Aceite, ¿qué aceite?

  A partir del próximo uno de enero, según un real decreto de Agricultura, se prohibirá del uso de envases rellenables para su utilización directa por el cliente en  la hostelería y la restauración y se exigirá además que figure en el envase el tipo de producto que contiene. Con ello, los  consumidores  sabremos cuál es el aceite de oliva que se nos ofrece, frente a la situación actual donde, no se puede hablar directamente de fraude al no estar identificado con una etiqueta el contenido, pero donde en la botella o la vinagrera  uno se podía encontrar cualquier tipo de aceite de oliva, solo, mezclado o de girasol.

Han tardado mucho tiempo las Administraciones habidas en Agricultura para clarificar este tipo de oferta donde el producto  que se podría encontrar en el envase era una caja de sorpresas,  generalmente no para bien. Los actuales responsables de Agricultura, a instancias del  sector, se han tomado un tiempo hasta adoptar esta decisión tras dar una primera batalla en Bruselas para que esta misma exigencia se cumpliera en todos los  países comunitarios. Bruselas, siguiendo las posiciones de los países del norte, rechazó en su día esa petición olvidando que, al margen de que fuera una propuesta  que  interesaba más a los países del sur, en el fondo era medida en la lucha contra el fraude, una de las banderas  de la Comisión en otro tipo de productos. No obstante, al margen de la UE, cada país tenía la posibilidad de adoptar esa decisión por su cuenta, que es lo que ha hecho finalmente la Administración española.

No se  puede decir que esta decisión de Agricultura vaya a suponer un gran aumento en una demanda de aceite de oliva en  España, prácticamente  estabilizada  e incluso a la baja en  unas 550.000 toneladas  frente a producciones medias de 1,3 millones de  toneladas. Tampoco se puede decir que sea una medida que vaya a encarecer el coste de una  tostada, el sector aceitero habla de tres céntimos de euro o de seis en una ensalada. El sector de la restauración que ahora recela, asumió la prohibición de la venta de alcohol de garrafa y  parece normal que un consumidor sepa  qué tipo de aceite consume cuando riega  una tostada o la ensalada. Sin embargo,  se puede decir que se trata de una medida importante que va mucho más allá de los números si consideramos lo que ello puede suponer de información  y de imagen, no solo ante el consumidor español, sino  para los millones de turistas en el objetivo de crear una nueva cultura sobre el aceite de oliva.

En España, a pesar de ser por goleada el primer país  productor de aceite de oliva del mundo, ha faltado  una cultura del aceite, salvo en las zonas más olivareras. Se ha considerado además históricamente al aceite como ese producto relegado, que, por haber mucho, debía ser barato y de ello se sigue ocupando todavía la gran distribución cuando lo utiliza como producto reclamo. No se han sabido vender todas las bondades y cualidades del producto, tanto desde la perspectiva alimentaria como de la salud. Han tenido que ser otros países, muy especialmente Estados Unidos, quienes reconocieran y airearan las virtudes del aceite de oliva, que algunos investigadores españoles publicaran sus trabajos en otros países  y otros también en España, para que poco a poco se comenzara a dar valor a un producto cuya trayectoria en los mercados habría sido, sin duda, muy  diferente, si su producción se ubicara  en otros países.

El aceite de oliva, como el de los vinos, es todo un mundo de matices pero, a diferencia de los vinos donde, para muchos, saber tomar y agitar la copa, manejar cinco conceptos se ve  como un signo de modernidad, de ir por delante, en los aceites está casi todo por andar. La exigencia de envases no rellenables, junto con  las campañas  de información sobre cada tipo de aceite impulsadas en este momento desde la interprofesional del sector, que actualmente dispone de unos ocho millones de euros anualmente aportados por olivareros e industriales, son unos pasos adelante que deberían ser el colofón de los trabajos en la misma dirección desarrollados en los años precedentes en campañas que se han repetido durante varias décadas con fondos españoles y comunitarios.

Aunque por las superficies y el volumen de las producciones se  habla fundamentalmente de cuatro  variedades, la picual, especialmente cultivada en Jaén, la cornicabra en la zona centro, ambas, simplificando al máximo, de sabor potente y  la arbequina, extendida desde Cataluña a todo el  territorio y la hojiblanca, en Andalucía, de sabores más suaves y afrutados, la realidad es que hay otras muchas variedades con sus  cualidades  específicas que  ofrecen al consumidor un mundo interminable de sabores y sensaciones. Una nueva cultura que supondría pasar de “usar” aceite, a disfrutar de los aceites de oliva. Y, de entrada, como punto de partida, simplemente convencer a una buena parte de los consumidores que un aceite virgen extra para disfrutar en crudo, no es un producto caro a poco más de tres euros litro frente a otros productos básicos en la cesta de la compra. Saborear un buen aceite en una botella rellenable puede ser una vía para apoyar el aumento de la demanda, pero sobre todo, para divulgar el aceite; y en este objetivo, no sería una mala vía potenciar el desarrollo de acuerdos de colaboración con la restauración.

¿Quién recibirá los 5.000 millones del bote de la PAC?

Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas deben llegar a un acuerdo antes de fin de año sobre la aplicación de la nueva reforma de la Política Agrícola Común a partir de 2014 pero que, en lo  referente a los pagos directos, no entrará en vigor hasta 2015.

En los últimos meses, con las organizaciones agrarias como oyentes informados,  Agricultura sacó adelante sus planteamientos en cuestiones como la aplicación estatal de la reforma y el no a una distribución de los fondos por Comunidades Autónomas; la eliminación de los pagos por debajo de los 300 euros; no primar las primeras  hectáreas de una solicitud; un mayor rigor en los controles sobre las superficies  de pastos cuando se quieran ligar a las cabañas ganaderas; fijar los datos de 2013 como superficie de referencia para asignar pagos; la división del territorio a efectos de la convergencia de ayudas por criterios agronómicos y no puramente administrativos, o la definición de pequeños agricultor cuando los pagos no superen los 1.250 euros.

Sin  embargo, hay una cuestión clave en materia de ayudas sobre la que no logran ponerse de acuerdo la Administración Central, Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias: cómo hacer la distribución de esos más de 5.000 millones anuales de ayudas directas y quiénes deberían ser sus perceptores, los llamados  agricultores activos.

Queda claro en las  propias disposiciones comunitarias que esos fondos, en ningún caso deben ir a parar a manos de empresas públicas o privadas  propietarias de grandes superficies de terrenos cuya actividad no tenga nada que ver con la actividad agraria como serían  los  campos de golf,  aeropuertos, terrenos ligados a Renfe o tierras de grandes constructoras hoy paralizadas. Pero, a partir de ahí hay un debate sin fondo para definir quién  se puede considerar activo a efectos de recibir las ayudas.

