María Teresa Ronderos

Sobre el autor

María Teresa Ronderos es periodista colombiana, directora del sitio especializado en el conflicto armado de su país, VerdadAbierta.com y asesora editorial de la revista Semana, autora de los libros 5 en Humor (2007) y Retratos del Poder (2002)

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El histórico paso de las Farc

Por: | 28 de febrero de 2012

Desde el momento en que me enteré que el Secretariado de las Farc han prohibido el secuestro, ando dándome palmaditas en la espalda de la felicidad.  Marchas ciudadanas contra el secuestro en Colombia

Me había demorado en compartir mi dicha con los lectores porque no terminaba de comprender la parquedad con que en mi país han tomado la noticia. Me parecía que había algo que yo no había entendido. 

Pero reviso el comunicado oficial de la organización guerrillera y lo dice claramente: "Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil, que con fines financieros efectuamos las FARC a objeto de sostener nuestra lucha... Anunciamos  que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. La parte pertinente de la ley 002 expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000 queda por consiguiente derogada".

Esta decisión de las Farc significa que veinte años de marchas ciudadanas contra el secuestro por fin calaron,  que el clamor de los familiares contra el secuestro rindió su fruto y que las miles de vidas perdidas intentando acabar con esta práctica cruel e indecente no fueron en vano.

Para todos aquellos que dicen que no hay que creerles a las Farc, que es otra estratagema, que es más de lo mismo, les respondo que es la primera vez que con la firma del Secretariado, las Farc (o cualquier guerrilla o grupo armado para el caso) dice explícitamente que prohibe la abominable práctica. Y lo hace con un gesto real: el compromiso de liberar a los secuestrados que aún tiene en su poder por razones políticas. Y más que ponerlos en duda, hay que tomarlos en su palabra, y ayudarles a volverlo realidad con más presión ciudadana. 

Falta, por supuesto, que las Farc nos digan cuándo liberan a los secuestrados por razones financieras que aún tiene en su poder,  y le pongan la cara al país por aquellos que murieron en cautiverio y ya no pueden devolver. Timochenko

De todos modos es un paso hacia la paz, y uno más creíble precisamente porque es pacífico.

No es novedad su anuncio de que "por nuestra parte consideramos que no caben más largas a la posibilidad de entablar conversaciones", pero, precedido del anuncio anterior, adquiere un nuevo significado. Quiere decir que de haber una negociación con las Farc, sería la primera vez que esta guerrilla retrocede en una de las peores prácticas de su feroz guerra aún antes de sentarse a conversar, y eso sólo es un logro.

El Presidente Santos dijo que las Farc tenían que parar todo ataque si querían que el gobierno negociara con ellas. Uno entiende que le quede difícil a Santos políticamente empezar una negociación de paz sin antes mostrarse muy duro. Es un sociedad que lleva ya una década culpando a las Farc de todos sus males, y será un trago amargo ver a su Presidente sentado dialogando con Timochenko o Catatumbo.

Tampoco es sencillo venderles la idea a los militares. De por medio no sólo están los miles de soldados muertos y lisiados, también está el poder actual de las Fuerzas Armadas, cuyo peso depende en buena medida del hecho de que estemos en guerra. 

También tendrá el gobierno que atender el riesgo de que el paramilitarismo se dispare ante la perspectiva de un nuevo diálogo con la guerrilla. Ya sucedió en los ochenta cuando los Acuerdos de la Uribe con Belisario y en los noventa cuando Pastrana se sentó a manteles con Marulanda.

Sin embargo, el gobierno no puede dejar que los amigos de prolongar la guerra colombiana, que son muchos, se tomen el espacio que se abre con este gesto de las Farc. Y lo deshechen como nada.

Decir que no tienen voluntad de paz porque siguen atacando es una perogrullada. !Si es que para eso se necesita una negociación de paz para que paren su guerra!. Si ya no pelearan, pues no habría sino que recibirles las armas en un trámite de notaría.

Las Farc ya no se pueden tomar el poder, pero pueden hacernos sufrir por años y años más. Con este gesto de paz, parece que por fin los guerrilleros se han dado cuenta de lo primero, y eso no es poca cosa. Si lo desestimamos podemos desperdiciar el más auspicioso augurio que ha tenido Colombia en muchos años, para emprender con pie correcto el tortuoso camino hacia el final de nuestro largo y doloroso conflicto armado interno. 

