastos, superficies de cereales secos o miles de hectáreas de árboles frutales en la miseria y un sector pidiendo ayudas, es si las condiciones establecidas para suscribir un seguro para ese tipo de explotaciones, son las adecuadas como para que no se hayan suscrito pólizas o que las mismas no lleguen a cubrir unos ingresos que, en casos de una catástrofe, aseguren la viabilidad de la actividad sin tener que acudir a la mesa de la sequía.

España dispone, sobre el papel, de un seguro agrario modelo que Bruselas quiere exportar al resto de los países comunitarios. Pero hoy también es el momento para preguntarse igualmente si, a lo mejor, esa política tiene agujeros negros, aspectos mejorables, que hoy le hacen insuficiente por coberturas bajas, franquicias excesivas o, por tener unos costes elevados para lo que garantizan. Y, para ello, al margen de todas las explicaciones de los políticos y de los técnicos de los seguros, solo me basta ver y sentir la preocupación de los agricultores de mi pueblo ante la falta de lluvias o por la plaga de roya secando los trigos, para deducir que, en eso del seguro, hay algo que no acaba de funcionar, de dar seguridad, la seguridad que se le debe suponera un seguro, a pesar de todos los cambios introducidos en los últimos años.

El seguro nació hace 35 años para acabar, entre otras cosas, con las mesas de la sequía y garantizar unos ingresos frente a todo tipo de riesgos. Hoy se reabre la mesa de  la sequía y, sobre la misma, las mismas peticiones de antaño. Y, a lo mejor también, en lugar de mesas de la sequía, eran más necesarias, mesas sobre los seguros agrarios.

La nueva inquilina de Atocha y la política agraria

No hubo sorpresas. El presidente del gobierno cumplió con el guión que se le suponía de no mover el gabinete más de lo estrictamente necesario y, en el caso del relevo en Agricultura, optó por la continuidad frente a los arrebatos que hablaban de desembarcos políticos  de los Arenas,Herrera, Baberá, etc para equilibrar intereses territoriales en el partido o compensaciones personales. Tranquilidad en líneas generales en las organizaciones agrarias con el cambio  y continuidad que supone  el tapar agujeros vacantes con simples movimientos de hombres de la casa como Carlos Cabanas o Fernando Miranda. No hay nadie a quien explicarle de qué va el sectoragrario Bien.

Isabel GarcíaTejerina no es precisamente una política caída del cielo, a quien todo le viniera de nuevas y que fuera preciso desasnar. Entró en la casa de Atocha en 2000 como asesora de dos ministros populares, Loyola de Palacio y Jesús Posada y, en lo que va de legislatura, desarrolló el puesto de secretaria general que ya ostentó en la legislatura anterior, también con Arias Cañete. Estamos pues ante una persona que sabe de lo que está hablando, preparada, aunque  durante mucho tiempo ha trabajado más en la sombra; de una mujer que en los últimos años ha sido uno de los ejes en el seguimiento de la política agraria de cada una de las cuatro direcciones generalesdel departamento. 

Como profesional, de Isabel García Tejerina se puede decir que tiene el Ministerio y la Comisión de la Unión Europea en la cabeza. Conoce  Bruselas por dentro y por fuera, ha llevado, conjuntamente con Arias Cañete, el peso de las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común y es la persona que ha seguido más directamente los trabajos con las direcciones generales correspondientes para su aplicación en España. A la nueva ministra le toca ahora, lo más complejo,terminar ese proceso  y lograr que los fondos vayan donde tienen que ir, a la agricultura activa, a los activos de verdad, sin atajos, y para ese habitante del mundo rural que vive y sufre en el medio. Como imagen, por edad, es probable no tenga el peso de Arias Cañete en la UE, pero se ha curtido ya con la Comisión y con todos y cada uno de los países miembros en busca de acuerdos y pactos. Con su presencia se cubre el flanco de Bruselas, hoy fundamental para el sector agrario, que con un cambio en cualquier dirección iba a ser una puerta llena de interrogantes,  y con Bruselas, no se puede jugar a ciegas. La reforma de la PAC no ha terminado con su aprobación y su desarrollo donde hay sectores que han quedado como estaban, otros que incluso han mejorado y otros que han sufrido aún más agravios de los que ya tenían, situaciones que merecen al menos una reflexión.

En política nacional, con García Tejerina se puede hablar de continuidad en el cumplimiento del programa de los populares y, a la nueva ministra le queda el trabajo de rematar, aplicar realmente las dos leyes importantes que se han aprobado hasta la fecha, Cadena Alimentaria e Integración Cooperativa y seguir impulsando otras como las de Calidad Alimentaria, Diversificación Económica del Medio Rural, Arrendamientos, política de cuencas y riegos y posicionarse ante una disposición polémica como  la representatividad agraria.