En relación con el conjunto de los pagos, uno considera que no debería haber nada inamovible y, en este caso, dar totalmente por bueno el sistema anterior basado en ayudas  por los derechos históricos. No tiene sentido que, en base esa política, en un mismo sector, como el de frutas y  hortalizas, haya un agricultor que perciba ayudas y otros no por hacer lo mismo y que esa situación se repita  en cabañas ganaderas intensivas donde unos tienen asignados pagos y otros funcionan sin ellos, siendo todos profesionales. No tiene tampoco mucho sentido que haya superficies o cultivos con miles de euros de ayuda por hectárea, hasta dejando la actividad y otros se coman los mocos, siendo profesionales del campo.

Activo, como persona para el cobro de las ayudas, se debería considerar principalmente a quien se dedica prioritariamente  a la actividad agraria, trabajando directamente la tierra o las explotaciones ganaderas y cuyos ingresos  por los mercados y las  subvenciones, proceden fundamentalmente de esa actividad. En esta línea, desde la organización agraria COAG  se proponía que solo fuera activos los afiliados como autónomos a la Seguridad Social, 265.000 personas frente a un colectivo de 900.000 que reciben ayudas PAC. Sería una vía justa, pero insuficiente y que no tiene por qué cerrar otras. Se puede dar por hecho que la mayor parte de los agricultores activos se hallan en este régimen. Pero, en  el mismo también pueden existir, no olvidar las viejas depuraciones de censos en el pasado, habitantes de otras actividades en el medio rural  que tienen el campo como actividad secundaria, dados de alta en el viejo sistema agrario por ser más barato.

Sin embargo, además de calificar como activos a  los incluidos en  esos censos de afiliados controlados  y depurados, sería injusto no considerar igualmente  como activos a  las personas  que, sin estar dados de alta  en ese régimen o sin  montar a diario en el tractor, asumen riesgos en el sector con inversiones  y gastos  en medios de producción, tanto por la parte  alta como por la parte  baja cuando se trata de agricultores a tiempo parcial. Para estos casos habría sido necesario el establecimiento de dos categorías  en el término de activos, algo que, de entrada, para no complicar más las cosas, se rechazó desde la Administración, pero que tendría una  justificación. El término activo debería tener también alguna relación  con el porcentaje de los ingresos que tuviera una persona en sus declaraciones de las renta procedentes del sector agrario, fuera cual fuera su situación y, obviamente, nunca se debería considerar activo a una persona que tuviera ayudas PAC sin declarar ingresos y gastos por  la actividad agraria.

Además de la definición de activos, Administración y Comunidades Autónomas deben decidir más cuestiones en lo que afecta a la  distribución de los fondos. Por un lado, Bruselas acordó definitivamente que, a partir de  ayudas de 150.000 euros, se  deberán modular las mismas en un 5%. Se elimina el tope de 300.000 euros de ayuda por beneficiario, pero España  tiene ahora la capacidad para decidir  si eleva esa modulación de forma progresiva a partir de los 150.000 euros, y apoyar más al mayor colectivo de agricultores con rentas medias.

Finalmente se debe acordar  a qué sectores o producciones con  problemas se asignan como pagos acoplados los 640 millones de euros de los que  puede disponer anualmente la Administración. Actualmente, los pagos acoplados se concretan fundamentalmente en algunos subsectores ganaderos a los que ahora se deben sumar otros agrícolas como el azucarero donde la reforma amenaza con eliminar una actividad agrícola e industrial y poner el mercado interior en manos de las importaciones  comunitarias.

En definitiva, mucho dinero por repartir, aproximadamente más de una cuarta parte de las rentas agrarias, donde los beneficiarios de los fondos deben ser quienes invierten, arriesgan  y viven de la actividad agraria y con un plus, para quienes, además de ello, habitan en el medio rural y sufren todas sus desventajas en diferentes servicios.

¿Sobran uvas o faltan bodegas?

Durante las últimas fechas, exclusivamente en Castilla La Mancha, el sector del vino ha sido protagonista por la situación de miles de viticultores con sus remolques hasta los topes haciendo colas ante las  bodegas privadas y las cooperativas, pidiendo poder entregar la uva ante la insuficiencia de las instalaciones para recibir y transformar de golpe toda la materia prima. Al margen de los precios vigentes en la presente campaña, la principal preocupación de los viticultores se concretaba en entregar la uva para seguir la vendimia, acabar cuanto antes y así evitar los  riesgos de la climatología del otoño.

La campaña pasada, con una producción nacional de solo 34 millones de hectolitros, los viticultores en las grandes zonas de producción, como Castilla La Mancha, percibieron una media superior a los 0,50 euros kilo de uva. Se duplicó el precio de los vinos graneles, cayeron las exportaciones, se multiplicaron las importaciones y crecieron  los stocks. Este año, con una previsión de cosecha nacional de entre 46 y 47 millones de hectolitros, los precios en las mismas zonas se han situado en una media de  0,21 euros kilo y algunas bodegas advierten a quienes les entreguen las uvas que pagarán tarde por dificultades de liquidez, el próximo año y que esto son lentejas. (Entre los viticultores y las bodegas se sigue hablando de pesetas, 3/3,10  por  kilo y grado de la uva. Una uva tiene en esas zonas entre 11 y 12 grados y  el precio serìa de unas 35 pesetas).

Cuando se habla del vino, producciones, excedentes, precios o problemas como los registrados en las últimas fechas en la provincia de Ciudad Real, cabe señalar que lo que sucede en zonas con grandes  producciones en conjunto y por hectárea, como en Castilla La Mancha, Extremadura o la Comunidad Valenciana, no tiene mucho que ver con lo que pasa en otras zonas donde las producciones son más reducidas. Son un mismo sector, pero con problemáticas completamente diferentes. En la actual vendimia, mientras en la  casi totalidad de las otras zonas productoras las cosechas se ajustan a una  campaña normal, en el caso de Castilla La Mancha se han hecho añicos todas las previsiones y los más optimistas barajan la posibilidad de acercarse  a los 30 millones de hectolitros frente a una media de 21 a 22 millones de hectolitros.

¿Faltan bodegas o sobra uva? Esta es la primera pregunta que uno se puede hacer cuando miles de agricultores esperan la posibilidad de entregar sus uvas  y las bodegas no pueden recibir un solo kilo más hasta no hacer un hueco.