 

 

 

 

Echarle tierra a la paz

Por: | 23 de febrero de 2012

El gobierno de Juan Manuel Santos dice que está jugado por formalizar la propiedad agraria en Colombia.   Campesinos acuden a Necocli al llamado de Santos

Esto significa atender por fin a comunidades negras e indígenas que hace décadas están pidiendo títulos colectivos de sus tierras; titular tierras a nombre de los tres millones de campesinos que las poseían, pero que fueron expulsados por la violencia; y conseguir que a los campesinos pequeños y medianos les toquen mejores tierras que los peladeros, pantanos y eriales a donde han tenido que vivir,  y se les den créditos, capacitación y apoyo para encontrarle mercado a sus productos.

Además el gobierno dice que expropiará a los hacendados voraces que le robaron tierra a las ciénagas, a las rondas de los ríos, a los páramos productores de aguas, a los parques nacionales, a los bosques biodiversos o que se apropiaron indebidamente de baldíos de la Nación.

Todo esto suena revolucionario en mi país, a dónde las elites nacionales le han prestado muy poca atención al campo, como no sean sus propias fincas, y a los campesinos pequeños y medianos. De puro milagro éstos, que han sido expoliados, perseguidos, violentados, producen hoy la mitad de los alimentos que consumimos los colombianos y una buena parte de los prodcutos agroindustriales. Aún así, los dineros para crédito agrario y los bienes públicos para el desarrollo (carreteras, sistemas de riego, apoyo técnico, etc.)han sido angostos para ellos y anchos para los grandes propietarios.

La Ley de Víctimas que consiguió Santos que aprobara el Congreso creó, a partir de enero de este año,  una unidad administrativa que respalde al campesino despojado para que éste documente lo más expeditamente su expoliación y recupere lo que es suyo. Además, crea cargos para jueces agrarios que dirimirán los conflictos entre el despojado que reclama una tierra y otra persona con el título o la posesión.

A pesar de que en los más de veinte años en que Santos ha estado ocupando posiciones de poder en el Estado colombiano no pareció importarle demasiado la redistribución de la riqueza, quiero creer que ahora va a aprovechar la oportunidad que le brinda la historia para dejar un legado memorable.

Sin duda, el equipo humano nacional para acometer esta tarea es bueno.Muchos de sus integrantes, con un compromiso de vieja data con los campesinos colombianos, han trabajado a toda marcha,  cruzando la información disponible para obtener un registro completo de predios despojados. Así, cuando alguien reclame una parcela, se sepa muy rápidamente si su petición es legítima.

La prueba de fuego a la voluntad real de revolución agraria del Presidente viene si embargo, ahora, con el montaje institucional. Habrá unidades locales que atenderán las más de ocho mil reclamaciones de restitución de tierras que han presentado campesinos despojados hasta ahora y las miles más que vendrán. Estas oficinas tienen que ser autónomas de las élites regionales y asumir una nueva cultura de verdadero servicio al campesino. (He entrevistado a decenas de campesinos que llevan años yendo a oficinas con sus tristes papeles arrugados, gastando el dinero que no tienen en fotocopias, para que algún déspota funcionario les diga que hoy no atiende). También requiere de jueces agrarios progresistas y honestos.

Si los amigos del latifundio y la ganadería extensiva que se quedaron con la tierra de los campesinos en la última ola violenta; o que siempre han resistido cualquier reforma agraria, consiguen nombrar a los funcionarios de la revolución agraria, gracias a su enorme poder político en el Congreso, no habrá tal reforma, ni revolución.

Para evitarlo, el gobierno deberá dar peleas duras con esas élites regionales, así eso le cueste romper sus mayorías en el Legislativo. ¿Estará dispuesto a hacerlo Santos, cuya carrera política se la debe a haber cultivado a estos poderosos políticos regionales?

Hay razones para la esperanza, como que sin importar las presiones, el gobierno ha emitido títulos formales colectivos para 245.000 hectáreas de comunidades indígenas y negras y ha formalizado la propiedad de más de medio millón de hectáreas de miles de campesinos.

