En España se tortura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando alguien menciona que en España (o en otras democracias avanzadas) existe la tortura ejercida por instancias estatales, las reacciones suelen combinar sorpresa e incredulidad. Las respuestas acostumbran a ser del tipo: “eso ya no ocurre aquí, esto es una democracia” o “son solo casos aislados”. Los más cavernícolas podrán apuntar, incluso, que “algo habrán hecho” o que “seguro que eran de ETA”.

    Como las cárceles y lo que en ellas ocurre, la tortura en España es un tabú. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas ocasiones que en la España de hoy se tortura. En su informe “Sal en la herida”, Amnistía afirmaba, por ejemplo, que “los casos de tortura policial en España no son hechos aislados”. En este mismo documento, se recogió la declaración de un Mosso d’Esquadra entrevistado el 19 de junio de 2007 en Barcelona, el cual aseveró que “la primera acción durante la detención era vencer su resistencia [la de los detenidos], hacerles ver quién mandaba, y que había que golpearlos”.

    Solo en 2011, 853 personas denunciaron en España haber sido víctimas de torturas a manos de cuerpos de seguridad (policía, guardia civil) o en cárceles, centros de internamiento de extranjeros y centros de menores. Como recoge el informe “La tortura en el Estado Español en el año 2011”, más de un 50% de las denuncias (433) del pasado año se produjeron en contextos de movilizaciones sociales: del 15M, okupaciones, huelgas, etc. Es importante tener en cuenta que muchos casos de tortura no se denuncian ni ante los tribunales ni ante ningún organismo público o privado. Asimismo, otros casos sí denunciados han sido excluidos del cómputo por petición expresa de las víctimas.

    En el CIE de Zapadores de la ciudad de Valencia, 22 personas denunciaron torturas el pasado año. El informe antes mencionado reproduce algunos de los testimonios de los denunciantes:

22 de enero de 2011. J.L.S.R., varón salvadoreño de 41 años internado en el CIE de Zapadores (València), denunció (…) haber sufrido puñetazos y patadas en pecho y piernas de un policía mientras otro observaba y reía. Tras esta primera situación, poco después un tercer policía también le agredió, golpeándole en espalda y nuca y advirtiéndole de que no presentase ninguna queja. Dos días tras estos hechos, comenzó a escupir sangre y fue trasladado al Hospital Doctor Peset, cuyo informe médico de urgencias refiere “traumatismo torácico”.

    Darius Rejali, profesor de Ciencias Políticas de en el Reed College de Portland (EE.UU.), sostiene en su premiado libro Torture and Democracy que las mayores y más brutales innovaciones en el ámbito de la tortura han sido obra de las democracias occidentales. Xabier Makazaga, autor de Manual del torturador español, cita entre otros a Oriol Martí, quien fue torturado durante el franquismo y tras la redada desarrollada contra el independentismo catalán antes de las Olimpiadas de 1992. Oriol ilustró a la perfección la tesis de Rejali:

Los torturadores torturan mejor ahora que veinte años atrás: han mejorado en técnicas, dejan menos marcas, hacen sufrir más y mejor en menos horas. Los torturadores del franquismo eran unos alocados, los de ahora lo hacen con bolsa de plástico.

    El Estado español incumple sistemáticamente la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Además de las prácticas aludidas, España también ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las torturas a detenidos. El último informe anual del Comité contra la Tortura de la ONU se hace eco de esto y de otras violaciones de Derechos Humanos, denunciando el incumplimiento que el Estado español hace de varios artículos de la Convención contra la Tortura. Además, en otra de las manifestaciones de este mundo al revés, denunciar haber sido víctima de malos tratos o torturas puede conllevar ser condenado por los tribunales de justicia. Por su parte, en 2011 solo un verdugo (un policía local de Santander) fue sancionado por acciones como estas, mientras que varios han sido absueltos.

    Entre 2001 y 2011, 7.703 personas han denunciado en España haber sido víctimas del terrorismo de Estado a través de la tortura. Como se ha indicado, Amnistía Internacional o las Naciones Unidas también han revelado la violación crónica de Derechos Humanos en la democracia española. Pero, ¿puede considerarse democrático un sistema político que ampara la tortura como práctica continuada? ¿Seguiremos negando la realidad o utilizaremos el pretexto de que solo son “excesos ocasionales”? No hace falta acercarse a ningún museo de la tortura de épocas pasadas. Mientras todo el mundo mira hacia otro lado, el pasado de terror y tortura prosigue –y se perfecciona– en nuestra sacrosanta democracia.