En relación con el sector, hay que señalar que en España las producciones medias de vino en las campañas precedentes se han situado entre los 40 y los 41 millones de hectolitros. Mirando al pasado no lejano, la producción llegó al entorno de los 50 millones de hectolitros en los años de 2003 y 2004 y no pasó esto. Una cosecha como la esperada que, en el mejor de los casos puede ser de 48  millones, es una cifra elevada, pero no debería haber sido motivo para plantear problemas como los que se han producido en las últimas fechas si no hubieran existido otras circunstancias. Se ha producido una gran concentración de la recolección en unos días consecuencia de las condiciones climatológicas. La maduración ha venido con retraso, se ha producido en muchas zonas de golpe; se han mejorado, modernizado y mecanizado la  recogida, sumado la prisa por recoger la uva en estas fechas tardías ante el temor a que se produzcan fenómenos climatológicos adversos que dieran al traste con la cosecha. Todo ello ha contribuido a que las entregas se hayan concentrado en unas pocas fechas y no hay que buscar otras explicaciones, aunque al hilo de esta situación se pueden plantear algunas reflexiones con la uva y el vino como ejes.

En primer lugar, cabe preguntarse para qué sirven, si es que los hay, los datos estadísticos sobre previsiones de cosecha. Sabemos que las que elabora el Ministerio de Agricultura solo sirven para las hemerotecas, para hacer series históricas si tenemos en cuenta ofrece sus previsiones reales de cosecha en cereales en otoño, cuando ya no hay  rastro de trigo o cebada en las eras  y, en el caso de la uva, cuando ya  está hecho el vino y  podadas las cepas. Pero, para una región vitivinícola como Castilla La Mancha donde el vino es uno de sus ejes, no se explica esa carencia de datos. Con estadísticas  fiables y ajustadas a la realidad hubiera sido más factible programar la vendimia desde el campo a las bodegas. Pero, aquí da la impresión de que todo dios va por libre, a su aire, que nadie sabía la carga de las cepas ni quería hablar de organización y que los vitiucultores solo se juntan a la hora de hacer cola con los tractores frente a las bodegas.

Situaciones como la de este año ponen igualmente en evidencia que en el propio sector no se ha actuado en base a previsiones reales y haber intentado el desarrollo de una vendimia más organizada, lo cual  no debería haber sido un problema considerando el peso teórico en la zona del movimiento cooperativo.

Finalmente, cabe una última reflexión. ¿Es necesario recoger toda la uva que pueda producir una cepa cada año para su transformación en vino o mosto?. ¿Por qué si en unas zonas unos viticultores vendimian en verde, tiran una parte de la cosechas para mejorar la calidad de los vinos o simplemente para no crear excedentes en las bodegas o tirar los mercados limitando sus producciones a  los 6.000  o 7.000 kilos  por hectárea, no pueden hacer eso mismo otros donde, con nuevas variedades o sistemas de cultivo y agua se superan los 20.000  kilos por hectárea. ¿Hay que ir a lo máximo en los rendimientos sin saber si hay salidas en los mercados y esperar a que no haya vino suficiente de esa calidad en Italia o Francia  o  es necesario  ir ajustando  las producciones a las posibilidades reales de la demanda de hoy y de mañana?¿Basta con producir mucho para ser un buen viticultor y defender sus intereses sin pensar en su comercialización?

Las respuestas deben venir del propio sector.

 

 

 

 

No te vayas todavía...

No se sabe muy bien si, por su eficacia, su capacidad de comunicación o su desparpajo, la realidad es que, según las encuestas, Miguel Arias Cañete es uno de los ministros más valorados de la actual administración popular y que su nombre se maneja para diferentes cargos de responsabilidad, tanto en España, como en el ámbito comunitario. Sobre el futuro político del ministro se habla para casi todo, menos para seguir en el puesto en Atocha donde llegó como segundas partes y que parece se le ha quedado corto. Pequeño como cargo político y, sobre todo, pequeño en su recorrido en cuanto, tanto su equipo más allegado, la secretaria general Isabel García Tejerina, como el propio ministro, no se cortan en señalar que, en solo poco más de año y medio de legislatura han cumplido lo más importante de su programa.

En contra de lo que sucede generalmente con las segundas partes, vaya por delante que, en la cosa agraria, el ministro no ha desarrollado, hasta la fecha, un mal trabajo, aunque, a veces, se vaya la vena popular.

 La reforma de la PAC era una de las cuestiones claves de la política agraria en esta legislatura. El resultado final de las negociaciones no ha sido el que hubiera soñado el sector agrario, pero el mismo se puede considerar como bueno y positivo si se considera la actual situación económica en el marco comunitario. España mantiene los niveles de ayudas de 2012, sin tener en cuenta el efecto de la inflación, pero se garantiza unos pagos hasta 2020, ingresos seguros que deberían permitir el desarrollo de otras políticas de mercados con el sector como protagonista. Otra cosa es el empeño del ministro de que el nuevo modelo de aplicación de la PAC, pago con los derechos asignados a la superficie, en lugar de pagos por derechos históricos, suponga una casi total continuidad en la distribución de los fondos y que se sigan quedando fuera miles de agricultores y ganaderos que desarrollan la misma actividad que quienes si los perciben. Cañete ha sacado adelante una ley de la Cadena Alimentaria para tratar de buscar un equilibrio entre los intereses de todas las partes que participan en la misma, más allá de la elaborada con los socialistas y por debajo de las demandas de la producción. Se aprobó una Ley de integración cooperativa, como el enésimo intento legislativo para lograr una mayor concentración de la oferta agraria. Se redacta un proyecto de ley para la celebración de elecciones generales en el campo. Está en marcha la elaboración de un plan para la diversificación de la actividad económica en el medio rural y otro para lograr una mayor internacionalización del sector agroalimentario. El ministro sigue intentando, vía protocolos y convenios voluntarios que la gran distribución se avenga a deja de tener productos agrarios como leche o aceite siempre de oferta; se tiene en marcha una nueva norma para clarificar lo ibérico; ha logrado un reforzamiento de los planes contra los robos en el campo; trabaja en el cierre de los planes de cuencas; en la aplicación de la política comunitaria en la leche o en la mejora de las disposiciones para el aceite.

Sin embargo, falta por diseñar la ejecución de esa PAC y poner nombres y apellidos a los destinatarios de las ayudas; la ley de la ley Cadena Alimentaria no es casi nada si no se hace un buen desarrollo de la misma. Está tratando  de meter, como amigos el dedo en el ojo de la gran distribución para que no siga  toamndo a los productos agrarios por tres al cuarto, caso de la leche y el aceite,mientras esa misma distribución sigue machacando a otras producciones, como  el pollo, como canto  reclamao.Podemos pensar que Cañete tenga alguna influencia, más que otros,para que la nueva Competencia  se tome en serio  lo de la gran distribución y los monopolios en el campo, desde  las  semillas a los abonos o la energia.Igual sucede con la Ley sobre la integración cooperativa, no puede ser una más para el camposanto; están por cerrar los programas de innovación y una nueva estrategia de acercamiento de la información y el asesoramiento a pie de campo, uno de los retos Isabel G. su secretaria general; se debe concretar el plan para apoyar la exportación agroalimentaria, aunque se echa en falta que no se hayan combatido ya, no hace falta dinero, las actuales trabas ficticias que aplican en sus fronteras algunos terceros países contra productos como vino, aceite o frutas; es importante concretar ese plan de diversificación económica para el medio rural; rematar los protocolos y convenios firmados con la gran distribución en la leche, que no ha funcionado como se esperaba e intentar esa vía para otras producciones; habrá una nueva norma del ibérico, aunque por dar gusto a todos y sobre todo a los cebaderos, nos podemos quedar casi como antes si no hay un control riguroso en los etiquetados fraudulentos; no se han dado avances en regadíos por falta de fondos y es necesario un cambio en el anteproyecto de ley de representatividad agraria. Para un habitante del medio rural no es lo más democrático obligarle a recorrer en muchos casos más de 200 kilómetros para votar, lo que supondría movilizar es esos días unos 100.000 coches con su coste en energía y tiempo de trabajo.Eso no sería una elección democrática si uno conoce la realidad de cada pueblo y la mentalidad de sus habitantes en esto de las votaciones.