Pero hay motivos para el pesimismo. A veces se han inflado expectativas más de la cuenta, cuando en realidad, como va a ser una formalización en derecho, esta debe cumplir el debido proceso y va a demorarse más de lo que los tiempos políticos exigen.

Mucho peor es que ya hay grupos armados antirestitución y por más que se hayan creado unidades de fuerza pública para proteger a los campesinos, no se ve la eficacia en desmontarlos. Tampoco, el afán de investigar el medio centenar de asesinatos de líderes reclamantes de tierras.  Además, la entidad judicial nacional que nombra a los jueces agrarios ha estado signada por los escándalos. 

Aún así, inisisto, yo quiero creer que el esfuerzo es en serio. Que la dirigencia nacional por fin se enteró de que la paz no pasa tanto por el número de efectivos militares, ni siquiera por las negociaciones con los grupos armados, si no que florecerá cuando tengamos una tierra distribuida en función de la calidad de vida de los campesinos y de la productividad económica.Y eso sólo se consigue, si el gobierno nacional ejerce, por fin, una política de principios y no de fines.

Fallos desmesurados en Ecuador

Por: | 17 de febrero de 2012

Como se esperaba, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó las sentencias de primera y segunda instancia contra el diario El Universo que ordena al periódico pagarle 40 millones de dólares y envía a la cárcel a los directivos del medio de comunicación, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez. Emilio Palacio, (en la foto) autor del editorial demandado y jefe de las páginas de opinión del diario, también deberá pagar tres años de cárcel. Todos se han ido al exilio. El capital del diario es de 35 millones de dólares. Emilio Palacio

Esta misma semana, el tribunal condenó a Christian Zurita y Juan Carlos Calderón, autores del libro “El Gran Hermano”, que denuncia el enriquecimiento del hermano mayor del presidente Correa por los contratos oficiales que consiguió, a pagar un millón de dólares cada uno al presidente Correa por el supuesto daño moral. Los dos reporteros están haciendo una colecta entre amigos y organizaciones de libertad de prensa para pagar lo que les han costado los abogados de este juicio. La multa que les han impartido es tan ridículamente desproporcionada que ni embargando sus sueldos de toda la vida podrían girarle al señor presidente Correa dos millones de dólares. (Salvo que el gran hermano les preste la plata).

"Soporté mucha mala fe en nombre la libertad de expresión", dijo luego de los fallos el presidente ecuatoriano Rafael Correa. El apasionado presidente ecuatoriano cree que está inventando la rueda, aplastando las críticas. Dice que brilló la justicia para él. ¿Cómo no iba a brillar si, como lo denunció ya una de las jueces que falló en la primera instancia de estos casos, el gobierno les dicta las sentencias a los jueces?

Dice Correa que así desenmascara y alecciona a una prensa que que no está al servicio del pueblo sino de las oligarquías. Es lo mismo que han dicho todos los censores desde los tiempos en que John Milton defendió la libertad de expresión en 1644. Éste dijo en su famosa Areopagítica: "Todos los pareceres, es más, todos los errores, conocidos, leídos y cotejados, son de capital servicio y valimiento para la ganacia expedita de la verdad más cierta ...¿A qué nos hablarán vanamente de nuevas opiniones, cuando la opinión de ellos, esto es, que nadie deba ser oído sino quien les agradare, es la peor y más reciente de cuantas opiniones hay".

La opinión de Correa es esa precisamente, que nadie deba ser oído sino a quién él considere que sirve a su causa. Debe sentirse muy débil políticamente el Presidente, si su gobierno no resiste la información disidente, aún a pesar de que ya gran parte de la que circula en su país es oficial.  

Con estos fallos desmesurados frente a las libres opiniones e informaciones, sean oligárquicas o no, estén al servicio de quién sea, el régimen de Correa devuelve a Ecuador, el país que nos daba lecciones a los vecinos de tolerancia y de respeto a las libertades, 400 años atrás.

Todo el continente debería protestar al unísono.