Además de eso, en política nacional tiene las ideas bastante claras. Y, al margen de los objetivos de siempre, GarcíaTejerina plantea apuestas por las políticas de productividad, eficiencia y calidad, con la mirada puesta en el exterior, con el Plan de Internacionalización de la industria agroalimentaria impulsado por ella misma sobre el que conocemos la música, pero al que le falta la letra. García Tejerina quiere desarrollar además una política más pegada al campo, a pie de cada explotación, con  la información y la innovación necesaria para producir más y mejor y al menor coste posible. La política agraria tiene, a la vez, un elevado componente de política para el medio rural sin la cual es muy difícil,  si no imposible, lograr un relevo generacional y mantener vivo y atractivo un territorio y una actividad que se abandona, en muchos casos, no por falta de rentabilidad sino, simplemente, porque vivir en ese medio es un infierno, aunque sea con un todo terreno a la puerta, y ahí deben estar también las políticas de otros departamentos. Todo ello, aparte de grandes declaraciones, requiere un plan y actuaciones muy concretas.

Desde una perspectiva personal, llega al Ministerio una mujer de convicciones profundas, trabajadora, autoexigente y a la vez muy exigente con todos quienes la rodean. Le gusta el trabajo bien hecho, es perfeccionista, y, bajo su imagen de mujer apacible, esconde un carácter fuerte,pero, lo que se dice para resumir, de buena gente.

García Tejerina ha llegado a la política desde una larga trayectoria marcada siempre por el trabajo profesional hasta esta última etapa donde ya ha desarrollado su actividad con más implicaciones políticas. Desde esta posición, en muchos casos aún no llega a entender que, habiendo trabajado  día y noche para sacar adelante una negociación complicada en Bruselas, que cree es la mejor para agricultores y ganaderos; tras pelarse el culo de avión en avión por toda la UE durante semanas de trabajo, pueda recibir críticas desde organizaciones agrarias del sector. Le cuesta asumir ese tipo de críticas cuando entiende que no responden a la realidad y sí a planteamientos puramente políticos. Entenderlo es cuestión de tiempo, aunque otros ministros políticos como Carlos Romero o Elena Espinosa no llegaron asimilarlo.

 Cuando le acusan de falta de diálogo tira de lista y presume de haberse reunido más que nadie con todas las organizaciones representativas del campo, pero el sector le pide que, además de reunirse,  asuma el diálogo, la posibilidad de cambios y que no ponga una cruz roja a quienes, en su legítimo derecho de  manifestación, se han movilizado contra sus acuerdos o por sus demandas. Diálogo es tener siempre la puerta abierta a los representantes del sector,el trato corto con todo el sector, además de los encuentros formales de agenda. Diálogo es confianza. Se puede romper cuando una de las partes lo traiciona. Pero al margen de afinidades políticas con los dirigentes de cada organización agraria hoy reconocidas a nivel estatal, Pedro Barato de Asaja, ligado a los populares  y los representantes de COAG Miguel Blanco y Lorenzo Ramos de UPA desde la izquierda, la realidad es que todos quieren que esto funcione y que cada uno puede  aportar y enriquecer  la política agraria desde ese diálogo sin tratos especiales.

Metido todo ello en una coctelera, nos quedamos con el cambio.

 

 

Arias Cañete, fin de la segunda parte

 El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, pasa sus últimos días en la sede de Atocha en lo que ha sido su segunda parte, antes de iniciar su campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Dos años y pico no son un periodo excesivamente largo como para marcar el desarrollo de una política agraria donde las actuaciones suelen tener un efecto a medio y  largo plazo. Sin embargo, partiendo de lo que había sido política agraria en los años precedentes, especialmente en la última etapa de Rosa Aguilar, se podría hablar de un periodo, en líneas generales positivo, donde se han puestos en marcha algunas  bases, pero se trata de un proyecto de política agraria que necesita continuidad.

El presidente de Gobierno optó en su día por Arias Cañete, en contra del dicho de que segundas partes nunca fueron buenas, por tratarse de una persona conocedora del sector y preparada para abordar la política agraria desde lo que, en ese momento, era lo más importante, como las negociaciones en Bruselas. Agricultura no debería volver a ser ese comodín al que acuden presidentes de gobierno para colocar barones o buscar equilibrios de partido o regionales.