Por todo eso, y por muchas cosas más,Cañete debería seguir en Atocha. Los programas no se cumplen, en contra de lo que diría Isabel,( yo la reina), hasta que no se acaban. Falta por cerrar todo lo que se ha iniciado y avanzar muy especialmente en cuestiones tan importantes como el agua o la energía. Y además, el Ministerio de Agricultura nunca ha tenido un titular con un cierto peso en los gobiernos  donde el departamento estuvo casi siempre utilizado como un comodín para cubrir diferentes cuotas. Con Cañete en el gobierno, con un mayor peso en su partido, el sector agrario podría lograr cosas que otros no conseguirían. Por todo eso, para una vez que el campo puede dejar oir más su voz en el gobierno y por mucho más,no te vayas todavía...Y, como decía aquel, vuela amigo,vuela alto, sé ministro de todos, no seas gaviota en la mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cañete, la leche y la gran distribución

A partir de este mes, los consumidores que acudan a los grandes grupos de distribución podrán encontrar en los lineales leche con el logotipo y la leyenda Productos Lácteos Sostenibles (PLS) tras el acuerdo suscrito en su día entre Agricultura, las industrias y la gran distribución.

La existencia de esa leyenda y logotipo aseguran al consumidor que el contenido de ese envase es solamente leche española, que ha sido adquirida a un ganadero ubicado en España bajo contrato con la industria  y que, por la misma se ha pagado un precio suficiente que compense la actividad de los ganaderos. Sobre el papel, todo un compendio de condiciones en la defensa del sector lácteo nacional tras años de sufrir bajos precios, por debajo de los costes de producción, y que han dado lugar a un abandono masivo de ganaderos, a una producción que no cubría la cuota de 6,3 millones de toneladas y menos a una demanda de nueve millones, que se completaba con leche barata importada desde otros países comunitarios y muy especialmente desde Francia.

 Es justo reconocer el interés del ministro Arias Cañete para forzar acuerdos con industriales y la gran distribución para conseguir que la misma deje de tener la leche como un producto reclamo barato para la cesta de la compra; que en ese punto final de la cadena se le quite valor y se banalice el producto con unos precios del envase por debajo de un litro de agua.Una estrategia comercial que al final se ha  trasladado a unos precios de ruina para los productores que pagaban también los platos rotos de las industrias. En este objetivo, el ministro suscribía un protocolo hace ahora justamente un año con industriales y la gran distribución; repetía la puesta en escena el pasado mes de febrero con los mismos objetivos e interlocutores,  y ahora acaba de concluir todo ese trabajo con la puesta en marcha de ese logotipo  con las exigencias que deben cumplir los industriales y la gran distribución.

Yendo por delante esa valoración positiva de las intenciones de Arias Cañete para corregir esas prácticas de la gran distribución, algo que hasta la fecha no había intentado ningún ministro, hay valoraciones oficiales que han ido más lejos de lo que realmente son estos acuerdos y dudas sobre la eficacia de los mismos.

 En primer lugar, la actual subida de los precios de la leche responde única y exclusivamente a una caída en la oferta nacional y comunitaria, sin que en ello hayan jugado hasta la fecha un papel los protocolos y los convenios suscritos en los últimos doce meses con industriales y la gran distribución. Y más que  medallas, era más lógico entonar responsabilidades por haber dejado caer tan bajo a este sector, que la cosa no es de ayer.

Segundo, se trata de unos compromisos voluntarios por los que se exige que sea leche nacional, comprada bajo contrato y a un precio llamado justo. ¿Quién va a vigilar ese proceso para garantizar que todo eso se cumple? ¿Cuando una empresa importa una cuba  de leche de Portugal o Francia, la va a transformar aparte?. ¿Cuál es ese precio justo? ¿El medio de coste, 0,35-037 al ganadero en una PAC donde no hay ni puede haber precios mínimos de compra?

Tercero, la política de contratos no presupone que los acuerdos sobre precios sean a una cifra justa en cuanto las negociaciones han seguido dominadas por el mayor poder de las industrias frente a los ganaderos sin organizar, mientras Agricultura negaba  coyunturalmente la figura de un mediador para dar un mayor equilibrio a las negociaciones.

Cuarto.¿Se puede esperar que una gran distribución cumpla por un convenio,  al que se adhiere voluntariamente, lo que no ha cumplido en los tiempos anteriores, como por ejemplo, la venta prohibida a pérdidas por ley?. En los doce meses pasados, con un protocolo en vigor, la mayor parte de la gran distribución siguió vendiendo leche a precios de oferta, imposibles de justificar.

Quinto, para evitar la venta a pérdidas o la banalización de un producto, no hacía falta un convenio de adhesión voluntaria y bastaba que la Administración, Economía, hubiera aplicado la ley por la que se prohíben este tipo de prácticas.

Dicho todo esto, sin triunfalismos, es bueno que Agricultura siga metiendo de verdad, o al menos lo intente, el dedo en el ojo de esa cadena alimentaria, de esa gran distribución.Hay que elaborar los reglamentos de la Ley, para evitar que, con sus políticas de precios bajos, sigan destruyendo tejido industrial y agrario; que lo de la leche sea un éxito y que ese mismo proceso se pueda repetir con el aceite, el conejo, con los pollos que han sufrido o sufren  los efectos de  esos posibles pactos de la gran distribución y que están obligando a cerrar granjas o almazaras...

