¿Hasta cuando habrá que soportar el que le pregunten a Susana Díaz cada vez que actúa en público si se va a presentar a las elecciones de la secretaría general del PSOE, y hasta cuándo vamos a tener que soportar la indefinición de la misma? ¿A nadie se le ocurre aceptar que anunciará su candidatura, o su no candidatura, cuando le apetezca? ¿De verdad los responsables de la información política de los medios consideran que se debe repetir una y otra vez la misma pregunta, que no hay otros temas de interés?
¿Hasta cuándo tendremos que soportar esas declaraciones de los líderes del partido emergente de la izquierda en la que insisten una y otra vez que lo importante son los debates y no las personas mientras que son y sobre las personas y no sobre los debates de lo único que hablan? ¿De verdad creen que el problema clave de la izquierda es elegir entre errejonistas, eclesiásticos o anticapitalistas?, ¿y si uno es anticapitalista, entonces es proqué?
Por su parte, el exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna, imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales, trabaja desde hace unas semanas en la subdirección general que se encarga de elaborar informes jurídicos para el departamento que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido. "Este señor pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio se ha visto en la obligación de readmitirle porque es funcionario". Muy bien. Es la respuesta en la que la sacrosanta legalidad prima sobre cualquier otro enfoque. Ahora bien, también es legal que quienes esquilman las arcas públicas o con sus presuntos delitos inflan las cuentas de las arcas privadas para compensar sus comisiones, devuelvan lo robado, un imperativo legal que no parece entusiasmar ni a los presuntos delincuentes ni a quienes les juzgan. Si, como es previsible, Gómez de la Serna es condenado por sus ilegales cobros de comisiones, qué fácil sería embargarle su sueldo de funcionario hasta que satisfaciera lo cobrado ilegalmente. Quizá en ese caso pediría de nuevo la excedencia para seguir con su actividad privada.
También sorprende el ansia de Federico Trillo de incorporarse al Consejo de Estado en calidad de letrado por oposición, y sorprende porque lo que percibirá como funcionario será una menudencia al lado de lo que percibirá como socio mayoritario de Estudio Jurídico Labor, S.L., un bufete que, sin ir más lejos, cobró 354.560 euros del grupo constructor Collosa por asesorarles sobre instalación de parques eólicos en la Comunidad de Castilla y León cuando era diputado del PP y en la Junta gobernaba el PP. Ese anhelo de reincorporarse sólo se explicaría si lo que pretende es recuperar una cierta dignidad laboral, lo que después de sus actuaciones con el Yak 42 o las comisiones eólicas parece imposible, o que le inviten a canapés en algún sarao oficial.