 

 

 

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Violencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a cargar las tintas.

    En este blog no compartimos el editorial de hoy del medio que nos ampara.

    Poco que ver con la histórica portada y editorial del 23-F a las 21.00 h. de la noche, que en las circunstancias de aquel momento puede considerarse un ejercicio de valentía y una lección periodística. Entonces El País aún contaba con dirigentes formados en el periodismo y en el compromiso social y no en los balances de cuentas y en la optimización de resultados para rendir cuentas a fondos de capital de riesgo.

    En este blog creemos que hay otro análisis y que no cabe esperar, como dice el editorial de hoy 25-S, “que las fuerzas de seguridad tengan instrucciones para actuar de forma estrictamente proporcional”. Porque simplemente esa afirmación es una quimera.

    Hemos visto que la brutalidad policial es una práctica cotidiana en innumerables casos solo en los últimos meses (I, II, III, IV…) La “estricta proporcionalidad” no existe entre policía y ciudadano, como tampoco existe entre gobierno y ciudadano. Aquí se trata de denunciar que “las coacciones a los parlamentarios” (que recordaba Cristina Cifuentes, delegada del gobierno en Madrid) se efectúan diariamente y con traje en oficinas, despachos, bufetes y vuelos en business class. Aquí se trata de dar cabida a la desobediencia de los ciudadanos cuando el gobierno actúa en contra de sus intereses, y con ojos ciegos a sus propias promesas electorales.

    Aquí se trata no tanto de estar con cualquier mayoría, sino de estar con una verdadera práctica democrática directa. ¿Dónde está la democracia que “no se agota en los Parlamentos” de la que hablan? ¿Dónde los derechos de manifestación y reunión pacífica, si con la nueva reforma del Código Penal se considera atentado a la autoridad la resistencia pacífica? Si en este periódico intentan desacreditar tentativas de crear democracias más participativas y asamblearias diciendo que el 25-S “pretende deslegitimar globalmente la democracia representativa, en nombre de no se sabe qué otra democracia supuestamente directa”,  puede ser por dos cosas: o por ignorancia, o porque les interesa omitir la existencia de numerosas alternativas y modelos.

    Y es que todos aquellos que en 1981, durante el 23-F se alinearon con la constitución y con aquel célebre editorial de El País, deberían mirar por qué ahora sienten la necesidad de que actúen las fuerzas de seguridad. Hace 10 días detuvieron en Madrid a cuatro personas por llevar una pancarta con el eslogan “25-S rodea el Congreso”. Últimamente, la policía ha utilizado métodos franquistas identificado a personas en el parque del Retiro por asistir a asambleas sobre el 25-S. En estos momentos la policía retiene autobuses que van llegando a Madrid e identifica y cachea a sus ocupantes. Hay que volver a pensar, una vez más, a quién protegen estas fuerzas y a quién no, y sobre todo, para quién gobiernan los parlamentarios.

 

 

 

Fotografía: Héctor Vila 

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Invitados a dejarlo

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustes de ratio que son una contradicción con el cambio metodológico, reducción de grupos, reválidas, un llamado urgente de asociaciones nacionales de madres y padres, optimización de recursos, desdobles, tupperwares y una cínica invitación ("todo el mundo tiene problemas para pagar según qué cosas") a la sana costumbre de reciclar libros por parte del Ministro de Educación. Una tras otra, son invitaciones a irse. Una tras otra, son invitaciones a dejar de educarse.

     Y no acaba la lista aquí. Quieren convertir la educación en una rareza, en un privilegio.

   Varias filas de niños (I y II) tienen que andar al colegio al quedarse sin bus por los recortes, acompañadas de un coche de la guardia civil (¿de verdad es más barato así?). Rebosan las aulas con más de medio millar de estudiantes por clase en Derecho y Economía tras los impagos de la Generalitat y la supresión de grupos aprobada por la Universitat de València en febrero. La misma Generalitat que acaba de destinar 6,2 millones de euros a la VIU (Valencian International University), un pozo sin fondo de dinero público que intenta disimular su inutilidad rebajando las tasas de matrícula y congelando los precios… ¡mientras en las demás universidades públicas se suben! Y luego nos vienen con el cuento de la austeridad, con que hay que rebajar de educación (y de sanidad, y de servicios sociales) para emplear este dinero en algo mucho más útil, como por ejemplo el nuevo proyecto de Rita Barberá: un nuevo recinto en el Palacio de Congresos que costará 24 millones de euros. Una muestra más de que no es cuestión “de la situación”, de "no tener alternativa" o de la "herencia recibida", sino de prioridades e ideología. Sanidad y Educación, ¡mejor privatizarlas! Ya lo dijo el Consell en la reciente invitación para financiar la VIU con fondos privados: necesitamos empresas que sean “cadenas de producción de modelos educativos” porque, según el gobierno valenciano, ¿qué es la universidad sino una fábrica de trabajadores?