 

 

 

Agujeros negros en el sector agrario

 Con una Política Agrícola Común que asegura unos fondos aceptables hasta el año 2020, aunque la misma mantenga importantes agravios en la distribución de los mismos con pasivos que perciben importantes ayudas, mientras otros en activo no reciben un euro, este año el atoño se presenta como un tiempo de negociaciones y no de movilizaciones para el sector agrario

Ha sido un gran campaña cerealista y ello amortigua la importante caída de los precios. Se espera otra gran vendimia y también la posibilidad de un recorte en las elevadas cotizaciones de la campaña anterior. Las previsiones también son buenas en el sector olivarero donde los precios pueden apuntarse a la estabilidad. Los volúmenes calman el malestar por la rebaja de los precios. Va bien el mercado del vacuno por unas exportaciones que también están tirando algo del ovino; funciona el porcino; siguen subiendo los precios de la leche por la falta de oferta.no por ninguna medida política y el  borròn principal se concreta en la avicultura bajo la presión de los grandes grupos de la distribución para mantener productos reclamo de oferta.

El conjunto del sector productor, al margen  de las condiciones climatológicas favorables de los últimos meses, ha hecho y mantiene un gran esfuerzo para mejorar estructuras productivas, para obtener más rendimientos. Sin embargo, el sector agrario se sigue enfrentando a otros muchos problemas como el minifundismo, la falta de organización para operar en los mercados, el envejecimiento de la población activa, la falta de relevo generacional, un medio rural con servicios cada vez más deficientes y, sobre todo, a uno que está galopando con mayor fuerza en los últimos años: el incremento desmedido de los costes de producción que amenazan con comerse toda posible rentabilidad de las explotaciones  a poco que vengan mal dadas las producciones.

Hay una serie de cifras de los últimos años que son clarificadores sobre la gravedad del problema.

Según algunos datos elaborados por COAG, sólo en los últimos cinco años, los costes de producción han pasado de suponer el 81,3% de la renta agraria, a significar en 2012  el 93,5%. Pero hay más. Según los  datos de Agricultura, los consumos intermedios en la actividad  agraria suponían en la década de los noventa una tercera parte del valor de la Producción Final Agraria. En los primeros años de la década de  2000 llegaron a suponer hasta el 65%, para situarse en los dos primeros años de esta década en algo más del 51%, con subidas que UPA califica como injustificadas e incontroladas, fundamentalmente en piensos y sobre todo en los fertilizantes, donde una empresa, Fertiberia, tiene una clara posición de dominio en los mercado  o la energía controlada por pocos grupos que desde los socialistas vienen bloqueando una normativa adecuada sobre riegos, con el visto bueno de la Administración.

Se trata de una situación que no se ha producido de golpe y, no sólo en el mercado español, sino que ya viene coleando y es motivo de preocupación en el conjunto de la Unión Europea. En 2011, el Parlamento Europeo elaboraba el “informe  José Bové” por el que se denunciaba esta situación reclamando otra política para impedir que los costes de producción no acabaran con la actividad agraria y donde destacaba el hecho de que solo seis grupos de agroquímicos controlasen el 85% del mercado y tres  empresa de semillas  el 45%.

En el caso español, ya no es solo la imposición de precios de compra de medios de producción, sino también la inexistencia de un sector organizado para defender mejor sus intereses a la horade vender sus  producciones. En estos meses, los viticultores entregan su uva sabiendo el precio que van a percibir por kilo y grado, pero es lamentable que decenas de miles de cerealistas sigan entregando sus cosechas a los operadores de zona sin precio, “a como  esté” y que adquieran el abono para la próxima sementera a  esos mismos operadores,  “a como me lo pongan”. En otras palabras, todo ello supone que el sector agrario ha hecho un importante esfuerzo para producir más, pero que pone la gestión de sus cosechas y de sus intereses de sus rentas en manos de unos operadores a los que critica permanentemente.

Tiene el gobierno una importante responsabilidad para vigilar el comportamiento de los monopolios o grandes grupos que operan en la venta de medios de producción, donde en Competencia se han aparcado muchas denuncias del sector agrario, y también contra los posibles pactos de precios o reparto de zonas de influencia de quienes adquieren los productos agrarios, espacio donde ahora se han incorporado los grandes grupos de la distribución imponiendo precios sin tener con cuenta los costes mínimos del agricultores o  ganaderos. Pero, en todo este escenario, no puede quedarse  sin su responsabilidad el propio sector para operar y hacer más demostración de su fuerza desde la  información y la organización en una línea de  acuerdos con proveedores, como hoy está desarrollando  la organización agraria Asaja o para la venta más organizada

Hasta la fecha, el sector agrario se ha movilizado generalmente contra las Administraciones. No estaría de más que, llegados a este punto, también se movilizara contra sí mismo poniendo en valor todo el peso que tiene su actividad, tanto en sus necesidades de compra como para sus ventas y dieran un toque a una sociedad a la que aportan alimentación y el mantenimiento del territorio sin ningún tipo de reconocimiento real.

 

Agricultura, el Ministerio del Aire

Mientras una buena parte del sector agrario se halla metido en plenas faenas de recolección, el Ministerio de Agricultura se convierte desgraciadamente en estos meses de verano en una especie de  Ministerio del Aire, con un parte diario de guerra donde, el departamento de Atocha da cuenta del número incendios activos y, sobre todo, de su participación en la extinción de los mismos con aviones, helicópteros y tropas de tierra.

El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a la hora de presentar los presupuestos del departamento para este ejercicio destacaba cómo la política de ajustes había provocado recortes de fondos para diferentes  políticas claves, como la del seguro agrario, pero que, a pesar de todo, se había mantenido, e incluso incrementado ligeramente hasta los 74 millones de euros, la partida destinada a la lucha, prevención y extinción de los incendios.

De los incendios conocemos a diario, por el parte de Agricultura, en un alarde informativo, el número de hectáreas destruidas, el tipo de  terreno o cultivo  o la dimensión de superficie afectada en cada uno de los siniestros. De lo que no hay apenas datos es, sobre todo, de las detenciones y penas impuestas en  el pa0sado contra los causantes de los incendios, intencionados o no, falta publicidad de los castigos, que no sería otra mala política de prevención; de las pérdidas globales, simplemente económicas, que suponen los mimos cada año para las Administraciones o para las propias economías rurales; del coste que supone la actual política contra los incendios, sumando las aportaciones de la Administración central a las propias comunidades autónomas, donde una de las partidas más importantes corresponde al negocio de alquiler de avionetas o helicópteros, a los que se ese suman los vigías avistadores de humos o las brigadas de tierra.

Cuando un bosque se quema, ya no es solo lo del monte del señor conde, o si se trata de un espacio  público; se calcinan algo más que miles de árboles cuya recuperación puede tardar décadas y se destruye algo patrimonio de todos en fauna y flora.

Al margen de una actuación más dura de la justicia, no se puede evitar la acción de terroristas pirómanos; pero incluso en  esos casos, sus efectos se podrían paliar o minimizar, si realmente existiera otra política de prevención que, sin embargo, no se puede improvisar, de la noche a la mañana, cuando el deterioro y el abandono de campos y bosques se mantiene ya durante años.

