Joan Herrera, secretario general de ICV y diputado que fue en el Congreso de 2004 a 2010, analiza en un artículo que publica hoy El País qué o quienes han contribuido a debilitar nuestra democracia y han lastrado nuestro crecimiento económico y nuestra competitividad. Es un artículo, suponemos, discutible pero repleto de datos y de una coherencia notable. Es decir, nada que ver con los programas televisivos matinales en los que los tertulianos hablan de lo divino y lo humano con una cultura, al parecer, enciclopédica por mas que cuando se les escucha con atención todo lo que se argumenta o comenta nos remite a los lugares comunes, los tópicos o los resúmenes de la prensa escrita. Pasan con galanura de comentar los globos-sonda del consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, a los entresijos empresariales de Iñaki Urdangarin, el juicio por la muerte de Marta del Castillo o las conclusiones de la comisión de expertos sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, cuando no analizan las decisiones del Banco Central Europeo. Anonadante.
Hace días ya se pudo conocer una de las propuestas de la patronal de la construcción: que paguen todos los que utilizan las autovías, no las autopistas de peaje sino las autovías gratuitas. El mensaje es claro: en tiempo de penuria general todos tienen que arrimar el hombro. Naturalmente, en tiempos de bonanza económica, sólo unos pocos se llevan los beneficios. Bien.
Boi Ruiz, consejero de Salud del Gobierno catalán, sugiere que se instaure una sanidad de dos velocidades: privada para los ricos y pública para los pobres. Muy bien. Falta añadir para comprender mejor la propuesta que se hizo en un debate sobre el futuro de la sanidad organizado por la patronal de clínicas privadas de Cataluña y que el señor Ruiz, antes que consejero fue presidente de la patronal de los hospitales concertados que prestan sus servicios a la sanidad pública. Impecable. ¿Qué diría si las empresas funerarias organizaran un coloquio sobre la muerte?, ¿que fosas comunes para unos, por aquello de ahorrar suelo de cementerio, y parcelas frente al mar para otros?
Todo lo que proponen los políticos en el poder, local, autonómico o central, conlleva la aidea de que la crisis es de todos y que, por tanto, a todos nos corresponde pagarla. Nadie habla del fraude fiscal, nadie propone perseguir a quienes sistemáticamente estafan a la Hacienda pública, es decir, a todos. Valga un simple dato: si en España se consiguiera un porcentaje de fraude fiscal similar al de la media europea, es decir, rebajar del 23% del Producto Interior Bruto al 13% de la media de Europa, el Estado ingresaría unos 100.000 millones de euros, mucho más de lo que pueden suponer todos los recortes presupuestarios que se están haciendo o se harán.
Quizá la patronal de la construcción podría sugerir otro tipo de medidas que la de que todos paguemos por circular por autovías que, sin duda, construyeron ellos mismos en tiempos mejores rentabilizando sobradamente sus inversiones. Claro que el ya citado Joan Herrera también señala en su artículo el escandoloso trasvase de David Taguas de la dirección de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, a la presidencia de Seopan, la patronal de las grandes constructoras.