    Más. 17.000 niños tienen que empezar el curso en barracones, una medida que se presuponía “de urgencia” ante la necesidad de escolarización de más población, pero que parece haberse convertido en norma, a juzgar por los 29 años que el IES Francesc Gil de Canals lleva en estos sustitutos paupérrimos de escuela. En el IES Mediterrània de Benidorm hay gente que asiste a clase en el suelo. Estudiantes de Ontinyent atropellados por una exhibición de chulería del Director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Consejería de Educación (Mariano Vivancos, ya destituido). Y otra larga lista de recortadores y recortes. Subrayémoslo; el perjuicio para profesores y estudiantes es inmenso: más horas de trabajo y menos sueldo para los docentes, más alumnos por clase, menos materiales y deterioro de los mismos...

      Los últimos actos de esta opereta.

    Primero. Ayer el acto de apertura de curso de la Universitat de València, con la ausencia de la Consellera de Educación que pide perdón porque su lengua materna sea el valencià y la presencia del Arzobispo Osoro. Una vez más, el malestar de la comunidad estudiantil (como ya se dio en Castellón) se hizo patente frente a varios rectores (los de la UV, la UPV y la UJI) convertidos en bustos inmóviles que “afean la falta de respeto” mientras se dejan acometer recortes. Una metáfora de cómo están las instituciones educativas valencianas frente al tsunami de la “crisis”: como una piedra.

     Segundo. Otra invitación a irse es la reforma educativa aprobada ayer. Una invitación a dejar de educarse o a hacerlo en un sistema mucho más centralista que supone una vuelta a un sistema conocido -anticuado y gris- basado en tests de estrés cíclicos (reválidas) y no en el reconocimiento a la diversidad (“una educación, una nación” es la horrenda portada de La Razón). Una reforma que supone profundizar en desigualdades al forzar la segregación de los alumnos a los 15 años, a una edad en la que difícilmente se pueden dejar atrás las diferentes situaciones familiares.

     Pero, giremos la tortilla. Si todo esto nos invita a dejar de estudiar y a irnos de aquí, al menos antes queremos extender una invitación para ellos. Para que se vayan si no saben gestionar, si mienten y usan datos del 2010 para negar recortes, si “me gustaría pero no”, si apelan a la teoría de que todos somos el Estado sólo para hacernos partícipes de la crisis y excusar los recortes y retrocesos en derechos sociales. Si no saben hacer nada más, dejen espacio a otros que quizá sí sepan dónde priorizar la actuación del Estado. Si no, cambiemos el sistema. 

Imagen: Felipe Espinoza Aranda

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El chino, el paki y el kebab

 

El chino, el paquistaní y el kebab son establecimientos presentes en nuestro día a día urbano. Para algunos serían un ejemplo de la “invasión de los inmigrantes”, del diferente amenazante, siguiendo la idea del supuesto choque de civilizaciones representada en medios de comunicación hegemónicos (como este mismo) en las informaciones referentes a las más recientes protestas en el mundo arabo-islámico. En realidad, el chino, el paquistaní y el kebab (y su consumo frecuente) evidencian la falsedad de esta idea “naturalizada” de que estamos en constante conflicto cultural. Lo que ocurre en el día a día es una lucha mucho más económica que cultural. Comemos economía. Comemos kebab. Y paqui. Y chino.