No hay dudas de que agricultores o ganaderos son los primeros interesados en el mantenimiento de ese medio rural del que viven, más allá  de quienes van y lo disfrutan de fin de semana, y que ellos son los primeros guardas-vigilantes del territorio que habitan. No es casualidad que en zonas pobladas de pinares, con reparto de beneficios comunales, los incendios sean la excepción, o que las tareas de recolección del cereal provoquen pocos incendios  y de escasa importancia cuando los agricultores que se hallan en esos rastrojos resecos no renuncian al cigarrillo y al chisquero.

El 85% del territorio del país se puede considerar hoy como espacio rural. Un espacio en estampida formado por uno 8.000 municipios, muchos de ellos en proceso de extinción, donde aguantan un número reducido de agricultores y jubilados,donde los ganaderos que pastaban sus rebaños en el territorio han puesto el candado a sus tenadas y dejado el territorio semi abandonado,

Incendios los ha habido siempre. Pero no es lo mismo un incendio en terrenos pelados por el pastoreo de los rebaños, a que las hierbas se coman los caminos. No es lo mismo un monte limpio donde el ganado ha eliminado maleza  y comido ramas hasta una determinada altura de los propios árboles, a que la maleza se coma y tape los mismos. No es lo mismo un monte en estado salvaje, a un espacio donde exista una limpieza y empleo de la madera para diferentes usos domésticos que  ya nadie utiliza porque no hay nadie que lo necesite, porque el territorio se ha quedado vacío. Se trata de un problema de medio y territorio rural en abandono, que teorías de los ingenieros forestales pueden ayudar a salvaguardar, pero no solventar el problema de fondo.

Además de tareas de prevención tan reiteradas, prevenir debería partir de una política global para el territorio rural impulsada desde varios departamentos,(vivir en ese medio no es solo cosa de Agricultura y de las rentas agrarias), ofreciendo unas condiciones de vida que lo hagan más atractivo para sus habitantes para quedarse, donde el espectáculo de los medios aéreos a lo mejor, en parte al menos, se podría evitar si sobre ese territorio se hubiera apoyado el mantenimiento de gentes con sus cabañas ganaderas extensivas hoy en proceso de extinción.

A los incendios, más que desde el cielo, se les puede y debe combatir en tierra. Y además, es seguro que, con una parte de esos miles de millones que se van por los aires, volando en aviones y helicópteros, se podría crear, de una forma casi estable, más actividad y empleo en ese territorio rural donde la maleza invade hasta las paredes de los ayuntamientos y pedanías, ahora también en proceso de extinción.

 

Otra política agraria es posible y necesaria

Metido el campo en plenas faenas de verano de diferentes producciones, desde las tareas de recolección a los riegos, el sector agrario se ha encontrado al inicio de las vacaciones con tres instrumentos de política agraria que se podrían considerar como piezas claves para dar una vuelta a la misma.

 Desde el sector agrario se han criticado en muchas ocasiones, y casi siempre con razón, los programas de todos los partidos políticos por carecer de imaginación o repetir permanentemente los viejos tópicos en relación con los precios, los mercados y, ahora, los riesgos de la gran distribución para los intereses de agricultores y ganaderos o la propia industria. Hoy, a un lado elecciones y campañas electorales, organizaciones agrarias, cooperativas, Ministerio y comunidades autónomas, tienen ante sí material suficiente para definir qué tipo de política agraria y de mundo rural se quiere con la mirada puesta 2020, en un momento especialmente delicado.

 Tenemos un nuevo escenario donde, progresivamente, se ha impuesto una mayor apertura de fronteras para la entrada de productos desde terceros países, sin o con bajos aranceles. Se impone ser más eficaces y no tirar la casa por la ventana en un buen año de producciones y precios; los costes de producción han pasado de suponer entre el 50/60% de la renta agraria hace pocos años, a significar hoy más del 90%, lo comido por servido; se impone la necesidad de redimensionar las explotaciones; el relevo generacional no ha funcionado; la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria no pasa de ser cosa de unos pocos, cuando no se dispone ya de un explotación familiar, al margen de la  agricultura simbólica de los ecorurales y,  yendo más allá, tenemos un mundo rural en proceso de desmantelamiento. Así estamos.

Un primer instrumento, por el que es posible hacer ahora otra política agraria, son las negociaciones a nivel nacional que se han iniciado entre Agricultura, Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias para aplicar la reforma. Bruselas ha dejado abiertas muchas puertas, muchos  recursos para que todos esos responsables decidan qué tipo de actividad agraria quieren para el futuro, el tipo de agricultor o ganadero a apoyar, definir quién es ese agricultor activo prioritario a la hora de cobrar los fondos, la actividad o el modelo que se quiera impulsar, el apoyo a la incorporación de los jóvenes para apostar por el medio rural, tanto desde la perspectiva económica, de embarcarse en una actividad rentable, como por la disponibilidad de servicios mínimos de todo tipo en el pueblo sin la sensación de que uno se mete, con su familia, en un  camposanto.

 Para lograr ese cambio es importante la distribución que se decida para una parte de eso 50.000 millones de euros de aquí al 2020. Si queremos que se consoliden las trabas para la reordenación de las explotaciones, que los mayores  de 70 años sigan montados en el tractor con sus tierras al hombro para complementar unas pensiones bajo mínimos, si queremos un medio rural fantasma de jubilados donde no se incorporan jóvenes.

Es mucho lo que hay por acordar en eso de la PAC, mucho lo que puede variar de una decisión a otra y mucho el protagonismo y la responsabilidad que se ha dejado en manos del propio sector que ahora, en  lugar de hacer grandes manifiestos, tiene que mojarse y decir de qué parte de la política agraria se halla. Es obvio que, además de todo ello, con unos fondos asegurados para una gran parte del sector agrario hasta 2020, ahora toca pensar en tener las explotaciones más eficientes, eficaces e innovadoras y organizadas del mundo para poner competir en todos los mercados. Y  ahí está, debería estar el papel de la información, el asesoramiento, la innovación, la organización pegada al campo, nuevas estructuras que sustituyan las que se eliminaron hace décadas porque olían al régimen anterior.

En relación con la PAC, es cierto que asegura fondos similares a los del pasado hasta 2020. Pero no se puede obviar que no contempla salidas para quienes no están percibiendo ayudas, que van a seguir sin ellas, aunque sean agricultores activos, simplemente porque en la reforma anterior no se contemplaban otras producciones o circunstancias. En eso, la PAC era y es injusta.

