El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sugirió ayer la posibilidad de sanciona a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial. Es cierto que el señor ministro prefiriría que se sancionara con firmeza a los autores de las filtraciones, y más si fueran funcionarios (Fiscalía, Hacienda, jueces), pero como eso es muy difícil de averiguar, pues leña al mono mediático. Inmediatamente aclaró que tal propuesta era una "reflexión" (curioso concepto de lo que es una reflexión, dicho sea de paso) y que no estaba sobre la mesa del Gobierno. Bien.
En el pasado mes de octubre se publicaba una noticia en El Periódico de Cataluña que se remontaba a noviembre de 2011: "Apreciado Rafael, este viernes tengo sesión de dirección de proyectos con ISDEFE. La verdad es que necesitaría algo de información sobre el programa", escribía a Catalá en un correo electrónico el muy renombrado Diego Torres, socio de Urdangarín, a propósito de un proyecto que ambos habían vendido a ISDEFE, una empresa pública vinculada a Defensa, por 750.000 euros.
Según el citado diario, fue precisamente Rafael Catalá, gracias a su "privilegiada agenda de contactos tras su paso por varios gobiernos del PP –fue subsecretario de Hacienda y secretario de Estado de Justicia, entre otros cargos- el responsable de colocar el proyecto a los ministerios de Defensa e Interior desde su puesto de director del Máster de Administración Pública de Esade", entidad privada en la que ambos habían coincidido en calidad de profesores. Hay que añadir que cuando hicieron el negocio de 125 millones de las antiguas pesetas, Torres ya estaba imputado en el caso Nóos. La pregunta idiota, naturalmente, es ¿esa información debería costarle cabeza al director del diario que la publicó, incluso a los responsables de los diversos diarios y televisiones que se hicieron eco de la misma?
Y es que vivimos tiempos convulsos preelectorales en los que son bienvenidas todas las boutades que desvíen la atención de esa desagradable afición de los periodistas por informar de la no menos desagradable afición de los políticos por engrosar sus cuentas corrientes privadas a costa de los dineros públicos. Si en lugar de aprobar deprisa y corriendo con la mayoría absoluta la modificación de elegir al responsable de RTVE, por ejemplo, se hubiera aprobado, también deprisa y corriendo, la "meditación" de Catalá, a estas horas no sabríamos nada ni de los papeles de Bárcenas, ni de la Gürtel, ni de los ERE, ni lo de los Pujol, o Emarsa, o Nóos, o Pokemón, o del ático de Estepona, o de Innova, o Blesa, o Rato, o Narcís, o Naseiro, por citar tan sólo unos pocoas casos de filtraciones, y éste país no sólo habría salido de la crisis sino que nuestra clase política y financiera estaría mucho más feliz de lo que ya está, algo bien merecido por los que desviven por esto que llamamos España y que, lamentablemente, sólo encuentra el reconocimiento debido allende de nuestras fronteras.
Y si para muestra muestra, un botón basta, vamos a mostrales tres: "El futuro del gobierno es ahora tan incierto como el de los trabajadores españoles", afirmaba rotundamente el semanario británico The Economist en su análisis del mercado laboral español. La revista añadía que Rajoy, tras conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, aseguraba que había que "celebrar" que el paro descendía poco más de 13.000 personas, mientras olvidaba mencionar que se había perdido 114.000 puestos de trabajo. El título de la crónica era nítido: Rajoy no está haciendo su trabajo.
Otro éxito del Gobierno español lo destaca el diario británico Financial Times con un extenso reportaje titulado La cadena estatal española TVE, acusada de sesgo político, dedicado a las acusaciones de manipulación a TVE, y en el que se dice que los informativos de la publica "están acusados de favorecer descaradamente al Gobierno de Mariano Rajoy y al gobernante Partido Popular, dejando de lado las voces de la oposición". El artículo añade que TVE ha sido acusada de ocultar casos de corrupción en los que estaba incluido el PP, en referencia al caso Bárcenas y denuncia la escasa cobertura de temas relacionados con el independentismo catalán y sobre Podemos.
La tercera y última muestra del éxito de nuestros dirigentes la aporta The New York Times con un editorial publicado hace unos día sobre la llamada vulgarmente ley Mordaza y ley de Seguridad Ciudadana por las elites cultas. El diario neoyorquino afirma que el propósito de la ley es ayudar al PP a seguir en el poder, desalentando las protestas contra la austeridad que han propulsado el apoyo a Podemos. Defiende que la UE debería actuar con urgencia y condenar la nueva norma. Y afirma textualmente que "la Ley Mordaza española hace remontarse de forma inquietante a los oscuros días del franquismo y no tiene lugar en una nación democrática". Y es que con tanta cavilación ministerial, tanto rigor informativo y tanta lúcida legislación se puede morir de éxito.