Uno de los aciertos de Arias Cañete al frente de Agricultura fue construir un equipo desde la profesionalidad, contando con incorporaciones  y manteniendo a altos cargos de la etapa anterior socialista y que incluso había relegado la propia Rosa Aguilar.

En la política agraria de los últimos dos años, un hecho clave, por lo que  suponía marcar el futuro, ha sido la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común. No es momento para hacer un análisis a fondo de la misma. El balance se puede resumir,sin embargo, en pocas palabras: positivo al mantener los recursos del periodo anterior, dada la coyuntura económica en la UE, aunque no contempla el efecto negativo de una inflación del 12% prevista para el periodo 2014 a 2020.

Respondiendo a la obsesión del ministro de no transferencias importantes de fondos entre territorios, cultivos o explotaciones, la aplicación de la reforma ha estado presidida por una política de estabilidad a la que también se apuntaron,sin dudarlo, mayor parte de las Comunidades Autónomas que se sentían beneficiadas por esa filosofía de reparto. Eso supone que si uno percibía ayudas importantes, las va a seguir recibiendo y quienes no las cobraban seguirán sin hacerlo, en muchos casos por desarrollar el mismo trabajo, lo cual supone consolidar también muchas injusticias que estaban ligadas a los derechos históricos. Aunque el problema radicaba en ver a quién quitaban unos fondos para entregárselos a otros, se perdió una ocasión para hacer ajustes.

Se puede considerar correcta la definición de actividad agraria para evitar abandonos subvencionados y una amplia gama de picaresca, pero no  ha sidso suficiente la definición de activo a la hora de acotar a las personas prioritarias para recibir las ayudas al contemplar que puedan ser consideradas como tales las explotaciones donde solamente el 20% de los ingresos procedan de la venta de sus productos y el 80% de las ayudas PAC. No es la reforma ideal, pero, honestamente, una gran parte del sector la habría firmado frente a los documentos de partida,aunque  hoy se critique.

En política agraria nacional, ha sido importante  la Ley de Integración Cooperativa y la de la Cadena Alimentaria. La integración cooperativa es un viejo reto del que han existido múltiples intentos y donde los avances siguen sin ser los necesarios. No es cosa de regular una y otra vez, sino de convencer e implicar a los agricultores y ganaderos a dar esos pasos. En el caso de la cadena alimentaria, otra de las  grandes demandas del sector, se trata de buscar un mayor equilibrio entre los intereses de la producción, la industria y la distribución, evitando los actuales abusos contra los productores. En esa misma línea de apoyar al sector agrario se hallan los convenios promovidos por Agricultura y suscritos con la industria y la gran distribución para lograr unos precios sostenibles en leche y aceite frente a la banalización de los mismos siempre con precios de oferta. Hasta la fecha, los convenios no han dado los resultados esperados al tratarse de un vicio muy arraigado, pero se ha iniciado un camino que nunca se había intentado.

En el ibérico, hay una nueva disposición para su regulación, simplificando, en parte, la normativa con  la implantación de cuatro colores para que el consumidor pueda  diferenciar cada tipo de producto, rojo, negro, verde y blanco y, se complicó la etiqueta con la exigencia de señalar porcentaje de raza pura de cada pieza. Se eliminó la categoría de cebo de campo que tenía un peso muy reducido y se mantienen las de dehesa, de campo y de granja o de debo. Probablemente no había hecho falta una nueva disposición si hubieran funcionado correctamente los controles sobre el etiquetado al consumidor y evitar el fraude.

En marcha está la ley de Calidad Alimentaria para tratar de unificar normas en todo el territorio estatal;  una nueva  ley de Arrendamientos Rústicos por la que se pretende dar una mayor movilidad a la tierra. Este objetivo se quiere lograr dando una mayor seguridad a los propietarios para arrendar sus tierras, que las pueden recuperar antes, rebajando el periodo de arrendamiento mínimo de cinco a tres años, pero dejando libertada a las partes para fijar plazos superiores; una disposición para realizar en el campo una consulta electoral para  medir la representatividad de cada sigla de cara a ocupar los puestos en el Consejo Agrario, la distribución de subvenciones y el patrimonio de las viejas Cámaras Agrarias. Hay oposición en el sector a una consulta que no se hace en la industria para ver si Ceoe o Cepyme son representativas de cara a su acceso a las ayudas y se deben negociar cómo se desarrolla el proceso para  fijar condiciones de quién es votante. Las organizaciones agrarias no están para gastar un duro que no tienen. Finalmente, entre otras actuaciones se hallan los trabajos para acelerar la aprobación de los planes de cuenca previos a nueva política de regadíos y para la diversificación de la economía rural

Entre los ministros de Agricultura habidos en los últimos tiempos, se puede decir que Arias Cañete ha sido el único con un cierto peso en su partido y en el propio gobierno, lo cual era un dato positivo a la hora de  defender intereses agrarios. Pero, por lo visto, hay cosas que, al parecer, son intocables. Agricultura no ha podido frente a los intereses de las eléctricas en Industria para modificar las condiciones de las tarifas eléctricas en  los regadíos y Economía sigue sin aplicar la ley de Comercio minorista para meter mano a la distribución en  las ventas a pérdidas y tirando los precios de productos agrarios, mientras el gobierno lleva un tiempo además desmantelando lo poco que quedaba para hacer mínimamente atractivo el mundo rural.

