El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha tildado de "incalificable atentado" la agresión sufrida por la presidenta de Vox en Cuenca. Díaz ha subrayado este miércoles en los pasillos del Congreso el "máximo interés" de las autoridades en el caso, que trabajarán con "la mayor diligencia" para esclarecer los hechos. Bien.
Un detalle: el mismo día y al grito de "maricones" un joven de 24 años (ver foto) que fue herido de gravedad en la madrugada del lunes en el recinto ferial de Almería, en compañía de su pareja, "ha sido dado de alta este miércoles después de haber permanecido ingresado en el Hospital Torrecárdenas de la capital a causa de las fracturas que presentaba en un brazo y mandíbula, además de algún diente roto, tras el ataque "homófobo" que, según defiende el colectivo Colega, sufrieron", informó Europa Press. Todavía estamos esperando que el excelentísimo señor Fernández Díaz anuncie el máximo interés de las autoridades para esclarecer los hechos con la máxima diligencia, porque suponemos que la actuación policial debe de ser igual para todos, como la justicia.
Y no digamos nada ya de la encomiable labor del máximo responsable de la lucha contra el fraude fiscal en nuestro país, paladín de ese slogan añejo "Hacienda somos todos", el excelentísimo señor ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no sale de una para meterse en otra. Después de defender los presupuestos generales de 2016 con la sutileza que le caracteriza, en la que alabó el contenido social de los mismos, acaba de recibir un notable varapalo de la OCDE en su informe Tax Administration 2015, en el que se explica que la Agencia Tributaria española es el organismo con menos medios humanos de Europa a la hora de recaudar.
Somos el séptimo país del mundo por la cola de los 33 estudiados por el organismo internacional. Un lujo al alcance de unos pocos (los grandes defraudadores) sobre todo si se tiene encuenta que se calculan en 200.000 millones de euros los que anualmente escapan al control de Hacienda. Menos mal que ahora, con el nombramiento del excelentísimo señor José Ignacio Wert como embajador ante la OCDE, todo va a cambiar. No hay más que fijarse en cómo cambiaron las relaciones con Gran Bretaña desde que nombraron al excelentísimo señor Federico Trillo embajador en Londres: ya nadie habla de lo de Gibraltar, que diría Javier Arenas.
Pero si la policía y la justicia son iguales para todos y Hacienda somos todos, surge en el panorama político un verso libre: la excelentísima señora Esperanza Aguirre. Del proyecto de la Ciudad de la Justicia, de la que es responsable como presidenta de la Comunidad de Madrid cuando fue creado e impulsado, primero dijo que se lo habían pedido todos los estamentos judiciales. A continuación dejó caer que el culpable colateral fue Rodríguez Zapatero por no ver la crisis que se nos venía encima (a ella no, desde luego, a tenor de sus ingresos en los últimos años) para un día después reconocer que se trataba de un proyecto megalómano y reconocer su error, una equivocación que, de momento, les ha costado a sus queridos madrileños 105 millones de euros.
Lo que no explicó la lideresa es que "diecisiete de los 20 operarios de la que iba a ser la mayor ciudad judicial del mundo fueron contratados como jefes sin subordinados, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Había nóminas de hasta 106.000 euros. Y casi todos llegaron al Campus por elección arbitraria o relación de parentesco", por ejemplo, Miguel Arias Domecq, hijo del desaparecido en Bruselas Miguel Arias Cañete, que tenía no se sabe qué funciones en la secretaría Departamento Técnico, cuando ya estaba clausurado el proyecto, y por las que cobró 45.000 euros en un año. Aguirre se desmiente y rectifica tantas veces por minuto que parece un miembro descataco de la lista electoral de Junts pel Sí.