Mañana es el día de la convocatoria de la manifestación en Madrid auspiciada por Podemos y ratificada por numerosas organizaciones cívicas. Se ha explicado a lo largo de estos días que se trata de una convocatoria que busca más demostrar el hartazgo ciudadano por la situación en la que se encuentra el país que el luchar y defender una reivindicación concreta. Si así fuera, y ante el probable éxito cuantitativo que, naturalmente, será rebajado en un 50 u 80% por la delegación del Gobierno y medios afines, el triunfo de la misma no debería ser rentabilizado por ninguna fuerza política determinada pues se debería más a los desastres de la política gubernamental y a los errores y torpezas de la clase dirigente que a los aciertos de las propuestas partidarias. Veamos algunas de las razones que justifican el hartazgo y que han mostrado a lo largo de la semana todos los informativos televisivos:
Por ejemplo, que 81 altos ejecutivos financieros tuvieran a bien comportarse como reyezuelos bananeros con las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia a cinco meses vista de un rescate que ha costado al personal, como poco, 22.000 millones de euros, casi la misma cantidad que ahora exige inflexiblemente el ministro De Guindos a la Grecia de Alexis Tsipras. 81 miembros de ese Gotha de pícaros enmoquetados que siguen disfrutando de sus confortables coches de alta gama porque, al parecer, saquear una entidad financiera y hundir en la miseria a miles de preferentistas y pequeños accionistas no conlleva lo que los juristas llaman "alarma social".
Por ejemplo, ver y oir al exhonorable Jordi Pujol en el juzgado alegar una serie de disparatados argumentos para justificar la ocultación de una fortuna durante más de tres décadas en un alarde de incongruencias que le asemejaban más a un vulgar chorizo que a un padre de la patria catalana. Añádanle a ese lamentable espectáculo el no menos lamentable rebote del partido que fundó, CDC, al no poder evitar que su actual líder, el de momento muy honorable Artur Mas, fiel colaborador del exhonorable, tenga que poner a trabajar sus neuronas para dar una imagen coherente en la comisión parlamentaria que pretende investigar los variados casos de corrupción patria. Sabemos de antemano que todo lo que hizo fue impecablemente legal, que está limpio como una patena y que no tuvo nada que ver con nada salvo con una retrógrada e insolidaria política social, laboral, asistencial, cultural y económica, si bien es verdad que eso no lo investiga ninguna comisión. El punto de humor en éste lamentable episodio lo pondrá, muy probablemente, TV3.
También podremos comprobar, por ejemplo, como el, de momento, principal partido de la oposición está dispuesto a pactar con el Gobierno el que en el Código Penal se incluya la cadena perpetua para el castigo de los terroristas, y que lo haga sin mencionar expresamente la nueva pena en un sorprendente alarde de hipocresía: "La proposición de ley que socialistas y PP presentarán el lunes incluirá en el artículo 572 bis una referencia que dirá que los terroristas podrán ser condenados a la "pena máxima establecida" en los artículos 33 y 35 del Código Penal. Y en ambos la condena más elevada es la cadena perpetua". Una reforma del Código Penal de la que a juicio de 63 catedráticos de Derecho Penal "supone un despropósito de graves consecuencias" por lo que han firmado un manifiesto solicitando al próximo Gobierno que derogue de inmediato el texto. Los expertos manifiestan su indignación, sobre todo, con los cambios que alejan de los tribunales el juicio de las conductas ciudadanas de los tribunales para dejarlas al criterio la Administración de turno.
Y es que, al parecer, si hay que elegir entre los principios y los votos se eligen los votos, exactamente lo contrario que elegirán mañana quienes acudan a la manifestación.