    Vamos a hablar de dos grandes batallas: un choque (de civilizaciones) mediático y una lucha latente (de clases). El choque de civilizaciones fue ideado por Samuel Huntington, ideólogo de los EE.UU. más recientes y más racistas. Estos días han agitado una vez más el fantasma de este supuesto choque, que en el fondo no es más que islamofobia y una manera de intentar abrir abismos, generar odios y separar a los grupos humanos. La teoría de Huntington aspira a justificar las invasiones y el terrorismo de Estado encarnado en monstruos vestidos de militar. La lucha de clases viene, por lo menos, de los libros de Friederich Engels y Karl Marx, donde este conflicto se convertía en el motor de la historia hacia el comunismo. Esta lucha señalaría el enfrentamiento determinado por la economía entre dos grupos (o clases) antagónicos en sus intereses y en su forma de vida.

    El primero, una gran cortina de humo, intenta esconder la segunda.

   Parece que, según algunos, estamos entrando en una etapa de profundización de ambas líneas de separación. Por una parte, el mito del choque religioso y cultural entre la civilización occidental, portadora de la modernidad, y el resto, estandarte de la barbarie. Un discurso artificial materializado en el odio al diferente. Por la otra, la realidad de la pobreza creciente, la conversión de la sociedad en general en asalariado precario y el desclasamiento de mucha clase media hacia el empobrecimiento.

    El problema es que precisamente eso -lo que nos cuentan grandes ideólogos, comentaristas y políticos- entra en conflicto con la contraparte que vemos cotidianamente en las calles de nuestros barrios. Y ahí está lo interesante. Por ejemplo, en que el consumo más barato se ha generalizado y mantenido en España en gran medida gracias a los establecimientos -más o menos nuevos- de migrantes y a su fuerza de trabajo frecuentemente explotada.

    El chino, el paquistaní y el kebab han ampliado y complejizado la oferta. Al igual que lo ha hecho el aumento de ventas de las marcas blancas, imparables en medio de la contracción económica. Los bares están cada vez más regentados por personas de origen chino, antes lo fueron los ultramarinos, las tiendas de todo a un euro y los restaurantes. El paquistaní ha sustituido muchas de las fruterías de barrio e incorpora la integración de diversas fases del sector productivo (logística y venta, incluso muchas veces la propia recogida). El kebab se ha instaurado como una oferta muy barata para la comida fuera de casa y para llevar. Estos y otros tipos de establecimientos (las carnicerías musulmanas, los colmados latinos o rusos) han modificado el paisaje del pequeño comercio de nuestro entorno. Pero viven y trabajan a nuestro lado y muchas veces fingimos no saber que su jornada laboral es interminable e incluye festivos, que con frecuencia cobran menos que el salario mínimo o que a veces viven en pisos muy pequeños y abarrotados; y que son, en definitiva, uno de los colectivos que está más en peligro frente a los vaivenes económicos.

    El problema es que se incide en la diferencia cultural y religiosa más que en la económica, porque son los intereses de los pudientes los que son representados. Constantemente se nos señala la línea abismal de separación con los otros pueblos, culturas y religiones pero no se hace tanto con lo económico. ¿Por qué tenemos más en común con un embajador occidental que con un chino, un paki o un vendedor del zoco? La convivencia cotidiana en nuestros barrios triunfa sobre supuestos choques con el Otro migrante.

    ¿Por qué el peligroso es el migrante que no viene de un país rico y no el ladrón occidental de guante blanco? ¿Por qué es peor y más diferente el paki que Botín? Se intenta invisibilizar la lucha de clases, la creciente desigualdad social, pero se incide constantemente en el choque cultural. Está claro: es una cosmovisión que no entra en conflicto con los intereses de los poderosos e interesa difundirla, aunque impulse la violencia en todos sus sentidos.

 

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Russafa, te has dejado encendido el iPod

 

 

En Russafa, dicen, está la moda. Han abierto muchos bares que celebraron los medios de comunicación, en contra de la opinión de los hosteleros de la zona. Los comerciantes temen saturar la oferta, las asociaciones ciudadanas y de migrantes temen que el barrio se gentrifique y pierda su tejido cívico. Esta parte del Eixample valenciano ha sido durante los últimos años un lugar caracterizado por la lucha vecinal, la demanda de servicios públicos –como el colegio en la calle Puerto Rico– y la integración –por ejemplo, aquí o aquí–.

    La gentrificación es, hoy en día, uno de los peligros a los que se enfrentan barrios populares que, por la proximidad al centro, el ambiente o los precios bajos temen perder su entramado social y comercial más modesto en favor de negocios y clases más pudientes. Ahora Ruzafa es cool y eso nos señala cierta amenaza. La moda es un disfraz. Y cuando la ciudad-mercancía empieza a entrar en juego, las alarmas deben empezar a sonar.