 

 

 

 

 

La sinsalida del Palacio de Justicia

Por: | 07 de febrero de 2012

Hace 25 años guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia en el corazón de Bogotá y Palacio justiciaanunciaron que tenían de rehenes a los magistrados de una admirable Corte Suprema de Justicia, y no los soltarían hasta que no cumplieran sus demandas. A las fuerzas armadas les tomó dos días liberar el Palacio a cañonazos, pero no sólo cayeron los guerrilleros, sino los magistrados y otros  empleados que en total sumaron más de cien personas. 

La semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena del coronel retirado Alfonso Coronel Plazas VegaPlaza Vega no por el fiasco del operativo,  si no por su responsabilidad en la posterior desaparición forzada de civiles que salieron vivos del Palacio. (ver comunicado del Tribunal en blog Derecho Penal).

Cada fallo de este caso estremece a la opinión pública y despierta una ola de amenazas que hasta han forzado al exilio a testigos y jueces.(ver entrevista a juez). Esta sentencia fue aún más polémica, pues el Tribunal les ordenó a los actuales mandos militares pedirle perdón al país por su responsabilidad en estos crímenes, y le pidió a un fiscal de la Corte Penal Internacional que estudiara si el presidente de la República de la época, Belisario Betancur, podría ser procesado por delitos de lesa humanidad.

Además el fallo del Tribunal llega apenas unas semanas después de que asumieran funciones el nuevo alcalde de Bogotá Gustavo Petro y su secretario de Gobierno Antonio Navarro, quienes fueron integrantes de esa organización guerrillera. 

Quienes defienden al coronel en la arena política  suelen decir que cómo puede ser que mientras los ex guerrilleros están gobernando Bogotá, el coronel que cumplió con su deber enfrentándolos deberá envejecer en prisión.  (ver una página dedicada a su defensa).

Saben que al argumento, aunque suena lógico, es falaz. Pasan por alto que los guerrilleros que asaltaron el Palacio murieron todos allí; que el M-19 dejó las armas para siempre en 1989 y que tuvieron un perdón político aprobado por el Congreso, perdón que muchos de sus líderes han honrado, pues han dedicado su vida al buen servicio público.

El sólo hecho de que el caso despierte tanto odio demuestra cómo Colombia no es capaz aún hoy, después de 25 años, de mirar a la cara verdades de su propio conflicto armado.   Y no es, como sostienen los amigos de Plazas, porque los desaparecidos del Palacio sean un invento.  Jurídicamente está lo suficientemente probado que sí hubo sobrevivientes y que estos fueron desaparecidos por la fuerza pública. (ver columna del abogado Remiro Bejarano). Sobre la responsabilidad de Plazas en el feo asunto, la Corte Suprema tendrá la última palabra.

La realidad política de fondo es que, mientras los soldados están siendo volados por minas antipersonales y cayendo en emboscadas,  es muy difícil obligar a los militares a reconocer que han practicado la guerra sucia y a pedir excusas por ello. Sólo hasta que la guerra cese, podrían ellos llegar a reconocer sus pecados. En Argentina, por ejemplo, se necesitó que se acabaran Los Montoneros y cayera el gobierno militar, para que un gobierno civil pudiera juzgar y enviar a prisión a los comandantes militares responsables de las violaciones a los derechos humanos. 

Por eso hasta el ecuánime presidente Santos –cuyo gobierno ha reconocido como ningún otro los derechos de las víctimas – terminó defendiendo a Plazas, desconociendo el fallo judicial. No puede sacarle los trapos al sol al Ejército mientras éste sea el que pone el pecho en la guerra contra las Farc, y menos aún en este momento, cuando este grupo guerrillero ha recrudecido sus ataques: este enero se triplicaron en comparación con los del mismo mes en 2008. 

La trampa en que estamos inmersos es que necesitando conocer la verdad del pasado para apaciguar nuestros corazones y poder dejarlo atrás de un buena vez, la guerra no nos deja. Pero la guerra no terminará si no conocemos la verdad, para que así cada cual pida y dé sus perdones, nos deshagamos de los odios, y podamos dedicarnos a construir nuestro futuro. 