En estas negociaciones entre Ministerio, Comunidades Autónomas y el sector que deben seguir en otoño para, por ejemplo, definir quién se debe considerar como agricultor activo, ya se han logrado los primeros acuerdos de base entre los que se pueden destacar los siguientes: aplicar una PAC estatal y no por comunidades autónomas, no dar primas extra a las primeras hectáreas de una explotación, eliminar los pagos por debajo de los 300 euros para reducir gastos administrativos y ofrecer a esos beneficiarios  una forma asociativa para cobrar todos en común, destinar el 15% del sobre nacional para pagos acoplados fundamentalmente a las explotaciones ganaderas, dividir el país en unas 40 regiones agronómicas donde converjan las ayudas, no transferencia de fondos entre pilares de los pagos  directos al desarrollo rural o a la inversa, destinar el  2% del sobre para apoyo a los jóvenes, no incluir viñedos y frutas sin pago por derechos históricos en los nuevos pagos por superficie, establecer el techo de pagos por beneficiario en 300.000 euros si Bruselas da finalmente esa competencia a los países miembros o asignar derechos sobre superficies de pastos si el beneficiario se halla dado de alta con una explotación ganadera el registro correspondiente, REGA. 

Además de ello, han sido aprobadas en estas fechas dos leyes para el futuro del sector agrario y alimentario si se logra su aplicación con la eficacia. Son dos disposiciones claves, pero con una lectura totalmente opuesta. Una, la Ley de fomento a la integración cooperativa donde el principal responsable de su aplicación es el propio sector agrario. En la otra, la de la cadena alimentaria, el sector es un sujeto pasivo y todo depende del juego limpio que quiera la gran distribución y muchas industrias y hasta dónde quiera dejar llegar los desmanes la propia Administración, especialmente en lo que se refiere a la venta a pérdidas, donde Economía lleva años mirando a otra parte.

En cualquier programa electoral en las últimas décadas nos hemos topado con el compromiso de las siglas de turno para la agrupación cooperativa. En la mayor parte de los casos, ha sido un fracaso y ello se refleja  en que haya solamente una docena de grupos realmente importantes, frente a unas 4.000 cooperativas cuyos gerentes se llegan a  discutir el espacio en un mismo pueblo. No tiene ningún sentido esta estructura, como tampoco el que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, hayan puesto a veces  palos en las ruedas para la integración de una cooperativa en otra más  grande, pero de otra comunidad autónoma. No solo es necesario, sino urgente, parar ese minifundismo cooperativo, potenciar la integración de agricultores y ganaderos en ese tipo de estructuras si el sector quiere ganar en eficacia y eficiencia, tanto para comprar como para vender, mejorar ingresos y rebajar costes de producción. En la actual situación, no hay futuro fuera. Y no es  una decisión  del gobierno, cosa de una Ley, sino algo que debe adoptar el propio sector, los socios y los gerentes de cada pequeña cooperativa con miedo a perder su protagonismo.

En lo que afecta a la Ley de la Cadena Alimentaría, Agricultura ha hecho un esfuerzo para tratar de poner un poco más de orden y equilibrio entre los intereses de todas las partes, productores agrarios, industriales y los grupos de distribución, hoy en una posición de claro dominio. Hay puntos  importantes positivos, como la exigencia obligatoria de los contratos, la regulación de todas las demás condiciones, la posibilidad de las denuncias anónimas,  la actuación de oficio de la Agencia de control y el riesgo de fuertes sanciones. En otros se ha quedqdo corta.Habrá que esperar por ejemplo, a ver si se vigila y sancionan las ventas a pérdidas que no se regulan en esta Ley, porque dijeron los de Economía que eso ya estaba regulado, aunque nunca se aplicó. Era una exigencia imposible que la nueva Ley señalara que los precios de venta contemplaran, como mínimo, los costes de producción. Pero, lo que no tolera el sector, aunque lo aplaudan muchos consumidores, es que se vendan productos agrarios por debajo de los precios de compra en origen o siempre a la baja, a precios de oferta. Esta política de precios bajos, de apretar siempre al último eslabón de la cadena, la están pagando agricultores y ganaderos poniendo en peligro cultivos y cabañas ganaderas en beneficio de las importaciones hoy baratas, pero que mañana pueden ser muy costosas si eliminamos un tejido productivo y se consolida la dependencia exterior. Porque una explotación agraria, no es como una máquina de hacer tornillos que hoy se para, pero mañana puede volver  funcionar.

Por el futuro del sector, es posible y necesaria otra política agraria.

 

 

La inseguridad en el medio rural

Como una actividad a la intemperie, en la mayor parte de los casos con las puertas abiertas y sin candados, los robos en la actividad agraria, al margen de los de guante blanco de los intermediarios que denuncian, pero a los que no ponen soluciones los agricultores o ganaderos, han existido siempre. Al campo nadie va a dejar y, generalmente, se va a pillar.

En un primer peldaño de los robos en el campos se pueden colocar los de siempre, los de las producciones de campaña, todo tipo de frutas, menos, hortalizas, ajos, aceituna, actuaciones protagonizadas generalmente por personas individualmente o pequeños grupos con vehículos de tipo medio. De esas actuaciones no han escapado los corrales y las tenadas de ovino en periodos de parideras para llevarse las camadas de corderos o los lechones en épocas de fiestas.

Un segundo peldaño en esta dinámica, agravado por la crisis, ha sido el aumento de los robos de  medios de producción claves para la actividad agraria como elementos de riego, desde los motores a las instalaciones, robos de cobre y aperos de labranza en tamaño medio donde ya han entrado grupos o bandas más organizadas donde Coag ubica fundamentalmente a españoles y rumanos y de los que en 2012 se cursaron más de 23.000 denuncias.

Hoy parece hemos entrado en una tercera fase en el campo donde ya tampoco está segura la maquinaria pesada utilizada en el sector,  desde los  tractores con todos sus aperos a las cosechadoras. Antaño, los tractores eran como una muralla, un escudo que se ponían a la puerta de una nave para que no se robara lo que había dentro y los hombres hacían guardia en las eras,  acabada la bielda, para evitar el robo de los sacos de trigo en tiempos de escasez. Muchos pastores, en épocas de parideras optaban por dormir en las tenadas y corrales para evitar los asaltos.

El cuarto peldaño está en la  propia seguridad de las personas y sus enseres, miedo  ue  ya dio lugar a que, en esos pequeños pueblos donde hace unos años se dejaban toda las puertas abiertas, hoy se eche la llave ante cualquier ausencia, aunque solo sea por unos minutos.

El otro día, a mi amigo “El Boni”, en Morata de Tajuña, a  la vuelta de la esquina de Madrid, no en un valle abandonado, entre montañas, donde no pasa un alma, con cuartel, policía local y guarda de campo, le robaron el John  Deere en la parcela, mientras hacia la recolección de los ajos. Como tantas veces  sucede en el sector, para no perder tiempo sacando los aperos o regresar a casa con toda la maquinaria, la misma duerme en el campo. A la mañana siguiente el  tractor John Deere había desaparecido. Los ladrones o sus cercanos, sabían todo de las costumbres de “El Boni” y habían elegido el modelo, día y la parcela con un terreno adecuado para  cargar el mismo en un camión para su transporte. Cuando hizo la denuncia, le dijeron que bien podía estar de camino hacia un país del este. Hace un tiempo, a otro agricultor del pueblo, “El Pindoque” también se lo intentaron robar de su propia cochera, pero fueron detenidos con las manos en la masa.