A modo de balance, se podría decir que Cañete ha cumplido en Bruselas con la reforma de la PAC, pero hay cuestiones pendientes  y muchas en  sectores  como aceite-precios almacenamiento, leche-fin de cuotas, frutas y hortalizas-mercados en terceos países, azúcar-cuotas, vino -derechos, mientras aquí ha movido las hojas, no la raíces, de una política agraria que venía de la enfermería. Era fácil dar esa sensación de  movimiento. Cañete no ha sido lo peor que le podía pasar al campo.El sector espera que la persona  que llegu sepa lo que tiene entre manos

 

Deoleo, CVC o el pájaro en mano

En contra de las previsiones iniciales de la empresa Deoleo que se daba un plazo de varios meses para la venta del 31% de las acciones en poder de cuatro entidades financieras, Bankia, Caixabank, Kutxabank y BMN, así como para dar entrada a un accionista mayoritario en el grupo, al consejo de administración de la aceitera le faltó tiempo para aceptar la oferta del fondo CVC para convertirse en el acionista mayoritario de la sociedad, mientras las dos cajas con obligación de vender aceptaban igualmente la oferta de 0,38 euros frente a los 0,42 euros a los que se cotizaba en bolsa.

Sobre el papel se hablaba de la posibilidad de, una vez analizadas todas las ofertas, establecer una negociación para tratar de mejorar las condiciones de venta y acceder al control del grupo.Sin embargo, hubo un acuerdo rápido, casi unánime, para aceptar la oferta del fondo inglés, salvo el rechazo de cooperativa Hojiblanca que aspiraba tambien a encabezar otro grupo de referencia y el control de la empresa.Con la mejor oferta económica sobre la mesa, ha primado la necesidad de liquedez del grupo para funcionar con la mirada puesta en el futuro, cansado de las estrecheces de los últimos años por su elevado endeudamiento que estaba encogiendo a la aceitera en todos los mercados.

Para las cajas con obligación de vender sus acciones, Bankia y BMN, el precio ofertado por acción,céntimo arriba o abajo,estaba dentro de lo previsto y por encima de las cifras manejadas por analistas, a la vista de  los resultados del úlltimo año y de su nivel de endeudamiento.Para la aceitera, el fondo aporta fundamentalmente tranquilidad en disponibilidad de recursos, junto al compromiso de no dividir ni trocear el grupo, ni vender las marcas.

Frente a los planteamientos de CVC,la cooperativa Hojiblanca ofreció la posibilidad de comprar al mismo precio las acciones de las dos entidades BMN y Bankia que vendieron su paquete al fondo.Mirado desde la distancia, no se entiende muy bien que, al mismo precio, unas entidades financieras nacionales no vendieran su participación a una empresa cooperativa española.Sin embargo, la operación de venta iba más lejos que la compra de unos paquetes de acciones, sino que estaba  diseñada fundamentalmente para meter dentro a un grupo que asegurase su financiación de futuro y pusiera fin a los problemas sufridos en los años precedentes.Visto lo sucedido,a la oferta de Hojiblanca le faltó credibilidad, no solo para la compra de acciones, sino, sobre todo, por las dudas de que tuviera por detrás ese apoyo financiero amplio que necesitaba el grupo para funcionar desde la normalidad.

Deoleo tenia urgencia para recuperar un terreno que había perdido en los años precedentes por falta de medios, dedicada al trabajo de reducir su endeudamiento,CVC ha sido ese pájaro en mano que cumplía las condiciones exigidas al que se ha agarrado la aceitera huyendo de otras aventuras que no se veían tan claras.

Cerrado el acuerdo para dar entrada a ese socio inglés mayoritario, el fondo CVC, sin que se hubieran desarrollado anteriormente otros planteamientos en la salida a la aceitera, no se ve ahora mucho sentido a que desde el gobierno se plantee dar entrada a capital público, con una participación mínima, lo que supondría meter en el tinglado a la política, como no sea para vigilar la empresa.