Narco adentro

Por: | 01 de febrero de 2012

Me disculpo con los lectores por la larga interrupción de este blog. Ahora lo retomo desde otra parte, viendo a mi país desde lejos, al igual que muchos de ustedes. También haré referencia ocasional a lo que pasa en otros lugares de América Latina que estoy visitando o que estoy comprendiendo mejor, a través de los ojos de sabios y estudiosos.

Esta semana escuché una charla sobre por qué los 'narcos' han disparado la violencia en México. De un promedio de 4 mil asesinatos por año asociados al narcotráfico entre 2000 y 2008, se pasó a un promedio de 16 mil asesinatos en los últimos años.

Para empezar la cuidadosa investigación de Viridiana Ríos, candidata a doctora de la Universidad de Harvard, derrumba el mito que de que la violencia se desató en todo México. Hay estados con menos de cinco asesinatos asociados al crimen organizado en un año, como Yucatán; hay otros dónde la violencia sí se disparó, como Nuevo León; y hay otros dónde los asesinatos se trepan súbitamente por temporadas, caen, y al poco tiempo vuelven a subir, como Veracruz y Durango.

Luego Ríos explica las razones de por qué el narcotráfico, de vieja data en ese país, en los últimos años se puso tan brutal. La primera es que de los viejos carteles familiares se pasó a verdaderas coporaciones industriales del crimen que están en plena expansión de territorios. Eso los pone a chocar entre sí con mucha mayor frecuencia, y cada guerra va dejando una estela de muertos detrás. IMG_0013

El más sangriento choque ha sido entre los carteles de Sinaloa y Juárez y por eso es Chihuahua la que puso en 2011 el mayor número de muertos: 2925, casi todos en Ciudad Juárez. (ver foto típica de manta amenazante que dejó un cartel a otro en Ciudad Juárez)

La segunda explicación del incremento de homicidios es que la guerra que desató el gobierno Calderón contra los carteles hace que estos se dividan. Así que ahora hay 12 organizaciones criminales, cuando al comenzar el siglo había la mitad. Y entre más grupos nacen, más batallan entre sí, lo que profundiza el ciclo de violencia. En otras palabras, que el gobierno empezó un guerra con una estrategia que no sabía a dónde lo iba a llevar.

Y la última razón es que la descentralización y el cambio político hizo que los viejos arreglos entre políticos y carteles se rompieran, y viniera el desmadre.

Con una historia más larga de lucha frontal contra las drogas ilíticas, Colombia vio patrones parecidos. La declaratoria de guerra llevó al descabezamiento del cartel de Medellín, y después del de Cali, y del del Norte de Cali, y cada vez se fragmentaron más, se volvieron más pequeños e invisibles, pero no por ello menos violentos. Al contrario, los narcos fueron matando cada vez más allá de lo que les era indispensable para que su negocio fluyera sin problemas. Cientos de miles de inocentes cayeron con sus bombas, miles de líderes sociales que resistieron su poder corruptor fueron asesinados, mataron a los mejores políticos y a los periodistas más valientes.

La guerra contra el 'narco' en Colombia no lo sacó de la sociedad sino que lo empujó a sus entrañas: se coló con su lavandería de dinero en la economía y deslegitimó la política llevando a los corruptos elegidos con su dinero al poder. Ha servido de acicate al conflicto armado, proyevéndolo no sólo de dinero ilimitado, sino que contagió a los grupos armados ilegales de su estilo mafioso y de sus métodos brutales.

No es casualidad que el actual presidente de Colombia, después de haber vivido más de la mitad de su vida con las secuelas tremendas de una guerra en la que también nos metimos sin pensar cómo sería el final, esté hablando de que es hora de que el mundo piense en serio en la despenalización de las drogas. La guerra inventada por los estadounidenses convirtió la coca en un negocio imparable y su poder destructivo se está sintiendo con fuerza en las democracias más endebles de América Latina.

Tampoco sabemos a dónde nos conduciría una despenalización o incluso una legalización tan tardía, cuando ya el crimen organizado que originó la prohibición es multifacético. Puede pasar incluso, como dijo Ríos, que los carteles viendo que sus finanzas sufrirían un golpe mortal se vuelvan más violentos. Pero vale la pena aunque sea, romper los tabúes, y empezar a discutirlo.

 

El País

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