Con Rubalcaba en Interior, los socialistas pusieron en  marcha un plan para mejorar la seguridad en el medio rural, cuando ya se habían desmantelado cientos de puestos de la Guardia Civil y sustituyendo los mismos por flotas de vehículos recorriendo, de vez en cuando, los caminos de una veintena de pueblos. Proteger,  “como Dios manda”, el medio, el 85% del territorio, con sus más de 8.000 pueblos, es una tarea compleja  y difícil. Vivir en ese medio rural semi abandonado, sobre todo para determinados segmentos de la población, como personas mayores o niños, conlleva importantes carencias, en unos casos de movilidad y en otros de servicios públicos que solo se superan con la solidaridad de los vecinos. Ahora, a todo eso, se suma además la propia seguridad de los enseres y las personas y se pone aún más difícil vivir en ese medio rural semi abandonado.

Estamos de acuerdo en que, el primer elemento para la sostenibilidad del territorio es la actividad agrícola y ganadera y que, sólo por eso, merece reconocimiento y apoyo. Hay una parte del territorio donde existen unas estructuras de municipios de tamaño mediano o grande, cuya continuidad está más asegurada al convivir la actividad agraria con otras economías. Sin  embargo, en otra gran parte del  país, especialmente en la mitad norte de la península, donde dominan los  pequeños pueblos  con escasos vecinos, el problema se agrava y  tienden hacia su desaparición. La actividad ganadera sujeta a los ganaderos y les obliga a estar pegados a las explotaciones,a vivir en el mismo medio. Esas cabañas  ganaderas están desapareciendo, especialmente en ovino o vacuno. Por el contrario, una gran parte  de la actividad agrícola no requiere vivir permanentemente en el territorio y eso, junto a las necesidades de educación o servicios de los hijos, está dando lugar a diferenciar el lugar de residencia del agricultor con el de trabajo. Eso supone que, en unos pocos años, miles de esos pequeños pueblos se van a convertir durante la noche en poblados vacios, fantasmas, que nadie va a vigilar, salvo que los propios  agricultores contraten sus propios servicios de seguridad.

Es probable y está bien, que  los presupuestos contemplen la existencia de tres personas para acompañar al ministro del Interior, muchas mañanas, a la misa de ocho en la iglesia de la Clarisas en el Paseo de Recoletos en Madrid. Hay que proteger a los políticos, aunque no de las monjas. Pero no se puede dejar en la casi total inseguridad que denuncian las organizaciones agrarias a ese  territorio ya marginado en otros servicios. Antaño, desde aquellos, en muchos casos, cuarteles desvencijados, la Guardia Civil  conocía los movimientos de todos los vecinos de las comarcas.Ahora,algo ha cambiado. A mí, en un minifundio de pueblo, inundado por vascos de verano, hace unos años me quemaron la bodega con un coctel. Nunca más se supo. Contraté seguros.

PAC nacional, a desnudarse tocan ante Agricultura

Aprobada la reforma de la Polítca Agrícola Común, el Ministerio de Agricultura ha iniciado la cuenta atrás para la aplicación de la misma en España con en envio de un cuestionario de 52 preguntas a todas las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomos para que manifiesten sus posiciones sobre cada uno de los puntos donde Bruselas deja opciones abiertas a cada Estado miembro. Agricultura ha dado un plazo para recibir esas respuestas hast el pròximo dia 19. A partir de ahí, se elaborará un documento donde se recojan todas esas posiciones para su debate en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas la última semana de este mes.

Con tantos frentes abiertos y un volumen de fondos que es el que hay, donde para dar a unos es preciso que otros lo pierdan, los acuerdos se presentan largos ante la dificultad para encajar intereses opuestos a la hora de repartir hasta 2020  cerca de 50.000 millones de euros,contando con una escasa aportación nacional.

La reforma de la Política Agrícola Común, recogiendo una de las demandas más importantes de la Adminsitración española, contempla una gran flexibilidad a la hora de su aplicación para que cada país pueda adaptar la misma a sus necesidades o a las condiciones concretas de su actividad agraria,siempre en el marco de las reglas juego que supone el mercado único. A partir de ese sobre nacional, en la aplicación de la PAC se puede decir que está casi todo por hacer y que no se puede realizar una valoración completa de la misma hasta no conocer exactamente, por ejemplo, quiénes serán los beneficiarios prioritarios de las ayudas, quiénes serán realmente los activos, las políticas de prioridad o mejora que se quieran aplicar a la hora de los pagos, políticas de modulación, primas a las primeras 30 hectáreas, eliminación de ayudas a los que cobren menos de 300 euros,definir el techo de los pequeños agricultores, división del territorio en regiones, distribución de los pagos acoplados, reconocimiento de organizaciones de productores, políticas de contratos en otros sectores diferentes a la leche, apoyo zonas más desfavorecidas o los porcentajes de trasavases entre fondos para desarrollo rural  y pagos directos o a la inversa.

Hasta la fecha, en todo el proceso de negociaciones para la reforma de la PAC en Bruselas, se puede decir que el mismo se desarrolló con una buena transparencia, tanto ante las comunidades autónomas como ante  las oganizaciones agrarias y las cooperativas. Se trataba de cuestiones de carácter general donde era más fácil ponerse de acuerdo frente a la Comisión. Ahora, la situación es mucho más compleja proque,entre otras cosas, cada parte, cada comunidad autònoma, cada tipo de agricultura, sector o actividad o explotación se están jugando parte de sus dineros, aunque uno de los objetivos prioritarios de Cañete ha sido evitar trasvases de fondos entre territorios, sectores o explotaciones.

Como un ejercicio de transparenccia, pero sobre todo de responsabilidades compartidas, decir claramente que el tejado es de todos y que se mojan todos o ninguno, Agricultura han pedido a las organizaciones agrarias y a las comunidades autónomas prácticamente que se desnuden,una especie de tercer grado, para que no haya dudas sobre lo que defiende cada uno y por escrito, algo fácil en los gobiernos regionales,pero más complicado en las organizaciones agrarias sin asambleas que ratifiquen toda una encuesta que supone practicamente una declaración de política agraria con afiliados de agriculturas tan diferentes.

Es bueno que todas las partes se definan.Pero, podría haber comenzado por definirse, al menos algo más, el propio Ministerio que, de esta forma, se va a definir solamente cuando conozca las posiciones de las demás partes. Haber marcado algunas pautas más concretas, no habría condicionado a nadie.El proceso es positivo, pero es jugar con ventaja.