Si un pitecantropus como García Albiol es capaz de afirmar por escrito que "La decisión del Tribunal Supremo que sea el cliente quien pague los impuestos de las hipoteca, corrigiéndose a si mismo, creo que es un grave error de consecuencias sociales imprevisibles", algo huele a podrido en la Plaza de Las Salesas. Se sabía que el Tribunal Supremo era, básicamente, un nido de conservadores pues a rellenarlo con un individuos de tal talante ya se había dedicado con esmero y ahinco el ahora desaparecido Federico Trillo ante la boba indiferencia de los socialistas. De aquellos lodos llegaron estos barros. Analizar el fallo, la suprema desfachatez del Supremo, es perder el tiempo o dignificar a 15 magistrados. Donde dijeron digo, ahora dicen Diego y la banca descorcha el cava. Çe tout, que diría el inolvidable cura Aguirre.
Claro que también tenemos "el caso Cospedal" y esa gallarda actitud de su señorito Casado quien no dudó en afirmar que no hay que caer "en afanes inquisitoriales" en referencia a la diputada María Dolores. Es decir, que pedir que deje su escaño quien ha renunciado al Comité de Dirección del partido para no complicarle el trabajo pero, al parecer, complicarle la vida al Congreso pues no lo deja, es inquisitorial. Curiosa vara de medir. Claro que también afirmó que “en este partido no se tolera la corrupción y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción”. Por lo visto contratar a un presunto dlincuente para que investigue a familiares de un ministro socialista o a compañeros de Ejecutiva, exdelincuente que a su vez le informa que ha tratado de destruir una de las pruebas decisivas del caso Gürtel, el pendrive que almacenaba toda la contabilidad en negro pagada al partido, no es motivo suficiente para exigirle que se marche del todo y deje su escaño. Vale, estadista.
Y por último, "el caso Almudena", en referencia a la que es, probablemente, la catedral más fea de España y que la Jerarquía eclesiástica está muy dispuesta a preservar de cualquier decisión gubernamental sobre los restos de un golpista. No se entiende que en 2018 y con un Gobierno teóricamente progresista, esa Iglesia que mira de lado cuando le conviene y otorga el que un general golpista entre en las iglesias bajo palio cuando también le conviene, mantenga unos privilegios fiscales y unas subvenciones desmesuradas en un Estado constitucionalmente aconfesional. Háganle una auditoría a los 11.000 millones que recibe anualmente, respeten las partidas destinadas a fines sociales y métanle mano de una vez a su voracidad financiera, la misma que, por ejemplo, permite que Rouco Varela, expresidente de la Conferencia Episcopal, viva en un piso de 400 metros cuadrados valorado en 1,2 millones de euros o compren la Mezquita de Córdoba por 30 euros.
Hay 0 Comentarios