    Esta transformación se impulsó por la declaración de otros lugares de ocio nocturno como Zonas Acústica Saturada (ZAS); así como por la ya típica –y tristemente famosa– política del Ayuntamiento de Valencia de dejar caer los elementos históricos no turísticos favoreciendo la promoción y la nueva construcción (como en el barrio del Carmen o a la hora de dejar fuera del Núcleo Histórico Protegido de Russafa la Av. Reino de Valencia para construir el nuevo tramo de la línea 2 del metro) o degradando los barrios deliberadamente (como ha hecho en el Cabanyal). La combinación de ambas actuaciones puede convertir la actual Russafa en un barrio gentrificado singular que combina inversión para destruir-construir con la falta de ella para intentar degradar el espacio urbano.

    En 2003, Miguel Domínguez (concejal de Seguridad Ciudadana) anunciaba que preparaban “una especie de Plan Riva (Rehabilitación Integral de Valencia) como el que ya se desarrolló en el centro histórico para favorecer la rehabilitación de edificios antiguos y la construcción en espacios ahora libres”. Para ello se aplicó con saña la policía, y en los últimos años vienen siendo comunes las redadas indiscriminadas contra los inmigrantes para “limpiar” el barrio, quizá de forma similar a la que narra la película Grupo 7 en la Sevilla previa a la Expo del 92.

    Este proceso de gentrificación a la fuerza (del dinero y de la represión) se está dando en muchas ciudades del mundo. Responde a la colonización de lo multicultural y marginal para el mercado. Un movimiento que tiene su correlato en la literatura o la música, que hace héroes comerciales a chicos malos y sucios, pero listos. Lo marginal pasa así a convertirse en un movimiento creativo cuyos protagonistas ya han recibido el nombre de “Young Urban Kreative International”. “Yukis”: jóvenes supuestamente alternativos interesados en las artes, la moda y el diseño, que convierten un barrio en la zona de moda, en “lo más moderno, oye”, con restaurantes vegano-macrobióticos, terrazas de diseño o graffitis a lo Banksy. También, en muchos casos, la tribu “gafapasta” impone sus criterios culturales, siempre en la cúspide de lo cool y de que si no tienes dinero para gastar, poca cultura puedes contemplar. La lista de la compra, por ejemplo, empieza consumiendo en los restaurantes vegano-daneses, siguiendo por los pinchos de autor y terminando con los muchos locales peluquería-librería-cafetería-pub-centro cultural. La revolución y lo “cultureta” se vende bien, pero que muy bien.

    Durante los años de transición hacia “un barrio más digno” –que en este caso quiere decir más caro y excluyente– conviven en calles paralelas mundos muy distintos. En Valencia corren peligro los barrios populares de El Cabanyal o Benimaclet. Igual que se dio en parte del Raval barcelonés y en zonas de Lavapiés. Pasó hace años en el SoHo o el Village neoyorquinos; como en la moderna Berlín en los barrios de Kreuzberg, Prenzlauerberg o los proyectos MediaSpree y Tempelhofer Freiheit (que supone recalificar millones de metros alrededor del aeropuerto en medio de la ciudad). También en otras orillas lejanas como en la barriada de San Telmo de Buenos Aires, en Shanghai y en un sinfín de episodios de la conquista de lo cool.

    De aquí emerge aún otro tema más: la autenticidad, la “marginalidad” que patenta esa marca de identidad venerada y vulnerada en el barrio ¿hasta cuándo se mantiene? ¿Qué queda en la sedimentación de una nueva cultura, más comercial, más mercantil, más pueril o excluyente? ¿Por qué no se intervino para “dignificar” el barrio antes? Parece que solo puede “dignificar” el mercado. No recordábamos que aquí de lo que se trata es de dejar de invertir intencionadamente desde el poder municipal para luego permitir el paso avasallador, pero moderno y progresivo, del capitalismo más cool.

    Tras todo este proceso, lo que queda es –por ejemplo– decidir si lo que anuncia esta nota del diario Las Provincias es relativismo o hipocresía: “¿Quieres ser solidario mientras te tomas una tapa y una copa en el barrio de Russafa? ¡Ahora ya puedes!”.

    Lo que queda es apagar el iPod. Lo que más vale de Russafa no se puede descagar en una aplicación.

 

 

Fotografía: Marc Delcan

 

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